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Sofía Ruiz

La crisis de la década de 1970 conlleva un cambio de circulación de capital desde la esfera de la producción industrial al mercado de la construcción, en el que el declive de beneficios que proporciona la industria es suplantado por el aumento de la especulación inmobiliaria.

Se acelera así el cambio hacia una nueva fase de desarrollo capitalista en la que la ciudad adquiere un papel clave como centro de acumulación de capital. La ciudad deja de ser un lugar donde se produce y pasa a ser una mercancía que crea oportunidades de beneficio: es el cambio de la producción en el espacio a la producción del espacio. La producción del espacio, da lugar a que los centros urbanos pasen, de ser lugares de residencia, a espacios de acumulación de capital. Si para la población local, el barrio es el lugar habitado donde se desarrolla la vida social, para los mercados y los Ayuntamientos es un espacio abstracto del que se pueden sacar beneficios. El conflicto entre este valor de uso al que aspira el residente y el valor de cambio con que los poderes locales gestionan la ciudad, es la contradicción fundamental en la ciudad, la expresión urbana de la lucha de clasesLa ciudad mercancía, Sofía Ruiz.

En la actualidad, la vivienda o el espacio construido, se ha transformado en un anillo fundamental del proceso de valorización financiera del capital. El proceso de financiarización en Europa o en Estados Unidos se ha producido al desmontar la política de vivienda social, (parte importante del Estado de bienestar), sustituyéndola por la mercantilización de la vivienda y su transformación en un activo financiero.

En la fase más reciente, desde los años 80 y 90, ha habido una captura del espacio construido por parte de las finanzas globales, como consecuencia de la existencia de un excedente global financiero. El espacio construido es la llave que permite a los agentes financieros obtener más acceso a capital para hacer que sus inversiones sean remuneradas por tasas cada vez más altas. Este proceso ha estado acompañado por la creación de nuevos instrumentos, como fondos inmobiliarios, que titularizan el espacio construido y hacen que circule en el mercado financiero. Es una multiplicación de lo que conocemos como especulación. El mercado financiero es especulativo por naturaleza, y la digitalización y la revolución electrónica han permitido que estos flujos de capital financiero puedan entrar y salir muy rápidamente. La eliminación de todas las barreras entre los países permite que esta masa de capital disponible imponga una competencia por el espacio construido con la gente de a pie. Los habitantes de la ciudad tienen que buscar dónde vivir y dónde organizar sus actividades económicas en este espacio construido, compitiendo con fondos inmobiliarios, que utilizan el espacio como activo.

Después de la crisis financiera hipotecaria que se produjo por la financiarización de la vivienda y la destrucción de la idea de vivienda como política pública siguió la financiarización del alquiler, a través de los propietarios corporativos que habían invertido masivamente en vivienda en propiedad en la fase anterior y que ahora ofrecen vivienda en alquiler en distintas modalidades. Airbnb y otras plataformas digitales forman parte de esta lógica. Estos ejes de expansión de la vivienda de alquiler, entendida como un activo financiero más, cuentan también con el diseño de políticas públicas que facilitan su implantación.

El modelo de ciudad que tenemos en la actualidad es un espacio producido según las necesidades de la clase capitalista y cuyo resultado implica la apropiación violenta del espacio habitacional y social de la clase obrera.

Los mercados inmobiliarios no responden a la necesidad de vivienda, responden a la capacidad de pagar por ella. La vivienda como mercancía hace que el espacio vital se distribuya en función de la capacidad de pago y se suministre en la medida en que produzcan beneficios, esto crea una contradicción porque la capacidad de pago es desigual mientras que la necesidad de tener una vivienda es universal. Por eso es necesaria la construcción de alternativas habitacionales para satisfacer la necesidad social de residencia y no como una herramienta para la acumulación financiera.

La vivienda en España

La crisis social española en torno a los desahucios y la deuda se produce en el contexto de una historia de décadas de políticas gubernamentales que promovieron enérgicamente la propiedad de vivienda a través de préstamos a costa de no asegurar una oferta apropiada y asequible de vivienda de alquiler y suficiente inversión en vivienda social. Las prácticas de préstamos irresponsables, las cláusulas injustas de los contratos hipotecarios (con tasas de interés de demora exorbitantes y el comportamiento sin escrúpulos por parte de los intermediarios), así como la falta de supervisión durante los años del auge económico, crearon una tormenta tóxica perfecta cuyas repercusiones para los hogares españoles ha sido desastrosa.

La crisis económica en España, con millones de desempleados, golpeó duramente a los propietarios de vivienda. España tiene uno de los niveles de propiedad de vivienda más altos de la Unión Europea, alcanza el 85 por ciento, y apenas el 2 por ciento de la oferta total de vivienda está reservada para la vivienda pública o de alquiler subsidiado.

La recesión azotó a España después de un auge en la construcción que duró de 1997 a 2007, período durante el cual se construyeron más viviendas en España que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos, y en el que el sector inmobiliario y de la construcción constituía hasta el 43 por ciento del Producto Interior Bruto del país.

En 2016, según fomento hay 5.000.000 de viviendas sin ocupación y los PGOU de la mayoría de las ciudades tienen suelos clasificados como urbanos para construir otros 2 millones de viviendas. Sin embargo y al mismo tiempo, sigue sin resolverse el problema del alojamiento para una gran parte de su población. El aumento de la precariedad y del riesgo de pobreza de los hogares, han hecho desplomarse la demanda, muchos hogares han sido desahuciados, y los jóvenes y los trabajadores precarios no pueden acceder al mercado por falta de solvencia. Y, además, la crisis económica, unida a la crisis sanitaria del Covid19 ha inducido una crisis demográfica alarmante, que contrae aún más la demanda.

Si consideramos el papel social que cumple la vivienda, encontramos que, además de ser la principal inversión que hace cada familia ya sea propietario o inquilino, es la adquisición para la que tiene que recurrir al crédito e hipotecarse al banco por años, de modo que aquí no se hipoteca el inmueble sino también al comprador de la vivienda

España tiene uno de los niveles de propiedad de vivienda más altos, pero los problemas del alojamiento de las familias que no tienen vivienda en propiedad son enormes. El panorama de encontrar alojamiento se complica cada día: suben los alquileres, disminuyen los años a los que los propietarios se comprometen a mantener el contrato y no subir la renta, las viviendas en alquiler se deterioran porque no les resulta atractivo a los propietarios emprender obras de rehabilitación, y en las zonas de alta demanda se ven desplazados por el fenómeno de gentrificación; de este modo y poco a poco, el mercado de viviendas en alquiler disminuye y se deteriora; resulta así que este sistema divide la sociedad en excluidos e incluidos: en inquilinos y propietarios, se desentiende de los primeros y atemoriza a los segundos para perpetuar y aumentar el poder y la riqueza de los privilegiados.

Los distintos gobiernos de la monarquía y sus autonomías no son capaces de resolver el problema de los desahucios, que se ha hecho crónico; las clases trabajadoras se han enfrentado desde 2008 hasta 2019 a 684.385 desahucios y más de 1,7 millones de personas han sido expulsadas de su techo, y en estos momentos hay un “crecimiento exponencial” de los desalojos por impago del alquiler, que han ido ganando terreno a los lanzamientos hipotecarios, una tendencia que es consecuencia directa de la desprotección y la precarización de los derechos de los inquilinos. Las reformas regresivas de PSOE y PP entre 2009 y 2013 condujeron al pico de lanzamientos de 2013 y prepararon la actual y “buscada” burbuja de precios de alquiler.

Tampoco se deciden a reformar la ley de insolvencia para proporcionar una vía de acceso equitativo a la liberación de la deuda (en España, para la gente común, es imposible declararse en quiebra, lo que significa hacer frente a una deuda abrumadora que les acompañará hasta la tumba).

Las políticas de vivienda siguen sin incentivar el alquiler de viviendas asequibles para los nuevos hogares, o el alquiler social; al contrario, persiguen inflar otra vez la burbuja inmobiliaria asentando los pilares de nuestro modelo económico basado y especializado en turismo, bienes inmuebles y finanzas; un modelo en el que se entiende la construcción como vía fundamental de crecimiento económico y se impone la cultura de la propiedad.

El combate por la vivienda es una realidad y existen organizaciones y movimientos sociales que han conseguido triunfos en esta batalla, como el caso de la PAH que consiguió vencer a los bancos y sus cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

En cualquier caso, la lucha por el acceso a la vivienda pasa por tres pilares básicos:
-organizarse colectivamente y acabar con la dispersión y la fragmentación individualista.
- cuestionar una legalidad vigente que no es justa y considerarla ilegítima.
- acabar con la precariedad laboral y los bajos salarios que están relacionados directamente con el acceso a la vivienda y con las pésimas condiciones de vida para una gran mayoría de la clase trabajadora.