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Comité Central PCE(m-l), 11 de Noviembre 2023

Situación internacional

            La brutal ofensiva del ejército del estado nazi sionista de Israel contra la franja de Gaza, que está provocando la destrucción deliberada de ese territorio, el asesinato de miles de civiles y el éxodo forzado de cientos de miles de personas para garantizar “espacio vital” a un Estado anómalo creado en 1948 sobre una base étnica y religiosa, ha puesto encima de la mesa que, como venimos señalando desde hace años, la lucha entre las potencias imperialistas se da abiertamente, sin ningún freno. El grado de salvajismo del inhumano cerco nazi sionista de Gaza prueba además que, llegado el momento, los estados capitalistas no conocen leyes internacionales ni criterios de respeto alguno a la vida y la dignidad humanas.

            Oriente Próximo ha sido desde hace décadas uno de los principales focos de tensión por diversas razones “geopolíticas”, entre ellas: la confluencia en ese punto de tres de los continentes donde más intensa es la pelea entre los imperialistas: Europa, Asia y África; porque es allí donde se concentran alguna de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo y, por último, porque el propio surgimiento del Estado de Israel supone una anomalía histórica: se trata de un Estado constituido artificialmente sobre bases étnicas y religiosas, en 1948, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había movilizado a millones de personas en defensa de pueblo judío, víctima del criminal Holocausto llevado a cabo por el nazi fascismo.

            Desde su creación, el estado sionista ha venido buscando “espacio vital” forjando para ello un poderoso ejército y causando, en alianza permanente con la potencia yanqui, continuos conflictos que han terminado provocando el éxodo del pueblo palestino, sometido desde entonces a una constante agresión que en la práctica le niega la posibilidad de constituirse en Estado. Israel ha venido rechazando todas las resoluciones internacionales aprobadas para garantizar la existencia de dos estados y evitar así el exterminio efectivo del pueblo palestino.

            Este nuevo crimen sionista, la vergonzosa respuesta del imperialismo yanqui y europeo, la inacción de los estados árabes y el diplomático silencio de las potencias que disputan al imperialismo “occidental” la supremacía, prueban una vez más de forma fehaciente que en el tablero mundial la pelea no se da en defensa del interés de los pueblos, sino del gran capital; que los distintos gobiernos calculan sobre los intereses de sus propios capitalistas cada paso que dan.

            Estos repetidos conflictos políticos y militares son al final la consecuencia de un momento económico de crisis que provoca en el campo imperialista una tensión interna que estalla eventualmente en los puntos donde las contradicciones han llegado a su máxima expresión. Por eso, para contextualizar la situación internacional conviene detenerse siquiera brevemente en la situación económica que afronta el capitalismo, que está detrás de esta vieja política del “palo y la zanahoria” que siguen las potencias imperialistas.

Sobre la deuda.

Ya hemos tratado en otros informes cómo la crisis de sobreproducción que desde hace años aqueja al sistema capitalista ha llevado a un incremento constante de la especulación; cómo los especuladores invierten su dinero no en el campo productivo, que no les reporta una reproducción ampliada de su capital, sino en bienes reales, como la vivienda o el oro, o en símbolos de valor sin valor en sí mismos (dinero, criptomonedas, bonos de los estados, etc.), lo que hace que la rentabilidad real de estas inversiones especulativas que no están respaldadas por la producción tienda a reducirse. También hemos visto otras veces cómo la crisis, agravada por la pandemia, ha forzado a las grandes potencias a poner enormes cantidades de dinero en circulación para cubrir planes de reactivación, lo que ha contribuido a ampliar paulatinamente el desfase entre la cantidad de papel en circulación y su expresión en la economía real; pero con ello, además, los estados han recurrido, obligados por su propia política y la lógica del sistema que sostienen, a endeudarse muy por encima de lo razonable para prestar soporte a los planes de reactivación puestos en marcha para evitar el hundimiento del tejido empresarial y financiero.

            Según un informe publicado en vísperas de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrada en julio pasado, la deuda pública mundial marca un récord de 92 billones de dólares; la deuda interna y externa mundial se ha multiplicado por más de cinco en las dos últimas décadas, superando la tasa de crecimiento económico. Es decir, las economías de los Estados se están endeudando muy por encima de su capacidad de crecimiento. Datos tomados del diario digital “El Economista”

            Quienes más sufren la carga de la deuda son los países dependientes pero, como luego veremos, los niveles de endeudamiento de alguna de las grandes potencias son también abrumadores y no provocan la suspensión de sus pagos a los acreedores porque tal medida provocaría un efecto en cascada que arrastraría al resto de las economías rivales, lo que crea una “ficción de normalidad” cada día que pasa más insostenible.

            El pago anual de esa deuda y de sus intereses supera el 10% de los ingresos en 50 economías emergentes del mundo, de modo que 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en salud o educación. El informe para el G20 señala que esos países se enfrentan a la disyuntiva de pagar su deuda o servir a su población. Es precisamente, como decimos, la evidencia de que el pago de los compromisos escapa a las posibilidades de esos estados la que termina forzando a los acreedores a aceptar su renegociación, a cambio de otras ventajas, como se señalaba en el artículo sobre los Brics publicado en Octubre. Obviamente, una parte de esa deuda se contrae con préstamos del propio estado y de otros estados, pero los acreedores privados, como tenedores de bonos y bancos, representan el 62% del total de la deuda pública externa de los países en desarrollo.

            Decíamos más arriba que el sobre-endeudamiento no solo afecta a las economías en desarrollo o a los países dependientes, sino también a las grandes potencias. Y entre ellas, a la que a día de hoy domina el campo del imperialismo y cuya moneda sirve de expresión del valor del resto de monedas: EEUU. Su deuda pública en enero de este año alcanzaba los 31,4 billones de dólares (un tercio de la deuda total mundial y el 121% de su PIB, lo que significa que toda la producción del país durante un año debería destinarse íntegramente al pago de esa deuda).

            La crisis de deuda en EEUU ha llegado hasta el punto de que únicamente un acuerdo de última hora alcanzado el pasado 1 de junio (el acuerdo costó su destitución al Presidente de la Cámara de Representantes yanqui, Kevin McCarthy), solo tres días antes de que el gobierno se quedara sin dinero para sostener la administración pública, evitó la suspensión de pagos de EEUU, por primera vez en su historia. Ese acuerdo que permite al gobiernosuspender el techo de deuda (es decir, el límite legal al dinero que EEUU puede pedir prestado para hacer frente a sus compromisos) hasta 2025, se alcanzó, además, a costa de los intereses de las clases populares de EEUU, por cuanto establece que se mantendrá el tope al gasto en programas financiados por el Congreso en ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la protección medioambiental y solo queda exceptuado el gasto militar.

            La eventualidad de que EEUU declarara la suspensión de pagos era algo que alteraba a otras potencias imperialistas, especialmente Japón y China, por ese orden sus mayores acreedores. ¿Por qué? Esto decía la CNN unos días antes de la votación del acuerdo, en un artículo con el título: “¿Por qué Japón y China rezan por que EEUU no caiga en incumplimiento de la deuda?”: “China y Japón son los mayores inversores extranjeros en deuda pública estadounidense. Juntos poseen US$ 2 billones, más de una cuarta parte, de los US$ 7,6 billones en títulos del Tesoro estadounidense en manos de países extranjeros... La caída del valor de los bonos del Tesoro provocaría un descenso de las reservas de divisas de Japón y China. Eso significa que dispondrían de menos dinero para pagar importaciones esenciales, atender el servicio de sus propias deudas externas o apuntalar sus monedas nacionales”.

            Hay quien ve en los movimientos y las luchas entre las potencias imperialistas una cuestión de prestigio, cuando no de solidaridad internacional o internacionalismo, pero la cruda realidad es que la economía imperialista está tan interrelacionada y los intereses que mueven a unos y otros son tan parecidos, están tan relacionados con los intereses de la oligarquía financiera que gobierna la economía internacional que luchan a muerte por repartirse el mundo de nuevo, pero respetan las reglas de juego entre ellos, la lógica interna del capital hasta el final; como buenos caballeros medievales, mueven tropas, asaltan estados, provocan guerras, arruinan economías, pero las leyes que rigen sus relaciones económicas son sagradas.

Sobre la lucha económica         

La lucha económica entre las potencias es un campo de batalla particularmente duro: el control de la producción tecnológica avanzada, por ejemplo: ordenadores, móviles, vehículos eléctricos, ha desencadenado una guerra económica que tiene muchos frentes, tantos como componentes y materias primas están implicados en su desarrollo y en cuya obtención y producción están comprometidas empresas ubicadas en estados de todo el mundo: metales y tierras raras, chips, semiconductores, litografías, etc.

            La lucha por los mercados, los acuerdos con los países dependientes para obtener las materias primas y realizar procesos intermedios se encarniza; se cierran los mercados propios y se establecen todo tipo de barreras comerciales, arancelarias, fiscales, etc., recurriendo ya no solo a criterios de competencia, sino a objetivos geopolíticos. EEUU abrió el fuego, recién elegido Biden, con el establecimiento de un conjunto de medidas proteccionistas que grababan los productos extranjeros, incluidos los provenientes de algunas potencias aliadas, como la UE

            Esto decía el propio FMI en julio pasado: “En los últimos años, las restricciones comerciales en sectores como las materias primas y los semiconductores, considerados esenciales para la seguridad nacional y la competencia estratégica, se han ido anteponiendo cada vez más al concepto de la integración económica mundial y sus ventajas... En los últimos años, las dos economías más grandes del mundo —Estados Unidos y China— han impuesto una serie de barreras comerciales bilaterales”. Así pues, el imperialismo está inmerso en una guerra económica y los estados rivalizan entre sí cada vez con mayor virulencia y cualquier excusa para ocultar las tendencias reales que se expresan en esta guerra, es buena.

            Por un lado, las potencias intentan proteger su propia industria. Valga este ejemplo, Trump, siendo aún presidente de EEUU, declaraba en 2.019 ante la Asamblea General de la ONU: "El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas". Y, tres años después el “demócrata” Biden cuyo acceso a la presidencia saludaba el social liberalismo como un triunfo de la democracia afirmaba:"Nuestro futuro manufacturero, nuestro futuro económico, nuestras soluciones de la crisis climática, todo se hará en Estados Unidos".

            Por otro, intentan atraer capital, el único factor de la producción que no tiene patria, de modo que junto a la política proteccionista y las barreras contra los productos extranjeros, se ha ido desarrollando una carrera desbocada por la reducción de los controles y de la fiscalidad sobre el capìtal, para “atraer la inversión”. Y, como consecuencia de este conjunto de políticas, se ha producido un aumento descomunal del paro y el trabajo precario y sin derechos, un recorte equivalente de los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, etc.), incluso en el seno de las potencias imperialistas, donde crece abrumadoramente el número de personas con rentas por debajo del umbral de la pobreza; y un aumento de la inmigración, movimientos que afectan a millones de personas que huyen de la guerra, del hambre y la miseria que agobia a la población en sus países y se encuentran las fronteras de verdad: alambradas, muros, mares, policías y leyes que amenazan sus vidas. En esto, en impedir a toda costa los flujos de inmigración, es en lo que coinciden todos los gobiernos, “democráticos” o dictatoriales de los países capitalistas, que, con sus políticas imperialistas, los originan.

            Sirvan unos pocos datos para ver cómo, tras la victoria del revisionismo, que ha pasado a ser un mero gestor del estado burgués, debilitado el campo de la revolución, el imperialismo ha dejado en evidencia que la lucha de clases existe y es la burguesía la que lleva la iniciativa: Según el Informe de Desigualdad Global del WID, entre 1980 y 2005, el 1% más rico del planeta recibió una proporción dos veces superior del crecimiento económico que el 50% con menores ingresos.

            Las políticas de reducción de impuestos que aplican todos los gobiernos burgueses, los de derecha y los social liberales (en 2003 José Luis Rodríguez Zapatero dijo: “bajar impuestos es progresista”) solo se aplican a los grandes oligarcas. Según publicaba recientemente el Washington Post, la tasa impositiva aplicada a las 400 mayores fortunas de EEUU era, de media, del 23%, frente al 24% que pagan los ciudadanos más empobrecidos*(1). Pero, finalmente, debido no solo a los recortes de impuestos sino también a las lagunas fiscales y al aumento de los paraísos fiscales, la tasa de imposición efectiva se acerca prácticamente a cero. Las promesas de los políticos burgueses se dirigen a atraer votos, sus políticas reales defienden el interés de la minoría contra mayoría. Para los revisionistas, lo que está en juego es llegar al gobierno del Estado burgués para desde él propiciar políticas “progresistas”; para los marxistas leninistas, sin renunciar a luchar por las reformas necesarias, lo que sigue estando en juego es acabar con él.

            La crisis del imperialismo es global, alcanza a todos los estados, en todas partes del planeta. No solo EEUU está dando síntomas de un problema que, como decimos, no ha terminado de hundir completamente su economía simplemente porque esa eventualidad supondría para sus acreedores una pérdida equivalente que tampoco están en condiciones de afrontar. El capitalismo imperialista vive una ficción de salud económica: de igual forma que el capital productivo cada día es menos “productivo” y la producción de bienes y servicios aporta al capitalista menos capital incrementado por el trabajo ajeno, el excedente de capital que no se invierte en la producción se deriva hacia la especulación alimentando un círculo infernal de crisis económica, social y política.

            De esta tendencia, como decimos, no se libra nadie; tampoco China, cuya economía se ralentiza, encuentra trabas a la exportación de sus productos y a la importación de productos clave para la producción, procedentes de sus rivales, y cuyo sector inmobiliario, uno de los principales nichos de rentabilidad para su gran capital, se acerca al borde del precipicio.

            En conclusión, la competencia económica está llevando de forma inexorable a un enfrentamiento político encarnizado entre las grandes potencias, especialmente China y EEUU, que buscan disciplinar su propio campo y debilitar el del rival; lo que conlleva cambios constantes en la correlación de fuerzas entre ellas, el surgimiento de nuevos polos que buscan conformar alianzas incluso entre antiguos rivales; alianzas inestables en las que cada estado defiende a la vez sus propios intereses, los de su oligarquía financiera. No hay nada escrito, únicamente se confirma la tendencia, que hemos señalado tantas veces, hacia la confrontación abierta y la guerra entre dos bloques. Por eso es tan importante recuperar el análisis sobre el imperialismo de Lenin y hacer frente a las aberraciones ideológicas que, disfrazadas de “marxismo”, internacionalismo o solidaridad internacional hablan de imperialismo “bueno” o “multipolarismo” donde únicamente existe el interés implacable de la misma clase capitalista.

            La UE no es ajena a esta tendencia y encara el inicio de lo que eufemísticamente ha denominado periodo de recuperación de la disciplina fiscal; se quiere controlar la deuda pública de los países de la Unión muy por encima del 60% en porcentaje sobre el PIB, pactado en los acuerdos de constitución de la UE (Italia, por ejemplo el 144,4 %; en España 113,2%), sujetar el déficit público por debajo del 3% y exigir mayores controles sobre las ayudas a los Estados sufragadas con fondos europeos.

            Es fácil comprender que con desequilibrios tan abrumadores, la primera afectada será la política social de los gobiernos. Los planes que permitieron a las grandes empresas socializar las pérdidas durante la pandemia, las ayudas implementadas para evitar la brusca caída del consumo, como el Ingreso Mínimo Vital español (extremadamente limitadas, luego hablaremos de ello), el “dinero para todos”, se ha terminado, al menos en lo que hace a la mayoría social.

            Desde Julio de 2022, el Banco Central Europeo ha aumentado en 4,5 puntos los tipos de interés, lo que, además de permitir al sector financiero mejorar sus beneficios a costa de los clientes con cuentas, como luego también veremos para el caso español, ha encarecido el coste de los créditos hipotecarios variables, hundiendo aún más la economía de miles de familias.

            El objetivo declarado de Lagarde y Guindos, dos tiburones reaccionarios del gran capital, es “enfriar” la economía para reducir la inflación. Pero, aunque en el conjunto de la UE, la inflación se redujo en el último mes hasta el 4,9, aún está lejos del 2% que la Presidenta del BCE ha puesto como objetivo para dejar de subir los tipos de interés. La Comisión Europea sigue apretando las tuercas a las clases populares, golpeando sin límite sus intereses, mientras aumenta el gasto militar y mima a la oligarquía financiera. Así lo decía el diario El País: “Europa se asoma a una nueva época de ajustes fiscales... Los países de la zona euro buscarán reducir sus desequilibrios presupuestarios con el difícil reto de mantener la inversión necesaria para las transición digital y verde”.

Sobre el mundo multipolar

Como señalamos, el mundo “globalizado” asiste a un proceso de “renacionalización” o “rezonificación” parcial de la producción; y al mismo tiempo a una “internacionalización” creciente del capital. Podemos decir que los países se baten por acercar la producción a sus fronteras, al tiempo que bajan constantemente la fiscalidad y el control legal de las inversiones para atraer el capital “internacional” que es el único que no encuentra barreras en su expansión y llega a tener el control incluso de los servicios públicos de los estados capitalistas, no obstante la creciente tensión política entre las potencias.

            Los movimientos políticos en el tablero internacional, como decimos, son constantes; no hay aliados ni alianzas permanentes. La reciente cumbre del BRICS que pretendía, además de incrementar sus miembros, avanzar en la “desdolarización” de la economía internacional, es un buen ejemplo de ello. El próximo mes de enero se invitará a integrarse en el grupo a seis nuevos países que lo habían solicitado. Entre ellos, Irán y Arabia Saudita, enemigos irreconciliables hasta ahora y sostén político a su vez de campos rivales; o Argentina, que, a la hora de escribir este informe aún no ha celebrado sus elecciones presidenciales, en las que Javier Milei va a disputar la segunda vuelta al candidato peronista; Milei, que es un personaje grotesco, cercano en sus salidas de tono a las poses de los dirigentes nazis y fascistas y que se define a sí mismo y a su “movimiento” como “anarco capitalista”, defiende, entre otras medidas, la dolarización plena de la economía argentina.

            La cumbre de los BRICS es un perfecto ejemplo de la inestabilidad del imperialismo, de la fluidez absoluta de las relaciones entre las potencias y las consecuencias finales de la crisis de sobreproducción que está en la base de todo: el paro, el hambre, la inestabilidad política y por último la guerra que, como señalara Carl Von Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios.

            También es la prueba del grado de degeneración al que ha llegado el revisionismo y el oportunismo. Que un partido como el PCE que se define a sí mismo como “comunista” apoye y participe en un gobierno metido de hoz y coz en el proceso guerrerista del imperialismo yanqui y defienda con igual entusiasmo la conformación de lo que llaman un “mundo multipolar”, es decir, la traducción al mundo actual de lo que revisionistas como Kautsky llamaban en su día “ultraimperialismo” que no es sino la ilusión de un posible acuerdo entre imperialistas para repartirse pacíficamente el mundo, es el mejor ejemplo de hasta qué punto esas corrientes ajenas al marxismo han dejado de lado cualquier análisis racional y dialéctico de la realidad y se han echado en brazos del capital ofreciéndose sin pudor como defensores de su estado liberal y su política “global”. Nuestro partido debe ser implacable en la denuncia de estas aberraciones que buscan deliberadamente confundir a las masas para justificar su compromiso con la burguesía.

            Las fuerzas radical oportunistas que bebieron del mismo catón revisionista que el PCE, comparten también con él y defienden con idéntico ardor la tesis revisionista del ultraimperialismo, expresada en la defensa de un “mundo multipolar”, pasando de largo sobre su carácter de clase e ignorando que no hay diferencia alguna determinante entre el imperialismo “occidental” y el que ejerce China y sus aliados, porque ambos luchan por repartirse el mundo para mayor gloria de la oligarquía financiera.

La crisis política del imperialismo

La historia demuestra que, como magistralmente demostró Lenin, el conflicto y la guerra son consustanciales al imperialismo. Erdogan y Putin, por ejemplo, implacables defensores de la política de guerra tanto en sus relaciones internacionales como internas, mantienen una diplomática calma ante el crimen sionista contra el pueblo palestino y solicitan una respuesta humanitaria a la crisis desatada en Gaza amparada en las leyes internacionales, al mismo tiempo que sostienen su guerra contra el pueblo kurdo, o alimentan un conflicto entre reaccionarios filonazis, en Ucrania, que está enquistado desde hace tiempo y cuyas consecuencias en vidas y horror las pagan los dos pueblos que en su día fueron hermanos y a los que la locura nacionalista del capitalismo agonizante ha convertido en enemigos mortales.

            Esta contradicción se expande también entre las potencias y alimenta una crisis política que amenaza la institucionalidad de los estados. La Unión Europea es un ejemplo perfecto. La respuesta dada al cerco de Gaza por Israel la hace cómplice de los crímenes del sionismo. Sus llamadas a la libertad, la armonía y la paz entre los pueblos, tienen su correlato en su compromiso con el rearme criminal de Ucrania, el apoyo a la eliminación física del pueblo palestino por el nazi sionismo y el apoyo lacayuno al imperialismo yanqui. En el grupo que conforma la UE imperialista conviven gobiernos y dirigentes pro Putin, con fanáticos aliados del reaccionario gobierno ucraniano. La “coexistencia” entre gobiernos tan “dispares” como el de las “democráticas” Alemania o Francia o el de Italia, compuesto por fuerzas ultra-reaccionarias y presidido por Meloni, una firme admiradora del fascismo, está cuajada de constantes choques en los que se imponen los intereses de las grandes potencias de la zona, representados en la Comisión Europea y, sobre ellos, en el Banco Central Europeo; ambas instituciones firmes valedoras de los intereses del gran capìtal.

            Hace unos meses, el surgimiento de fuerzas reaccionarias que ponían en cuestión las instituciones de la UE, reclamando una vuelta atrás, a los rancios valores de la vieja Europa, amenazaba con hacer peligrar el tinglado institucional levantado trabajosamente durante decenios para conformar una entidad pan-estatal que permitiera a la Europa imperialista pelear de igual a igual con el resto de potencias. Poco a poco va quedando claro que, al menos de momento, las grandes potencias europeas renuncian a librar batalla en la esfera internacional con una voz propia (algo imposible en un bloque tan dispar) y se sujetan sumisamente a ejercer de mercenarios de EEUU; y va quedando claro también, que las fuerzas filo fascistas asumen, al menos de momento, por encima de sus declaraciones “antieuropeistas” anteriores, todos los compromisos institucionales y políticos que marcan la agenda de la Europa Imperialista, y que, como contrapartida, las grandes “democracias” europeas aceptan como uno más de los suyos a los molestos compañeros de juego. Que la primera visita internacional de Meloni fuera a Bruselas es un signo de los tiempos. Allí dejó sentado que, aunque defienda su parte en el reparto de las ganancias, es un socio más del conglomerado imperialista europeo; sus palabras fueron claras: “... He querido enviar la señal de que Italia quiere participar, colaborar, pero también defender el interés nacional en el seno de la UE buscando las mejores soluciones para los grandes desafíos”.

            Uno de los puntos de acuerdo en los que la voz de Meloni será escuchada con más satisfacción porque es plenamente compartido por la “democrática” Europa, es el poner coto a la inmigración. Los conflictos en África y Oriente Medio (Siria, Afganistán, Irak, Libia, etc.) están provocando el éxodo de millones de personas que huyen de las guerras que el imperialismo, el europeo en particular, provoca (de consumar Israel sus planes, sólo de Gaza pueden ser expulsados más de un millón de personas): “Macro campamentos en Grecia, jaulas en Bulgaria, prisiones flotantes en el Reino Unido. El Viejo Continente exhibe grietas en sus políticas migratorias y su apoyo económico a países que torturan lo pone ante el espejo” Así titulaba el diario El País una información al respecto el pasado 3 de septiembre.

            Incluso, durante la pasada cumbre de Granada de la UE, pero al margen de ella, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Francia, Albania y la Comisión Europea se reunían el 6 de octubre para pactar un plan de ocho puntos con el objetivo de “hacer frente unidos a los crecientes niveles de migración ilegal hacia Europa”. Un plan que entre otros acuerdos se propone endurecer las fronteras, financiar a otros países de la frontera norte de África (el Gobierno tunecino ha sido denunciado por sus criminales razzias de inmigrantes subsaharianos) para que controlen “manu militari” la salida de inmigrantes hacia Europa, endurecer los regímenes de visados, etc.

            En esa coyuntura, con el imperialismo inmerso en una espiral de crisis, conflicto y guerra, cuando se recrudece la ofensiva ideológica de la burguesía camuflada muchas veces como marxista, solo cabe reforzar el campo de la revolución, el campo del marxismo leninismo; y en este sentido adquiere una importancia determinante la coordinación internacional de los comunistas. Es por ello que nuestro partido redobla su compromiso con el reforzamiento de la CIPOML; los avances en la coordinación entre los partidos hermanos, el compartir experiencias y análisis con los comunistas de todas las partes del mundo que luchamos contra el mismo enemigo, adquiere la mayor importancia y ayuda a educar y formar a los trabajadores en nuestro propio país.

            La regularización de las reuniones de zona, la elaboración de comunicados sobre las luchas del proletariado internacional, sus problemas y éxitos, etc., indican que se avanza en el sentido correcto. La publicación regular del Unidad y Lucha; los encuentros entre los Partidos hermanos; los campamentos juveniles en los que jóvenes comunistas de distintos países comparten sus experiencias y conviven en camaradería, son pasos importantes en la buena dirección.

            La lucha del proletariado es internacional y frente al nacionalismo y el idealismo de las corrientes ideológicas de la burguesía es imprescindible reforzar la fraternidad entre los trabajadores de todos los países. Esa es una de las tares más importantes para los comunistas.

SITUACIÓN INTERNA

Situación económica

            A pesar de los continuos desmentidos, la crisis económica se profundiza en nuestro país y, como consecuencia, la situación de la mayoría trabajadora empeora de día en día. Las principales medidas económicas adoptadas por el estado burgués, también durante el periodo de gobierno de coalición, se han dirigido a defender los intereses de la oligarquía financiera en un periodo de crisis y, en especial, durante la pandemia. Ni se ha suavizado realmente la tendencia hacia un empeoramiento gradual de las condiciones de trabajo y de vida de las clases populares, ni se han mejorado los servicios públicos, ni se han adoptado medidas para mejorar la estructura de la economía española, fomentando la industrialización, ni se ha apoyado de verdad a la pequeña y mediana empresa garantizando desde el estado su financiación. La gran empresa y el sector financiero han sido los principales beneficiarios también de las políticas económicas del gobierno de coalición. Vamos a centrarnos brevemente en algunas de las cuestiones que han sido objeto de mayor atención por parte del revisionismo para justificar su decisión de implicarse en la gestión del estado Monárquico, al objeto de precisar la vaciedad de su alternativa.

            En definitiva, los revisionistas en el gobierno mantienen la tendencia de la política burguesa, luego trataremos de ello, y, entre llantos, continúan favoreciendo la privatización de los servicios, la militarización de la economía, el sostén estatal de la gran empresa, etc. Mientras la gran empresa recibe todo tipo de ayudas económicas, jurídicas y fiscales, no se ha adoptado ninguna medida efectiva para mejorar la estructura económica española, ni, por supuesto, las condiciones de vida de la mayoría social. El proletariado ha sufrido intensamente las consecuencias de la política estatal (las grandes decisiones del Gobierno, son replicadas e incluso profundizadas por muchos gobiernos autonómicos, como el de Madrid, que favorecen aún más a la gran empresa en materia fiscal y van más allá en la privatización de los servicios públicos, amparados en leyes estatales que “el Gobierno más progresista de la historia” no ha derogado ni modificado).

            Sólo el 0,116% de las empresas españolas son grandes compañías. El resto son pymes con recursos y capacidades mucho menores y, por lo tanto, menos rentables; si a ello añadimos que la mayoría de esas pymes pertenecen a los servicios no ligados a la producción (hostelería, turismo, etc.), la consecuencia final es la escasa productividad de la economía: baste decir que la productividad de una microempresa española (de menos de 9 trabajadores), es un 52% más baja que la de una alemana del mismo tamaño. De esa forma, la pequeña y mediana empresa, mayoritaria en el tejido empresarial español, encuentra muchas dificultades para lograr financiación y descarga sus problemas de liquidez aplicando unas condiciones salariales y de contratación leoninas e insoportables.

            Por su parte, estos últimos años, se ha desarrollado un proceso de concentración del sector bancario que ha quedado controlado por un reducidísimo grupo de grandes entidades, acompañado de un ajuste de plantillas salvaje. En poco más de una década, el sector bancario español ha suprimido 53 entidades financieras mediante fusiones o absorciones, eliminado 112.000 empleos mediante prejubilaciones o despidos, cerrado casi 27.000 oficinas y absorbido más de 120.000 millones de euros del erario público para dotarlo de liquidez.

            Como contrapartida, ha continuado su proceso de “internacionalización”, provocando enormes problemas a millones de clientes (principalmente ancianos y habitantes de la llamada “España vaciada”) que tienen muy difícil el acceso a sus cuentas por vía telemática, y obtenido más de 250.000 millones de euros extras solo en comisiones a sus clientes en los últimos diez años. Con estos datos, ¿cómo extrañarse de que la Banca española haya aumentado sus beneficios un 22% el último año, que se suman a la subida del 28% que tuvieron el año anterior?

            El carácter particularmente reaccionario y antisocial de la banca queda retratado con un simple dato: la diferencia existente entre el tipo de interés que soportan quienes solicitan un crédito y la remuneración que el banco paga a sus clientes por los depósitos, es una parte importante de sus beneficios. Eso, simplemente quiere decir que los bancos cobran cada vez más por su gestión y por sus préstamos, pero siguen sin pagar por el dinero que los clientes depositan en sus cuentas: un negocio redondo*(2).

            Esto es lo que declaraba recientemente un experto del sector; “Los bancos tienen la gran suerte de que... sin remunerar las cuentas, están ganando muchísimo dinero. O sea, los tipos siguen subiendo y ellos siguen sin repercutirlo a sus clientes. No remuneran las cuentas, ni siquiera a las empresas, que es por donde normalmente se empieza...”.

            El portal de La Moncloa se felicitaba porque el denominado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (una de las grandes novedades finales del gobierno que ha suscitado debates con la derecha cavernícola que lo llegó a llamar “impuesto revolucionario”) había recaudado 623 millones de euros. Esto es lo que decía el experto que citamos: “Se espera un crecimiento del margen de intereses tan potente que es capaz de soportar el pago extraordinario del impuesto, el aumento de los gastos de explotación y las provisiones". Tomado de BusinessInsider.

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            El Gobierno, sea cual sea el que finalmente se constituya, va a cumplir estrictamente las decisiones de la Comisión Europea para imponer la disciplina fiscal y recortar la deuda y el déficit públicos, lo que supondrá nuevos impuestos indirectos y tasas cuya aplicación ha sido mil veces desmentida, para seguidamente volver a hablarse de ellas: tasas por la utilización de las autovías públicas, nuevos impuesto a los combustibles fósiles, etc.

            Estas impopulares medidas van a ir acompañadas de un corte drástico de las pocas medidas sociales que se adoptaron para hacer frente a la situación extraordinaria de confinamiento y parón económico tras la pandemia, que han servido a los ministros del ramo para colgarse medallas por su esfuerzo en la mejora social de los trabajadores. Para preparar a la opinión pública ha comenzado una intensa e insidiosa campaña de propaganda que insiste en la necesidad de “ser solidarios” para salvar al país de la crisis. La pregunta es: ¿Qué clase soporta y soportará el peso de las medidas?

            Conviene recordar algunos datos que nos permiten determinar hasta qué punto son las grandes empresas y las grandes fortunas las que además de percibir un apoyo económico del Estado incomparablemente mayor, como señalamos más arriba, menos aportan: Los impuestos indirectos (el IVA, por ejemplo) los pagamos todos y en igual porcentaje con independencia de nuestra renta. Dos son los grandes impuestos directos: IRPF e Impuesto de Sociedades, el primero, el IRPF lo pagamos todos los que percibimos alguna renta del trabajo o de capital; solo están excluidos los que cobran menos de 12.450 euros al año; el resto paga por tramos, el más bajo (hasta 20.200 euros al año), paga el 24% y así sucesivamente; pero el tope máximo, el que pagan quienes cobran 300.000 euros al año o más, se congela en el 47%. Dicho de otra forma: un trabajador que recibe un salario del primer tramo, quince veces menor que el último, paga solo la mitad del porcentaje. Basta coger una simple calculadora para ver hasta dónde llega la “solidaridad” de la clase explotadora.

            Sobre el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas, se puede decir lo mismo: De acuerdo con los datos de Hacienda, las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros anuales, tributan al 5,11% de su beneficio real, tres veces menos que las pymes que aportan el 15% de sus ganancias... y así sucesivamente.

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            Este ha sido un año para hacer balance. El Gobierno insiste: La ocupación supera por primera vez los 21 millones de personas y el paro se reduce al 11,6 %... Los datos, dicen que el paro en España es el más alto de la Unión Europea (5,9%); y el paro juvenil español (28,4%) dobla el europeo (12,7%).

            La inflación en Septiembre era del 3,5%, una de las más bajas de la Unión Europea. Sin embargo, el precio de los alimentos ha subido un 10,5% en el último año. Y entre los alimentos, el aceite, del que España es el primer productor del mundo, se ha duplicado entre marzo de 2021 y agosto de 2023 (ese año ya había subido un 49% respecto al precio de 2019). El aceite es, con diferencia, el producto alimenticio cuyo coste más ha subido. Dicho esto, es aún más “sorprendente” que en España se pague un 6% más caro que en Italia, un 16% más que en Francia y un 27% más caro que en Portugal.

            En general, España, uno de los países más competitivos en el sector agrícola y ganadero es también uno en los que más ha subido el precio de esos productos. El Estado argumenta la incidencia de factores como el coste de los combustibles y los fertilizantes, la guerra, la sequía, etc., para explicar esta subida, pero tras ella realmente está el control del sector por grandes empresas agropecuarias y de distribución que manipulan los precios para aumentar la rentabilidad de sus inversiones aprovechando la coyuntura.

            La PAC (Política Agraria Común) de la UE, es uno de los principales mecanismos para controlar la producción agraria, agobiando a la pequeña y media producción y poniendo el campo en manos de las grandes empresas. En lugar de ayudar a aumentar las sinergias, creando estructuras públicas para la producción y distribución de los productos agrícolas, a través de la PAC, se paga a los propietarios de la tierra, la trabajen o no. La propaganda estatal afirma que entre 2023 y 2027 gracias a la PAC el campo español recibirá 47.724 millones de euros de subvención; se callan que uno de los principales objetivos de la PAC es evitar la competencia del sector agrícola español y, como decimos, aniquilar al pequeño propietario que no puede competir sin ayuda estatal en la distribución de sus productos fuera del ámbito local.

            La realidad es que unos 650.000 agricultores y 250.000 ganaderos que perciben ayudas de la PAC (los llamados agricultores de sofá) gracias a ser propietarios de tierras y zonas de pasto que no trabajan, reciben una parte importante de las ayudas comunitarias; de hecho ya hay casi tres agricultores de salón por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra. Estos datos nos permiten entender cuál es el objetivo de estas ayudas de la UE, insistimos: fomentar la concentración de la producción y distribución de los productos agropecuarios en manos de una minoría empresarial y financiera.

            Los revisionistas en el gobierno han abierto debates sobre cuestiones medioambientales, animalistas, o culturales en referencia muchas veces a aspectos ligados a tradiciones ancestrales, algunas de las cuales son reminiscencias de mitos reaccionarios; pero no han afrontado ninguno de los problemas reales del campo y de los trabajadores agrícolas; no solo han dejado de lado las soluciones, sino que han terminado por enajenarse el apoyo del mundo rural convirtiendo a una parte de él en sostén de las fuerzas políticas de la derecha más reaccionaria. Hoy el campesinado no es una fuerza política tan determinante como hace décadas, pero si el campo sigue en manos de latifundistas y grandes empresarios, si los oportunistas se empeñan en abrir nuevas contradicciones dentro del campo popular sin aportar soluciones reales a los problemas de la gente, estos no dejarán de crecer.

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            El Gobierno insiste: los salarios crecen... los datos dicen: crecen (un 4% según el acuerdo orientativo entre patronal y direcciones sindicales de CCOO y UGT de este año), pero la inflación estanca el poder adquisitivo y no compensa la pérdida del 2022 (ese año, la subida salarial media fue del 2,8%, tres veces menos que la inflación que quedó en el 8,4%).

            Otro ejemplo claro de la inutilidad de la política “paliativa” del oportunismo en el campo social, lo vemos en la cuestión de la vivienda: ni la ayuda al alquiler de los jóvenes, ni el tope del 2% a las subidas de los alquileres han servido para parar la escalada de los precios del alquiler que, en lo que va de año, han subido una media del 8%, pero mucho más en algunas ciudades (Madrid, Barcelona, por ejemplo). Cada vez es más habitual que elementos antisociales, utilicen esta necesidad primordial para especular, alquilando a precios desorbitados habitaciones o huecos en viviendas en condiciones inhumanas, y que los jóvenes tengan que recurrir a compartir las viviendas por habitaciones o que se “realquile” sin control.

            El aumento imparable de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios está derivando hacia el alquiler para disponer de vivienda, lo que hace que en los últimos diez años el alquiler medio haya subido un 51,4%, mientras los salarios solo un 3,4% (tomado de El País, 30 mayo 2023).

            Y el sector inmobiliario está siendo copado por fondos buitre. Recientemente CCOO hacía público que en la última década, impulsadas por cambios legislativos y fiscales han aparecido nuevas formas de inversión en activos inmobiliarios, entre ellas las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), respaldadas por grandes fondos de inversión internacionales que, respaldadas por ventajas fiscales, han ido adquiriendo casas en manos de entidades financieras, con el objetivo último de mantener alto el precio de las viviendas. Los grandes fondos y las SOCIMI, concentran al menos 115.000 viviendas de alquiler en España, la mayor parte en poder de tres grandes propietarios: Blackstone, Caixabank y Sareb (la gestión de cuyos activos está encargada a Blackstone). Por tanto, podemos decir que, de hecho, es el Estado el que ha favorecido la entrada de los fondos buitre en el mercado inmobiliario para ayudar a la banca a deshacerse de sus “activos inmobiliarios tóxicos” tras la crisis del ladrillo.   

            Las medidas fiscales para castigar a los grandes tenedores no pasan de ser parches para parar una sangría; no se han establecido normas para expropiar las viviendas de quienes están especulando, lo que contribuye a que la derecha reaccionaria y los propios especuladores hagan negocio con la amenaza de ocupación de las segundas viviendas de la gente, lo que, a su vez, aumenta el precio de las casas y crea un nicho de negocio para seguros y empresas “antiokupación” dirigidas por elementos nazis que utilizan matones para desahuciar a las familias.

            Las medidas paternalistas tampoco han servido más que para que el gobierno exhiba su política social como un gran logro, y ayudar a los especuladores a hacer su negocio sobre las necesidades humanas. La razón es muy simple: mientras se hablaba de estas medidas, se permitía la especulación, se cedía a precios de saldo viviendas vacías a fondos buitre que se han ido haciendo con un parque de edificios que está marcando el precio del mercado de alquiler. Ya lo hemos dicho otras veces, pero a veces se olvida: el número de viviendas vacías en España es descomunal, casi 4 millones de casas. El capital dice que una parte importante de ellas se encuentra en pueblos pequeños de la España vaciada; es cierto, pero con el resto tampoco se ha hecho nada.

            En definitiva, el estado no ha intervenido directamente en el mercado inmobiliario aumentando convenientemente los impuestos a los grandes tenedores de pisos y fondos buitres para forzarles a sacar al mercado sus viviendas a un precio controlado o expropiándolas cuando sea necesario y creando un parque público del alquiler social. Los datos, de nuevo, son incontestables: en España solo el 2,5% del parque inmobiliario es vivienda social, frente al 30% de Países Bajos, Francia el 17% o Reino Unido, el 18%.

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            Nos detenemos ahora en una parte del presupuesto estatal tan importante como el gasto militar. Hemos venido denunciando la política hipócrita del revisionismo que se rasga las vestiduras por el belicismo de la UE, defiende la paz universal y la creación de un mundo “multipolar”, al tiempo que comparte con el social liberalismo la política belicista de la reacción. El Gobierno de coalición nos metió de lleno en la guerra de Ucrania, implicándonos en un proceso de rearme para llegar al menos al 2% del Gasto Público; el mismo Gobierno de coalición que ha venido alardeando de sus políticas sociales. Nos paramos a contrastar los datos:         

            El gasto militar aprobado desde enero de este año, unos 20.000 millones de euros, es siete veces superior al dinero destinado en los Presupuestos al Ingreso Mínimo Vital; y unas cuatro veces superior a los recursos totales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Todo eso teniendo en cuenta que solo se contabiliza como gasto militar el del Ministerio de Defensa y no se cuentan como tal partidas eminentemente militares como el gasto de las misiones en el Exterior, a cargo de Exteriores; las inversiones en el desarrollo, financiación y apoyo a la fabricación de armas, a cargo de Industria; o los “gastos extraordinario y abuso de los fondos de contingencia”. No es de extrañar que la Ministra del ramo, Margarita Robles, declarara recientemente: “Hay un compromiso de invertir en Defensa y en estos últimos cinco años el Gobierno ha hecho una apuesta y vamos a seguir haciéndola...Tenemos un compromiso de llegar al 2% del PIB en el año 2029 y nuestros ejércitos se merecen lo mejor...".          

            Uno a uno, los datos muestran palpablemente que el gobierno de coalición no ha cambiado en lo fundamental ninguna de las tendencias negativas en la situación económica y social de España.

            ¿Quiere esto decir que dé igual qué fuerzas configuren el próximo gobierno? Evidentemente no; en lo que atañe a la profundidad de las medidas concretas, no cabe duda que un gobierno de la derecha española identificada y ligada a la concepción franquista del estado tendría como consecuencia una mayor profundidad de las medidas contra la mayoría social; pero en lo que atañe a las prioridades políticas, la tendencia hacia la privatización y la utilización del poder del estado para proteger a la gran empresa, la política de un nuevo gobierno de coalición entre PSOE y SUMAR, se mantendría.

            Y es este el aspecto fundamental del problema para los comunistas: No se va a cambiar el rumbo de la política económica tanto nacional como internacional desde dentro y con las armas del Estado liberal, que no es neutral sino el principal instrumento del gran capital para defender sus intereses. Precisamente porque consideramos que únicamente arrebatando el Estado a la burguesía y conformando una economía centralizada y planificada bajo control social, se va a poder dar solución a los grandes problemas económicos y sus consecuencias sociales, en nuestro país y en el mundo; precisamente por eso, rechazamos la lógica del “mal menor” que nos vende el revisionismo

            De hecho, es el Gobierno de coalición el que, por ejemplo, en lugar de cumplir su compromiso de derogar la Reforma de las Pensiones de Rajoy, ha avanzado realmente en algunos aspectos que suponen un pérdida de derechos y un avance hacia su privatización: así, por ejemplo, el Pacto sobre las Pensiones firmado el año pasado y aceptado por Unidas Podemos y las direcciones de CCOO y UGT, ha supuesto el aumento del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 29 años y el pago por los trabajadores de una nueva aportación al sistema (el denominado Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional) por lo que estas se han reducido; pero, además, de tapadillo y con el concurso de prácticamente toda la “izquierda” institucional (incluída Bildu), el gobierno aprobó el año pasado la denominada “Ley para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo” (Ley 12/2022, de 30 de junio) que supone uno de los pasos más grandes hacia la privatización de las pensiones adoptados por el Estado en los últimos años. Para su análisis remitimos a los distintos comunicados y artículos publicados por el partido. La propia Presidenta del Tribunal de Cuentas, cifraba en 103.000 millones de euros el dinero que el Estado ha sustraído de la hucha de las pensiones para pagar otras partidas.

            El balance de los cuatro años de gobierno de coalición, como hemos estado viendo, no ha podido ser más decepcionante: La Ministra de Trabajo y cabeza de la coalición SUMAR, vendió la Reforma laboral como un logro en lugar de una traición al compromiso inicial de derogar las de Rajoy y Zapatero, rechazadas en su día por los sindicatos de clase con sendas Huelgas Generales. Las direcciones de CCOO y UGT la apoyaron junto a la CEOE, vendiendo como su mayor logro la eliminación de los contratos temporales y el refuerzo de los contratos fijos discontinuos. En nuestro análisis de aquella norma, ya advertíamos que, sin recuperar los controles judiciales y las indemnizaciones por los despidos, la consecuencia final del acuerdo iba a ser trasladar el empleo precario a los nuevos contratos.

            Ahora se está confirmando lo que dijimos en su día sobre la Reforma Laboral de 2021. Estos son los datos recogidos del portal XATAKA en septiembre pasado: “...las empresas están usando los contratos indefinidos como si fueran eventuales, para después menoscabar los derechos laborales de los trabajadores. Con el anterior modelo de contrato temporal, el empleado percibía una indemnización de 12 días por año... Con el nuevo modelo, las posibilidades de despido sin derecho a indemnización son muy altas dadas los costes y la lentitud de los procesos judiciales”.

            Y es que, según datos de la Seguridad Social, los despidos disciplinarios se han duplicado, llegando a los 480.000 solo en el primer semestre de este año. Pero, si tenemos en cuenta el periodo entre julio de 2021 y el mismo mes de 2022, las extinciones por no superar el contrato de prueba habían crecido un 902% y los despidos disciplinarios un 107%. La razón es que las empresas están usando estas vías para despedir, aprovechando que la Reforma Laboral no recuperó las garantías jurídicas (salarios de tramitación, indemnizaciones, supervisión de la inspección de trabajo , etc.) que existían antes de la reforma de Rajoy. Por eso, los “solidarios” empresarios de esta España Monárquica, echan mano de ambas modalidades de despido y, con preferencia del despido que no tiene ninguna indemnización, el que se produce al finalizar el periodo de prueba, que solo da derecho al finiquito, que ha crecido nueve veces en estos dos años.

Situación política.

Ahora bien, como hemos señalado en otros informes, la debilidad del proletariado y la falta de organización del campo popular, impide considerar que entramos en una fase revolucionaria como pretenden algunas fuerzas radical-oportunistas. Afrontamos una fase democrático-popular del proceso revolucionario; lo que quiere decir que hoy por hoy necesitamos poner en pie un movimiento popular que incluya a la pequeña burguesía democrática. En el momento actual, el Estado monárquico es el principal obstáculo para desarrollar un programa político de mínimos que permita colocar los intereses populares en el centro de la acción del gobierno, controlado por un movimiento popular organizado que no ceda la iniciativa.

            Los revisionistas y los oportunistas dentro del gobierno de coalición, han dado a los principales problemas que afectan a los trabajadores una salida falsa, se han convertido en plañideros servidores de un estado implacable, que se lamentan por no poder cumplir sus compromisos y reprochan a las masas el no comprender sus esfuerzos y responsabilizarles por no ir más allá. En lo que llevamos de año se han celebrado dos elecciones que han probado el desapego de las masas hacia esas corrientes.

            La derrota electoral de las fuerzas que conformaban el gobierno de coalición no ha sido mayor por el miedo a las consecuencias de una victoria más abultada de la derecha reaccionaria y franquista. Por ello, podemos afirmar que el revisionismo y el oportunismo siguen en una profunda crisis que está suponiendo su práctica descomposición. El desengaño frente al revisionismo ha desacreditado a las fuerzas que hasta ahora controlaban el marco político en el campo popular, algo que en sí mismo es bueno en la medida en que también educa a las masas y las forma, pero va acompañado de un desengaño que alcanza a la acción política en sí, y de una gran desconfianza de las masas en sus propias fuerzas, que lleva a la desconfianza en el colectivo y la búsqueda de soluciones individuales, etc.

            Mientras, se percibe que el movimiento popular presenta síntomas de una cierta recuperación sobre unas bases nuevas. La convocatoria de la manifestación del 28 de Octubre en defensa de las pensiones se ha hecho por primera vez tomando posición abierta frente al posible nuevo gobierno de coalición; algunas de las principales consignas más políticas, relegadas u ocultadas hasta ahora por los dirigentes estatales de la COESPE, aparecen en la convocatoria: Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden; no a la Ley para el Impulso de los Fondos de Pensiones de Empleo; por una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, etc., han ocupado esta vez el centro de la convocatoria.

            Esa radicalización se da en un contexto en el que, aunque la situación objetiva esté madura para un avance de la lucha política, la situación subjetiva, el grado de madurez política de las masas, pero, sobre todo, el de las organizaciones que deberían dirigir esa lucha, es aún muy bajo. De ahí que, una vez más, debamos insistir en la necesidad de partir de lo concreto, de la experiencia de las masas, en su entorno real, para ayudarlas a organizarse colectivamente.

            Nuestro partido debe prepararse para dirigir la lucha que va a venir ante la agudización de la crisis y los planes de la oligarquía, porque, como la experiencia nos enseña, la política, como la naturaleza y la vida, no admite espacios vacios y allí donde la razón ceda terreno, va a ser la reacción y el irracionalismo lo que ocupe su lugar.

            Como hemos visto más arriba, la crisis no cede y el imperialismo necesita apretar aún más las cuerdas de su política de ajustes; y, todo ello, en un país en el que ya un 26% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Con la experiencia de estos años, no le va a ser fácil al revisionismo hacer tragar la política de gestos del Gobierno, menos aún cuando, como todo apunta, los ataques se recrudezcan, pero tampoco va a ser fácil acometer las tareas que el movimiento popular tiene por delante, sin audacia, firmeza y humildad políticas.

            Esta reactivación se da impulsada por el sector más activo políticamente de un movimiento popular exhausto; un sector que está muy influido por la ideología revisionista, traslada a esas luchas sus propias frustraciones y desengaños con sus antiguas organizaciones y aún no presta suficiente atención a la necesidad de organizar a las masas y situar a las organizaciones populares en el centro de las convocatorias. Sigue existiendo un importante “mesianismo” en la actividad de los cuadros del movimiento de masas y una peligrosa tendencia al “activismo”, descuidando el establecer objetivos de forma colectiva, sin dispersar fuerzas.

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            El resultado de las elecciones, lo reconozcan o no, ha abierto en canal el campo de la burguesía: por un lado, las dos fuerzas que se han disputado hasta ahora el control del Gobierno, PSOE Y PP, se ven forzados a contar con aliados “incómodos”; por el otro la pequeña burguesía nacionalista que ahora tiene la oportunidad de aprovechar sus votos en el Congreso para mejorar su “status” en el campo institucional, sabe que nunca va a poder alcanzar su objetivo final, que el derecho a la autodeterminación es absolutamente inalcanzable en el marco del Régimen del 78 (realmente lo han sabido siempre). Esta contradicción hace particularmente inestable la legislatura.

            El acuerdo alcanzado por Sánchez con las fuerzas nacionalistas catalanas que incluye la amnistía de los dirigentes del procés, ha desatado una histérica reacción del fascismo en la calle, poniendo en evidencia lo que ya hace tiempo señalábamos: la ideología fascistoide de VOX domina el discurso del PP, cada vez más escorado hacia la derecha, algunos de cuyos dirigentes han encabezado las algaradas frente a las sedes del PSOE, distinguiéndose por la virulencia de sus proclamas.

            Todo apunta a que paultinamente se agrupa un sector “trumpista” de la derecha reaccionaria, con un mensaje formalmente “antisistema” que carga contra las instituciones del régimen monárquico, reclamando una vuelta al franquismo sin caretas. Sus llamamientos contra la monarquía, su rechazo formal del sistema, son una muestra de frustración, pero apuntan también al surgimiento de una posición abiertamente fascista en el fondo y en las formas que busca recoger el descontento de sectores de la pequeña burguesía con la práctica de las fuerzas institucionales.

            En la medida en la que la derecha se escora hacia el fascismo, el revisionismo y el oportunismo se erigen como defensores de un régimen, el del 78, que ayudaron a imponer; evitando la ruptura con el franquismo. De modo que los fascistas, aquellos que la monarquía viene mimando y ayudando desde la muerte del dictador, se presentan aparentemente como el frente de rechazo al statu quo; y aquellos que deberían trabajar por levantar un frente popular para, de una vez por todas, romper con el fascismo inserto en las instituciones y superar las limitaciones de la constitución del 78, son ahora sus principales valedores.

            PSOE y SUMAR ya han hecho público su acuerdo de gobierno y el programa que van a defender. Ya sabemos hasta donde se puede confiar en sus compromisos, pero cabría esperar un mayor empuje reivindicativo. El programa que han comprometido es largo, pero no puede ser más pobre: una suma de objetivos generales, sin compromiso efectivo alguno; hasta el punto de que sus propios aliados se han mostrado particularmente insatisfechos*(3). Todo se deja abierto al marco del “diálogo social” con sindicatos y patronal y a las expectativas que pueda abrir la UE, que, como ya hemos dicho, apuntan a una profundización de los recortes y la crisis. La “normalidad institucional” de la monarquía continúa, pero esa es solo la costra que dificulta ver los movimientos reales.

            Con todo, la reacción en tromba de patronal, banca y energéticas, contra tan tímidas propuestas, pone en evidencia que a la oligarquía no se la pasa la mano por el hombro, ni se la pide “empatía” y regalos, sino que se la arrancan los derechos y conquistas sociales con lucha; que con la oligarquía no se concilia para apaciguarla... se la combate, hasta torcerla el brazo.

Finalmente Sánchez logró su investidura y lo más probable es que se reedite el gobierno de coalición con SUMAR. En cualquier caso, todos son conscientes de que esta legislatura no se da, ni mucho menos, en las mismas condiciones que la anterior: los aliados del social-liberalismo no cuentan ya con apoyo social y va a ser difícil que las fuerzas que conforman SUMAR recuperen un mínimo de credibilidad entre las masas, después de lo que estas han vivido los cuatro últimos años. Sí es de esperar que las direcciones de los grandes sindicatos de masas continúen su política de brazos cruzados, apoyando con más o menos entusiasmo a su gobierno “amigo” lo que va a agrandar su crisis interna y su descrédito ante los trabajadores. Las organizaciones revisionistas seguirán comprometidas con un gobierno en el que están representadas, lo que también aumentará su crisis interna. Podemos, por último, es una fuerza políticamente muerta porque el papel institucional al que dedicaron toda su actividad, está liquidado: ni le interesa como aliado a Yolanda Díaz, ni se han preocupado por organizar una estructura mínima para subsistir sin presencia real en las instituciones. Todo ello significa que va a ser el PCE quien deba correr al fin con la responsabilidad de la acción política del que también es su gobierno.

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            En este contexto, nuestro Partido no debe cambiar ni un milímetro sus objetivos: estamos y estaremos dispuestos al trabajo unitario, pero siempre en torno a objetivos comunes que compartamos con las fuerzas con las que trabajemos y estableciendo siempre nuestras propias prioridades; entre ellas, las principales: mantener una ligazón estrecha con las masas, hoy insuficientemente organizadas, para ayudarlas a avanzar en la constitución de estructuras colectivas que unifiquen las luchas y los objetivo.

           

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            Somos, y debemos seguir siendo los primeros en defender la unidad entre las fuerzas populares, pero en torno a objetivos comunes, dejando clara siempre nuestra independencia política. En el momento actual, debemos esforzarnos aún más en no dejarnos llevar por las prioridades de la burguesía; en un mundo en el que se están produciendo cambios tan rápidos es fácil que nuestros cuadros se descentren de las tareas establecidas colectivamente y descentren al resto de camaradas.

            Un último aspecto al que debemos prestar una atención especial es el de la juventud trabajadora. Poco a poco, tras un largo periodo de separación de la lucha política, se van incorporando jóvenes a ella. No son pocas las presiones para desviarles de la pelea. Tanto el poder estatal y su inmensa red de manipulación y propaganda, como la actividad de todo tipo de corrientes burguesas insisten en apartar a la juventud del torrente común de la ideología leninista. Decepcionados por el abandono absoluto al que están sometidos, la ignorancia hacia sus intereses, muchos jóvenes han perdido toda conexión con un mundo que les es hostil y les relega a ser un factor inútil en el futuro. Es difícil participar de la lucha por el trabajo justo y con derechos, por unas pensiones dignas y unos servicios públicos de calidad, cuando se está dando por seguro que ellos nunca van a alcanzar el ejercicio de esos derechos; cuando, por ejemplo, todo el mundo parece tener tan claro que los jóvenes no van a llegar a alcanzar unas pensiones dignas, que las convocatorias del movimiento de pensionistas se han dirigido hasta ahora solo a los que ya se han jubilado o están a punto de hacerlo.

            Hay que continuar avanzando en la línea de trabajo que nuestra juventud viene trazando desde hace meses.

           

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*(1).- EE.UU es el país con más milmillonarios registrados, con 735, seguido por China con 495 e India con 169.

*(2).- “Todavía no ha llegado el momento de remunerar los depósitos", ha dicho recientemente la CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa, en la rueda de prensa de los resultados del primer trimestre del año. Para quien dice que no existe ligazón entre el gran capital y las instituciones del Estado sirva recordar que esta banquera es hija de Fernando Dancausa, viejo falangista que fue alcalde de Burgosdurante la dictadura franquista, y hermana menor de Concepción Dancausa, quien ocupó el número 4 de la lista del PPpara las elecciones autonómicas madrileñas, que encabezaba Esperanza Aguirre (Tomado de Wikipedia)

*(3).- Uno de los compromisos más queridos por Yolanda Díaz ha sido el de la jornada laboral de 35 horas semanales. Y en esta materia, el acuerdo es un verdadero monumento a la práctica cínica de los reformistas de avanzar dos pasos en los recortes y retroceder uno, porque "no se puede ir más allá". El acuerdo de Gobierno ha quedado reducido a alcanzar las 38,5 horas semanales (y aún así la patronal ha salido en tromba oponiéndose en la medida -es parte del juego-) para llegar a las 37,5 en 2025.