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Por la ruptura republicana: Liquidemos la monarquía y la constitución de 1978

Carlos Hermida

El aniversario de la Constitución coincide este año con una gravísima crisis capitalista agudizada por la pandemia. Las desigualdades sociales se han incrementado hasta el punto de que un 27% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Hay cientos de miles de hogares que no pueden hacer frente a la factura de la luz y las despensas y comedores solidarios son el último recurso para sectores cada vez más amplios de la sociedad.

Frente a este panorama desolador, las grandes empresas multiplican sus beneficios y los llamados partidos “constitucionalistas” se disponen a conmemorar un año más un texto constitucional que en 1978 estableció una monarquía ilegal e ilegítima en origen, impuesta por un dictador fascista que implantó en España un régimen de terror entre 1939 y 1975.

La Constitución de 1978, lo hemos repetido en numerosas ocasiones, es la clave de bóveda de un sistema político y económico al servicio de una oligarquía cuyos intereses son ajenos a los del pueblo español. Más que ajenos, son intereses que condenan a nuestro pueblo a condiciones de vida cada vez más precarias y que hipotecan la soberanía nacional.

Quienes pretenden que es posible construir una alternativa económica manteniendo la monarquía y la Constitución de 1978 comenten una gravísima equivocación, porque el modelo económico y político español está dialécticamente unido, ambos elementos son inseparables y no es posible disociarlos. Nuestro modelo de crecimiento, así como la inserción de España en la Unión Europea, responde a los intereses de unas clases dominantes que no están interesadas en un desarrollo económico basado en la ampliación del mercado nacional. El deterioro del sistema educativo, la destrucción del tejido industrial en las reconversiones de los años 80 del pasado siglo, la especulación urbanística y la corrupción galopante son elementos que conforman un modelo económico que nos sitúa en la periferia de la Unión Europea, condenando a España a ser un país de servicios turísticos en la división del trabajo de la Europa comunitaria.

Si se defiende una salida de la crisis sobre la base de una profunda reforma fiscal, la potenciación del sector público de la economía y la reindustrialización del país, es absolutamente indispensable romper con el régimen político actual. Y una vez más debemos dejar claro que esa ruptura no se refiere a un cambio formal en la Jefatura del Estado. No, la ruptura que defiende el PCE (m-l), y la que ha defendido históricamente, tiene un contenido social y político muy concreto. Se trata de implantar una República Popular y Federativa que será la expresión de un nuevo bloque social. Por ello, la III República solo se materializará en nuestro país en tanto sea la concreción de una amplia unidad popular capaz de desplazar a la oligarquía de sus posiciones políticas y económicas.

Esta monarquía, como ha quedado probado con la huida del llamado rey emérito, es corrupta y delictiva, como lo es en su inmensa mayoría el poder judicial, cuya actuación se caracteriza por dictar sentencias escandalosas que atentan contra los principios democráticos y ponen de manifiesto el poso franquista de una buena parte de la judicatura.

Cunde el desaliento entre las clases populares ante el deterioro del nivel de vida y la corrupción generalizada, y ese es el caldo de cultivo en el que crece el fascismo de VOX.

Solo hay un camino para frenar al fascismo, revertir la situación social y económica y alcanzar la soberanía nacional: acabar con la institución monárquica y proclamar una República que devolverá al pueblo español su libertad y dignidad.

¡¡¡CONTRA LA MONARQUÍA Y SUS CÓMPLICES!!!
¡¡¡VIVA LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!!!