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Comunicado del Secretariado del CC del PCE (m-l)

Llevamos semanas inmersos en un debate interminable sobre la decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a los dirigentes del procés, condenados a penas de prisión por la convocatoria de la consulta celebrada en Cataluña el 1 de Octubre de 2017 y brutalmente reprimido por el Gobierno de Rajoy.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico y político, la amnistía está sobradamente justificada: los líderes catalanes fueron condenados por intentar ejercer un derecho democrático, el de la libre autodeterminación de los pueblos; pero todos saben, ellos también, que la solución definitiva al problema nacional en España, el ejercicio de ese derecho, es absolutamente inviable en el marco del régimen del 78, cuya Constitución prohíbe expresamente la federación de territorios, establece el carácter exclusivamente consultivo de los referéndum, determina la unidad de España como un carácter esencial del Estado y delega expresamente en el ejército su defensa.

Por consiguiente, el PP sabe que tanto el PSOE como SUMAR, e incluso la derecha nacionalista, son fuerzas que aceptan las reglas de juego del régimen monárquico fruto de un pacto con el franquismo; y que aceptan, por lo tanto, ese marco que está detrás de los principales problemas políticos que afrontan las clases populares.

En el debate, pues, se ha hurtado este dato esencial: el régimen monárquico es fruto de un pacto con el franquismo que todos los actores de esta farsa, incluidas las fuerzas de la burguesía nacionalista, aceptaron en su día y lo han venido haciendo desde entonces.

Hablamos de un régimen que facilita la cooptación permanente de una casta ultrarreaccionaria en los órganos centrales de la judicatura; unos órganos que han garantizado la impunidad de políticos corruptos, e intervienen constantemente en la vida política,

condicionan la actividad del gobierno de turno y la del propio Parlamento, paraliza en ocasiones normas y leyes que podrían mejorar, al menos temporalmente, las condiciones de vida y garantizar los derechos sociales de la mayoría trabajadora; un régimen que permite que las Comunidades Autónomas se hayan transformado en cotos privados para la acción impune de familias de políticos que privatizan servicios públicos y los convierten en un negocio para su círculo de empresarios amigos; en definitiva, un régimen coronado por una estirpe impuesta por el dictador, cuyo patriarca está huido en Abu Dabi, blindado judicialmente para garantizar su impunidad en los numerosos casos de corrupción en los que está implicado.

El compromiso de Sánchez de conceder la amnistía a los políticos de la burguesía catalana es fruto de la necesidad de obtener su apoyo para alcanzar la investidura. Con su cerril oposición, el PP intenta desgastar a su rival social-liberal para forzar la convocatoria de unas elecciones que sabe que puede ganar; y VOX, representante institucional de los sectores más reaccionarios de la derecha y aliado del PP, con quien comparte su desprecio a la convivencia democrática, intenta aprovechar la debilidad y el descrédito de la izquierda sumisa y reformista para configurar un frente reaccionario, con un lenguaje y formalismo “antisistema”, que empuje hacia atrás la rueda de la historia si, llegado el caso, el gran capital necesita quitarse la careta “democrática”, aprovechando que, en el contexto actual, no existe una oposición firme y organizada del proletariado. El régimen monárquico ha mantenido vivos y sostenido políticamente elementos e instituciones fascistas que ahora toman la calle vociferando su odio irracional.

En pleno debate, la dirección del PCE hizo público un comunicado que recupera las tesis del carrillismo y supone una confirmación del criterio que en su día impuso ese dirigente traidor, renunciando a la ruptura con el franquismo que reclamaba el movimiento popular, para aceptar un régimen que mantiene los controles impuestos por la dictadura y sujeta la vida política en nuestro país en los márgenes que convienen a la oligarquía.

El recurso del comunicado a la confusión es permanente; así, por ejemplo, además de ignorar su propia responsabilidad en el estado de cosas actual, la dirección del PCE incluye afirmaciones como esta: “...la democracia española inició su andadura en 1978 tras una amplia amnistía por causas políticas”; cuando lo cierto es que aquella ley de amnistía se dictó expresamente para garantizar, además, la impunidad de jueces, policías y políticos (como el ministro franquista fundador del PP, Manuel Fraga) implicados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Se aprovecha la coyuntura para intentar identificar además la defensa de la democracia, con la defensa del gobierno de coalición que pueda salir de su acuerdo con el PSOE, afirmando lo siguiente: “Se echa en falta la capacidad de las fuerzas democráticas y de izquierdas de difundir nuestros argumentos y explicar la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, de exponer los contenidos del acuerdo de gobierno que vamos a impulsar de inmediato desde la conformación del gobierno de progreso que deberá comenzar a funcionar esta misma semana con la presencia de Sumar y muy previsiblemente también, con la presencia de Izquierda Unida”.

Ahora que ha pasado el trámite de la investidura, el problema continuará, porque la burguesía nacionalista catalana seguirá peleando “trinchera a trinchera” como dijo Puigdemont hacia un objetivo que, como decimos, no puede conseguir dentro del marco de la Constitución Monárquica: el de libre autodeterminación del pueblo catalán. Y el gobierno de coalición tampoco estará en condiciones de sacar adelante otros compromisos igualmente inalcanzables dentro del marco del régimen, porque chocan con los intereses del gran capital y de la oligarquía financiera. En definitiva esa defensa de la “democracia” borbónica que realiza la dirección del PCE pretende en última instancia que se acepte su política posibilista del “mal menor”

Nuestro partido insiste de nuevo en que para las clases populares la primera necesidad, si se quiere avanzar en democracia, es la de apartarnos de esta “democracia” tutelada por la reacción y avanzar hacia una ruptura con el régimen monárquico. El régimen del 78, al contrario de lo que señala la dirección del PCE no es garantía alguna de democracia, sino, por el contrario, la sujeción permanente de la vida democrática a la tutela de la oligarquía, esas 1500 familias que dominan la economía y controlan la política en nuestro país; una “democracia” que será más o menos “elástica” según las necesidades de ese minúsculo grupo que detenta el poder real.

En momentos como los actuales, en los que la agudísima crisis que afronta el capitalismo internacional se está profundizando día a día, la contradicción entre las clases sociales se va a agudizar, de modo que el gran capital va a reclamar del Estado una mayor contundencia para descargar sus consecuencias en la mayoría trabajadora; eso significa que el mantenimiento del régimen del 78, surgido de un pacto con la casta política del franquismo, supone para el proletariado y las clases populares la renuncia a un programa independiente que le permita avanzar en derechos tanto económicos, como sociales y políticos.

Ahora está abierto el camino para la constitución del gobierno de coalición que reclama el PCE. Tras la investidura fallida del reaccionario Feijoó, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, militante del PCE y dirigente de Sumar, acordaron una serie de compromisos limitados, pero aún pendientes desde 2019. Si el PCE, que marca la política de la coalición SUMAR, considera que no es posible cumplirlos cabalmente, como ocurrió con los adquiridos por el anterior gobierno de coalición en el que también participaron; si considera que no están dadas las condiciones para alcanzarlos plenamente, no debería entrar en el Gobierno de Coalición y debería tomar parte activa en la recuperación del movimiento popular organizado; porque, de no hacerlo pasaría conscientemente, como ya hizo en el año 78, al campo de los sumisos servidores del régimen monárquico.

Por nuestra parte vamos a continuar trabajando por el desarrollo de un programa político que recoja las principales aspiraciones de la mayoría trabajadora, y organizar a nuestra clase para alcanzarlo; pero lo vamos a hacer en todo momento teniendo muy claro, y exponiéndolo así, que cualquier avance en este terreno pasa, ineludiblemente, por la confrontación con el marco político de la monarquía continuista que es la clave de bóveda del entramado político y jurídico que sostiene los intereses de la oligarquía. Sabemos que contamos con muchos militantes del PCE que no están conformes con la política desarrollada por su dirección; estamos dispuestos a trabajar junto con ellos y el resto de sectores que compartan este objetivo, que es el único que puede salvar a nuestra clase y a nuestros pueblos de una nueva derrota frente al fascismo rampante.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LO PÚBLICO, LO DE TODOS, SE DEFIENDE

UNIDAD CONTRA LA MONARQUÍA Y SU RÉGIMEN

POR LA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA