Carlos Hermida

Se cumplen 86 años de la victoria electoral en España del Frente Popular. El 16 de febrero de 1936, una coalición integrada por partidos republicanos de izquierda y organizaciones obreras obtuvo la victoria en las elecciones legislativas. El mundo capitalista se encontraba sumido en los años treinta en una crisis económica sin precedentes --“La Gran Depresión”-- y el fascismo se extendía por Europa, destruyendo las instituciones parlamentarias y liquidando las libertades y los derechos civiles. En España, además de la organización fascista Falange Española y de las JONS, existía una derecha fascistizada, representada por la CEDA, Renovación Española y la Comunión Tradicionalista, cuyo objetivo era la destrucción de la República, y que había estado muy cerca de conseguirlo durante los años 1934/1935, conocidos como el bienio negro.

La izquierda supo ver el peligro, se unió y elaboró un programa común. Superando diferencias ideológicas, las organizaciones que integraron el Frente Popular fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo que les unía, sobre la base de unos puntos programáticos claros y nítidos: defensa de la República, cerrar el paso al fascismo y reanudar el programa reformista iniciado por el gobierno de Azaña entre 1931 y 1933.

Tras el triunfo electoral, el gobierno frentepopulista fue fiel a sus compromisos. Se decretó una amnistía que puso en libertad a los 30.000 presos políticos detenidos por durante la revolución de Octubre; se restableció el estatuto de Autonomía de Cataluña, comenzaron a tramitarse los de Galicia y el País Vasco, y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por causas políticas entre 1934 y 1935.

Pero sin duda la acción gubernamental más decisiva se produjo en relación con la reforma agraria. El 20 de marzo, un decreto declaraba expropiables las fincas que radicasen en términos municipales de gran concentración de la propiedad, censo elevado de mano de obra agraria y predominio de cultivos extensivos, disponiendo la ocupación temporal de las fincas por parte de las organizaciones campesinas. Cinco días después, al amanecer del 25 de marzo, ochenta mil campesinos de Badajoz y Cáceres ocuparon la mayor parte de los latifundios extremeños y organizaron su explotación. Las ocupaciones, que también se produjeron en otras provincias, eran legalizadas por el Ministerio de Agricultura, que se encargaba de enviar técnicos para organizar las explotaciones. El 15 de junio, las Cortes restablecieron la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1932, reorganizaron el Instituto para la Reforma Agraria y simplificaron los trámites de expropiación. Entre febrero y julio de 1936 fueron expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre 71.919 familias campesinas. Fue la mayor transferencia de propiedad desde que se proclamó la República. La reforma agraria se convertía en realidad.

Pero el gran error del gobierno durante eses meses fue no desactivar de forma contundente las tramas golpistas, civiles y militares, que se tejían desde febrero de 1936. Los cambios de destino de militares como Mola y Franco fueron desacertados, y los partidos de derecha actuaron impunemente. La negligencia del gobierno no era cuestión de incapacidad política o falta de información, sino que reflejaba también las contradicciones en el seno del Frente Popular entre un gobierno integrado exclusivamente por fuerzas republicanas de izquierda y las fuerzas obreras que lo apoyaban en las Cortes.

Actualmente vivimos una situación de crisis económica agudizada por la pandemia. La corrupción se ha convertido en nuestro país en un fenómeno estructural, provocando una devastadora degradación moral y ética. Los mensajes reaccionarios y fascistas se difunden ampliamente en diversos de comunicación, que ya no tienen pudor en glorificar el franquismo. Frente a la ofensiva de una derecha envalentonada y las claudicaciones del gobierno, una buena parte de los ciudadanos va cayendo en el desánimo el pesimismo y la resignación, buscando en el “sálvese quien pueda” una falsa solución individualista que conduce directamente al desastre.

La salida a esta situación no es individual, sino colectiva, una salida POLÍTICA. Hay futuro, hay porvenir, pero debemos construirlo, y sólo hay una manera de encarar la grave situación política, económica y social: articulando un nuevo Bloque Popular que tenga como objetivo prioritario la lucha por la III República. La izquierda real, los millones de hombres y mujeres que no nos resignamos, que no renunciamos a los valores de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, debemos forjar la nueva unidad popular vertebrada sobre un programa mínimo capaz de unir a los trabajadores, independientemente de su origen nacional, a la pequeña burguesía y a los intelectuales. La proclamación de la República, la reforma fiscal y la potenciación de los servicios públicos son puntos mínimos sobre los que conseguir la unidad política de la izquierda.

La derecha difunde el miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene, miedo a los pobres, a los inmigrantes, al diferente. El mensaje fascista se introduce en la sociedad, fomentando la división y el enfrentamiento entre la clase obrera, desarmando ideológicamente a los trabajadores y convirtiéndolos en cómplices de las medidas antipopulares propiciadas por la oligarquía. El discurso antisindical o las consignas contra los inmigrantes son el veneno que inocula la burguesía para romper la solidaridad de clase. La única receta posible es la unidad, porque solo unidos podremos derribar esta monarquía que ampara y cobija una falsa democracia; unidos impondremos una política económica antioligárquica; unidos conseguiremos proclamar la República Popular y Federativa con la que recuperaremos la dignidad, la libertad y la soberanía nacional.