Imperialismo “ecológico” (y 2)
España, a verlas venir
Santiago Baranga
En el número anterior señalábamos el sector de las energías “limpias” como un posible motor de desarrollo económico para los próximos años. Así lo han advertido tanto la Comisión Europea como las grandes empresas de la energía y la construcción de infraestructuras; y de ahí la expectación creada por la cumbre de Copenhague: al no haber objetivos ambiciosos y firmes de reducción de gases de efecto invernadero, las industrias emisoras de CO2, no se ven forzadas a tomar medidas, «a menos que cuenten con ayudas estatales», según afirmaban desde Iberdrola.
Primera premisa: las grandes corporaciones del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Unión Fenosa) fían sus resultados, cómo no, a los apoyos económicos estatales, tal y como sucediera ya con Aznar, y al igual que han hecho el automóvil y buena parte de la banca desde el estallido de la crisis. Y de esos resultados dependen las inversiones en las nuevas energías. De acuerdo con eso, entre 2009 y 2013 el sector energético dejará de invertir más de 27.000 millones de euros. Unos recortes que también tienen que ver con la salida de las constructoras de este negocio, un nuevo pelotazo en su ya extensa cuenta: Acciona vendió a Enel su participación en Endesa obteniendo un beneficio de 1.850 millones, mientras que la ACS de Florentino Pérez dejó Unión Fenosa con plusvalías de 2.300 millones.
Esta merma de la inversión hará que, cuando la demanda de energía se recupere, el sistema energético sea incapaz de hacerle frente, produciendo “cuellos de botella” que dispararán los precios. Para evitarlo, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apuntaba el año pasado que hay que «impulsar la colaboración público-privada en el sector». Por su parte, tanto la secretaria de Estado de Cambio Climático como el conseller de Economía catalán se hicieron eco de este temor al señalar que «la crisis no puede ser la excusa para no hacer las inversiones que necesitamos», allanando así el camino para la próxima remesa de “ayudas”. Y, sin embargo, las empresas “españolas” no dejan de abordar múltiples proyectos en Reino Unido, EEUU, Marruecos, Egipto…
La segunda premisa es que «no podemos querer muchas renovables y querer también la tarifa más barata de Europa», según afirmaba hace un año Salvador Gabarró, presidente de Gas Natural y Unión Fenosa. En octubre, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmaba que «aún hay hueco para subir la tarifa eléctrica de cara a ajustarla al coste real». Así, pues, pese a las buenas palabras del imperialismo “ecológico”, lo que tienen claro los oligarcas de la energía es que la conservación del medio ambiente no la van a pagar ellos. El dejar el desarrollo de las energías renovables en manos de las empresas privadas redundará en nuevas cargas para la clase obrera, ya sea a través de los presupuestos del Estado o mediante la tarifa de la electricidad.
¿Y el Estado? Especuladores e instituciones financieras aumentan sus presiones para que España recupere el «equilibrio» de las finanzas públicas. Lo cierto es que el Estado español está pagando con creces (y, con él, todos los trabajadores) las consecuencias de la política económica dictada por los Botín, Díaz Ferrán, Ybarra… Son los mismos que han defendido (por su cuenta o a través de sus portavoces en el Gobierno y en el Congreso) la disminución del gasto público, no para propiciar una «mejor gestión», sino para asegurar unos impuestos bajos sobre las rentas del capital y fomentar la privatización de los servicios públicos. Con estas políticas, y como tantas otras veces, el capital “español” se ha dedicado a rapiñar la riqueza del país y el trabajo de la clase obrera, fomentando el pelotazo, debilitando el sistema productivo y haciéndolo cada vez más dependiente del capital exterior. Gabarró afirmaba hace unos meses sentir «frustración cuando veo a Endesa italiana y pública». Ese ha sido el resultado de la liberalización y privatización emprendidas por unos gobiernos más papistas que el Papa en cuestión de ortodoxia liberal (1): grandes corporaciones con sede en Madrid o en Nueva York, tanto da, que manejan sus capitales (y los de los demás) totalmente ajenas a los intereses de la inmensa mayoría de la población. Como contrapunto de esto, la evolución de la deuda y el déficit públicos en varios países muestra a las claras en qué ha redundado la «austeridad» que esta chusma ha pregonado durante años: mientras Francia y Alemania parecen salir de la recesión, a pesar de haber mantenido una deuda y un déficit mayores que España durante años, en nuestro país 2009 produjo un millón de parados, 40.000 establecimientos cerrados, una caída del 4% del PIB y la recesión más larga de la UE; además, sectores estratégicos enteros han ido cayendo en manos de estos tiburones financieros.
El Plan E ha seguido esa misma línea de política a corto plazo, empleando 8.000 millones de euros en salvar las cuentas de un puñado de empresas de la construcción (muchas veces, mediante prácticas fraudulentas, como señalan estudios sindicales). Ahora, el Gobierno se ha sacado de la chistera una Ley de Economía Sostenible que no presenta una propuesta real y coherente de cambio del sistema productivo, como pregona; a lo sumo, algunas propuestas sueltas, cuando no son claramente perniciosas y cicateras: así, los artículos dedicados a la Formación Profesional, que pretenden introducir su privatización por la puerta de atrás, al margen de la negociación del Pacto Educativo con los sindicatos. En cuanto al tema que nos ocupa, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) estima el apoyo público al conjunto de las áreas renovables en casi 8.500 millones de euros para unas inversiones totales de casi 23.600 millones, que servirán para crear 95.000 empleos netos. Pero, si comparamos los planes de estímulo “verde” aplicados por diversos países (España, 0,13% del PIB; Australia, 0,7%; China, 0,76%; Alemania, 1%; Corea, 1,47%), o si confrontamos el citado PER con el Plan E, podemos concluir que, pese a los anuncios triunfalistas, no hay una clara apuesta por utilizar este sector para reindustrializar nuestra economía, ni siquiera desde una óptica capitalista. En Brasil, por ejemplo, se ha optado por utilizar los nuevos yacimientos marinos de petróleo como recurso estratégico y motor de la industrialización del país, exigiendo a las empresas concesionarias transferencias tecnológicas y la fabricación en el propio Brasil de buena parte de las infraestructuras necesarias, con lo que se generará hasta 250.000 empleos. Como señalaba a El País un responsable de Acciona, el Estado alemán «invirtió 100 millones de euros en un área experimental y 300 más en infraestructuras», y ahora «tiene tres fabricantes de máquinas de 5 MW, y un auténtico cluster de eólica marina, que incluye a la industria naval».
En España, en cambio, el Gobierno se hunde en la autocomplacencia y la inacción, asumiendo su papel de potencia de segunda fila: mientras el Reino Unido empezó a programar sus parques marinos en 2000, España sólo presentó su mapa de recursos eólicos en la mar en 2009; mientras Dinamarca y Noruega se sitúan a la vanguardia de la tecnología eólica marina, España sólo empezará a producir en 2017 ó 2018, si es que empieza ya a tomar medidas. De los 10.851 MW previstos en Europa hasta 2013, ni uno estará en España. Esto, lógicamente, preocupa a los capitalistas del sector porque les hace perder cuota de mercado; pero tanto las empresas como el Gobierno están de acuerdo en que la caída de la demanda de energía por la crisis hace que haya un «exceso de capacidad eléctrica». Olvidan, al parecer, los efectos que tendrá en un futuro cercano la previsible subida de los precios del petróleo, si no se empieza a reducir ya la dependencia hacia este recurso. Tales retrasos redundarán también sobre el resto de los sectores productivos y, especialmente, sobre los trabajadores: oligarcas y gobierno están restando capacidad tecnológica e industrial al país en un campo para el que sí se dispone de recursos naturales; y, además, la parálisis colabora a agravar el déficit cuando vuelva a subir el petróleo, lo que les dará un argumento para reducir aún más las prestaciones sociales y servicios públicos. Con ello, en fin, se afianzarán nuestra dependencia respecto a los países más desarrollados y nuestro papel de proveedor de servicios de escaso valor.
En nuestros documentos sobre la crisis, nos hemos referido a la imposibilidad de que se dé en España un «cambio de modelo productivo» mientras no haya una transformación del marco político; y ello se debe a que el entramado de intereses oligárquicos en el que se basa el régimen actual imposibilita cualquier cambio profundo que afecte al control que éstos ejercen sobre la economía y las decisiones políticas en nuestro país. El caso de las energías renovables, al igual que el de la banca en estos meses de crisis, pone de relieve hasta qué punto el caos de la producción capitalista, los intereses de las corporaciones y la servidumbre de sus representantes políticos son perniciosos para el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestros pueblos. Son, en definitiva, obstáculos que habrá que remover si de verdad queremos conquistar la justicia social y el bienestar para la gran mayoría que somos los trabajadores.
(1) En el sector energético, Cantábrico está en manos del capital portugués; Viesgo, del alemán (E.ON), y Endesa, del italiano (Enel, con participación pública). La francesa Total posee la mitad de CEPSA.
Haití: la tragedia más allá del terremoto
J. Guillén
El reciente terremoto de Haití, uno de los más destructivos de las últimas décadas y que ya ha dejado más de doscientos mil muertos, ha sido una de las mayores tragedias vividas por el pueblo haitiano desde que llegaron los primeros esclavos negros hace unos siglos. La historia de Haití es la historia de los crímenes que el colonialismo y el imperialismo han practicado impunemente contra los pueblos oprimidos: esclavitud, matanzas, saqueos, explotación, subdesarrollo, hambre…
Pero la historia de Haití es también la historia de un pueblo en lucha constante por su libertad. Ya en tiempos de la esclavitud surge la figura de Toussaint-Louverture, que desde 1791 empezó a liderar rebeliones de esclavos y en 1800, tras adherirse a los principios de la Revolución francesa de 1789, proclamó la autonomía de la isla, una de las primeras repúblicas de la era moderna, y la primera república multirracial de la historia. Haití volvió a las manos de los franceses en 1802, cuando Napoleón envió una expedición armada. Louverture fue apresado y enviado a Francia, donde murió en prisión. Mas la resistencia del pueblo haitiano, bajo el mando del general haitiano Dessalines, venció al ejército de Napoleón y proclamó la República en 1804. Pero de 1825 a 1947, Francia le impuso el pago del equivalente a 21.000 millones de dólares actuales para no volver a invadirlo, lo que supuso hasta el 80% del presupuesto nacional. En 1843, la parte oriental de la isla se independizó con el nombre de República Dominicana.
Por su privilegiada situación, la isla ha sido una presa fácil para el imperialismo, que desde muy pronto se otorgó el derecho de intervenir a su antojo en este país, sumiéndolo en una situación de miseria espantosa. Entre 1857 y 1900, EEUU intervino diecinueve veces para proteger sus propios intereses, hasta que ocupó el país de 1915 a 1934, controlándolo financieramente hasta 1941. Tras haber apoyado un golpe militar en 1950, la Casa Blanca bendijo la llegada al poder, en 1957, de uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina: François Duvalier, Papa Doc, quien creó un cuerpo de paramilitares, los “Tonton Macoutes”, que sometió a la población civil de forma brutal. Muerto Papá Doc en 1971, fue sustituido por su hijo, Baby Doc, que trató de gobernar de la misma manera. Pero en la década de los ochenta, ni siquiera los métodos más brutales pudieron impedir que la población se movilizara contra las atrocidades y la miseria que el régimen tiránico implantó en el país. En 1986, Baby Doc huyó con 900 millones de dólares, protegido por el ejército de Estados Unidos y por Francia.
En 1990 tuvieron lugar las primeras elecciones en décadas, llevando al poder a un ex sacerdote, Jean Bertrand Aristide, que había dirigido luchas populares contra la dictadura. Su programa de incremento del salario mínimo (¡a 2,94 dólares diarios!), reforma agraria, derechos sindicales, etc. le valió un golpe de Estado y una dictadura que, apoyada por la Administración Bush, produjo 5.000 muertos y desaparecidos. En 1994 los EEUU permitieron a Aristide volver a la isla, a condición de que aplicara los programas de ajuste estructural del FMI. La tibia obediencia de los gabinetes de Aristide y Préval, la política de acercamiento a Cuba y a Venezuela desde 2001 y la exigencia de 21.000 millones de dólares en reparaciones a los EEUU, convirtieron a Aristide en sospechoso a ojos del imperialismo norteamericano, que impuso un embargo económico y preparó un proceso de desestabilización interna. En el 2004 Aristide fue derrocado, secuestrado por el ejército norteamericano y enviado al exilio a Sudáfrica junto con su familia. Le impidieron regresar a Haití y a su partido político, Fanmi Lavalas, presentarse a las elecciones. El régimen golpista se cebó sobre los sindicalistas de las fábricas más explotadoras, promovidas por el capital extranjero. Mientras, las tropas norteamericanas, tras dejar cientos de muertos seguidores de Aristide, dejaron la tarea en manos de la MINUSTAH, la fuerza de la ONU, envuelta desde muy pronto en asesinatos, violaciones y otras formas de violencia por parte de sus tropas. Las tímidas reformas emprendidas fueron desmanteladas y en 2006 René Préval fue elegido presidente de Haití en una elección organizada y controlada por la ONU, cuyas fuerzas militares se encargaron de evitar nuevas desviaciones de la línea marcada por los EEUU.
Como se ve, el imperialismo ha ejecutado y apoyado todas las masacres sufridas por el pueblo haitiano: 3.000 patriotas masacrados en 1919, 25.000 haitianos asesinados por el tirano dominicano Trujillo en 1935, 40.000 revolucionarios y opositores liquidados por la feroz dictadura Duvalier. Pero también se fue desarrollando una conciencia de clase que hizo de Haití la patria de grandes revolucionarios: Rosalvo Bobo, líder de la primera insurrección antiimperialista de 1915; Charlemagne Peralte, líder de la segunda insurrección (1918-1920); Jacques Roumain, fundador del Partido Comunista Haitiano; Antoine G. Petit, Gerard Pierre Charles… Y también es un país de organizaciones revolucionarias hoy activas: el Comité de iniciativa para la formación del Partido Comunista de Haití (COIFOPCHA), el Nuevo Partido Comunista de Haití y el Partido Popular Nacional; y de organizaciones de masas, como el frente obrero Batay Ouvriye, la organización campesina Tet Kole Ti Peyizan Axisyen…
El terremoto sufrido supone el golpe de gracia a la soberanía de este país. Rusia ha difundido las sospechas de su flota respecto al posible origen humano del temblor, a través del proyecto estadounidense HAARP, con base en Alaska. Sean o no fundadas (la falla Enriquillo, zona de contacto entre la placa del Caribe y la Norteamericana, atraviesa el sur de Haití, lo que supone un riesgo geológico importante), lo cierto es que la Resolución de 28 de enero de 1999 del Parlamento Europeo sobre medio ambiente, seguridad y política exterior ya advertía sobre las posibles consecuencias de esta nueva arma sobre las condiciones atmosféricas.
Sea como fuere, Puerto Príncipe era ya una ciudad que había crecido rápidamente hasta los dos millones de habitantes y donde habían proliferado el chabolismo y la pobreza extrema, propiciada por el expolio de los dictadores proyanquis, que crearon su deuda externa: el país paga todavía enormes sumas al Banco Interamericano de Desarrollo, pero los “donantes” reunidos recientemente en Canadá no han discutido siquiera la condonación, y para ello han contado con el consejo del propio primer ministro haitiano, Bellerive. También se debe la postración del país a la liberalización forzada por el FMI, que la agravó y multiplicó los problemas. Así, por ejemplo, la apertura del mercado haitiano al arroz subsidiado de los EEUU sumió en la miseria a miles de campesinos que se vieron forzados a abandonar el país o a engrosar la población pobre de la capital. Las consecuencias de ello son bien conocidas: Haití dejó de ser un país autosuficiente para alimentar a sus habitantes, con lo que hace dos años se vio sumido en una grave crisis alimentaria (véase Octubre nº 18, junio de 2008); por otra parte, esa gran población hacinada en condiciones de miseria ha multiplicado el desastre provocado por el terremoto.
Ahora, el seísmo ha sido aprovechado rápidamente por el ejército yanqui para implementar el “nuevo pensamiento” de Obama en este país, enviando una fuerza militar que en un principio fue de más de 12.000 soldados, y que ya asciende a casi 20.000. Una auténtica fuerza de asalto de respuesta rápida, la 82ª División Aerotransportada, que ejecutó las invasiones a la R. Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá (1989) (1). Con esta rápida operación (“legitimada” públicamente con continuas alusiones a desórdenes y saqueos, tanto en la prensa norteamericana como en la europea) EEUU se podría estar asegurando los enormes depósitos de petróleo y minerales, como el uranio, que al parecer esconde el subsuelo haitiano, y que desde hace décadas son considerados como “reservas estratégicas” por los yanquis. Y no sólo eso: ahora, a través del Comando Sur, la MINUSTAH pasa a estar bajo las órdenes del Comando Conjunto de Estados Unidos, que controla la isla como si de una nueva base militar se tratara. Y no es para menos: con ella, y teniendo en cuenta las bases en Colombia, las posiciones de los EEUU rodean el Caribe y cortan el paso entre Cuba y Venezuela.
Así las cosas, el futuro de Haití está indisolublemente ligado al fortalecimiento de la revolución en toda América Latina, pero también a la reconstrucción de las organizaciones revolucionarias haitianas y a la solidaridad de los pueblos, para lograr que cesen las injerencias políticas y militares del imperialismo. A pesar de todas las tragedias sufridas, el pueblo haitiano volverá a levantarse y a luchar para recuperar su libertad y su dignidad, expulsando a los invasores imperialistas.
(1) La actitud del imperialismo norteamericano contrasta con la actuación de Cuba y de los países del ALBA, que han trabajado desde el primer día ofreciendo ayuda humanitaria y salvando miles de vidas. El propio consejero del presidente haitiano manifestó que Cuba «fue el primer país en ayudarnos».
Camus y la Independencia de Argelia
Con motivo del 50º aniversario de la muerte del escritor francés, Albert Camus, han aparecido en la prensa y algunas revistas, artículos y comentarios sobre él. Muchos de esos artículos recogían la célebre frase sobre escoger «entre la justicia y mi madre», que junto a otras tomas de posición, netamente sobre la guerra de independencia del pueblo argelino, dio lugar a fuertes debates en el país vecino. Cierto es que en España apenas llegaron ecos de esos debates, debido, cómo no, a la censura de la dictadura franquista, también es cierto que algunos de los intelectuales de entonces que por vivir en el exilio en Francia sabían de las controversias, casi ninguno tomó parte. El artículo que reproducimos a continuación, aclara sucintamente algunos aspectos sobre la personalidad de Albert Camus, lo que permitirá hacerse una idea más real.
Nils Andersson
Escritor, autor teatral, moralista, buena conciencia de la literatura, Camus se vio constantemente confrontado a la mala conciencia de Sartre. Hoy, como ayer, no se puede dejar de oponer el uno al otro.
Hay quien los cataloga por su origen: popular el de Camus, burgués el de Sartre. Mas si Sartre tiene el mérito de traicionar continuamente a su clase, Camus no sirvió nunca a la suya. Aunque fue él quien afirmó que la literatura no es «servir a los que hacen la historia, sino a los que la sufren», fue Jean Genet, el sartriano el que en sus novelas y obras teatrales arrancó las máscaras del racismo, del colonialismo, de las prisiones, de la homosexualidad, mientras Camus seguía en el Aventino[1]. Algunos dirán que esa es una simple apreciación literaria.
¿El moralista? Echemos un vistazo al serio interrogante sobre su posición durante la lucha de liberación del pueblo argelino. Nacido en Argelia, de madre argelina, denunció fuertemente en 1945, en el periódico «Combat» las matanzas de Sétif» (en la altiplanicie argelina). Era lo que se dice un liberal, favorable a la evolución de la situación colonial. Cuando la tensión se agudizó entre los que defendían la causa nacional argelina y los que defendían los privilegios del colonialismo, él pretendió situarse por encima de la situación, sin tomar partido.
En 1957, Camus recibió el premio Nobel de Literatura, consagración suprema. En esos momentos se desarrollaba la batalla de Argel, que para la población argelina, con los paracaidistas en el Poder, fueron los peores momentos de represión. Empero, al recibir el premio, Camus, en su discurso no pronunció ni una palabra sobre «los que sufren la historia». Preguntado al respecto, condenó que el FLN (Frente de Liberación Nacional) recurriese a la lucha armada y a los atentados (una causa justa que, a su entender empleaba métodos injustos), y soltó una frase de total ambigüedad: « Si un día tengo que escoger entre la justicia y mi madre, escogeré a mi madre por encima de la justicia.»
Por supuesto, Camus quiere que el sistema colonial cambie, incluso lo desea, mas ello deberá hacerse según el buen obrar de los liberales; cuando el otro, el colonizado recurre a su vez a la violencia para enfrentarse a la violencia colonial y lograr su aspiración de independencia, Camus le niega ese derecho que se sitúa «por encima de la justicia». Esta declaración suscitó una polémica que perdura cincuenta años después. La imagen del moralista se resintió, mas la ambigüedad de la frase autorizaba múltiples interpretaciones. Tres meses después de estas declaraciones, el gobierno secuestró el libro de Henri Alleg, «La Question» En protesta contra ese secuestro Jean Paul Sartre, esa mala conciencia de los «justos», y tres premios Nobel de literatura, André Malraux, Roger Martin du Gard y François Mauriac, firmaron un solemne llamamiento al presidente de la República exigiendo el fin de la tortura en Argel. ¡Camus se negó a firmarlo! Terminó el equívoco: negar el derecho de los argelinos a rebelarse, es simplemente tomar partido por el mantenimiento del orden colonial; al negarse a condenar «la justicia de la tortura», el moralista cayó de su pedestal.
(Tomado de « La Forge» órgano del PCOF, enero de 2010)
[1] Colina de Roma, «irse al Aventino» para los que huyen de los problemas o no se enteran. Podríamos equiparar a “estar en el limbo”(Nota del T)
A Vuelapluma #33
Julio Calafat
Vaya con la lideresa, tan peripuesta siempre, sonrisa de fijador, ojillos cruzados, arrugas mal escondidas. ¡Y qué mentalidad tan retorcida tiene la Sra. Condesa de Murillo! La frasecita se las trae: «…hemos tenido la inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa.» Se refería a Ruiz Gallardón, según las opiniones. No seremos nosotros quienes defendamos a ese ex jefe de los fascistas guerrilleros de Cristo Rey. Llama la atención que la tigresa y sus ayudantes prefieran tener a un miembro de IU, aun considerado «indubitado», en vez de a uno de su propio partido. Cuidado deberá tener la ya maltrecha IU, nunca se sabe, mas si se echa un vistazo atrás y vemos la lista de prófugos, renegados y otras lindezas…Y esta señora, a la que a chulería no la gana ni la oronda Rita, con total desparpajo , pide disculpas por lo de hijoputa a los de su partido « que se sientan ofendidos» que por lo visto deben hacer cola, ¿no?
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La religión es mucho más que opio para el pueblo, es además, una cruel tomadura de pelo. En los EE.UU. un predicador evangelista, Pat Robertson, ha encontrado el porqué del terrible seísmo de Haití: No se ha debido a la acción de las placas tectónicas y las fallas geológicas, no, según ese santo hombre, la culpa es de los haitianos que tienen un pacto con el diablo. Sí, estáis leyendo bien. Y afirma que todos los desastres que sufre Haití, las hambrunas, calamidades, dictaduras, ocupaciones militares, etc., etc., etc. desde 1804, es porque para lograr su independencia de Francia, se aliaron con Satanás el cual expulsó a los franceses, y desde entonces los haitianos son malditos…
El tal Robertson, fue candidato a la presidencia de los EE.UU.
(Datos tomados de “Dossier del CAUM”)
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Aznar, el iluminado siervo de Bush II, el mentiroso y tramposo cómplice de la cruel agresión a Iraq, y por eso criminal de guerra, (sin juzgar aún…), acumula méritos para ser uno de los más deleznables individuos de estos pagos: Hace unos días declaró en Israel ante los dirigentes nazisionistas «Este país-Israel- es tan parte integral de Occidente como España…» y «…debemos levantarnos en defensa de Israel…». Es decir, en defensa del genocidio palestino, del asesinato selectivo, de la matanza indiscriminada…de Sabra y Chatila, o la masacre de Gaza, el empleo de gas contra la población, de bombas a fragmentación, de la colonización manu militari , la destrucción sistemática de viviendas palestinas, etc., etc. Este Sr. Aznárido Primero, va de par con el mafioso payaso Berlusconi (con perdón de los payasos). Recientes declaraciones del llamado «cavaliere»: «Israel es el mayor ejemplo de democracia y libertad en Medio Oriente…», y para que no quede duda de qué es la democracia para este triste individuo, remató su intervención calificando de «justo» el ataque a Gaza…
Pues nada, a la salud de Franco y Mussolini… ¡Qué asco!
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«Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde» (Voltaire) Valedero para todos los pueblos, incluidos el palestino y el saharaui, el hondureño y el iraquí, etc., etc., etc.
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Apuntes breves sobre fiscalidad
La simple lógica nos dice que si, como ocurre en España, la inversión privada se desploma, el crédito a pymes y familias está cortado y el consumo cae, como consecuencia del paro masivo y el endeudamiento de las familias españolas, que supera ampliamente el 100% de la renta familiar disponible (en 2.007 el endeudamiento llegaba a los 932.000 millones de euros, es decir, el 120% de la renta familiar), la actividad económica no se recuperará sin la intervención del Estado.
Zapatero se ha quitado la careta social para enseñar el lado ultraliberal de su famoso talante. Y el neoliberalismo predica una retórica contraria a la intervención del Estado en la economía, pero practica de forma implacable otro criterio, resumido en este lema: menos Estado para defender a las clases trabajadoras y más Estado para atacar sus derechos
La médula del debate político y económico de los próximos meses va estar en el papel del Estado en la economía, en su doble vertiente: ingreso y gasto público. Para cumplir con la UE, el Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit del 11,4% del PIB actual, hasta el 3%, en los próximos tres años, recortando el gasto. No está dispuesto, sin embargo, a modificar su política fiscal para conseguir más ingresos, gravando a las grandes rentas.
No podemos, por razones de espacio, hacer un análisis más profundo de la política fiscal española. Un rápido vistazo a los principales impuestos, nos permite no obstante, hacerse una idea cabal del problema. Estos son, resumidos, los principales datos:
Distingamos dos tipos de impuestos: los directos (IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) que gravan según la renta, es decir, más a quien más tiene; y los indirectos que gravan, generalmente el consumo, con independencia de la renta de las personas (IVA; impuestos especiales al alcohol, tabaco, combustibles, etc), de modo que la carga fiscal de un litro de gasolina o de un paquete de tabaco, por ejemplo, es la misma si lo compra Botín o un parado de Vallecas, aunque el consumidor no se dé cuenta de ella, porque va incluida en el precio. Resulta evidente que la imposición indirecta es mucho más injusta y menos eficaz, no sólo en términos sociales, sino de ingresos netos, porque los ricos dedican la mayor parte de su renta a especular, mientras que los más pobres no pueden consumir por encima de sus posibilidades, cada vez más limitadas.
Por otro lado, es más fácil controlar la renta de los trabajadores, a través de la nómina, que la de los empresarios que, además de tener una legión de asesores fiscales a su servicio (los mismos “expertos” a sueldo, que nos sermonean con sus letanías de control del gasto público), disponen de trampas reconocidas por la ley, que les permiten camuflar sus beneficios; como la “estimación objetiva”, que determina los beneficios teniendo en cuenta, no los gastos reales, sino otros gastos, índices y módulos preestablecidos con criterios muy generosos, por Hacienda, o las SICAV, de las que hablaremos luego.
Hechas estas puntualizaciones iniciales, veamos a grandes rasgos, la situación de la fiscalidad en España:
El Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF), es el principal impuesto directo: Tras las reformas de 1996, 1998 y 2002, el tipo máximo marginal (el que se aplica a las mayores rentas) pasó del 56% al 48%. Hoy, es el 43%. Es decir, las sucesivas reformas han favorecido a quienes más tienen, reduciendo en trece puntos el tipo de gravamen que deben pagar.
La conclusión es esclarecedora: son los asalariados los que soportan la mayor parte del IRPF. La renta media que declaran los empresarios era en 2.006, de 11.642 euros, mientras que la de los asalariados era de 19.733. Es decir, la media declarada por los empleadores, era casi la mitad de la de sus empleados. ¡Un timo!
El impuesto de Sociedades, es otro de los impuestos directos que grava, en este caso, el beneficio de las empresas. Aunque, formalmente, el tipo básico es del 35%, tiene un tipo especial más bajo del 30% al que se acogen la inmensa mayoría de las empresas (en 2.002 el 83% de ellas y ese porcentaje ha subido desde entonces).
En este impuesto, hay, además, otros tipos aún más reducidos; uno en especial, verdaderamente escandaloso, que grava la renta procedente de las Sociedades de Inversión de Capital Variable ( SICAV), ¡con el 1%! . *(1)
¿Qué son las SICAV? Son empresas de inversión, altamente especulativas, que han de tener, para acogerse al beneficioso trato fiscal, un mínimo de cien socios y 2,4 millones de euros de capital. Es en estas sociedades, donde ponen a buen recaudo parte de sus fortunas los grandes empresarios (además, siempre tienen los paraísos fiscales). No exageramos ni un ápice: a modo de ejemplo, según señala el periodista Julián Rodríguez, en su libro: “Señores de Galicia”, las grandes fortunas gallegas, tienen invertidas en SICAV, unos 2.300 millones de euros (el 7% del PIB de esa nacionalidad, aproximadamente).
Sigamos.Conviene recordar, que el Impuesto de Patrimonio ha sido eliminado. Lo mismo ocurre en la práctica con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en la mayoría de las CCAA tiene exenciones fiscales de entre el 90% y el 99% de su cuota.
Pero aquí no acaba la cosa: el fraude fiscal roza proporciones astronómicas. Algunos datos: según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, solo el IVA no ingresado fraudulentamente, rozaba en el año 2000 el 0,6% del PIB y en 2.008 el 1,6% (más de 15.000 millones de euros). En el Impuesto de Sociedades, el grado de ocultación se estima en el 36% (los estudios de la propia Agencia Tributaria indicaban que los rendimientos netos reales de las empresas que se acogían al régimen de estimación objetiva, eran un 130% superiores a los declarados). Fuente: “El sistema tributario español de la democracia”. FSE 1º Mayo-CCOO
No debe de extrañarnos, pues, que hace unas semanas, los inspectores de Hacienda señalaran que con un control adecuado del fraude, podrían ingresar en las arcas del Estado, unos 100.000 millones de Euros más, que casi doblarían los 121.000 millones previstos para el año 2.010.
Sirvan estos datos, anotados a vuelapluma, para dejar clara la realidad: es posible aumentar, y mucho, los ingresos del Estado, con una fiscalidad dirigida a que paguen más quienes más tienen, porque son precisamente la gran patronal empresarial y financiera española, las grandes fortunas y la casta de rentistas, vividores y parásitos de la España borbónica, los que salen beneficiados con el actual sistema tributario. Y es a cambiar esta situación donde hay que dirigir las medidas políticas: legislativas y judiciales.
En lugar de eso, Zapatero, ha aumentado el IVA del 16% al 18% (esta subida, que entrará en vigor en julio próximo, traerá, a buen seguro, gravísimas consecuencias sobre el consumo, que caerá aún más, el fraude fiscal y la economía sumergida, que se dispararán); a retirar los estímulos fiscales (verdadera “limosna” populista) e incrementar la tributación del ahorro, del 18% al 21% (básicamente, se trata del ahorro de las familias y pequeños empresarios, no de las grandes fortunas que, como vemos tienen demasiados instrumentos para ocultar su riqueza).
Anotemos que el pacto de solidaridad para salir de la crisis al que tanto se refieren, significa realmente, para la derecha, la patronal y los Ministros socioliberales, medidas para descargar las consecuencias de la crisis sobre los trabajadores.
España necesita una profunda reforma fiscal, sí, y con urgencia. Más es justo la contraria de la que quiere imponernos la oligarquía y sus valedores políticos en el Gobierno y en el Parlamento de su borbónica majestad.
*(1).- En verano de 2.008, la Ministra de Hacienda, Elena Salgado, se negó a aumentar el gravamen de las SICAV, con el argumento de que ello favorecería la evasión de capitales a los paraísos fiscales.
J.R.
Responder al capital. Organizar la Huelga.
J. Romero
Los datos conocidos en los últimos días, confirman la catástrofe que vivimos: a finales de Enero, la cifra de paro según la EPA, que es el registro más fiable, superaba los 4.300.000 trabajadores, es decir, el 18,83% de la población activa*(1); 1,2 millones de familias tienen a todos sus miembros activos en paro; el déficit público se ha disparado hasta el 11,4% del PIB, etc.
Días después y por sorpresa, comienza una febril sucesión de amagos, globos sonda, insinuaciones y decisiones del Gobierno y sus ministros, alguna desmentida apenas cuatro horas después de adoptada. Todas ellas, absolutamente todas, en una misma dirección: atacar a la mayoría trabajadora y reforzar los intereses de la oligarquía empresarial y financiera: subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años, prohibición de las prejubilaciones, drástica limitación de la jubilación parcial, aumento del período de cómputo; recorte en 50.000 millones de euros del gasto público, a lo largo de tres años, (sólo se salvarían de la quema un puñado de partidas, entre ellas, faltaría más, los gastos de las misiones militares en el extranjero, gracias a los cuales, Zapatero puede asistir como invitado de honor al “desayuno nacional de la oración” en EEUU); reducción del 30% al 10% de la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones Públicas, etc. Un programa de recortes, acordados de prisa y corriendo, incumpliendo acuerdos previos, alguno de ellos firmado hace apenas unas semanas.
Sin duda este alocado baile es producto de la torpeza supina de “bambi” y su equipo; pero, hay algo más. Tantas declaraciones y desmentidos seguidos, el continuo sobresalto en la orientación económica del Gobierno socioliberal, ha tenido para la oligarquía la virtud de llevar el debate a su terreno, colocando en el centro las propuestas del Gobierno, la derecha y la patronal (tanto da, porque todas van en el mismo sentido de reducción del gasto público, mantenimiento de la fiscalidad regresiva, fomento de la transferencia de rentas del trabajo al capital y recorte de los derechos sociales y laborales de los trabajadores).
Con esta ofensiva la oligarquía quiere recuperar la iniciativa, hurtando del debate otras propuestas, no sólo posibles, sino absolutamente necesarias y urgentes, para frenar la crisis de una forma racional y eficaz y con una perspectiva de progreso.
En nuestro tríptico de propuestas contra la crisis, publicado en Noviembre de 2.008, (ver en nuestra página Web: www.pceml.info), después de advertir que la única solución definitiva es la superación revolucionaria del capitalismo y su sustitución por un modelo productivo planificado y controlado socialmente, señalábamos una serie de medidas que conformaban un programa de intervención inmediata y urgente en la economía, en un sentido de progreso social y que permitirían paliar los demoledores efectos de la crisis sobre las clases populares. Muchas de las medidas propuestas por los sindicatos en los meses siguientes, coincidían con ellas.
Desde el principio, hemos insistido en que es imprescindible la intervención del Estado en la economía, imponiendo, sí, imponiendo a la oligarquía empresarial y financiera, que ha demostrado sobradamente no estar dispuesta a ceder voluntariamente un ápice de su control, un plan dirigido en primer lugar a mejorar la situación de los parados y los sectores que más sufren las consecuencias de la crisis: inmigrantes, mujeres y jóvenes (restablecimiento de la causalidad en los contratos, subida del Salario Mínimo hasta el 60% del Salario Medio; fomento de la vivienda pública en alquiler, mantenimiento del subsidio de paro a los parados de larga duración; prórrogas en las hipotecas, etc.).
Un programa que asegure, bajo estricto control público, la concesión de crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, llegando a la nacionalización de aquellas entidades que se nieguen a contribuir a mejorar la situación; y que obligue a los empresarios a destinar una parte de su beneficio a la creación de empleo e inversión productiva. Tratábamos también de la prioridad de reforzar el empleo, primero el empleo público, desarrollando los servicios y actividades sociales y creando un sector público industrial, financiero y empresarial; prohibiendo el recurso a la contratación eventual sin causa justificada; recuperando la opción por el trabajador, entre la readmisión o la indemnización en caso de despido improcedente, etc.
Como vemos, las medidas que proponíamos y en las que han venido insistiendo con más o menos intensidad los dos principales sindicatos de masas, son todas, medidas que van en un sentido diametralmente opuesto al que quiere imponer el Gobierno, la derecha y la oligarquía empresarial y financiera.
Al punto que hemos llegado, el gobierno socioliberal de Zapatero debe ser combatido con todas las fuerzas. Es cierto que tras el revuelo generado, han desmentido sus últimas amenazas y suavizado su propuesta de reforma laboral, pero nadie puede fiarse de su sinceridad. Más bien al contrario, queda claro que el social liberalismo se ha quitado la careta del talante dialogante, para ponerse la de la “responsabilidad de gobierno”. Nada cabe esperar de él, sino más de la misma política reaccionaria, aderezada con retórica social.
Decíamos en nuestro número anterior que, tras el 12 de Diciembre, la clase obrera debía reforzar su unidad y organización y comenzar a preparar las condiciones para una Huelga General. Los acontecimientos de los últimos días vienen a reforzar este criterio.
Conocidas las últimas decisiones del Gobierno, luego desmentidas cínicamente, como decimos, por sus portavoces, CCOO de Madrid, convocó en dos días una Asamblea General, celebrada en un ambiente de gran combatividad, con la presencia de más de 2.000 delegados, que desbordaban sobradamente el Salón de Actos de la sede de Lope de Vega.
En ella, el Secretario General, Ignacio Fernández Toxo, amenazaba con responder con una contundencia proporcional al ataque del Gobierno y anunciaba la decisión de convocar, conjuntamente con UGT, movilizaciones en todas las capitales españolas, en la semana del 22 al 26 de Febrero. Sin duda eso está bien como respuesta urgente, pero el ambiente general iba mucho más allá.
Al cierre de esta edición la prensa informaba de que la dirección de los sindicatos, consideraba aceptables las nuevas propuestas de Zapatero, para iniciar la negociación de la reforma laboral. En los próximos días se reune el Consejo Confederal de CCOO, y es posible que éste decida no ir más allá de la convocatoria de las manifestaciones anunciadas. Pero la radicalización de la lucha de clases es solo cuestión de tiempo, porque la oligarquía y sus valedores políticos no van a cejar en sus planes.
Por eso, es ya urgente que el movimiento obrero comience a preparar la Huelga General. Antes del 12 de Diciembre, la falta de movilización previa y de agresiones claras del Gobierno (aunque su condescendencia con la gran patronal, es de por sí, una agresión, máxime en época de crisis), junto al miedo a que, a falta de referencias políticas, la movilización terminara reforzando al PP, eran argumentos para retrasar su convocatoria. Hoy no lo son.
El social liberalismo muestra su verdadera faz y se ha rendido sin condiciones, ni matices, a la derecha más dura y, con ello, puede dar por perdidas las próximas elecciones, (si el desarrollo de la crisis, no termina imponiendo un adelanto electoral). En cualquier caso, ellos solos se habrán ganado a pulso la derrota.
Ahora bien, si la clase obrera enseña su fuerza, que es mucha, como demostró en la movilización general de diciembre, el Gobierno, sea el que sea, podrá aprender dos lecciones: la primera, que la oligarquía no puede seguir imponiendo su programa político, sin una respuesta contundente. Y, la segunda, que, aunque la fuerza social y el poder reivindicativo del proletariado no tienen aún una expresión política organizada, eso no significa que sea indiferente a la política que adopte el Estado capitalista.
Tras la Huelga General, seguirá pendiente el problema de construir esa referencia sin la que la lucha del proletariado perderá gran parte de su eficacia, pero hoy es tiempo de actuar. Y cuanto más se tarde en hacerlo, más difícil será recuperar la iniciativa frente a la oligarquía.
¡¡Adelante pues, a organizar la Huelga General!!
*(1).- Si se aplicara la metodología actual, el record de paro anterior, que data de marzo de 1994, el 24,5%, equivaldría hoy al 18,2 %. El País, 31 de Enero de 2.010)
