J.P.Galindo
La maniobra privatizadora puesta en marcha por el Gobierno de España no solo implica la destrucción prácticamente total del servicio público de salud tal y como lo conocemos, sino la instauración de un modelo sanitario planificado y enfocado exclusivamente para garantizar los máximos beneficios empresariales a costa de nuestra privacidad, nuestra dignidad y nuestras conquistas sociales, a través de una maniobra encubierta, sin debate político alguno y sin que los sindicatos hayan intervenido en el proceso.
La privatización de la sanidad se ha convertido en un deseo obsesivo por parte de la burguesía que viene de lejos. En España, la precaria situación de la sanidad pública durante la dictadura como consecuencia de la corrupción económica, la fuga de cerebros y la inspiración aristocrática de su oligarquía fascista había dado lugar al desarrollo de un sistema de mutualidades y seguros privados que trataba de cubrir las necesidades de la creciente población obrera del “baby boom” de los 60 y 70. Esto podría justificar, mínimamente, que el primer Gobierno del PSOE, en 1986 aprobase la Ley General de Sanidad incluyendo una declaración para que las autoridades sanitarias pudieran “establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas” (Art. 90) y que “Los centros y establecimientos sanitarios, sean o no propiedad de las distintas administraciones públicas, podrán recibir, con carácter no periódico, subvenciones económicas u otros beneficios o ayudas con cargo a fondos públicos, para la realización de actividades sanitarias calificadas de alto interés social.” (Art. 91); estamos pues, ante la famosa “colaboración público-privada” que tanto resuena en nuestros días.
Sin embargo, con el desarrollo de la economía de mercado integrada en el espacio económico europeo la infiltración de las empresas privadas en la sanidad pública, lejos de reducirse, deja de ser circunstancial y se convierte en la norma general. En 1997, con el primer Gobierno del PP, se aprueba la tristemente célebre Ley 15/97 “de nuevas formas de gestión en sanidad”, que abre ya de par en par la puerta a la sustitución del servicio público de salud por “entidades públicas o privadas” indistintamente. La ley se aprobó con el apoyo parlamentario de PP, PSOE, Coalición Canaria, CiU y el PNV, mientras que IU y BNG fueron los únicos que votaron en su contra.
Una vez establecido el marco legal para la transformación del servicio público de salud en un nicho de mercado más, durante los primeros años del siglo XXI se produjo una verdadera burbuja especulativa en la sanidad con la aparición de decenas de hospitales concertados (de atención y subvención pública pero gestión privada), pero la resistencia de los vecinos afectados por la degradación de la calidad del servicio y, sobre todo, los efectos de la gran crisis económica de 2008, frenaron parcialmente el proceso y han motivado la exploración de otras vías para profundizar la mercantilización de la sanidad.
En ese sentido, el pasado 24 de marzo, el sindicato vasco LAB hizo público un documento remitido por el Ministerio de Seguridad Social, gestionado por el PSOE, y negociado con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), a todas las Comunidades Autónomas como responsables de las políticas de salud de cada territorio. En el acuerdo se plantea abiertamente el traspaso completo de las competencias sanitarias del servicio público de salud a las mutuas patronales de los centros de trabajo para gestionar cualquier tipo de incidentes sanitario que implique la baja laboral, sea éste un accidente de trabajo o cualquier otra circunstancia sanitaria. Esto significa dar acceso al historial médico completo del trabajador, otorgar la iniciativa para la decisión de las pruebas y análisis que se consideren oportunos, los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas y las rehabilitaciones de cada uno de los procesos. En la práctica, se privatizaría la sanidad de toda la clase trabajadora de un plumazo.
Más allá del ataque frontal al modelo de servicios públicos que representa esta maniobra, significa además la total subordinación de la salud pública a los intereses de la patronal. Con este modelo, son las mutuas laborales las que dirigen el proceso médico, orientado siempre a la reincorporación al puesto de trabajo en el menor tiempo posible, mientras que la sanidad pública queda en segundo plano, como un recurso auxiliar de la propia mutua. Además, una vez el servicio público haya perdido la gestión sanitaria de entre el 80% y el 90% de la población activa, los recursos destinados a la sanidad pública quedarán reducidos al mínimo. Será entonces esta sanidad agonizante la que deba atender los problemas de salud de la población inactiva (e improductiva desde el punto de vista empresarial): niños, ancianos, parados de larga duración, etc.
La propuesta del Gobierno recoge en su cláusula tercera el procedimiento por el cual la mutua patronal podrá exigir al servicio público de salud el alta médica del trabajador o trabajadora afectados, ante lo cual tendrá 5 días para responder con su confirmación o plantear argumentos en contra. En caso de no tener respuesta en ese corto plazo, o incluso en el caso de que el servicio público desestime la exigencia con argumentos y pruebas, la mutua seguirá teniendo vía libre para exigir el alta y la reincorporación al trabajo.
El mismo plazo se da para responder a las propuestas de la mutua privada de tratamiento o rehabilitación de los empleados (propuestas que pueden llegar a las 24 horas de iniciada la baja), que se entenderán aceptadas en caso de silencio administrativo, dejando en manos de la mutua su aplicación “con los medios de los que dispongan, propios o concertados” es decir, que la propuesta incluye también el marco legal para la subcontratación de las propias mutuas, en una vuelta de tuerca más al proceso privatizador.
Mientras los asaltos de la burguesía contra los últimos restos del siempre cuestionado “Estado del bienestar” se recrudecen, se pone de manifiesto la gravedad y peligrosidad de la dispersión de las clases populares en la defensa de sus derechos y conquistas históricas. La propuesta de privatización fue aprobada en diciembre del año pasado, se ha hecho llegar en marzo a las comunidades autónomas, y acaba de salir a la luz porque el sindicato vasco LAB ha dado la voz de alarma en solitario. Pero ni los grandes medios de comunicación, ni los partidos políticos del régimen (tengan presencia institucional o no), ni los sindicatos mayoritarios han mostrado la mínima intención de oponer resistencia a el mayor desmantelamiento de un servicio público que se recuerda. La clase obrera está sola en esta batalla, pero tiene capacidad sobrada para hacerle frente desde la unidad y la firmeza, como estamos viendo estos mismos días en el ejemplo de nuestros hermanos proletarios franceses y su lucha contra la prolongación de la edad de jubilación. La misma clase, el mismo enemigo, la misma victoria.
