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Imperialismo “ecológico” (y 2)

febrero 14, 2010 por  
Publicado en: Artículos

España, a verlas venir

Santiago Baranga

En el número anterior señalábamos el sector de las energías “limpias” como un posible motor de desarrollo económico para los próximos años. Así lo han advertido tanto la Comisión Europea como las grandes empresas de la energía y la construcción de infraestructuras; y de ahí la expectación creada por la cumbre de Copenhague: al no haber objetivos ambiciosos y firmes de reducción de gases de efecto invernadero, las industrias emisoras de CO2, no se ven forzadas a tomar medidas, «a menos que cuenten con ayudas estatales», según afirmaban desde Iberdrola.

Primera premisa: las grandes corporaciones del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Unión Fenosa) fían sus resultados, cómo no, a los apoyos económicos estatales, tal y como sucediera ya con Aznar, y al igual que han hecho el automóvil y buena parte de la banca desde el estallido de la crisis. Y de esos resultados dependen las inversiones en las nuevas energías. De acuerdo con eso, entre 2009 y 2013 el sector energético dejará de invertir más de 27.000 millones de euros. Unos recortes que también tienen que ver con la salida de las constructoras de este negocio, un nuevo pelotazo en su ya extensa cuenta: Acciona vendió a Enel su participación en Endesa obteniendo un beneficio de 1.850 millones, mientras que la ACS de Florentino Pérez dejó Unión Fenosa con plusvalías de 2.300 millones.

Esta merma de la inversión hará que, cuando la demanda de energía se recupere, el sistema energético sea incapaz de hacerle frente, produciendo “cuellos de botella” que dispararán los precios. Para evitarlo, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apuntaba el año pasado que hay que «impulsar la colaboración público-privada en el sector». Por su parte, tanto la secretaria de Estado de Cambio Climático como el conseller de Economía catalán se hicieron eco de este temor al señalar que «la crisis no puede ser la excusa para no hacer las inversiones que necesitamos», allanando así el camino para la próxima remesa de “ayudas”. Y, sin embargo, las empresas “españolas” no dejan de abordar múltiples proyectos en Reino Unido, EEUU, Marruecos, Egipto…

La segunda premisa es que «no podemos querer muchas renovables y querer también la tarifa más barata de Europa», según afirmaba hace un año Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural y Unión Fenosa. En octubre, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmaba que «aún hay hueco para subir la tarifa eléctrica de cara a ajustarla al coste real». Así, pues, pese a las buenas palabras del imperialismo “ecológico”, lo que tienen claro los oligarcas de la energía es que la conservación del medio ambiente no la van a pagar ellos. El dejar el desarrollo de las energías renovables en manos de las empresas privadas redundará en nuevas cargas para la clase obrera, ya sea a través de los presupuestos del Estado o mediante la tarifa de la electricidad.

¿Y el Estado? Especuladores e instituciones financieras aumentan sus presiones para que España recupere el «equilibrio» de las finanzas públicas. Lo cierto es que el Estado español está pagando con creces (y, con él, todos los trabajadores) las consecuencias de la política económica dictada por los Botín, Díaz Ferrán, Ybarra… Son los mismos que han defendido (por su cuenta o a través de sus portavoces en el Gobierno y en el Congreso) la disminución del gasto público, no para propiciar una «mejor gestión», sino para asegurar unos impuestos bajos sobre las rentas del capital y fomentar la privatización de los servicios públicos. Con estas políticas, y como tantas otras veces, el capital “español” se ha dedicado a rapiñar la riqueza del país y el trabajo de la clase obrera, fomentando el pelotazo, debilitando el sistema productivo y haciéndolo cada vez más dependiente del capital exterior. Gabarró afirmaba hace unos meses sentir «frustración cuando veo a Endesa italiana y pública». Ese ha sido el resultado de la liberalización y privatización emprendidas por unos gobiernos más papistas que el Papa en cuestión de ortodoxia liberal (1): grandes corporaciones con sede en Madrid o en Nueva York, tanto da, que manejan sus capitales (y los de los demás) totalmente ajenas a los intereses de la inmensa mayoría de la población. Como contrapunto de esto, la evolución de la deuda y el déficit públicos en varios países muestra a las claras en qué ha redundado la «austeridad» que esta chusma ha pregonado durante años: mientras Francia y Alemania parecen salir de la recesión, a pesar de haber mantenido una deuda y un déficit mayores que España durante años, en nuestro país 2009 produjo un millón de parados, 40.000 establecimientos cerrados, una caída del 4% del PIB y la recesión más larga de la UE; además, sectores estratégicos enteros han ido cayendo en manos de estos tiburones financieros.

El Plan E ha seguido esa misma línea de política a corto plazo, empleando 8.000 millones de euros en salvar las cuentas de un puñado de empresas de la construcción (muchas veces, mediante prácticas fraudulentas, como señalan estudios sindicales). Ahora, el Gobierno se ha sacado de la chistera una Ley de Economía Sostenible que no presenta una propuesta real y coherente de cambio del sistema productivo, como pregona; a lo sumo, algunas propuestas sueltas, cuando no son claramente perniciosas y cicateras: así, los artículos dedicados a la Formación Profesional, que pretenden introducir su privatización por la puerta de atrás, al margen de la negociación del Pacto Educativo con los sindicatos. En cuanto al tema que nos ocupa, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) estima el apoyo público al conjunto de las áreas renovables en casi 8.500 millones de euros para unas inversiones totales de casi 23.600 millones, que servirán para crear 95.000 empleos netos. Pero, si comparamos los planes de estímulo “verde” aplicados por diversos países (España, 0,13% del PIB; Australia, 0,7%; China, 0,76%; Alemania, 1%; Corea, 1,47%), o si confrontamos el citado PER con el Plan E, podemos concluir que, pese a los anuncios triunfalistas, no hay una clara apuesta por utilizar este sector para reindustrializar nuestra economía, ni siquiera desde una óptica capitalista. En Brasil, por ejemplo, se ha optado por utilizar los nuevos yacimientos marinos de petróleo como recurso estratégico y motor de la industrialización del país, exigiendo a las empresas concesionarias transferencias tecnológicas y la fabricación en el propio Brasil de buena parte de las infraestructuras necesarias, con lo que se generará hasta 250.000 empleos. Como señalaba a El País un responsable de Acciona, el Estado alemán «invirtió 100 millones de euros en un área experimental y 300 más en infraestructuras», y ahora «tiene tres fabricantes de máquinas de 5 MW, y un auténtico cluster de eólica marina, que incluye a la industria naval».

En España, en cambio, el Gobierno se hunde en la autocomplacencia y la inacción, asumiendo su papel de potencia de segunda fila: mientras el Reino Unido empezó a programar sus parques marinos en 2000, España sólo presentó su mapa de recursos eólicos en la mar en 2009; mientras Dinamarca y Noruega se sitúan a la vanguardia de la tecnología eólica marina, España sólo empezará a producir en 2017 ó 2018, si es que empieza ya a tomar medidas. De los 10.851 MW previstos en Europa hasta 2013, ni uno estará en España. Esto, lógicamente, preocupa a los capitalistas del sector porque les hace perder cuota de mercado; pero tanto las empresas como el Gobierno están de acuerdo en que la caída de la demanda de energía por la crisis hace que haya un «exceso de capacidad eléctrica». Olvidan, al parecer, los efectos que tendrá en un futuro cercano la previsible subida de los precios del petróleo, si no se empieza a reducir ya la dependencia hacia este recurso. Tales retrasos redundarán también sobre el resto de los sectores productivos y, especialmente, sobre los trabajadores: oligarcas y gobierno están restando capacidad tecnológica e industrial al país en un campo para el que sí se dispone de recursos naturales; y, además, la parálisis colabora a agravar el déficit cuando vuelva a subir el petróleo, lo que les dará un argumento para reducir aún más las prestaciones sociales y servicios públicos. Con ello, en fin, se afianzarán nuestra dependencia respecto a los países más desarrollados y nuestro papel de proveedor de servicios de escaso valor.

En nuestros documentos sobre la crisis, nos hemos referido a la imposibilidad de que se dé en España un «cambio de modelo productivo» mientras no haya una transformación del marco político; y ello se debe a que el entramado de intereses oligárquicos en el que se basa el régimen actual imposibilita cualquier cambio profundo que afecte al control que éstos ejercen sobre la economía y las decisiones políticas en nuestro país. El caso de las energías renovables, al igual que el de la banca en estos meses de crisis, pone de relieve hasta qué punto el caos de la producción capitalista, los intereses de las corporaciones y la servidumbre de sus representantes políticos son perniciosos para el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestros pueblos. Son, en definitiva, obstáculos que habrá que remover si de verdad queremos conquistar la justicia social y el bienestar para la gran mayoría que somos los trabajadores.

(1) En el sector energético, Cantábrico está en manos del capital portugués; Viesgo, del alemán (E.ON), y Endesa, del italiano (Enel, con participación pública). La francesa Total posee la mitad de CEPSA.

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