ECUADOR: Ley de tierras, una reforma necesaria

En Marcha, semanario del PCMLE, nº 1502

La propuesta de un pre-proyecto para limitar el acaparamiento de las tierras, encontrar mecanismos para que sectores desposeídos tengan acceso a éstas y lograr un real desarrollo y crecimiento del campo genera un intenso debate entre los pueblos y el rechazo de la oligarquía que ve afectados sus privilegios.

La reciente propuesta sobre la Ley de Tierras presentada por un grupo de académicos y organizaciones agrupados en el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador, SIPAE, que contó con el respaldo de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria, ha puesto, nuevamente, en el tapete de discusiones la necesidad de debatir el tema agrario, la eliminación del latifundio, acabar con el acaparamiento y encontrar mecanismos para que los campesinos pobres y comunidades tengan acceso a las tierras hoy improductivas.

Este anteproyecto de Ley que empezó a ser socializado, denuncia la injusta distribución de tierras que existe en el país y su concentración y reconcentración bajo el nombre de industrialización, por lo que plantea “democratizar el uso y el acceso a la tierra”, poniendo límites al acaparamiento; redistribuir las tierras improductivas y la recuperación del suelo, rompiendo esa vieja práctica de respeto y servilismo a las Cámaras de Agricultura y más sectores agro empresariales, quienes en realidad han diseñado todo el aparato que garantiza a un reducido grupo de familias que “influyen” económica y políticamente en la vida del país, la propiedad de grandes extensiones de tierra y el aprovechamiento, en su beneficio, incluso de áreas comunitarias de tierra.

Entre los objetivos del proyecto están la regularización de la propiedad agraria; garantizar el acceso a las tierras para los comuneros y campesinos pobres; sobre la propiedad en los territorios de los pueblos y nacionalidades; establecer la modalidad de las afectaciones de las propiedades que no cumplan con la función social y ambiental; la creación de un Fondo Nacional de Tierras, que financiaría la adquisición de predios a favor de los pobladores rurales, entre otros aspectos. En torno a poner límites al acaparamiento de tierras, el proyecto señala que “se entenderá por concentración de la tierra cuando en un predio, o sumados varios de ellos, la superficie supere las 500 hectáreas como parte de una sola propiedad privada”. 500 hectáreas son consideradas por varios dirigentes indígenas como un número elevado, pues de acuerdo al III Censo Agropecuario del año 2000, y publicado por el SIPAE, un poco más de 6 mil UPA’s (2,3%) con superficies de 100 hectáreas y más concentraban el 42,6%, de las tierras de uso agropecuario, mientras que 535.309 UPA’s inferiores a 5 hectáreas ocupaban el 6,3% de la tierra.

Como era de esperarse, esta propuesta es cuestionada por elementos que han vivido de las “seguridades” que el aparato capitalista les brinda y lo califican como un proyecto “traído de los cabellos” (Simón Cañarte en Teleamazonas), de “irracionalidad ideológica” (Manuel Maldonado) y que acarreará “más problemas que beneficios”, ya que tal como ocurre con la propuesta de Ley del Agua “será conflictiva y terminará también en el limbo” (Bolívar Cevallos, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona), en una clara defensa del status quo que les ha asegurado el disfrute de bienes muchas veces fruto de acuerdos dolosos.

Se avizoran días de intensos debates y ataques como los que realizará la derecha en una clara manipulación de la opinión pública sobre la base de que se irrespeta a la propiedad privada, que empiezan por las tierras y continuarán con otro tipo de bienes, como las viviendas, vehículos, semovientes y mas mentiras que impactan principalmente a los sectores rurales.

La izquierda y los sectores revolucionarios debemos estar claros que, si bien este proyecto no garantiza completamente la redistribución de la tierra bajo el principio de que la tierra debe ser para quien la trabaja, contiene elementos importantes para los sectores empobrecidos del campo, de allí que es necesario entrar en un profundo debate y explicación para ganar razón en el hecho que el acaparamiento de tierras es el principal problema que soportan los sectores campesinos, por lo que se torna necesario impulsar estas y nuevas propuestas que garanticen las demandas de la población y la satisfacción plena de sus necesidades.

Libertad para Marcelo Rivera

Que el mundo conozca
http://libertadmarcelo.wordpress.com/

El día 8 de agosto se cumplieron 8 meses de prisión de Marcelo Rivera, presidente de la FEUE Nacional. Mucho tiempo para cualquier persona y más para un dirigente estudiantil acostumbrado a desarrollar una intensa vida política.

Marcelo es un preso político. El primero de esa naturaleza bajo el gobierno de Rafael Correa. Su detención responde a un acuerdo entre Correa y el rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego. Como se recordará, en una de sus tantas cadenas sabatinas, el Presidente de la República demandó la detención del presidente de la FEUE por luchar a favor de la autonomía universitaria, por la gratuidad de la educación y en contra de una Ley de Educación Superior que en este momento está debatiéndose en la Asamblea y que coarta esos principios universitarios. El rector Samaniego encontró la oportunidad para cumplir el pedido de Correa y aprovechándose de los acontecimientos producidos el 8 de diciembre en la Universidad Central levantó una falsa acusación en contra de Marcelo Rivera. La Policía cumplió lo demás, que por cierto sabía de antemano para qué iba a la universidad aquel día.

La derecha y en general los enemigos de la izquierda revolucionaria saborean como su victoria la prisión de Marcelo; la juventud estudiantil, por el contrario, demanda su libertad. Diversas movilizaciones se han hecho en varias ciudades del país exigiendo la inmediata libertad del presidente nacional de la FEUE, pero aún no las suficientes para arrancar a Marcelo de las mazmorras del gobierno.

Ya disponible el Semanario “En Marcha” N1499

http://www.pcmle.org/EM/

ECUADOR: Editorial del Semanario En Marcha #1491

Para el Presidente Rafael Correa la aprobación de la Ley de Aguas no es una prioridad y por lo tanto la Asamblea debería abandonar su discusión; algo similar piensa respecto de la Ley de Comunicación. Ahora dice que es un tema de segunda importancia cuando meses atrás aparecía como fundamental. Seguramente opina lo mismo respecto de otras leyes que esperan en los archivos de la Asamblea y sobre las que importantes organizaciones populares tienen duras críticas.

Cuando el Presidente piensa así demuestra que poco le importa el constitucionalismo que tanto dice defender. O para usar una frase muy popular, se limpia con lo aprobado en Montecristi. La Constitución sancionada por el pueblo en referéndum obliga a la Asamblea la aprobación, en un tiempo determinado que ya se cumplió, de un número determinado de leyes entre las que se encuentran las antes señaladas, así como las de educación, de la defensoría pública, la que regula el funcionamiento de la Corte Constitucional, entre otras.

El apego que Correa dice mantener a las normas jurídicas se manifiesta de manera particular cuando las puede utilizar como instrumento de represión en contra de la protesta popular y los dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, del magisterio, etc. Los juicios a dirigentes populares son varios y las acusaciones de terrorismo y sabotaje se están convirtiendo en algo común en la vida política del país. Correa cree tener el derecho de violar la Constitución cuando le parece, y para ello cuenta con un grupo de alza manos en la Asamblea.

Ese comportamiento es una de las tantas muestras del abandono del Presidente y PAIS al proyecto político por el que votó el pueblo. Como lo es también el acercamiento que opera con los denominados sectores “productivos”, es decir los empresarios organizados en las distintas cámaras. Hace pocos días, cuando el gobierno presentó la Agenda Productiva, Correa los convocó a trabajar juntos por el desarrollo. Pero a los maestros, a los indígenas, a los estudiantes los calumnia, los combate, los sataniza.

El gobierno tiende puentes internos con los empresarios, pero lo hace también con el imperialismo y recibe a Hillary Clinton, representante de un Estado que ha sembrado de sangre los territorios en los que sus tropas han pisado suelo. Por la presión popular Correa no ratificó el “convenio” de la base de Manta con los gringos, ahora abre sus brazos a una representante del guerrerismo yanqui.

Dime con quién andas y te diré quién eres, dice nuestro pueblo.

El artífice del cambio es el pueblo

El grado de aceptación que el actual gobierno tiene es otro de los tantos puntos en los que se marca la diferencia con los gobiernos anteriores. Al cabo de dos años, el gobierno ha roto el récord de aceptación a su gestión: inició con el setenta y tres por ciento y culmina con el 70%, mientras la credibilidad de la palabra del Presidente se movió del sesenta y ocho por ciento al sesenta y uno por ciento. En ambos casos niveles que ningún gobierno pudo sostener en veinte y cuatro meses de administración.

Eso se debe en lo fundamental a la correspondencia mantenida por Correa entre el discurso político y su gestión. En varios aspectos los sectores más empobrecidos han sentido el apoyo gubernamental para enfrentar problemas que los han acompañado durante años; la política asistencialista (bonos, subsidios, focos gratuitos…) que en algo alivia la vida diaria ha producido un sentimiento de agradecimiento hacia el gobierno, aunque ello no signifique necesariamente una adhesión política (consciente) al proyecto en curso. A su vez, Correa ha promovido una reforma política democrática que ha producido una adhesión de importantes sectores que durante años han aspirado y luchado por un cambio, configurando un contingente social que, en este caso sí, se adhiere a las posiciones gubernamentales desde visiones más claras.

Pero es evidente también que hay límites y errores en la gestión gubernamental. No son pocas las ocasiones en las que el Presidente anuncia una medida justa que, a la hora de su materialización o ejecución, se presenta incompleta o limitada. El tema de la deuda externa es un ejemplo: animó a todo el pueblo con el anuncio de no pagarla, pero ha manifestado la decisión de renegociar y recomprar un tramo de la misma.

También ha contrariado la naturaleza democrática y progresista del gobierno cuando ha reprimido la movilización popular o amenaza con intervenir y hasta dividir a las organizaciones populares como la UNE. Comportamientos estos que, sin duda, generan cierta resistencia en sectores populares y dan pábulo para que la derecha y el oportunismo ataquen al proyecto político en su conjunto.

Correa debe asumir la adopción de medidas más radicales, pasar de la acción asistencialista a una que ponga al centro la adopción de medias que conduzcan a la transformación social, que afecte íntegramente lo intereses de la burguesía y del capital extranjero; debe abandonar las manifestaciones de caudillismo y prepotencia para entender que el artífice del proceso de cambio no es él sino el pueblo ecuatoriano.

2009: Profundizar la lucha política

 

Editorial del semanario En Marcha, edición 1431, 6 de Enero 2009   

El 2009 se inicia signado por la criminal agresión del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino asentado en la pequeña franja de Gaza. Israel, con uno de los más poderosos ejércitos del planeta, una vez más acomete contra un pueblo que durante décadas reclama por sus territorios arrebatados. Allí se vive una masacre que ya cuesta la vida de centenares de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, miles de heridos e incalculables pérdidas materiales; se asesina a mansalva con la complicidad del resto de potencias imperialistas y de la ONU. La agresividad del imperialismo no tiene límite, la humanidad ha sido testigo de execrables actos como éste en innumerables ocasiones y, mientras el capitalismo exista, inevitablemente los continuaremos viendo.

En nuestro país, este nuevo año viene con dos aspectos trascendentales para su futuro: los efectos de la crisis económica internacional y el proceso electoral del mes de abril.

La crisis está ya presente en nuestro país y con seguridad sus manifestaciones y efectos serán mayores con el transcurrir de los meses. Un barril del petróleo que hoy se vende a 23 dólares, un déficit fiscal de cinco mil millones de dólares, una balanza comercial no petrolera negativa son algunas manifestaciones de los graves problemas que enfrenta el Ecuador, frente a lo que el gobierno anuncia la revisión del plan de obras públicas y algunos mecanismos para recortar el gasto fiscal. Aún no ha definido lo que sería un integral plan económico para enfrentar la crisis, pero nosotros nos adelantamos a señalar que cualquier plan anticrisis debe guiarse bajo el criterio de precautelar las condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos, mantener la obra pública para asegurar las fuentes de empleo, adoptar mecanismos de protección a la producción nacional y aplicar medidas que hagan que la crisis la paguen los ricos.

El otro elemento, el proceso electoral, en pocas semanas atrapará la atención de toda la sociedad. En este año se pone en juego la representación en la totalidad de los órganos de poder de la institucionalidad burguesa, desde la Presidencia de la República hasta las juntas parroquiales. Se trata de un proceso político sin precedentes en los últimos años, del que la tendencia democrática, progresista y de izquierda saldrá una vez más vencedora.

Para la izquierda revolucionaria es vital no solo participar activamente en este proceso, sino sobre todo aprovechar de él para avanzar, consolidar y desarrollar posiciones. Hacer de este proceso un escenario para difundir las tesis revolucionarias entre el movimiento obrero y popular y esclarecer aquellos puntos de vista que confían en la eventualidad de lograr una auténtica transformación social en el marco de la actual institucionalidad burguesa.

Enfrentar la crisis con la impronta de la defensa de los intereses populares y participar en el proceso electoral con el objetivo de que las fuerzas revolucionarias avancen son tareas que los marxista leninistas las tenemos planteadas para los meses venideros.