J. Romero

En “La situación de la clase obrera en Inglaterra” escrita hace más de 150 años por un joven Federico Engels, se resume en una abrumadora descripción el sórdido ambiente de vida y trabajo del proletariado inglés y sus brutales consecuencias. Mucho ha llovido desde entonces: la acción colectiva de millones de obreros agrupados en organizaciones de clase para la defensa de sus intereses, formidables luchas, combates políticos y revoluciones que han servido de ejemplo para todos, han ido imponiendo normas y regulaciones, que han modelado unas condiciones de trabajo menos degradantes, al menos en los países más desarrollados. Condiciones que siguen puestas en cuestión por la acción del capital.

El accidente es una consecuencia implícita en el proceso de producción; cualquier error humano, elementos circunstanciales no previsibles o el simple azar pueden provocar un accidente de funestas consecuencias. Sin embargo el capitalista sigue la misma lógica “práctica” del patrón inglés del que trataba Engels en su obra: considerar la fuerza de trabajo como una mercancía más (y no la más cara) sujeta de forma implacable a la ley de la oferta y la demanda, por lo que la enorme extensión y gravedad del problema es consustancial al modo de producción capitalista.


Hoy, cuando la humanidad ha conseguido un grado de desarrollo técnico y científico que permitiría satisfacer prácticamente todas las necesidades del ser humano, el capitalismo se ha extendido por todo el planeta generalizando las contradicciones que le son propias, y esos mismos avances técnicos y científicos que le permiten centralizar la obtención de beneficios al tiempo que dispersa la producción, especializando a los países y a los trabajadores, provoca una constante competencia entre naciones, entre trabajadores y entre los diferentes sectores de la clase obrera. Esa competencia degrada las condiciones de trabajo en todas partes, aunque en cada país y en cada sector de trabajo afecte de distinta forma e intensidad.
De tanto en tanto, una noticia pone en evidencia que lejos de haber cesado la explotación cruda y salvaje del esfuerzo humano para el enriquecimiento privado, ésta sigue existiendo hasta el punto que podemos decir que la evolución de los derechos sociales y laborales de la mayoría trabajadora sufre una marcha atrás general.
Han cambiado las circunstancias, sí; las consecuencias del modo de producción capitalista sobre la vida de los trabajadores han modificado algo su expresión, pero siguen siendo abrumadoras. Hace un tiempo, en 2013, apenas diez años después de que la OIT declarara el 28 de abril en todo el mundo como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el derrumbe de un edificio en Dhaka, capital de Bangladesh, que albergaba cinco talleres de confección en los que trabajaban mayoritariamente mujeres, causó la muerte según datos oficiales a 1129 personas y heridas a otras 2515. El edificio, se derrumbó tras haberse ignorado las advertencias de que debía desalojarse después de haberse descubierto grietas el día anterior. En el sitio del derrumbe se descubrieron etiquetas y documentos de grandes marcas europeas y estadounidenses como Children’s Place, Benetton, Cato Fashions, Mango y otras. Primark, una cadena de ropa de bajo costo, confirmó que en el segundo piso del edificio funcionaba un taller que confeccionaba sus productos apresurándose a emitir un comunicado en el que aseguraba estar “conmocionada y profundamente entristecida por este terrible incidente”. No fue la única en mirar cínicamente para otro lado.
Menos de un año antes (en noviembre de 2012) 111 trabajadores, la mayoría también mujeres, murieron a causa de un incendio en una fábrica de ropa cercana a la capital de ese país, desatando la polémica sobre las condiciones de trabajo y la seguridad de los empleados de la industria textil en el país asiático. Esta fábrica no contaba con equipos contra incendios, las salidas de emergencia estaban cerradas y los empleados recibieron la orden de permanecer en su puesto a pesar del humo. En ambos casos las fábricas también producían prendas para empresas españolas del grupo Inditex, El Corte Inglés, etc (1).
En febrero pasado, el diario The Guardian informaba de la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka en las obras que se realizan en Qatar (una de esas monarquías medievales del Golfo en las que tanto gusta retozar el ladrón emérito) para el Mundial de Fútbol que se celebrará allí a finales de 2022. En realidad, la cifra total de fallecidos es significativamente mayor, ya que estas cifras no incluyen países de los que procede mucha mano de obra, como Filipinas y Kenia. Tampoco se incluyen las muertes de los últimos meses de 2020… Y así un largo rosario de casos que prueban que realmente las cosas no han cambiado tanto en estos años. Que el capital sigue matando.
Los datos son abrumadores. El Pasado 28 de Abril, el Secretario de Salud Laboral de CCOO denunciaba: “ el incremento de la mortalidad en el trabajo, pese a la disminución de la actividad económico que se viene produciendo desde 2012 .... Una auténtica pandemia que causa más de 7.600 muertes diarias, más de 2,7 millones al año, en el mundo… Unas cifras escandalosas pese a la ocultación o no reconocimiento de muchos accidentes y enfermedades laborales..”
Esa especialización de las economías nacionales que provoca el capitalismo globalizado, ha llevado en España al predominio del sector servicios (especialmente hostelería y turismo) y, como consecuencia, la extensión del trabajo precario, el paro estacional y el despido libre, la consolidación, en fin, de un empleo sin derechos, o mejor dicho, un empleo con derechos reconocidos formalmente en textos jurídicos que las diversas reformas laborales convierten en papel mojado.
Con todo, también en España el número de partes por accidente o enfermedad laboral sigue siendo muy, inaceptablemente, alto: 1.004.344 en 2020 (485.365 de ellos con baja) lo que supone 28,3% menos que el año anterior debido al parón provocado por la pandemia; pero el número de muertes (780) aumentó un 2% a pesar, insistimos en ello, de que el PIB cayó este año un 11%.
Tradicionalmente se ha asociado la mayor incidencia de los accidentes de trabajo a determinados sectores (industria, construcción, etc). Sin embargo, debido al envejecimiento de los instrumentos de trabajo, el alto porcentaje de trabajadores inmigrantes cuyos derechos son pisoteados con más saña al no disponer de papeles, etc, la siniestralidad en el sector agrario y ganadero español ha estado siempre por encima de la incidencia total media y en la última década esa distancia se ha incrementado.
Según datos de CCOO referidos a 2020, el principal repunte de la siniestralidad mortal se sufre en el sector agrario, que se dispara hasta un 109,5% de subida, seguido por la industria (68,3%) y los servicios (25%). Si hablamos de los grandes centros de producción agraria que se están convirtiendo en la norma del campo español la situación, con todo, es aún más brutal. El Relator Especial de la ONU para la pobreza Extrema, señalaba durante una visita a los campos de producción de fruto rojo en Huelva, en febrero del año pasado: “Aquí hay lugares mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, ni electricidad ni saneamiento” (2).
Al hablar de la salud en el trabajo, en muchas ocasiones se trata solo de los accidente laborales; pero detrás de las condiciones de vida y trabajo degradadas que sufre el proletariado se oculta en muchas, demasiadas ocasiones, las gravísimas alteraciones que las formas de trabajar, incluso las más modernas producen en su salud y la de sus familias (3). La pandemia, por ejemplo, ha provocado el crecimiento exponencial de formas de trabajo nuevas. Y entre ellas, el teletrabajo, con jornadas prolongadas mucho más allá de las pactadas, dificultades para “desconectar”, aislamiento del entorno laboral y social, etc, lo que provoca daños en la salud mental, ansiedad, depresión y otros que difícilmente serán reconocidos, al menos a corto plazo, como enfermedad o accidente laboral. Hace apenas unas semanas el diario digital “La Información”, recogía datos de una aseguradora según los cuales, la situación de incertidumbre y los cambios en el entorno laboral han propiciado que el 45% de los españoles en activo reconozca sufrir estrés relacionado con el trabajo (un 75% entre aquellos que “teletrabajan”). Y añadía: “El estrés es uno de los principales factores de riesgo para la salud física y mental en el siglo XXI.”
En definitiva, la lucha contra la degradación de las condiciones de vida y trabajo del proletariado que el modo de producción capitalista acarrea y provoca miles de muertos todos los años, es internacional, como el capital mismo; y lleva implícita el combate sin tregua contra la degeneración reformista que hoy domina en los organismos internacionales encargados de controlar el cumplimiento de las normas de salud e higiene en el trabajo, transformando una parte tan importante de la lucha sindical en defensa de los derechos laborales y sociales del proletariado en un protocolo rutinario de citas del calendario.
Quizá el mejor ejemplo de esta visión formal y burocrática del problema de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que hay que combatir implacablemente lo represente Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España desde el 1 de mayo de 2011. Su biografía es en sí misma un perfecto ejemplo del viaje hacia ninguna parte emprendido por la izquierda reformista española. Dirigente en su momento de Izquierda Sindical, una corriente radical de CCOO, de carácter trostkista, pasó al surgir el sector crítico a disolver su corriente alineándose como destacado entre los miembros más implacables del equipo de dirección de Antonio Gutiérrez contra los sindicalistas que no comulgaban con su visión derechista y conciliadora que liquidó gran parte del patrimonio ideológico de su fundador Marcelino Camacho, abriendo un periodo de derechización del principal sindicato de clase español.
Tras un triste paso por la política (se presentó de segundo espada de Gaspar Llamazares por Madrid en las elecciones Generales de 2008, sin conseguir entrar en el Parlamento), ha terminado su ciclo de renuncias como protocolario representante en España de la OIT. Todo un ejemplo del tipo de reformista contra el que hay que combatir para avanzar en la defensa de los derechos del proletariado, para defender su salud y seguridad en el trabajo y en la vida. Porque el capitalismo sigue matando.


Notas
(1) “En mi opinión, el 50% de las fábricas están funcionando con parámetros que no son seguros”, declaró entonces a la BBC un funcionario del gobierno de Bangladesh que encabezó un grupo especial de inspección de fábricas de ropa.
(2) En los campos de Huelva se emplean cada año unos 100.000 temporeros, el 48% de ellos extranjeros (la mayoría procedentes de Europa del Este y de los países del Magreb) Según relataba uno de ellos: “trabajas 10 o 12 horas y te pagan 25 euros si el jefe quiere”
(3) En España ha costado una larga batalla legal y sindical lograr que se prohibiera el uso del amianto y se considerara enfermedad laboral la exposición a este mineral. Aún hoy se sigue utilizando en otros países, a pesar de las evidencia de su acción cancerígena.