J.P. Galindo.

La reforma del “sistema de retribuciones productivas de las compañías eléctricas” en España ha significado una subida del precio de la luz que triplica la del IPC (el valor medio del precio de todos los productos).

Aunque la manoseada Constitución Española de 1978 señala en su famoso artículo 128 que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, posiblemente estemos ante el artículo constitucional menos aplicado. De hecho, la trayectoria de los distintos gobiernos (todos ellos encabezados por partidos “constitucionalistas”), desde 1978 hasta hoy, ha sido la de avanzar a conciencia en el sentido contrario.

El camino hasta el actual tarifazo del gobierno de coalición “progresista” de PSOE y Podemos se inicia con las “reconversiones” industriales de Felipe González en los 80 (con la excusa de facilitar la incorporación de España en la Unión Europea), y continúa con las privatizaciones masivas y la liberalización del suelo de José María Aznar en la recta final de la década de los 90; maniobras todas ellas encaminadas a trasvasar la riqueza pública hacia bolsillos privados.

Aquellas actuaciones tienen sus consecuencias: prácticamente toda la riqueza del país ya es propiedad privada (no así sus deudas, como demuestran los rescates públicos a fondo perdido para los bancos), y la economía española depende dramáticamente de terceros países en forma de inversiones extranjeras y turismo. Sin embargo, nuestros capitalistas necesitan aumentar constantemente el margen de ganancia a través de tasas, impuestos y tarifas sobre los consumos básicos de la población.

Prueba de ello es la comparación entre la evolución del IPC y el precio de la electricidad entre 2018 y mayo de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC subió un 4,2% mientras que la luz subió un 7,8% en esos dos años y medio. Todo ello en el contexto de la crisis económica y sanitaria iniciada en marzo de 2020. Ahora, además, el nuevo sistema de franjas horarias ha impuesto una brusca subida del precio de la electricidad que ya es histórica. De hecho, el precio medio del kilovatio para todo el mes de junio de 2020 fue de 0,11€, mientras que el 10 de junio de 2021 el precio se ha movido entre los 0,13€ (en la franja más barata) a los 0,30€ de la “hora punta”, lo que significa una subida de seis céntimos en hora punta en los nueve primeros días de la nueva tarificación.

Este sistema penaliza además el consumo de electricidad en horas clave: de 10:00 a 14:00h y de 18:00 a 21:00h, es decir, la mayor parte de la jornada de trabajo típica, ampliada de 08:00 a 23:00 con un “horario llano” de penalización media, lo que arroja un total de 16 horas diarias con tarifas más caras que nunca. Las 8 horas restantes (de 23:00 a 07:00), son las llamadas “horas valle”, las que el Gobierno “recomienda” aprovechar para no sufrir el tarifazo con toda su dureza.

A nadie se le escapa que en un país como España, donde el ventilador o el aire acondicionado son imprescindibles para soportar el verano, y la calefacción o el radiador lo son para soportar el invierno, esta subida significa un injusto e indiscriminado castigo para la inmensa mayoría de la población. Todo ello sin contar con el sobrecoste que deberán afrontar las administraciones públicas, los comercios y los transportes públicos (activos principalmente durante las “horas punta”) que, presumiblemente, dará lugar a nuevas subidas de impuestos y precios más pronto que tarde.

Aunque Unidas Podemos, en su papel de “poli bueno” de la Coalición, ya ha empezado a desplegar su táctica habitual, actuando como “oposición en el Gobierno”, hablando de la necesidad de crear una empresa pública de electricidad, o de adelantar un par de horas la franja más barata ante el problema generado por su propio Ejecutivo, lo cierto es que, como bien sabemos todos, la prioridad de este o de cualquier otro Gobierno capitalista no es prestar servicios públicos y de calidad para todos los ciudadanos, sino garantizar las cuotas de ganancia de los grandes empresarios a costa del trabajo de las clases populares. Por supuesto, también sabemos que el Artículo 128 de la Constitución, como la inmensa mayoría de los que proclaman derechos y libertades para el pueblo, es auténtico papel mojado, pues bajo el capitalismo no hay riqueza alguna que esté subordinada al interés general.

La única respuesta posible ante los saqueos permanentes del Régimen del 78 en beneficio de sus “amiguetes” es la que hemos podido ver (aunque los medios de comunicación lo han ocultado y tergiversado todo lo que han podido) en Francia o Colombia, donde el pueblo ha salido a las calles contra las subidas abusivas de los precios (fue precisamente un tarifazo eléctrico lo que los movilizó durante meses y meses a los franceses de los Chalecos Amarillos), con la seguridad y la dignidad de quienes luchan por sus condiciones de vida. Sus victorias populares (pues en ambos casos los gobiernos tuvieron que retirar sus subidas de precios), son el mejor ejemplo de que ningún derecho, ninguna libertad, se ha conquistado sin lucha. Tomemos nota.