C. Hermida

Tras la muerte de Franco, el panorama historiográfico español inició una nueva andadura, parcialmente libre de la férrea censura que había impuesto la dictadura a quienes escribían alejándose de  los cánones oficiales.

Una nueva generación de brillantes historiadores --Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Francisco Espinosa, etc.-- desmontaron con fuentes documentales y un concienzudo trabajo de archivo todos las mentiras que el régimen franquista había tejido sobre la II República y la Guerra Civil, y hubo un momento en que parecía que los mitos de la Cruzada de Franco habían quedado definitivamente destruidos por la historiografía científica. Pero fue más un espejismo tras el que se ocultaba una dura realidad.
La llegada al gobierno del Partido Popular en1996, de la mano de José María Aznar, fue el punto de partida de un rearme ideológico de la derecha española. Desde la fundación FAES, junto con numerosos medios de comunicación, se lanzó una ofensiva que tuvo como objetivo poner de nuevo en circulación las viejas tesis franquistas sobre la historia contemporánea española.

Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, César Vidal y Ricardo de la Cierva fueron los encargados de esta operación. Cuatro cuentacuentos que no habían pisado un archivo en su vida, con la excepción de Ricardo de la Cierva, que por su condición de biógrafo oficial de Franco había tenido acceso a ciertos documentos que a otros historiadores mucho más cualificados se les prohibía consultar, se dedicaron, a través de un conjunto de infames publicaciones de nulo valor científico, a dar la vuelta a la Historia.

Su argumentario se pude resumir de la siguiente forma: la II República fue un régimen ilegal e ilegítimo que llevó a España a una situación catastrófica, hasta tal punto que los militares tuvieron que sublevarse para impedir que España cayera en manos del comunismo. Desgraciadamente, esta sarta de majaderías tuvo un amplio eco en determinadas emisoras de radio y periódicos, y las publicaciones de Pío Moa se convirtieron en un éxito de ventas. La osadía de la derecha ha culminado con la reciente afirmación de Ignacio Camuñas, exministro de la UCD, de que el “18 de julio no fue un golpe de estado, sino un fracaso de todos los españoles”.
Mientras los estudios académicos y las tesis doctorales, que suponen años de investigación archivística, no logran salir del ámbito universitario, los panfletistas de la derecha tienen una audiencia cada vez mayor. La izquierda está a punto de ser derrotada de forma rotunda en este campo de la lucha de clases que es el enfrentamiento ideológico.
Urge, por tanto, tomar medidas de rearme y lanzar a la sociedad un mensaje claro, contundente y masivo sobre la II República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista. En este sentido, apuntamos algunos contenidos básicos sobre los que se debe insistir.
La guerra civil fue el camino escogido por la burguesía industrial, los terratenientes, la oligarquía financiera, un amplio sector del Ejército y la Iglesia Católica para aplastar a unas clases sociales que se habían atrevido a poner en práctica un mundo diferente. Aquí radica la explicación de la represión genocida de los sublevados: destruir el proyecto modernizador del régimen republicano y erradicar el movimiento de emancipación social que estaban llevando adelante los sectores populares en los años treinta. La represión franquista no fue producto de las pasiones desatadas por la contienda, como se ha sostenido en ocasiones, sino una operación premeditada y planificada que se ejecutó a través de la guerra civil.
Desde el inicio de la contienda, los militares rebeldes desataron una represión salvaje contra las organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Los fusilamientos masivos mostraban una voluntad de exterminio y aniquilación del adversario. El terror generalizado tenía como objetivo la extirpación de lo que la derecha consideraba la anti-España. El propio Franco, en una entrevista que concedió al corresponsal estadounidense Jay Allen aseguró que estaba dispuesto a matar a media España para conseguir sus objetivos. Las “Instrucciones” del general Mola dictadas antes de la sublevación y en los primeros días de la guerra inciden en que la acción de los militares debe ser extremadamente violenta:
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas” (Instrucción reservada nº 1, de 25-5-1936).
Las declaraciones de otros mandos militares como Yagüe y Queipo de Llano eran del mismo tenor, con insistencia en la voluntad de aniquilar, de arrancar lo que ellos consideraban las “malas hierbas”. No se trataba únicamente de ganar la guerra, sino de borrar y eliminar todo lo que significase libertad de pensamiento, modernización, reivindicación social y progreso. Por ello, el terror alcanzó a poetas, maestros, líderes sindicales, dirigentes políticos y a cualquiera que se identificase con el ideal republicano. Fue una operación vastísima de limpieza ideológica y social que pretendía destruir hasta sus cimientos el entramado de organizaciones sociales y culturales de los trabajadores: periódicos obreros, ateneos libertarios, Casas del pueblo, bibliotecas populares; en fin, todo lo que el proletariado había construido con enorme esfuerzo desde el último cuarto del siglo XIX fue arrasado. De esta manera, a sangre y fuego, con saña, con decidida voluntad de exterminio, se fue materializando el genocidio republicano.
El avance del ejército sublevado iba siempre acompañado de terribles matanzas. En su marcha por tierras de Badajoz, la columna mandada por el teniente coronel Yagüe sembró el terror en los pueblos conquistados, fusilando a 6.610 personas. La ciudad de Badajoz fue sometida a un brutal saqueo por parte de legionarios y marroquíes, y en su plaza de toros se fusiló a más de mil republicanos, según hizo constar en sus crónicas el periodista portugués Mário Neves.
El terror se convirtió en la forma de dominación de los militares golpistas. Las decenas de miles de fusilados eran enterrados en fosas comunes, al pie de un árbol, lanzados a profundas simas o arrojados al mar con un peso en los pies. Los pozos de Caudé, en Teruel; la sima de Jinámar, en Gran Canaria; la fosa de Candeleda, en Ávila; la fosa de la Barranca, en la Rioja, y tantas otras, fueron el destino de miles de hombres y mujeres cuyo delito era defender la legalidad republicana.
El furor represivo contó con la bendición de la Iglesia Católica que, con pocas excepciones, apoyó la sublevación militar, denominó “Cruzada de Liberación” a lo que era una guerra de exterminio, participó directamente en la represión y la justificó, considerándola como una obra de depuración y redención. Los militares y falangistas nunca hubieran podido asesinar en masa si la Iglesia hubiera manifestado su oposición. Una actuación decidida de los obispos habría servido para salvar decenas de miles de vidas. Muy al contrario, adoptó una postura beligerante contra la República e incitó al odio y la venganza.
No tenemos todavía una cifra exacta de la represión franquista, y probablemente nunca la conoceremos, debido a la destrucción de documentación que se llevó a cabo tras la muerte de Franco para ocultar la obra genocida, pero contamos con un buen número de estudios y tesis doctorales que nos proporcionan cifras escalofriantes. Los últimos estudios arrojan un total de 130.192 personas asesinadas en la zona franquista durante la guerra (Ángel Viñas, ed.: En el combate por la Historia. La República, la Guerra Civil, el Franquismo. Barcelona, Pasado&Presente, 2012. Pág. 495). Pero todavía hay centenares de fosas comunes por exhumar y habría que añadir los fusilamientos de posguerra, los muertos en cárceles y campos de concentración a causa del hambre, las enfermedades y los malos tratos. La represión franquista no bajará de 200.000 víctimas entre guerra y posguerra.
La dictadura franquista cometió un genocidio con los republicanos españoles. Un genocidio que el pacto de silencio de la mal llamada “transición democrática” ha mantenido oculto, pero que el tesón de investigadores honestos y familiares de las víctimas está rescatando del olvido. Cada vez que se abre una fosa común y se recuperan los restos de republicanos fusilados surgen voces que hablan de olvidar, de no remover el pasado. Son voces conocidas, las voces de la derecha, de los beneficiarios de la dictadura; las voces de los que no quieren que se sepa lo que ocurrió en España durante el franquismo porque ellos mismo o sus familiares tienen las manos manchadas de sangre.
Ni olvido ni perdón. Olvidar es una injusticia histórica para todos los que dieron su vida defendiendo la libertad, y permite aflorar versiones justificadoras de la rebelión militar y la dictadura franquista. El estudio y difusión de las causas de la guerra y de la represión franquista permitirá mantener viva la conciencia antifascista de las jóvenes generaciones. Y en cuanto al perdón, son los responsables de la rebelión militar y de la posterior guerra civil los que deben pedir perdón al pueblo español. El Ejército debe pedir perdón, la Iglesia, los jueces del Tribunal de Orden Público y todos los que colaboraron de forma activa con la dictadura fascista y se lucraron con ella.
Frente a las mentiras y tergiversaciones que pretenden identificar el franquismo con un sistema autoritario, afirmamos que Franco fue un asesino que implantó una dictadura terrorista en España al servicio de la oligarquía y de las fuerzas sociales más reaccionarias. Cientos de miles de españoles que defendieron la República fueron asesinados durante y después de la guerra. Un régimen que conculcó los derechos civiles más elementales, que practicó la tortura sistemática con los detenidos y encarceló a decenas de miles de hombres y mujeres que luchaban por la libertad sólo puede ser calificado de fascista. La dictadura franquista cometió un delito de genocidio y los autores de este crimen contra la Humanidad que aún están vivos deben ser juzgados por ello. Al menos, debe haber un juicio moral que los condene.