Por Agustín Bagauda

Octubre nº 79

Alfon en prisión, por participar en un piquete de la Huelga General de noviembre de 2012. Cerca de 300 sindicalistas procesados con solicitud de penas de prisión. Piquetes encarcelados como los de Airbus, ArcelorMittal, o por participar en movilizaciones como en Vigo, Granada o Sevilla. La Ley Mordaza (“Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”) en trámite parlamentario.

La reforma del Código Penal aprobada, con el rodillo del PP, hace escasas fechas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Privada, complementarias de éstas.

Sobre la Ley Mordaza, el Presidente del Consejo General de la Abogacía afirmaba que tiene aspectos "inconstitucionales" (la burguesía, siempre, si le ha sido necesario viola sus propias leyes) y que con ella se pasa "de la patada a la puerta de Corcuera" "a la patada al Estado de Derecho". Jueces para la Democracia apuntan que "el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales", a costa de “restringir libertades”. La Unión Progresista de Fiscales denuncia su "marcado carácter represivo" y que se da “una tendencia policial muy acentuada". Esto lo dicen asociaciones y entidades poco sospechosas de izquierdistas.

¿Qué ofrecen la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal? Éste crea nuevos delitos contra el orden público y aumenta las sanciones contra la protesta. Mantiene intacto el artículo 315.3 (sobre derecho de huelga), que es el que ha permitido el procesamiento de varios centenares de sindicalistas. Elimina, además, como delito el impedimento de reunión pacífica, que debiera ser facilitada y protegida (legislación internacional). Se castiga la “resistencia activa”, aún siendo pacífica, privando a la persona de libertad. Los “altercados” con la policía pasan ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la persona afectada tendrá que pagar tasas judiciales, abogado y procurador, y perderá garantías al haber presunción de veracidad de las declaraciones y actos de la policía. Las faltas muy graves, graves y leves se sancionan, respectivamente, con hasta 600.000 €, 30.000 € y 600 €.Falta grave, por ejemplo, es “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso…”, y leve las “faltas de respeto y consideración” a la policía. Se castiga a las personas que ayuden a extranjeros a entrar en España. Y sigue indefinido el delito deterrorismo (1), por lo que conductas que no tienen tal naturaleza podrían ser consideradas como terroristas.

Tenemos así que, al calor de la crisis y en los últimos meses, y semanas, el Gobierno ha promovido toda una serie de iniciativas y medidas legales ad hoc que cercenan derechos y libertades políticas (libertad de expresión, reunión y manifestación) y buscan, básicamente, tres objetivos inmediatos: disuadir, por la enorme sanción económica, a los ciudadanos de que se movilicen, criminalizar la lucha política y social y aumentar la represión. Hay uno de fondo: el nuevo Código Penal, la “Ley de Protección de Seguridad Ciudadana” y otras normativas, lejos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que hacen es garantizar la “protección” y “seguridad” de los intereses del capital, de la oligarquía y de su Régimen político. Nos retrotraen a la oscura noche franquista de la mano de sus vástagos.

Sumado a lo anterior, no podemos olvidar la aprobación por el Gobierno, hace unos días y a rebufo de los atentados yihadistas en Francia, del Anteproyecto de “Ley Orgánica de Seguridad Nacional”, que introduce un nuevo “estado”: la situación de “interés para la seguridad nacional” (de rango inferior a los estados de Alarma, Excepción y Sitio), cuya declaración es exclusiva del Presidente del Gobierno, al que otorga más poder y al Estado más capacidad de maniobra.

La idea de la “seguridad” se está utilizando para hacer una sociedad menos segura, donde los ciudadanos se encuentran desprotegidos, con menos garantías, frente al Estado. Atentados terroristas, como los mencionados, son manipulados para infundir en la población una sensación de miedo e inseguridad, incluso pánico, buscando el apoyo o, cuando menos, la neutralidad, por parte de un sector de la población, a una serie de leyes y medidas que cercenan las escasas garantías democráticas existentes, lo que conduce (como decimos en otro artículo de este número) a un fascismo “dulce”.

Como conclusión, tenemos a un Régimen que, movido por la protección de los intereses del bloque en el poder, está sufriendo una deriva autoritaria y fascistizante; un Régimen que intenta cerrar la crisis por la derecha. Se opera una tendencia creciente al autoritarismo, a la anulación de derechos y libertades democráticos elementales. Esta situación es peligrosa “per se”, pero también porque puede alumbrar formas autoritarias de Gobierno o, incluso, fascistas. Históricamente este ataque a elementos democráticos fundamentales ha sido la antesala del fascismo.

De ahí la importancia y obligación de que todas las organizaciones sociales y políticas democráticas, y en primer lugar las comunistas, trabajen conjuntamente en la denuncia y el combate de esta situación. De ahí la importancia de una alternativa política al actual Régimen.

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(1) El Gobierno está negociando con el PSOE un acuerdo sobre terrorismo a partir de una base que, en palabras de AI, suponen una “ampliación de la definición de terrorismo y la imprecisión de algunos delitos como la difusión de mensajes y consignas o la colaboración”.