J. Romero

Durante semanas se ha estado hablando de las brutales medidas que preparaba la banca en España en el marco de su proceso de reestructuración: fusiones, despidos, cierre de oficinas y generalización de comisiones a los clientes. Como suele ocurrir, pasado un tiempo y una vez que los principales sindicatos del sector acuerden una disminución  (simbólica por lo común) del número, y la mejora de las condiciones para los miles de despidos, las aguas volverán a su cauce y se cubrirá con un manto de silencio informativo la realidad.

Serán miles las familias afectadas por el ERE y miles los ciudadanos (especialmente los mayores y los habitantes de la España vaciada) que perderán la oficina bancaria donde dirigirse para cobrar su pensión o realizar movimientos en su cuenta, pero el juego seguirá, porque en España siempre gana la banca; nada que no haya ocurrido otras veces. Los datos son demoledores: Según CCOO se ha pasado de 276.497 profesionales contratados en 2008 a los 173.447 con los que contaba a finales de 2020 el sector financiero, lo que supone una reducción bruta de unos 103.000 trabajadores, un 37,3% menos en 12 años, duplicando el porcentaje del ajuste realizado en el conjunto de la Eurozona y muy por encima de las magnitudes de Alemania (-15,6%), Francia (-5,9%), Italia (-17,1%) o Portugal (-18,1%). A ello habría que sumar, la nueva ola de reestructuraciones que podría situar por debajo de 150.000 la cifra de empleos en el sector; es decir, otros 20.000 puestos de trabajo menos que colocarían a España a la cola de la Eurozona en nivel de bancarización.


Lo mismo cabe decir del cierre de oficinas que afecta de manera directa a las personas mayores y a quienes viven en zonas aisladas de los núcleos centrales de actividad económica: en un proceso acentuado por la paulatina extensión de la banca online, el número de oficinas se ha reducido hasta la mitad desde el inicio de la crisis en 2008. Entonces había más de 46.000, hoy el Banco de España contabiliza unas 23.000. Y el panorama no dejará de agravarse en el inmediato futuro, dado que las principales entidades financieras han puesto en marcha nuevos cierres: 1000 oficinas el Santander, 200 el BBVA, 1400 la nueva entidad fruto de la fusión Bankia-CaixaBank, 200 Ibercaja, etc.
Por otra parte, tanto los despidos como el cierre de oficinas que provoca este proceso de concentración del capital financiero y que el gobernador del Banco de España justifica con descaro (1), están afectando de forma desigual al conjunto del Estado lo que agranda la profunda desigualdad y el foso que separan la “España vaciada” del resto de territorios. En el conjunto del Estado, el porcentaje de municipios rurales que no dispone de ninguna oficina que permita el acceso físico a los servicios bancarios ha pasado del 48% en 2008 al 59% en 2020. En total, más de 4.300 municipios se encuentran en esta situación, según los datos aportados por el Banco de España. Además, el cierre de oficinas se ha cebado con provincias del interior, como Soria, Guadalajara o Palencia, hasta el punto de que en seis de ellas el 80% de sus pueblos ya no tienen oficina.
Esta situación es particularmente grave si tenemos en cuenta que la mayoría de los bancos están cobrando comisiones abusivas por la gestión de las cuentas corrientes de sus clientes y en diversas sentencias incluso del Tribunal Supremo se establece la obligatoriedad de tener abierta una cuenta bancaria para cobrar prestaciones del Estado (paro, Renta Básica de Inserción, etc) salvo “previa autorización en casos debidamente justificados”,
En los manuales de la economía capitalista se habla del papel de la banca en los términos más místicos y virtuosos. Recogemos la siguiente definición aportada por Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research en Colombia, que figura en una página web de este banco, uno de los más duros en su ajuste de plantillas y en la reducción de oficinas: “los bancos tienen la función de poner a circular los recursos entre los diferentes actores de la sociedad, son los guardianes de los ahorros de las personas, que a su vez, sirven de materia prima para hacer realidad los planes y proyectos de la sociedad: comprar una casa, un carro, crear una empresa, etc, cuidando siempre la confianza y los recursos de los ahorradores.” ¿Es cierto esto? No, en España los bancos son un inmenso negocio privado que juega con el dinero de los ahorradores cuyos fondos no pueden ser invertidos en entidades públicas por la sencilla razón de que no existen, sin atender más que su exclusivo interés, al margen de (realmente contra) cualquier criterio de interés social (2).
La banca española siempre ha estado íntimamente ligada al poder político. Tras los acuerdos yanqui fascistas de 1953, del rápido proceso de industrialización auspiciado por la inversión extranjera, principalmente de EEUU, en busca de mano de obra barata, se aprovecharon entidades que hasta ese momento tenían una implantación regional, transformándose en grandes emporios financieros de ámbito estatal conforme iba aminorándose el peso, nunca realmente consistente, de la banca pública y relajándose las medidas de control del sector financiero.
En los ochenta y noventa del pasado siglo, coincidiendo con los primeros pasos hacia la globalización y con la entrada de nuestro país en la Europa imperialista, comienza un proceso de internacionalización del gran capital español. Los desequilibrios entre las diversas entidades financieras que participaron entusiasmadas en este proceso provocan desfalcos y quiebras de entidades menores que son cubiertas por el estado y aprovechadas por los grandes bancos que ya entonces se han consolidado como monopolios financieros para reforzar su papel a través de fusiones y absorciones.
Huelga decir que la factura siempre la pagó el Estado. Es el caso de la expropiación de Rumasa, el holding de Ruiz Mateos, accionista principal de bancos de tamaño considerable como era por aquel entonces el Atlántico, luego vendido al Sabadell. O de la intervención en 1993 del Banesto de Mario Conde tras producirse un fraude contable de unos 3.000 millones de euros (501.200 millones de pesetas de entonces) y un agujero de 3.636 millones (605.000 millones de pesetas). En 1998, el Banco Santander se hizo con el 97,8% de Banesto después de la nacionalización a la que fue sometida la entidad.
Hoy, los grandes monopolios españoles obtienen una parte cada vez mayor de sus beneficios de inversiones en el extranjero, y a su vez su capital está participado cada vez en mayor medida por capital procedente de fondos de inversión foráneos. Y la banca no es una excepción. El banco de Santander, por ejemplo, obtuvo en 2014 el 86% de su beneficio atribuido en el exterior (el 19% en Brasil, el 10% entre México y Argentina, etc). Por su parte, Turquía, donde participa en un 49,85% del capital de Garanti, el segundo mayor banco privado y el quinto del país si se cuentan también los públicos, fue el tercer mercado de BBVA al representar el 14,4% de sus ingresos, por detrás de México (que supuso el 29,6%) y España (el 25%). Esta aventura otomana ya le ha supuesto al banco más de un disgusto, cada vez que la lira turca sufre una caída; la última en marzo de este mismo año.
La reestructuración económica encabezada por los primeros gobiernos de Felipe González con un enorme coste social, supuso la transformación de la estructura económica española para facilitar su inclusión en la división internacional del trabajo que pasó a ser una economía de servicios no ligados a la producción (hostelería y turismo en especial) lo que provocó un crecimiento desorbitado de la construcción de viviendas al que se apuntó el sector financiero, sin ningún control. Cuando vino la brusca caída del sector al inicio de la denominada crisis de las hipotecas subprime (de 2008 a 2012 el precio de la vivienda en España se desplomó un 21,5%), el gigantesco agujero que dejaron en las cuentas de los bancos los miles de promociones inacabadas o no vendidas y el impago de las desbocadas hipotecas suscritas en los “años dorados”, lo pagó de nuevo el Estado.
Como señalaba con descaro el diario El País, “…La alternativa a inyectar dinero público en las entidades tras la crisis de 2008 era el cierre de los bancos, y eso hubiera resultado mucho más costoso…” De modo que, una vez más, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la constitución de la Sareb conocida popularmente como “Banco Malo” que se hizo cargo de los miles de pisos en poder de los bancos que no podían venderse, el Estado monárquico acudió raudo a salvar uno de sus pilares.
En Noviembre de 2019, el propio Banco de España reconocía que el coste neto (dinero aportado restado el recuperado y el que se prevé recuperar) de las ayudas que han adquirido parte de estas entidades intervenidas y ahora en procesos de fusión y ajuste de plantillas, se elevaba a 65.725 millones de euros, de los que 42.561 millones son la estimación de coste para el Estado. A ello hay que sumar que a partir de marzo de este año, por mandato de Eurostat, la deuda aún existente de la Sareb pasa a computarse como deuda pública del Estado, aumentando ésta en 35.000 millones de euros, por lo que la ratio de deuda sobre PIB escalará hasta el 120% (3).
Como vemos, a la banca española le importa poco “cuidarse de la confianza y los recursos de los ahorradores”, el capital financiero es una parte más de la oligarquía, y su monopolio choca directamente con el interés general. El problema seguirá, como siempre, oculto hasta el próximo ajuste. Y es que en España, la banca, uno de los principales pilares del régimen del 78 y destino áureo de importantes políticos que salen de escena por las puertas giratorias de las instituciones del Estado, siempre gana (4).
La única manera de poner fin a esta situación que coloca a la mayoría social al servicio de una minoría antisocial es imponiendo por la fuerza el control público del sector financiero, estableciendo una entidad estatal que canalice el ahorro privado hacia objetivos de interés social.
Afrontar semejante tarea es algo que no está al alcance de fuerzas que aceptan el marco actual, uno de cuyos pilares, insistimos, es precisamente la banca depredadora. Esa tarea solo podrá llevarla a cabo un Estado construido sobre bases democráticas y sujeto a un verdadero control popular. Queda tiempo para lograr ese objetivo. Hasta entonces, seguirá ganando la banca.

 


NOTAS
(1) “…los beneficios son la primera línea de defensa que tiene un banco cuando viene una crisis” es uno de los argumentos de la entidad encargada de supervisar la actividad del sector financiero y su adecuación, se supone, a las necesidades económicas del conjunto del Estado.
(2) Esto señalaba recientemente ATACC sobre el Instituto de Crédito Oficial, única entidad que actualmente se puede considerar pública en el sistema financiero español: “las 130 medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la despoblación, aconsejan financiación, garantías y avales públicos y, tras la absorción de Bankia por Caixabank, en la práctica el ICO es la única entidad de crédito pública que podría hacerlo…España es una anomalía en cuanto a la presencia de la banca pública en el sector. Sólo queda el ICO, que está limitado en sus funciones de banca de desarrollo o inversión. Por sus dimensiones, personal, oficinas, no alcanza las necesidades de cercanía directa al tejido productivo, fundamentalmente las PYMES y los territorios más desatendidos”
(3) Los pisos de la Sareb, tampoco han sido usados para permitir el acceso a la vivienda de las decenas de miles de familias empujadas a la ruina por la crisis como reclama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos que piden que las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda pública. El lema de sus campañas no puede ser más claro: «Si la deuda de la Sareb es pública, sus viviendas también».
(4) La lista de políticos encumbrados a los equipos de dirección de los principales bancos del país sería interminable. Aquí va una parte de ella: Miquel Roca, Jordi Sevilla, Miguel Sebastián, Jaime Caruana, Rodrigo Rato, Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Javier Solana; Cristina Garmendia, Cristina de Borbón, Abel Matutes…