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C.C. del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador

En clara demostración de una actitud antidemocrática y dictatorial, Guillermo Lasso ha decretado la denominada «muerte cruzada» que le permite asumir poderes personales para imponer, vía decretos ejecutivos, su programa económico-político al servicio de los grandes empresarios, banqueros y el capital internacional. En los siguientes seis meses que le quedaría de gestión consumará la privatización de las empresas estatales, el IESS, los bosques y el agua; impondrá reformas laborales que precarizan las condiciones de trabajo e incrementan los niveles de explotación capitalista; entregará los recursos naturales a las empresas extranjeras y profundizará la política antipopular que ha caracterizado su gestión durante estos dos años.

Los argumentos esgrimidos para disolver la Asamblea Nacional no se ajustan a las causas que la Constitución establece para tomar una medida de esa naturaleza. En el país no hay conmoción interna; hay una crisis económica y política de la que este gobierno es responsable directo, al igual que son las fuerzas políticas que controlan el parlamento.

La disolución de la Asamblea Nacional no resuelve la grave crisis que atraviesa el país. Es cierto que esta Asamblea —copada por legisladores corruptos, oportunistas e ineptos— es corresponsable de la situación por la que atraviesa el país y, por eso, al igual que el Ejecutivo, tiene altos niveles de rechazo en la población. Ha disuelto la Asamblea para evitar que se ejerza el derecho constitucional a la fiscalización y al enjuiciamiento político; la ha disuelto para evitar su destitución, que es un clamor popular por corrupto, incompetente y enemigo del pueblo, expresado en el grito ¡Fuera Lasso, YA! Los responsables de la crisis, que están en el ejecutivo y legislativo no deben volver a esos puestos.

El movimiento popular organizado (trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, comerciantes minoristas y más) debe unir sus fuerzas para enfrentar al gobierno dictatorial, para ejercer el derecho a la resistencia, para frenar la ofensiva neoliberal, para que se respeten los derechos de los trabajadores y el pueblo, entre ellos el derecho a la vida y a la protesta. La unidad social y política de estos sectores es fundamental para hacer de la calle el escenario de este combate.