AVISO:

Esta es nuestra web antigua.
La hemos dejado aquí para que todo el mundo pueda consultar
los artículos escritos antes de Noviembre de 2014 que todavía
no hemos copiado a su ubicación definitiva.

Para ver todos los artículos escritos desde Diciembre de 2014 en adelante,
por favor visita nuestra nueva página web.

¿A quién sorprende el alcance de la corrupción?

noviembre 16, 2014 por  
Publicado en: Artículos

Defiende la corrupciónPor J. Romero

En el último mes, se han conocido varios escándalos que ilustran sobre el carácter generalizado de la corrupción: el uso fraudulento de más de 15 millones de euros por los consejeros de Caja Madrid que utilizaban tarjetas opacas de la entidad, y la “Operación Púnica” en la que están implicados de momento alcaldes y conocidos cargos del PP y del PSOE.

Todos los dirigentes políticos del régimen se han apresurado a expresar su asombro y pesar ante tanta desvergüenza, cuyo conocimiento coincide en el tiempo con el de datos estremecedores sobre la situación insostenible de millones de familias trabajadoras (el 25% de los niños españoles, por ejemplo, viven por debajo del umbral de la pobreza y un porcentaje parecido padece algún tipo de desnutrición). Pero el escándalo de las “tarjetas B” es una pequeña muestra de un sistema mucho más extendido, Caja Madrid es una más de quién sabe cuántas tramas mafiosas: quizás algún día lleguemos a saber, por ejemplo, qué pasó en Caja Sur, controlada por la jerarquía católica y que fue la primera en ser “rescatada” con dinero público, o en la CAM, etc; más dudoso es que sepamos las razones por las que se archivaron las querellas interpuestas contra Emilio Botín, por ejemplo, tras la intervención, entre otros, de Teresa Fernández de la Vega, o…

A estas alturas, ¿a quién puede sorprender el alcance de las corruptelas?, ¿nadie sabía del cobro de comisiones ilegales en las instituciones de la España borbónica? No hace tantos años estalló un escándalo en el Parlament catalán cuando uno de sus más ilustres miembros se defendió de acusaciones parecidas, reconociendo que era normal el cobro de comisiones (curiosamente habló del 3% como norma, igual que ahora) con las que se financiaban elecciones y se lograban apoyos y compromisos para mantener el consenso.

No, una mayoría sabía que el entramado político e institucional del régimen se ha lubricado con dinero procedente de comisiones ilegales. Una
mayoría sabía que la política económica de todos estos años, que ha enriquecido a las grandes empresas, se ha sostenido sobre la íntima relación entre los dirigentes de las fuerzas del régimen y los grandes empresarios y especuladores. Siempre ha sido evidente que la corrupción es consustancial al continuismo borbónico y alcanza directamente a sus principales instituciones, empezando por la Casa Real (qué ¿paradójico? resulta estos días el ruido sobre la corrupción en Caja Madrid, en contraste con el silencio sobre las andanzas de Juan Carlos I o el caso Noos).

Sin ir más lejos, nada menos que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, fue miembro del Consejo Asesor en Europa y director para España y Portugal de Lehman Brothers, la empresa financiera cuya quiebra fraudulenta inauguró oficialmente la actual crisis; el ministro de
Defensa fue consejero y representante de Instalaza S.A, una empresa de producción de armas prohibidas… Felipe González, Zaplana, Rato, etc., etc., la lista de políticos relacionados directamente con las grandes empresas y entidades financieras se haría demasiado larga. Lo mismo que la lista de grandes grupos que han accedido a jugosos contratos con la administración para gestionar servicios públicos o se han hecho con lucrativos servicios privatizados. Y en esto (como en todo) el interés de clase ha transcendido las barreras nacionalistas y podemos encontrar personajes como Josu Jon Imaz (ex presidente del PNV) ligados a grandes empresas como Repsol, de cuya filial Petronor es Presidente, al igual
que de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

En el ámbito sindical, los oportunistas que han dirigido los grandes sindicatos de masas, CCOO y UGT, durante los últimos años, quienes han
comprometido activamente al sindicalismo en una constante política de sumisión y paz social, quienes se han empeñado en un diálogo social que solo ha existido en la medida y hasta donde le ha interesado a la patronal y al gobierno de turno, han podido hacer su corte de brazos de madera para ganar congresos o reprimir a los sindicalistas de clase, a fuerza de dinero; o “dejando hacer” a cuatro ganapanes sin escrúpulos que vendieron así su fidelidad al aparato oficialista.

Y es precisamente ese el problema: la corrupción en el ámbito sindical (también en el político) está ligada con un determinado modelo político,
una determinada estructura administrativa y judicial que la propicia para asegurar (hasta donde ha sido posible) la paz social. La práctica del amiguismo, el compadreo, la compra de voluntades, boyante ya en el franquismo, es una de las características de la política en nuestro país, que ha permitido a la derecha controlar las instituciones y a un puñado de oportunistas mantener su dominio en las organizaciones de izquierda y someter a estas a los dictados del consenso tan querido para los implicados en la transición.

¿Por qué ahora?

La pregunta es esa: ¿Por qué ahora? Hace unas semanas, pasaba prácticamente desapercibida para los medios de comunicación la condena a 17 años de inhabilitación profesional del juez Elpidio Silva, quien ha sido el único que se atrevió a enviar a la cárcel al más que presunto corrupto Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, muñidor de la trama de las preferentes que ha arruinado a miles de familias trabajadoras y dirigente de una red de corruptelas de la que probablemente solo terminemos conociendo la sombra. Y, sin embargo, ahora, una acción judicial pone en marcha un proceso en el que están implicados muchos de los nombres más conocidos de la política de los últimos años.

¿Por qué ahora? Señalemos a grandes trazos la situación: el régimen se descompone a ojos vista, el gobierno del PP está amortizado… Necesitan un cortafuego para evitar que el incendio llegue al centro del régimen. Por eso, consciente del peligro de estallido social, el régimen intenta cerrar en falso su crisis, centrando en esta cuestión el problema real, que no es otro que su propia naturaleza antisocial de la que la corrupción generalizada es causa y consecuencia a un tiempo. Se centra así la cuestión en un grupo de canallas, obviando el entramado de captación de sobornos, el caciquismo, la sumisión del aparato de Estado a los intereses de un puñado de grandes empresas y especuladores. Todo con tal de salvar el culo de los principales responsables del régimen surgido del pacto con los franquistas.

Lo dijimos en su día, cuando el gobierno Rajoy comenzaba con la reforma laboral su política de recortes: la propia brutalidad de las medidas y
su rápida sucesión pretendía generar un estado de shock que dificultara la reacción de la clase trabajadora o desviarla hacia la respuesta concreta a un cúmulo de medidas que se sucedían sin tregua, para eludir la respuesta general política.

Ahora pueden estar intentando algo parecido, para desviar la cuestión y la solución del aspecto principal: la imperiosa necesidad de unir a la izquierda para superarlo; crean así una sensación de impotencia, de inoperancia de la lucha política; todo se centra en cambiar los actores de la farsa, manteniendo el mismo guión del consenso interclasista, de aceptación del sistema y sus desmanes como mal evitable con un mayor control de “los políticos”.

Hay muchos intereses en juego y medios muy importantes que trabajan por desarrollar esta segunda transición, cerrando en falso una crisis que podría ser definitiva para el régimen. De momento, han conseguido que gran parte de la izquierda se pierda con el ruido del ciudadanismo, de la reivindicación aislada y dispersa; en el rechazo a la organización y a la política; en el formalismo de una pretendida regeneración (imposible sin un cambio de raíz), del consenso por encima de las clases, etc.

La conclusión, evidente: para acabar con la corrupción se necesita, en primer lugar, un cambio político radical que empieza por poner fin al régimen monárquico.

Los corruptos de antes son los corruptos de hoy

julio 9, 2010 por  
Publicado en: Internacional

Colaboración de J.L. Forneo.

Uno de los mayores peligros del socialismo son los burgueses comunistas, como ya sabían los grandes teóricos del marxismo y del leninismo. El progresivo triunfo de esta burocracia interna en los paises socialistas, tras la renuncia a la lucha de clases y la llamada a la coexistencia pacífica con el capitalismo de los que se hicieron con las riendas del poder político en la URSS tras la muerte de Stalin, fue haciendo que la nueva clase burocrática fuera minando la sociedad socialista hasta provocar su destrucción.

Y la destrucción llegó, nada más y nada menos, que de manos de esta elite comunista que se había convertido en una especie de burguesía interior, ansiosa de privilegios y beneficios privados, abriendo de par en par la puertas al capitalismo, y abandonando a sus propios pueblos a cambio del premio del enriquecimiento personal.

En realidad, los mismos que provocaron los golpes de estado que acabaron con la sociedad socialista en la Unión Soviética y en los países del bloque comunista, fueron los que se hicieron con el poder político y económico cuando se instauró el régimen de la dictadura del capital.

El caso de Rumania está claro: la antigua elite del partido comunista, los mismos que habían abandonado los principios socialistas y se habían transformado en una clase dominante similar a la de los países capitalistas, aunque con características menos exageradas debido a la pervivencia de la estructura social del sistema, fueron los que propiciaron su hundimiento y abrieron sus brazos a la reinstauración burguesa. Desde hacía tiempo lo estaban deseando, y si el proceso fue más lento de lo que algunos deseaban fue debido a la identificación de los pueblos con los triunfos del socialismo.

Cuando esta identificación se fue difuminando, los cimientos del sistema fueron más fáciles de derrumbar. Los que antes del hundimiento ya se habían convertido en pequeños miembros de la aristocracia comunista, fueron los mismos que tomaron posiciones para que sus privilegios y riqueza se multiplicaran en el nuevo sistema.

El caso más claro es el del presidente actual de la República de Rumania, Traian Basecu. Apoyado por las buenas relaciones militares y gubernamentales de su padre, el marinero fue subiendo en los escalafones del Partido Comunista Rumano y en graduación en la marina comercial. Al final, cuando llegó el momento del golpe de estado en diciembre de 1989, Basescu era un alto cargo del Ministerio de Transportes, en el que llegó a ser secretario de estado.

La mayoría de los corruptos de hoy ya lo eran entonces, aunque lógicamente se han ido sumando nuevas incorporaciones, además de que la corrupción de entonces era tanto cuantitativa como cualitativamente bastante menor.

El presidente Traian Basescu no se quedaba atrás. Parece ser que el entonces comandante de la marina comercial rumana (por cierto, una de las diez más grandes del mundo en la década de los 80, y sin embargo hoy inexistente después de sospechosas ventas de la flota como hierro viejo, cuando Basescu era ministro de Transportes en uno de los gobiernos liberales) fue investigado por la Milicia rumana, por contrabando ilegal de cigarros, y sancionado con una multa y un voto de censura, que le dejó en una posición delicada durante cierto tiempo.

La revelación fue del actual diputado del Partido Socialdemócrata, Cristian Rizea, que fue testigo de la investigación que estuvo a punto de terminar con la carrera exitosa de Traian, excluyéndole de su rampa de lanzamiento, el Partido Comunista Rumano (el propio Basescu ha reconocido con “orgullo” que ser miembro entonces del PCR fue para él sólo una manera de hacer carrera, lo que deja bastante claras las principales motivaciones del presidente en sus acciones políticas, de entonces y de ahora).

Parece ser que en cada salida con su barco hacía escala en Chipre, con el fin de aprovisionarse de cigarros. El propio Traian Basescu ha reconocido, vanagloriándose de ello, que la “Revolución” de diciembre de 1989 le había pillado con un millón de lei y 10000 dólares bajo el colchón, sin explicar cómo los había conseguido (evidentemente, en aquel entonces, aunque se había formando una cierta elite comunista, tener tal cantidad de dinero sólo era posible mediante la corrupción).

El diputado del PSD Cristian Rizea hizo las declaraciones en el canal de televisión Antena 3. Segun Rizea, su antiguo colega marinero Basescu compraba cientos de cajas de cigarros en Chipre, y las vendía ilegalmente en Rumania. En un momento determinado, cuando el petrolero que comandaba estaba entrando en el puerto de Constanza, comprobó que le esperaban miembros de la Milicia, que durante un tiempo habían sospechado del actual presidente del país. Ante la flagrante realidad de que las bodegas de su nave estaban repletas de cigarrillos, Basescu, al descubrir que le esperaban, dio órdenes de dar marcha atrás al petrolero, en una maniobra extremadamente peligrosa, y se mantuvo más de seis horas sin atracar, anunciando que se había producido una avería.

Cuando todo terminó, y sin que sepamos qué es lo que se descubrió realmente del asunto, Basescu fue investigado y multado con 48000 lei, además de puesto en discusión en la organización del PCR de la cual formaba parte. La decisión fue sancionarle con un voto de censura, que limitaba su participación en las decisiones del partido, y que era la sanción más grave después de la exclusión.

Como vemos, los grandes políticos y hombres de negocios rumanos del régimen capitalista fueron, en su mayoría, antiguos traidores del comunismo, que eran corruptos ya entonces y que, sin duda alguna, traicionaron al pueblo rumano ya durante los últimos años del socialismo, y lo siguen haciendo hoy.

Por supuesto que Traian Basescu no es el único exponente de esta clase privilegiada que salió de la degeneración del comunismo revisionista y se convirtió en la clase dominante durante el capitalismo. La mayoría de los grandes líderes políticos y empresariales de la Rumania actual hicieron su fortuna especialmente en la década de los 90 del siglo XX, tras colocarse en los últimos años del comunismo en la parrilla de salida para la carrera del saqueo de la todavía hoy no alcanzada riqueza nacional del pueblo rumano en diciembre de 1989.

Síntomas Inquietantes

abril 18, 2010 por  
Publicado en: Artículos, Prensa de la CIPOML

Carlos Hermida

El diario EL PAÍS, en su número del día 2 de abril, publicaba un artículo del escritor Juan Goytisolo titulado “¡Viva la democracia corporativista!, en el que el renombrado novelista se mostraba perplejo por la escasa respuesta ciudadana ante los gravísimos casos de corrupción protagonizados por políticos del Partido Popular o la querella interpuesta por Falange Española contra el juez Garzón, y mostraba su preocupación ante la perspectiva de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales, quienes implantarían en España el modelo político clientelar y caciquil de la Italia de Berlusconi. Aunque compartimos la inquietud del autor de “Juan sin Tierra”, consideramos que sus planteamientos describen sólo los síntomas, pero no la causa de la enfermedad.

Si la corrupción en nuestro país se ha convertido en un elemento estructural del sistema político, y no en algo excepcional como afirman desvergonzadamente los dirigentes del Partido Popular, enfangados por la red Gurtel y el caso Matas; si un juez es capaz de admitir a trámite una querella de la organización fascista Falange Española contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo; si los partidos de la izquierda abertzale son sistemáticamente prohibidos; si los poderes públicos ignoran los informes de Amnistía Internacional sobre la tortura en España; si el sistema parlamentario es solamente una fachada que encubre realidades siniestras, todo ello tiene una explicación política que nos remite al período histórico de la Transición (1975-1978).

Fue en aquellos años donde se incubó el huevo de la serpiente. El vergonzoso pacto al que llegaron el PSOE y el PCE con las fuerzas franquistas impidió una verdadera ruptura democrática y permitió la continuidad del aparato de estado franquista con la monarquía a la cabeza. Al renunciar a la República, al permitir que los protagonistas de la represión de la dictadura — policías torturadores, jueces del Tribunal de Orden Público y militares– continuaran en sus puestos, incluso ascendiendo en el escalafón profesional, al dar su bendición a la Constitución antidemocrática de 1978, la izquierda oficial se hizo cómplice de una maniobra política mediante la cual la dictadura fascista conservó sus elementos estructurales encubiertos por un decorado formalmente democrático.

La corrupción franquista ha vuelto a aflorar, sin solución de continuidad, en el sistema parlamentario porque nunca ha existido la voluntad de perseguirla ni combatirla. Las corruptelas urbanísticas que han destruido nuestras costas, la malversación de caudales públicos, el cohecho, todas las prácticas delictivas que hoy saltan a las primeras páginas de los periódicos, no son otra cosa que la continuación de los turbios negocios de la dictadura. Y la querella contra Garzón es el fruto de la Ley de Amnistía que dejó en la impunidad a los asesinos franquistas, del pacto de silencio que permitió mantener cerrados durante decenios los archivos que albergan documentación sobre la represión, de la ignominia legal que ha imposibilitado exhumar las fosas comunes en las que están enterrados decenas de miles de republicanos, de la amnesia histórica programada y planificada para que los ciudadanos aceptaran todas estas iniquidades sin protestar.

¿Por qué siguen siendo legales los partidos fascistas en España cuando en sus páginas web se exalta el racismo, se lanzan proclamas contra el sistema democrático, se glorifica a Hitler, y muchos de sus afiliados han cometido asesinatos? ¿Por qué no se persigue el fraude fiscal? ¿Por qué no se considera terrorismo los accidentes laborales con resultado de muerte cuando la causa es el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los empresarios? ¿Por qué se ha establecido una férrea censura en torno a todas las actividades del Rey y sus negocios? ¿Por qué el gobierno financia generosamente a la Iglesia Católica si estamos en un estado teóricamente no confesional? ¿Por qué se permite el desmantelamiento de la enseñanza y la sanidad públicas?

Demasiadas preguntas y una sola respuesta. No vivimos en un sistema democrático ni parlamentario, sino en un sistema bipartidista parecido al diseñado por Cánovas del Castillo en 1875, al comenzar la restauración monárquica. Allí era la monarquía alfonsina el fundamento del tinglado oligárquico y caciquil que en su momento denunciara Joaquín Costa, y aquí y ahora es la monarquía juancarlista impuesta por Franco, un asesino de masas, la pieza maestra del modelo político.

Se asombra Goytisolo de la pasividad ciudadana, y tiene razón. Hay apatía y desinterés, pero ha sido inducida por los partidos mayoritarios, que han visto en la desmovilización ciudadana la mejor baza para cometer impunemente sus trapacerías. Desde los medios de comunicación, y en especial desde las televisiones, se ha fomentado el individualismo y la insolidaridad, difundiendo mensajes reaccionarios a través de una programación demencial que coloca en las horas punta los llamados “programas del corazón”. Pero también ha influido notablemente la falta de una alternativa política clara. Izquierda Unida tiene en este sentido una responsabilidad enorme porque ha sido incapaz de constituirse en referente de la izquierda real; incapaz de dotarse de un programa capaz de aglutinar a los hombres y mujeres de izquierda.

La desorientación política y la frustración de amplias masas de la población, castigadas por la crisis económica, son el caldo de cultivo que permite el avance del fascismo. Que los falangistas pretendan ser víctimas de una persecución política y se querellen contra el juez que investiga el genocidio cometido por la dictadura franquista, es un síntoma de que entramos en un proceso de fascistización de gravísimas consecuencias. No pretendemos ser alarmistas, sino constatar un hecho objetivo. Hay elementos más que suficientes para afirmar que los derechos civiles y las libertades están sufriendo un retroceso notable, un recorte significativo. Por otra parte, cuando hablamos de fascismo y de fascistización no nos referimos al mismo modelo del período de entreguerras del siglo XX. Lo que afirmamos es que se están imponiendo formas de control de la población y actitudes políticas propias del sistema político e ideológico fascista.

Para frenar este proceso, para cambiar radicalmente la situación política, para solucionar los múltiples y graves problemas de este país, es indispensable articular una alternativa política republicana. Sólo la república popular y federal puede traer la verdadera democracia, devolvernos la soberanía nacional, la dignidad y la libertad. La lucha por la III República es el único camino político para construir un futuro de solidaridad, igualdad y justicia social.