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Comunicado del Secretariado del CC del PCE (m-l)

En diciembre de 2019 PSOE Y UP firmaban un acuerdo de coalición que incluía en su decimotercer punto un compromiso: “Derogar la reforma laboral y Recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Dos años después, Dios mediante*(1),el pasado 23 de diciembre, Gobierno, patronal y sindicatos firmaban el texto de la nueva reforma laboral que la Ministra de Trabajo con la falta de humildad que le caracteriza definía en estos épicos términos: “Es un acuerdo histórico. Es la primera vez en 40 años que una reforma estructural de este calado se produce con el consenso de todas las partes... Vamos hacia un modelo europeo y a partir de ahora nuestros contratos van a ser estables. Es un cambio de paradigma fundamental".

Yolanda Díaz, campeona del oportunismo, se felicitaba al presentarlo porque el acuerdo es fruto del consenso con la patronal para cumplir con las exigencias de la Unión Europea antes de dar curso a los fondos prometidos.

La Reforma Laboral no es un convenio, ni siquiera un convenio plurisectorial de ámbito estatal; establece la normativa legal que va a condicionar y en muchos casos determinar la negociación de los convenios y las relaciones laborales tanto individuales como colectivas entre trabajadores y patronos. Por ese motivo, la intervención del gobierno como representante temporal del estado no puede ser, no es de hecho, neutra; no puede basarse en el consenso entre intereses contrapuestos, ni en el cumplimiento de unas condiciones nacidas de un acuerdo entre los capitalistas europeos.

 

El gobierno no ha sido neutral en las anteriores reformas que han servido hasta ahora para recortar o condicionar negativamente los derechos laborales conquistados por nuestra clase en la lucha o negociados sector a sector, empresa a empresa, con la presión de la movilización.

Los gobiernos, tanto del PSOE (particularmente virulentos fueron en su ofensiva contra la clase obrera los reaccionarios gobiernos de Felipe González) como del PP no han esperado a alcanzar consenso alguno con los trabajadores para imponer sus reformas. Así pues, cabría esperar de un gobierno que se autotitula de izquierda que no condicionase de modo tan determinante como ha hecho los acuerdosa los intereses de la gran patronal representada por la CEOE. Que esa renuncia cobarde se presente como virtud de un pacto de mínimos que incumple de modo tan flagrante su compromiso electoral es, simplemente, un sarcasmo.

La economía española es campeona en paro (el 15,4% en mayo de este año, el doble de la zona euro y el 37,7 % entre los jóvenes), temporalidad (7 de cada 10 trabajadores jóvenes son temporales) y economía sumergida (según diversos informes el 22.8% del PIB) entre los Estados miembros de la en la UE. Y para llegar a estas cifras, la patronal española siempre ha sido implacable en la aplicación de sus planes y siempre ha contado con el soporte legislativo del Estado para imponer una legislación laboral favorable a sus intereses con la excusa de “crear empleo” y ha obtenido ingentes ayudas económicas a cambio de ningún compromiso efectivo y contrastable*(2) para superar sus problemas coyunturales. Todas las reformas laborales firmadas se han aplicado sin consenso, en ocasiones con la directa oposición de las grandes centrales sindicales de clase*(3).

En relación con el texto del acuerdo y a la espera de su aprobación definitiva que permita un análisis más profundo*(4),queda claro, en primer lugar, que no es una derogación de la reforma laboral de 2012 impuesta por el PP, como prometieron. La propia patronal lo dice en su comunicado tras la firma del acuerdo: “... el acuerdo consolida el modelo laboral actual... mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa...”.

Es cierto que recupera la ultraactividad de los convenios (es decir, su prórroga hasta que se firme otro acuerdo, evitando que decaiga si no lo hay) y la supremacía del Convenio de sector sobre el de empresa (lo que permite a los trabajadores de pymes evitar que su empresa aplique condiciones peores) pero únicamente en lo que toca al salario, no así respecto a otras condiciones de trabajo recogidas en los convenios.

La empresa podrá seguir acordando modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, etc.). Y se permite también la subcontratación, de modo que si la empresa que presta los servicios subcontratados tiene convenio propio, es éste el que se aplica y no el de sector, salvo en lo que hace a las condiciones salariales. Son muchos los flecos que se deja en la gatera el Gobierno, y muchas las cesiones que aceptan los dirigentes de CCOO y UGT, que dejan en pie una parte sustancial de la brutal reforma de 2012 impuesta por M. Rajoy.

Hace unas semanas se hacía público un documento firmado por varias decenas de abogados laboralistas en el que se alertaba sobre la posibilidad de un pacto insuficiente. Son muchos los puntos cuya recuperación indicaban como esencial en su escrito que se han quedado sin alcanzar en el texto de la nueva reforma; así, por ejemplo: recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente (queda ahora en 33), recuperar los salarios de tramitación por despido improcedente (que pagaba el empresario desde el despido hasta la resolución judicial), el derecho de opción del trabajador entre readmisión o cese en caso de sentencia por despido improcedente, nulidad de despido sin causa justificada en caso de incapacidad temporal, indemnización de 33 días por año trabajado sin límite de mensualidades en despidos objetivos (se mantiene en 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades), prohibición de ETTs (Empresas de Trabajo Temporal), etc., etc.

Por otra parte, si bien es cierto que se establecen normas que pueden facilitar el control de la temporalidad y se reducen las modalidades de contratación temporal, se mantienen y pactan otras normas que pueden permitir a una patronal tan brutal como la española recortar costes degradando el empleo y sostener la precariedad por otras vías, al tiempo que mantiene las facilidades para el despido y su bajo costo. Así, por ejemplo, en lo referente a la formación permanente, que ocupa una parte sustancial de la nueva redacción del acuerdo y es uno de los eslóganes más queridos por el capital para vender su reconversión “verde”, además de servir para profundizar el proceso de privatización de la FP puede abrir vías de degradación de las condiciones laborales; o los nuevos ERTES que pueden ser una vía indirecta en manos de la gran patronal para ajustar salarios y plantillas en función del ciclo económico, con cargo al Estado, como hizo durante los primeros meses de la pandemia.

Fueron muchos los meses de negociación, pero ésta siempre ha estado en manos de un reducido grupo de personas, al margen de cualquier debate o control colectivo. La única confrontación interna en el gobierno se libró para garantizar la entrada de Nadia Calviño, la ultraliberal Ministra de Asuntos Económicos, en el equipo negociador.

De nuevo, como al inicio de la “Transición”, se quiere recuperar el “consenso” entre intereses contrarios y siempre a favor del más fuerte, en las relaciones laborales, para asegurar, como hicieron al pactar con el franquismo en la mal llamada transición, la paz social en tiempos de crisis del sistema a costa de la mayoría trabajadora. Se deja así a los trabajadores en una situación muy parecida a la que sancionó las anteriores reformas, de debilidad frente a la patronal. En definitiva, es esta una nueva renuncia, una traición más a sus compromisos de quienes dijeron representar la recuperación de la “izquierda transformadora”. Con todo, la clase obrera seguirá su combate y superará este obstáculo como hizo con otros.

28 de diciembre de 2021.

Secretariado del CC del PCE (m-l)

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*(1) Resulta patético el papel que Yolanda Díaz ha hecho jugar a la Iglesia Católica, una confesión reaccionaria que actúa como una entidad directamente interesada en actividades económicas capitalistas. Su visita al Papa, que la vicepresidenta segunda definía en estos términos: “es un ejemplo de lo que quiero para España”, precedió a las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española que, tras hacer votos para que: “la nueva legislación laboral colabore lo más eficazmente posible a eliminar las desigualdades en las relaciones laborales, acabar con la temporalidad, la precariedad y la inseguridad laboral, a reforzar la negociación colectiva), remataba cínicamente: “Esta es la reforma que se necesita... no obstante habrá de facilitar a las empresas la creación de empleo y el acceso a un trabajo digno a tantas personas que ven con incertidumbre su futuro”.

Este empecinamiento en reforzar la alianza con semejantes especialistas en poner “una vela a dios y otra al diablo” es propia del revisionismo que entiende la política de clase como un ejercicio de “caridad cristiana” y reniega de las causas objetivas de la desigualdad, ignora la existencia de explotación capitalista y rechaza por tanto la acción independiente del proletariado.

*(2).- Respecto a las ayudas económicas, qué decir, cuando aún no ha terminado de aplicarse del todo la última reconversión bancaria que ha puesto en la calle a más de 15.000 trabajadores, utilizando para ello las ayudas del estado. Lo mismo hizo en la crisis de 2007 tras el crac de la construcción aprovechando las ayudas por más de 60.000 millones de euros del Estado, muchos de ellos aportados por el fondo de contingencia de las pensiones, que ahora también se recortan.

*(3).- En 1984, se introdujo la temporalidad en una reforma redactada por el Gobierno de Felipe González, que condicionó desde entonces las relaciones laborales. A principio de 1994, otro gobierno del siniestro míster X aprobó otros cambios que afectaban a los despidos, la movilidad y la negociación colectiva, entre ellos la introducción de las Empresas de Trabajo Temporal. Una a una las reformas han ido limitando los derechos de los trabajadores frente a sus patronos, hasta llegar a la de 2012, impuesta también sin consenso por el Gobierno de M. Rajoy. De aquellas reformas, que provocaron importantes movilizaciones, viene el lamentable estado actual del mercado de trabajo.

*(4).- Dos de los principales aliados del Gobierno, PNV y Bildu, ya han anticipado su rechazo si no se garantiza la prioridad del Convenio autonómico sobre el de sector estatal antes de votar a favor de la Reforma. Y la patronal CEOE por su parte ha señalado que la reforma no contará con su firma “si se cambia una coma del texto pactado”.

Sobre la reforma laboral. Otra cesión del oportunismo (en PDF)