J.P. Galindo
La economía es una de las principales armas de la política. Y un arma económica de 23.000 millones de euros es una amenaza formidable. Esa es la escala en la que se mueven los presupuestos de la Comunidad de Madrid que acaban de ser aprobados por el PP y Vox; unos presupuestos mayores que el PIB del año 2020 de países como Guinea Ecuatorial, Albania, Laos o Nicaragua, según datos del FMI.
El PP reconoce sin problema alguno que estos presupuestos tienen por objetivo asentar aún más el modelo (neoliberal y especulativo) que lleva décadas desarrollando en Madrid y que ha convertido a la región en un verdadero laboratorio ultracapitalista. Sin embargo, también se ha asegurado de que sus medios de comunicación resalten que el 88% del total se va a destinar a “presupuesto social”, un eufemismo bajo el que cabe prácticamente todo y que oculta una realidad: la privatización encubierta de gran parte de los servicios públicos madrileños bajo el formato de la gestión concertada, así como la “colaboración público-privada”, que implican que una buena parte del presupuesto público terminará gestionado por entidades privadas.
Por ejemplo, el 48% de los centros educativos de enseñanza primaria y secundaria de Madrid son de gestión privada o concertada (1.759 frente a 1.891 públicos) y el 58,8% de las universidades de la región (10 de las 17 existentes) son privadas. Traducido en dinero contante y sonante esto implica que prácticamente la mitad del presupuesto de todos los niveles formativos de la Comunidad de Madrid (unos 3.200 millones de 6.700 millones presupuestados) termina en empresas privadas, sin contar con los servicios externalizados que se han infiltrado en los centros públicos (limpieza, comedor, mantenimiento, etc.)
Más sangrante aún es el caso de las tristemente famosas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid; de 473 residencias solo 142 son de gestión pública (sin contar servicios auxiliares), lo que significa que el 70% del total de los 843,4 millones de la partida destinada a mayores (144 millones más que en el presupuesto anterior) terminará pagando residencias privadas. Es decir, solo entre estas tres partidas presupuestarias (educación obligatoria, universidades y mayores), el sector privado obtiene directamente casi 4.000 millones de euros que debemos contabilizar como pérdidas para el sector público.
Pero hay muchas más trampas destinadas a desviar millones a bolsillos privados; por ejemplo, entre los 238 millones destinados a pagar alquileres institucionales se incluyen decenas de edificios e instalaciones situados en zonas emblemáticas de Madrid (calles de Alcalá, Los Madrazo, Gran Vía…) que pertenecían a la Comunidad y que el ex presidente Ignacio González (PP) vendió a través de la fórmula “sale & leaseback”, una operación inmobiliaria en la que el propietario vende una propiedad con el compromiso de alquilársela al comprador. En otras palabras, ahora hay que pagar un alquiler por edificios que eran públicos.
Otro ejemplo es el de las carreteras M-45, M-407, M-511 y M-501, cuyos presupuestos incluyen un epígrafe llamado “gratuidad de peaje”, que suma 109 millones, porque aunque se construyeron como carreteras públicas, el contrato con las constructoras incluía un “peaje en sombra”, es decir, un canon anual en concepto de peaje estimado según la circulación media de cada una de ellas.
“Hecha la ley, hecha la trampa” dice el refrán, y en este caso la ley es en sí misma una trampa para las clases populares que se ven convertidas en la principal fuente de ingresos de una administración pública que, lejos de revertir ese esfuerzo económico en los correspondientes servicios públicos de calidad para todos, se dedica a garantizar el beneficio privado de los empresarios “agraciados” con contratos públicos.
La política continuada de ultra-neoliberalismo emprendida por el PP en la Comunidad de Madrid tiene una orientación de clase evidente: Desde el año 2004 el gobierno autonómico ha ido desmantelando sus competencias fiscales hasta el punto de que en 2022 habrá perdido todos los impuestos propios. Unos impuestos que, “casualmente”, gravaban cosas como las herencias, donaciones y las propiedades. Además, aunque los madrileños son los españoles que menos impuesto sobre la renta (IRPF) pagan, esto beneficia especialmente a los que cobran más de 100.000€ al año, es decir, a los más ricos. Esta agresiva política provoca que la Comunidad ha dejado de ingresar casi 53.000 millones de euros en 17 años, según reconoce con orgullo la web del propio gobierno autonómico, que califica de “ahorro” para los madrileños lo que en la práctica es el estrangulamiento de los servicios públicos.
No obstante, esto no debe hacernos caer en los cantos de sirena de la socialdemocracia y el revisionismo (como lamentablemente ocurre en amplias capas de las clases populares). Al contrario, este asalto general contra lo público y colectivo, se da tanto en la fracción reaccionaria como por la progresista de la burguesía, y debe servirnos de ejemplo para educar a las clases populares contra el reformismo y el revisionismo que, al igual que las fuerzas más reaccionarias, también prometen dedicar recursos fantásticos para “servicios sociales” ocultando sus propias maniobras privatizadoras y de “capitalismo de amiguetes”.
Quienes recordamos que “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” y que la superestructura, de la que también nos hablaba Marx, se manifiesta a través del entramado jurídico-político que permite el saqueo legal y continuado de miles de millones a plena luz del día, dejando constancia de ello en los presupuestos públicos anuales, también sabemos que para romper con la ideología burguesa que nos arrastra en mayor o menor medida a todos, incluso a los mejor armados teóricamente, debemos ser intransigentes con estas trampas económicas legales, base material para el resto de abusos, engaños y saqueos contra la clase obrera, al mismo tiempo que organizamos la respuesta popular con la radicalidad e inteligencia necesarias para hacer frente a tan descomunal reto revolucionario.