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Notas sobre los PGE 2015

noviembre 16, 2014 por  
Publicado en: Artículos

PGE2015Por Agustín Bagauda

La semana pasada empezaba el debate en el Parlamento de los Presupuestos Generales del Estado 2015, presentados por el Gobierno del PP.

¿Son «unos presupuestos para el crecimiento y el empleo», para mejorar la situación económica de las clases trabajadoras, para combatir la pobreza? La respuesta es no.

De entrada, son unos presupuestos que parten de una premisa falsa, de la consideración de que hay una recuperación económica (que “ya nadie discute”, Montoro dixit) y que va a continuar (crecimiento del PIB para 2015 del 2 %), cuando resulta que la UE está entrando en una nueva recesión (la tercera) y que si bien España lleva varios trimestres de incremento del PIB se verá arrastrada por esa situación que afecta a las principales economías de la Zona Euro: Italia, Alemania y Francia (1). Todos los grupos parlamentarios coinciden en esta consideración inicial.

El Gobierno ha dicho que uno de sus objetivos con estos presupuestos es reducir el déficit hasta 4,2% del PIB. Si la previsión del déficit público para 2014 no es inferior al 5,5 %, está claro que esa reducción bien se hará aumentando ingresos, bien disminuyendo gastos. Dicen que aquellos aumentarán gracias a una mayor actividad económica, pero ya hemos visto que es pura ilusión. No queda otra que rebajar el déficit a base de disminuir el gasto público. Más recortes. ¿Beneficia esto a la inmensa mayoría de la población? No.

La rauda modificación de la Constitución del 78 (art. 135), por los dos principales puntales del Régimen, PSOE y PP (¡dónde está la soberanía del pueblo con la que se les llena la boca!), garantiza la prioridad del pago a los acreedores, a los usureros, en detrimento de las personas, familias trabajadoras y pequeñas empresas. La satisfacción de sus necesidades vitales no es su problema. Así, los PGE contemplan una partida como pago de los intereses de deuda pública (ahora por encima del 97,5 % del PIB se prevé supere el 100 % para 2015) de 35.490 millones €. Compárese con el gasto total destinado a las prestaciones por desempleo, que se reduce un 15% (4.427 millones € menos), respecto a 2014, y es de 25.300 millones de euros. ¿A quién beneficia y a quien perjudica esto?

El Ejecutivo lo justifica asegurando que este recorte se debe a la “mejora del mercado laboral”, pero sin embargo la bolsa de desempleados que no recibe ningún tipo de prestación ha ido aumentando con los años, abarcando actualmente al 40 % de los parados, y la recesión, que está llamando a nuestra puerta, llevará a un repunte del paro. Por otro lado, si bien es cierto que el pago de intereses se reduce un 3%, en relación con 2014, resulta que es más del doble de la cantidad que se pagaba al inicio de la crisis: 16.631 millones (2008).

La deuda pública, cada vez mayor, y los intereses de la misma son consecuencia de una política económica neoliberal. Ahoga cualquier atisbo de reactivación económica sólida. Una política económica de signo distinto, con un importante gasto público y fuertes inversiones públicas, donde el Estado juegue un papel protagonista en la economía, permitiría desarrollar sectores productivos, sobre todo la industria, que impulsarían la economía y generaría empleo en cantidad como la situación requiere.

Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que estos PGE dedican sólo 763 millones a inversiones públicas. Esto, hablando en plata, es una birria cuando se requiere, si buscamos esos objetivos, la inversión de decenas de miles de millones. Los siervos políticos del capital son conscientes de ello pero, en tanto que tales, les importan un bledo dichos fines, puesto que el suyo es garantizar el aumento de la tasa de ganancia y los intereses de sus amos.

Veamos otras partidas significativas destinadas a protección social. Así, los presupuestos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) se ven reducidos en un 10,8 %, con un montante de 30.245 millones €. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mantiene congelada su cuantía (desde 2010, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo) en 532,5 €/mes. Se congela también la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) en 1.087 millones, sin olvidar que la cobertura para 2015 se ampliará a más de medio millón de beneficiarios. El gasto en Sanidad sufre un nuevo descenso hasta situarse en la mitad de lo que se presupuesto para 2011.

En resumen, estos presupuestos conllevarán una mayor exclusión social y pobreza, ayudarán a mantener el paro crónico (la OIT ya ha dicho que hasta 2023 no volveremos a los niveles de empleo previos a la crisis) y el exilio forzoso de miles de nuestros jóvenes; al desmantelamiento de los servicios públicos y sociales y a la pervivencia de la crisis. Una vuelta de tuerca más para el proletariado y clases populares. Sin embargo, algunos harán sus agostos.

Y eso sí, Rajoy y sus ministros se congelan el sueldo por cuarto año consecutivo. También la Casa del Rey…

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(1) La entrada en recesión supondrá una disminución de las importaciones de esos países y, por tanto, una disminución de las exportaciones españolas a los mismos y, como consecuencia, un freno a la economía, lo que corrobora el Ministro de Economía, De Guindos, haciendo una afirmación en sentido contrario, al asegurar que la «velocidad de crucero» próxima al 2%” de la economía española se puede mantener dada la «buena» evolución de las exportaciones y un repunte de la demanda doméstica (lainformacion.com, 24/10/14).

Tijeretazo “d’entesa i de progrés” en Catalunya

junio 27, 2010 por  
Publicado en: Artículos

Juan Rafael Pérez

El pasado 9 de Junio fue aprobado en el Parlament de Catalunya, y a propuesta del Gobierno Montilla, el plan de “austeridad” para reducir el “déficit público” en 1.670 millones de euros. Este hecho se da con la oposición de todo el movimiento sindical y un día después de que decenas de miles de trabajadores públicos se declararan en huelga y se manifestaran masivamente en distintas ciudades de Catalunya y España, siguiendo las convocatorias de los sindicatos en contra de los recortes públicos.

¿Que tiene de especial el “tijeretazo” catalán?

El “tijeretazo” catalán no tiene nada que envidiar al del Gobierno central. Como bien expone un informe del CERES (Centre d’estudis i recerca sindical) de CCOO, «no sólo reduce el salario de los empleados públicos, sino que también reduce los créditos presupuestarios de los conciertos con entidades públicas y empresas privadas para la gestión de los servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales, reduce las aportaciones presupuestarias a todo tipo de entidades y empresas del sector público de la Generalitat de Catalunya, y… recomienda a las direcciones de las empresas públicas y privadas afectadas que carguen las disminuciones presupuestarias reduciendo las retribuciones de sus trabajadores» (1).

Como bien señala el informe, este brutal recorte antisocial vulnera el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos al suprimir los pactos y acuerdos salariales vigentes con los sindicatos. Recorta el 5% del sueldo al personal funcionario y al personal laboral. Reduce el 5% las aportaciones de la Generalitat a las entidades y empresas del sector público, lo que «afectará al Servei Català de la Salut, el Institut Català de la Salut y el Institut Català d´Assistència y Serveis Socials. Las entidades autónomas administrativas, las entidades autónomas comerciales, las entidades de derecho público, los consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat, y las universidades públicas» (2).

También se reduce «la financiación de los convenios y conciertos para la gestión de los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales un 3,21%, 5% y un 1,8% anual respectivamente. El importe de los créditos de los presupuestos correspondientes a la financiación de los equipos de atención a la infancia y adolescencia con las administraciones locales se reducirá un 5%, afectando a toda entidad pública o privada» (3). En el sector público de la administración y los sectores privados concertados, «la reducción presupuestaria prevista para entidades del sector público y empresas privadas con conciertos para la gestión de un servicio público se ha de aplicar preferentemente a los gastos de personal no vinculados a convenios colectivos, también se puede aplicar al resto de gastos de personal incluido dentro del ámbito de la aplicación de los convenios en el marco de la negociación colectiva, en los casos del pago delegado de salarios para plantillas de los centros privados concertados en Enseñanza, la reducción del 5% se aplicará automáticamente» (4).

A estos recortes presupuestarios y salariales se les sumarán los de las plantillas. En sanidad, servicios de urgencia, la enseñanza y las oficinas de trabajo sólo se cubrirán la mitad de las jubilaciones que se produzcan; en el resto de la administración sólo se cubrirán el 10%. Un ejemplo de la magnitud de la reducción de empleo público: de los aproximadamente 1.900 trabajadores de sanidad y educación que se jubilen, próximamente se cubrirán 950. Este recorte masivo generará una rebaja y empeoramiento brutal de los servicios sociales a la ciudadanía.

Como vemos, el recorte del Gobierno catalán es de una magnitud atroz, siguiendo fielmente la hoja de ruta neoliberal trazada por el FMI y la UE, y aplicada sin escrúpulos por el Gobierno Social-liberal del PSOE de Zapatero. El objetivo de esta agresión brutal y sin precedentes, es recortar las conquistas laborales y sociales de la clase obrera y el pueblo, conseguidas después de decenios de dura lucha, y todo para mantener los márgenes de beneficios de los magnates de las finanzas y los grandes industriales, y así dar «confianza» a los llamados “mercados financieros”. En definitiva, pagamos los trabajadores la factura de la crisis y del dinero público que se ha empleado para “salvar” a sus bancos y grandes empresas.

¿Un Gobierno de izquierdas votando a favor de recortes sociales y laborales?

Cierto, los recortes los han aplicado el Gobierno Central “socialista” y todos los Gobiernos autonómicos de todos los colores; entonces, ¿que tiene de especial en Catalunya? Que en el parlamento español el “tijeretazo” ha sido aprobado con los votos del PSOE, la abstención pactada con CiU, PNV y CC y el voto en contra de IU-ICV, ERC, BNG, UPyD y PP (los dos últimos, en plan demagógico), mientras en Catalunya el plan de ajuste ha salido adelante con los votos en bloque de la toda la “izquierda” del Parlamento autonómico (PSC, ERC e ICV-EUiA), mientras que la derecha (CiU, PPC, CPC) ha votado en contra.

La demagogia populista de CiU, PPC, CpC no debe llamar a engaño a nadie; busca claramente utilizar la crisis para desgastar al Gobierno Central y al catalán con objetivos claramente electoralistas; a nadie se le escapa que en otoño son las elecciones catalanas. De sobras es conocido qué hace la derecha cuando gobierna y a quién beneficia: a los grandes financieros e industriales, a costa de las espaldas de los trabajadores y las capas populares. La derecha nunca se ha opuesto a las recetas neoliberales de recortes del “gasto público”, puesto que ellos son sus principales valedores a nivel internacional, tanto en el FMI como en la UE.

Que el PSC-PSOE haya votado a favor del salvaje “tijeretazo” muestra su carácter reaccionario, pero no sorprende demasiado. Históricamente, la social-democracia (PSC-PSOE) ha jugado el papel de apagafuegos de la clase obrera y de ser un instrumento eficaz para aplicar los planes antisociales del gran Capital, como lo muestran los distintos gobiernos neoliberales de Felipe González, que hicieron un enorme servicio a la oligarquía española, europea y estadounidense, al desmantelar muchas conquistas sociales y debilitar a la clase obrera y los sectores populares.

En cuanto a que ERC e ICV-EUiA hayan votado a favor del mayor recorte social y laboral contra la clase obrera y los trabajadores de la historia reciente, y posiblemente de toda la historia de Catalunya, es más difícil de entender, puesto que votaron en contra de estos recortes en el Parlamento español, se consideran de izquierdas y representantes de las clases populares de Catalunya.

En el caso de ERC, es su carácter nacionalista pequeño-burgués, el que le lleva vacilar constantemente entre el desplazamiento de CiU para ganarse el apoyo de la alta burguesía catalana y su electorado natural, más ligado a las clases populares. Es por esta razón que defiende la aplicación de los planes antisociales de la UE, demostrando que cada día va más lejos, llegando a exigirle al Gobierno Central más rapidez para aplicar la reforma laboral, incluso sin acuerdo con los sindicatos, aun sabiendo que supone un ataque frontal contra la clase obrera y al mismo tiempo acabe “oponiéndose” y votando en contra.

Pero nos vamos a detener en el caso de la coalición ICV-EUiA puesto que es muy preocupante e injustificable que una formación que se define como de la izquierda transformadora y anticapitalista, haya votado en favor de uno de los más brutales paquetes de recortes sociales de la historia reciente y, encima, con la oposición frontal de los sindicatos.

¿Subida de impuestos a los ricos o lavado de cara?

Las justificaciones políticas de la coalición de ICV-EUiA para dar su respaldo al “tijeretazo” catalán, son tan endebles y “fundamentadas” como la «responsabilidad de formar parte de un gobierno» o la conciencia de la «difícil situación económica», llegando incluso al cinismo de afirmar que un «gobierno de izquierdas estaba obligado a demostrar sensibilidad social, y al mismo tiempo, nuestro autogobierno, nuestro Estatuto, nos permitía aplicar medidas pensadas desde Catalunya». ¡Menuda demostración de sensibilidad social!

Aunque, finalmente, los “grandes” argumentos que tiene la coalición ecosocialista y alternativa para justificar este bestial ataque contra las conquistas de los trabajadores son que están «obligados legalmente» a aplicar los recortes (ninguna Ley obliga a estar en el Gobierno tripartito), además de las medidas “estrella” del progresismo mundial: «la recuperación gradual del poder adquisitivo (para los empleados públicos) a partir del año 2013, siempre que la economía haya mejorado», el aumento del «impuesto de Matriculación de los vehículos más contaminantes», de la «fiscalidad sobre las transacciones inmobiliarias exceptuando las viviendas de protección oficial», el incremento de la «lucha contra el fraude fiscal» y, finalmente, la propuesta que más polvareda ha levantado, «el aumento del tipo máximo del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas, las de una base liquidable [es decir, una vez hechas les deducciones] de más de ciento veinte mil euros anuales, que pagarán el 23’5%, i de más de ciento setenta y cinco mil euros al año, que pagarán el 25’5%» (5).

Después del “ruido de sables” que se ha dado en la “negociación”, donde la coalición ICV-EUiA condicionaba su apoyo al plan de recortes a un aumento en la cuota autonómica del IRPF a las rentas más altas y a la recuperación salarial en los próximos años para los empleados públicos, todo ha quedado difuminado en vagas promesas. El aumento fiscal «para que los ricos también paguen» sería a partir de 2011, siempre suponiendo que no haya un cambio de gobierno y, en el caso de que lo hubiera, no anulara el acuerdo. Esta medida afectaría a menos de 20.000 catalanes, recaudando con esta medida 75 millones de euros, cosa insignificante ante la magnitud de los 1.670 millones de euros que van a ser recortados por dicho plan antisocial.

En cuanto a la recuperación salarial de los empleados públicos, siempre sería progresivamente a partir del 2013, condicionado a la mejora de la economía, y podría ser invalidada por un gobierno posterior, tal y como lo reconocía en su intervención el portavoz de ICV-EUiA en el Parlamento catalán: «Es evidente que esta disposición, como todo el decreto ley, como todas las leyes que aprueba este Parlamento, pueden ser modificadas por una ley posterior» (6). En resumen, las supuestas contrapartidas fiscales que tanta polvareda han levantado, al final suponen subidas simbólicas de impuestos para las grandes fortunas, si finalmente se aplican, y en cambio, recortes brutales de obligado cumplimiento para los trabajadores, todo un intento de lavarse la cara ante el electorado de izquierdas de Catalunya.

¿Crisis en EUiA?

Después de la incongruencia de los argumentos políticos dados por una coalición que se define de izquierdas, de enfrentarse al movimiento sindical y ante el desconcierto de su propia militancia, de intentar escurrir el bulto obstaculizando y tratando de evitar el debate interno, han surgido diferentes opiniones críticas en el seno de la federación catalana de Izquierda Unida, EUiA, en forma de diferentes resoluciones u opiniones, algunas significativas, tanto sobre el posicionamiento a favor de los recortes neoliberales de sus diputados, como con las formas antidemocráticas en las que se ha tomado la trágica decisión.

Entre las críticas resaltan la enérgica resolución del PSUCviu desmarcándose de la posición de ICV-EUiA por la posición adoptada a favor de los recortes, y que «considera que estamos en un momento de ruptura histórica, en que las fuerzas de izquierda debemos definir claramente nuestra posición. No hay muchas opciones. La lógica de aceptar un descalabro histórico de las clases populares y comprometerse a gestionar la reducción de las conquistas sociales es una opción que representa a medio plazo la destrucción del espacio de la izquierda, desde la socialdemócrata a la comunista» (7). Esta resolución denuncia también la forma antidemocrática en que se ha tomado la decisión en la dirección de EUiA, convocada «en un plazo de tres horas», sin debate ni organicidad, y «a pesar de ello, el grupo parlamentario ha decidido votar a favor del conjunto de las medidas anticrisis sin someter esta decisión a ningún órgano de dirección de EUiA, pese a nuestra insistencia en este sentido» (8).

También es significativo el Informe de José Antonio García Rubio, responsable de economía y trabajo de IU, que califica los incrementos fiscales de «determinados gobiernos autonómicos» (en referencia a Catalunya y Andalucía), de «ser poco progresivos» y de tener objetivos recaudatorios «muy pobres», además de una «limitada efectividad» y de que «siguen tratando mucho peor a los empleados públicos que a las grandes fortunas, a los bancos y a las empresas con altos beneficios» (9).

Finalmente, es de resaltar el papel del PCC, ya que éste es el partido mayoritario en EUiA y no ha hecho ninguna declaración pública ni a favor ni en contra del recorte. ¿A que viene este “silencio”, si sus diputados han votado favorablemente al brutal decreto? ¿Qué piensa de esto el PCC? ¿Y su militancia? Una célula del PCC ha hecho una crítica pública, la Ramón Casanellas, que, aunque no critique al Tripartito en sí, se posiciona en contra de la aplicación de los recortes «por el Gobierno de la Generalitat», calificándolos de «injustos, inaceptables y ineficaces para la recuperación económica y que sólo sirven a los intereses del capitalismo financiero especulativo de nuestro país e internacional» (10). Ante una agresión de tal magnitud, los silencios hablan mucho y como dice el dicho: el que calla otorga.

¿Y ahora, qué?

Llueve sobre mojado en el tripartito catalán: a las políticas privatizadoras, prepotentes y antisindicales del conseller del PSC Ernest Maragall, le siguieron las brutales cargas de los Mossos d’Esquadra apaleando a los universitarios que combatían el plan Bolonia, con el conseller de ICV Joan Saura al frente, para finalmente ponerle la guinda neoliberal y reaccionaria con la aprobación de uno de los peores recortes antisociales de la historia reciente, dejando a muchos sindicalistas y militantes de izquierdas que combaten con un tremendo esfuerzo y valor, sin apenas medios, desde los sindicatos y las organizaciones populares, en los centros de trabajo, en los barrios, en las escuelas, en los hospitales… abandonados y desorientados políticamente ante semejante canallada y que se preguntan ¿dónde está la Izquierda?

Es preciso que algunos sectores de la izquierda de este país se hagan algunas preguntas para frenar la barbarie neoliberal. ¿A que intereses sirve “edulcorar” las políticas antisociales del FMI y la UE? ¿Es útil para los trabajadores estar en este gobierno a cualquier precio? ¿No perderá más credibilidad la izquierda entre los trabajadores y los sindicatos? ¿No se le está haciendo el juego a la derecha? ¿Que campaña hará ICV-EUiA en las próximas elecciones autonómicas catalanas: «Frente a la crisis, No a los recortes sociales, salvo si nos obligan»? La derecha, cavernícola o “civilizada”, se frota las manos, tiene el camino allanado…

Estamos viviendo el peor ataque contra los derechos sociales y laborales desde la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Derechos que fueron conquistados después de más de cien años de lucha llenos de heroísmo, sacrificio, represión, sangre y cárcel. Conseguidos después de que los pueblos, liderados fundamentalmente por los comunistas y por la URSS, derrotaran al criminal nazifascismo alemán y obligaran al capitalismo a ceder algunos derechos sociales y políticos en lo que se ha denominado hasta nuestros días como “Estado del bienestar”. Entonces, y durante muchos años, ser de izquierdas era sinónimo de coraje revolucionario frente a la injusticia, de capacidad y conocimiento, de solidaridad y camaradería, de cultura popular, del valor de lo colectivo sobre el individualismo burgués…

Hoy vemos la degeneración de determinados sectores de la izquierda, comprometidos con el régimen monárquico y con las renuncias de la transición, acostumbrados a la política burguesa, a sus “consensos”, e institucionalizados hasta la médula, los hemos conocido con diferentes nombres: “reconciliación nacional”, “eurocomunismo”, “ecosocialismo”… Hoy se habla de “refundación” de la izquierda, ¿será un nombre más a añadir a la lista? Decía Marx que la práctica era el criterio de la verdad, y la práctica política de algunos de estos sectores habla por sí sola.

Son momentos de posicionarse claramente en un lado de la barricada; no hay terceras vías, ni “edulcoración” posible de los recortes salvajes: o se está con el pueblo o se está con la oligarquía y contra sus criminales políticas neoliberales y militaristas. Empezando por trabajar para que la Huelga General del 29 de septiembre convocada por los sindicatos sea un éxito rotundo y como el inicio de un nuevo periodo de luchas, de politización y organización de la clase obrera y el pueblo. Cada día que pasa es más necesaria y urgente que la izquierda de este país se defina claramente. La izquierda debe ser democrática, republicana y antiimperialista y, para ello, es ineludible romper ya con las ataduras de la transición, con el institucionalismo y las falsas ilusiones sobre un capitalismo “civilizado” o “de rostro humano”.

El capitalismo es un sistema caduco. La crisis lo vuelve cada día más agresivo y peligroso, que extiende consigo la miseria, el fascismo y la guerra, que corrompe todo lo que toca. Lo vemos en los casos Gürtel, Millet o Pretoria, donde quedan patentes los lazos “oscuros” entre la empresa privada, las instituciones y los partidos de la oligarquía, en el racista discurso sobre el burka y el niqab para criminalizar a los inmigrantes y desviar la atención de la crisis, en la constante ampliación de los gastos y aventuras militares, en los fondos millonarios destinados a salvar los beneficios de la banca y la gran empresa… Todo esto, mientras a los trabajadores se nos recortan dramáticamente los salarios y derechos sociales. ¿Esto es una democracia? ¿Para quién?

Los comunistas griegos nos daban una lección magistral de cómo poner a sus diputados y cargos institucionales al servicio del Pueblo, de cómo luchar decidida y determinadamente, movilizando a la clase obrera y a los sectores populares contra los recortes neoliberales del FMI y la UE. Desde el Partenón nos mostraron el camino, desde su inmensa pancarta nos decían: ¡¡¡Pueblos de Europa, levantaos!!!

(1), (2), (3), (4) Informe CERES de CCOO sobre los recortes en Catalunya, http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/0000001071.pdf

(5), (6) Intervención de Jaume Bosch en representación d’ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya, http://www.euia.cat/doc/1276084559834.pdf

(7), (8) Resolución Declaració del Comitè Executiu del PSUC Viu sobre les retallades socials dels governs Zapatero i Montilla, http://www.psuc.org/content/view/5371/1/

(9) Informe de José Antonio García Rubio, responsable de economía y trabajo de IU, http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-iu-urge-gobierno-tomar-iniciativa-reforma-evite-baile-fiscal-ccaa-20100610185205.html

(10) Resolución de la célula Ramón Casanellas del PCC, http://ramoncasanellas.blogspot.com/

Síntomas Inquietantes

abril 18, 2010 por  
Publicado en: Artículos, Prensa de la CIPOML

Carlos Hermida

El diario EL PAÍS, en su número del día 2 de abril, publicaba un artículo del escritor Juan Goytisolo titulado “¡Viva la democracia corporativista!, en el que el renombrado novelista se mostraba perplejo por la escasa respuesta ciudadana ante los gravísimos casos de corrupción protagonizados por políticos del Partido Popular o la querella interpuesta por Falange Española contra el juez Garzón, y mostraba su preocupación ante la perspectiva de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales, quienes implantarían en España el modelo político clientelar y caciquil de la Italia de Berlusconi. Aunque compartimos la inquietud del autor de “Juan sin Tierra”, consideramos que sus planteamientos describen sólo los síntomas, pero no la causa de la enfermedad.

Si la corrupción en nuestro país se ha convertido en un elemento estructural del sistema político, y no en algo excepcional como afirman desvergonzadamente los dirigentes del Partido Popular, enfangados por la red Gurtel y el caso Matas; si un juez es capaz de admitir a trámite una querella de la organización fascista Falange Española contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo; si los partidos de la izquierda abertzale son sistemáticamente prohibidos; si los poderes públicos ignoran los informes de Amnistía Internacional sobre la tortura en España; si el sistema parlamentario es solamente una fachada que encubre realidades siniestras, todo ello tiene una explicación política que nos remite al período histórico de la Transición (1975-1978).

Fue en aquellos años donde se incubó el huevo de la serpiente. El vergonzoso pacto al que llegaron el PSOE y el PCE con las fuerzas franquistas impidió una verdadera ruptura democrática y permitió la continuidad del aparato de estado franquista con la monarquía a la cabeza. Al renunciar a la República, al permitir que los protagonistas de la represión de la dictadura — policías torturadores, jueces del Tribunal de Orden Público y militares– continuaran en sus puestos, incluso ascendiendo en el escalafón profesional, al dar su bendición a la Constitución antidemocrática de 1978, la izquierda oficial se hizo cómplice de una maniobra política mediante la cual la dictadura fascista conservó sus elementos estructurales encubiertos por un decorado formalmente democrático.

La corrupción franquista ha vuelto a aflorar, sin solución de continuidad, en el sistema parlamentario porque nunca ha existido la voluntad de perseguirla ni combatirla. Las corruptelas urbanísticas que han destruido nuestras costas, la malversación de caudales públicos, el cohecho, todas las prácticas delictivas que hoy saltan a las primeras páginas de los periódicos, no son otra cosa que la continuación de los turbios negocios de la dictadura. Y la querella contra Garzón es el fruto de la Ley de Amnistía que dejó en la impunidad a los asesinos franquistas, del pacto de silencio que permitió mantener cerrados durante decenios los archivos que albergan documentación sobre la represión, de la ignominia legal que ha imposibilitado exhumar las fosas comunes en las que están enterrados decenas de miles de republicanos, de la amnesia histórica programada y planificada para que los ciudadanos aceptaran todas estas iniquidades sin protestar.

¿Por qué siguen siendo legales los partidos fascistas en España cuando en sus páginas web se exalta el racismo, se lanzan proclamas contra el sistema democrático, se glorifica a Hitler, y muchos de sus afiliados han cometido asesinatos? ¿Por qué no se persigue el fraude fiscal? ¿Por qué no se considera terrorismo los accidentes laborales con resultado de muerte cuando la causa es el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los empresarios? ¿Por qué se ha establecido una férrea censura en torno a todas las actividades del Rey y sus negocios? ¿Por qué el gobierno financia generosamente a la Iglesia Católica si estamos en un estado teóricamente no confesional? ¿Por qué se permite el desmantelamiento de la enseñanza y la sanidad públicas?

Demasiadas preguntas y una sola respuesta. No vivimos en un sistema democrático ni parlamentario, sino en un sistema bipartidista parecido al diseñado por Cánovas del Castillo en 1875, al comenzar la restauración monárquica. Allí era la monarquía alfonsina el fundamento del tinglado oligárquico y caciquil que en su momento denunciara Joaquín Costa, y aquí y ahora es la monarquía juancarlista impuesta por Franco, un asesino de masas, la pieza maestra del modelo político.

Se asombra Goytisolo de la pasividad ciudadana, y tiene razón. Hay apatía y desinterés, pero ha sido inducida por los partidos mayoritarios, que han visto en la desmovilización ciudadana la mejor baza para cometer impunemente sus trapacerías. Desde los medios de comunicación, y en especial desde las televisiones, se ha fomentado el individualismo y la insolidaridad, difundiendo mensajes reaccionarios a través de una programación demencial que coloca en las horas punta los llamados “programas del corazón”. Pero también ha influido notablemente la falta de una alternativa política clara. Izquierda Unida tiene en este sentido una responsabilidad enorme porque ha sido incapaz de constituirse en referente de la izquierda real; incapaz de dotarse de un programa capaz de aglutinar a los hombres y mujeres de izquierda.

La desorientación política y la frustración de amplias masas de la población, castigadas por la crisis económica, son el caldo de cultivo que permite el avance del fascismo. Que los falangistas pretendan ser víctimas de una persecución política y se querellen contra el juez que investiga el genocidio cometido por la dictadura franquista, es un síntoma de que entramos en un proceso de fascistización de gravísimas consecuencias. No pretendemos ser alarmistas, sino constatar un hecho objetivo. Hay elementos más que suficientes para afirmar que los derechos civiles y las libertades están sufriendo un retroceso notable, un recorte significativo. Por otra parte, cuando hablamos de fascismo y de fascistización no nos referimos al mismo modelo del período de entreguerras del siglo XX. Lo que afirmamos es que se están imponiendo formas de control de la población y actitudes políticas propias del sistema político e ideológico fascista.

Para frenar este proceso, para cambiar radicalmente la situación política, para solucionar los múltiples y graves problemas de este país, es indispensable articular una alternativa política republicana. Sólo la república popular y federal puede traer la verdadera democracia, devolvernos la soberanía nacional, la dignidad y la libertad. La lucha por la III República es el único camino político para construir un futuro de solidaridad, igualdad y justicia social.

Apuntes breves sobre fiscalidad

febrero 14, 2010 por  
Publicado en: Artículos

La simple lógica nos dice que si, como ocurre en España, la inversión privada se desploma, el crédito a pymes y familias está cortado y el consumo cae, como consecuencia del paro masivo y el endeudamiento de las familias españolas, que supera ampliamente el 100% de la renta familiar disponible (en 2.007 el endeudamiento llegaba a los 932.000 millones de euros, es decir, el 120% de la renta familiar), la actividad económica no se recuperará sin la intervención del Estado.

Zapatero se ha quitado la careta social para enseñar el lado ultraliberal de su famoso talante. Y el neoliberalismo predica una retórica contraria a la intervención del Estado en la economía, pero practica de forma implacable otro criterio, resumido en este lema: menos Estado para defender a las clases trabajadoras y más Estado para atacar sus derechos

La médula del debate político y económico de los próximos meses va estar en el papel del Estado en la economía, en su doble vertiente: ingreso y gasto público. Para cumplir con la UE, el Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit del 11,4% del PIB actual, hasta el 3%, en los próximos tres años, recortando el gasto. No está dispuesto, sin embargo, a modificar su política fiscal para conseguir más ingresos, gravando a las grandes rentas.

No podemos, por razones de espacio, hacer un análisis más profundo de la política fiscal española. Un rápido vistazo a los principales impuestos, nos permite no obstante, hacerse una idea cabal del problema. Estos son, resumidos, los principales datos:

Distingamos dos tipos de impuestos: los directos (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) que gravan según la renta, es decir, más a quien más tiene; y los indirectos que gravan, generalmente el consumo, con independencia de la renta de las personas (IVA; impuestos especiales al alcohol, tabaco, combustibles, etc), de modo que la carga fiscal de un litro de gasolina o de un paquete de tabaco, por ejemplo, es la misma si lo compra Botín o un parado de Vallecas, aunque el consumidor no se dé cuenta de ella, porque va incluida en el precio. Resulta evidente que la imposición indirecta es mucho más injusta y menos eficaz, no sólo en términos sociales, sino de ingresos netos, porque los ricos dedican la mayor parte de su renta a especular, mientras que los más pobres no pueden consumir por encima de sus posibilidades, cada vez más limitadas.

Por otro lado, es más fácil controlar la renta de los trabajadores, a través de la nómina, que la de los empresarios que, además de tener una legión de asesores fiscales a su servicio (los mismos “expertos” a sueldo, que nos sermonean con sus letanías de control del gasto público), disponen de trampas reconocidas por la ley, que les permiten camuflar sus beneficios; como la “estimación objetiva”, que determina los beneficios teniendo en cuenta, no los gastos reales, sino otros gastos, índices y módulos preestablecidos con criterios muy generosos, por Hacienda, o las SICAV, de las que hablaremos luego.

Hechas estas puntualizaciones iniciales, veamos a grandes rasgos, la situación de la fiscalidad en España:

El Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF), es el principal impuesto directo: Tras las reformas de 1996, 1998 y 2002, el tipo máximo marginal (el que se aplica a las mayores rentas) pasó del 56% al 48%. Hoy, es el 43%. Es decir, las sucesivas reformas han favorecido a quienes más tienen, reduciendo en trece puntos el tipo de gravamen que deben pagar.

La conclusión es esclarecedora: son los asalariados los que soportan la mayor parte del IRPF. La renta media que declaran los empresarios era en 2.006, de 11.642 euros, mientras que la de los asalariados era de 19.733. Es decir, la media declarada por los empleadores, era casi la mitad de la de sus empleados. ¡Un timo!

El impuesto de Sociedades, es otro de los impuestos directos que grava, en este caso, el beneficio de las empresas. Aunque, formalmente, el tipo básico es del 35%, tiene un tipo especial más bajo del 30% al que se acogen la inmensa mayoría de las empresas (en 2.002 el 83% de ellas y ese porcentaje ha subido desde entonces).

En este impuesto, hay, además, otros tipos aún más reducidos; uno en especial, verdaderamente escandaloso, que grava la renta procedente de las Sociedades de Inversión de Capital Variable ( SICAV), ¡con el 1%! . *(1)

¿Qué son las SICAV? Son empresas de inversión, altamente especulativas, que han de tener, para acogerse al beneficioso trato fiscal, un mínimo de cien socios y 2,4 millones de euros de capital. Es en estas sociedades, donde ponen a buen recaudo parte de sus fortunas los grandes empresarios (además, siempre tienen los paraísos fiscales). No exageramos ni un ápice: a modo de ejemplo, según señala el periodista Julián Rodríguez, en su libro: “Señores de Galicia”, las grandes fortunas gallegas, tienen invertidas en SICAV, unos 2.300 millones de euros (el 7% del PIB de esa nacionalidad, aproximadamente).

Sigamos.Conviene recordar, que el Impuesto de Patrimonio ha sido eliminado. Lo mismo ocurre en la práctica con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en la mayoría de las CCAA tiene exenciones fiscales de entre el 90% y el 99% de su cuota.

Pero aquí no acaba la cosa: el fraude fiscal roza proporciones astronómicas. Algunos datos: según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, solo el IVA no ingresado fraudulentamente, rozaba en el año 2000 el 0,6% del PIB y en 2.008 el 1,6% (más de 15.000 millones de euros). En el Impuesto de Sociedades, el grado de ocultación se estima en el 36% (los estudios de la propia Agencia Tributaria indicaban que los rendimientos netos reales de las empresas que se acogían al régimen de estimación objetiva, eran un 130% superiores a los declarados). Fuente: “El sistema tributario español de la democracia”. FSE 1º Mayo-CCOO

No debe de extrañarnos, pues, que hace unas semanas, los inspectores de Hacienda señalaran que con un control adecuado del fraude, podrían ingresar en las arcas del Estado, unos 100.000 millones de Euros más, que casi doblarían los 121.000 millones previstos para el año 2.010.

Sirvan estos datos, anotados a vuelapluma, para dejar clara la realidad: es posible aumentar, y mucho, los ingresos del Estado, con una fiscalidad dirigida a que paguen más quienes más tienen, porque son precisamente la gran patronal empresarial y financiera española, las grandes fortunas y la casta de rentistas, vividores y parásitos de la España borbónica, los que salen beneficiados con el actual sistema tributario. Y es a cambiar esta situación donde hay que dirigir las medidas políticas: legislativas y judiciales.

En lugar de eso, Zapatero, ha aumentado el IVA del 16% al 18% (esta subida, que entrará en vigor en julio próximo, traerá, a buen seguro, gravísimas consecuencias sobre el consumo, que caerá aún más, el fraude fiscal y la economía sumergida, que se dispararán); a retirar los estímulos fiscales (verdadera “limosna” populista) e incrementar la tributación del ahorro, del 18% al 21% (básicamente, se trata del ahorro de las familias y pequeños empresarios, no de las grandes fortunas que, como vemos tienen demasiados instrumentos para ocultar su riqueza).

Anotemos que el pacto de solidaridad para salir de la crisis al que tanto se refieren, significa realmente, para la derecha, la patronal y los Ministros socioliberales, medidas para descargar las consecuencias de la crisis sobre los trabajadores.

España necesita una profunda reforma fiscal, sí, y con urgencia. Más es justo la contraria de la que quiere imponernos la oligarquía y sus valedores políticos en el Gobierno y en el Parlamento de su borbónica majestad.


*(1).- En verano de 2.008, la Ministra de Hacienda, Elena Salgado, se negó a aumentar el gravamen de las SICAV, con el argumento de que ello favorecería la evasión de capitales a los paraísos fiscales.


J.R.