El PP valenciano impone la especulación a porrazos en El Cabanyal

Santiago Baranga

En Valencia ya hemos podido ver, sólo en los primeros días de abril, dos cargas policiales contra vecinos de El Cabanyal que se resistían a la destrucción de edificios de este barrio. Rita Barberá y los suyos imponen de esta forma su modelo urbanístico, haciendo caso omiso de las leyes, de los tribunales y, por supuesto, de las razones que asisten a los vecinos afectados.

Es sabido que, en el País Valenciano, las autoridades autonómicas y locales (con mayor énfasis en el caso del PP, pero no sólo) parecen creerse los argumentos con que han ido encubriendo sus incontables atropellos urbanísticos: a saber, y resumiendo, que el modelo desarrollista (léase franquista) basado en la construcción (y en la especulación, la prevaricación y el nepotismo, como se ha ido viendo) aporta riqueza, empleo y bienestar. Tanto da que dos años de crisis hayan demostrado sobradamente la nula validez de tanto “progreso”; el PP valenciano persiste en su línea en El Cabanyal y a lo grande, a golpe de porra y de bulldozer.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El Cabanyal-Canyamelar es un barrio popular, originariamente un pueblo de pescadores, que ha mantenido vivas sus raíces. Allí pintó Sorolla, y allí se formó también, a principios del siglo XX, un notable “modernismo popular” que imitaba las arquitecturas burguesas de la capital. Los sucesivos planes de ordenación urbana respetaron, en general, la configuración original del barrio; pero esa franja litoral era un bocado demasiado apetitoso para los tiburones de la especulación.

Los orígenes del conflicto actual se remontan a 1988, cuando el Ayuntamiento del PSOE, siempre reticente a contrariar de forma decidida los intereses especulativos, dejó sin resolver el planeamiento del Cabanyal-Canyamelar. La derrota electoral en 1991 truncó incluso sus ambiguas resoluciones al respecto; sin embargo, el interés que no tuvo durante sus doce años de mayoría en Valencia se manifestó en 1993, cuando la Generalitat Valenciana de Joan Lerma declaró Bien de Interés Cultural (BIC) al Cabanyal. A pesar de esto, el Ayuntamiento del PP proyectó en 1998 (ya con el PSOE desalojado de la Generalitat) la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta la playa, lo que incluía abrir nuevos espacios para levantar bloque de pisos. Ello supondría la desaparición de 1.651 viviendas, partir en dos el barrio y, por tanto, condenarlo a la desintegración: no sólo cultural, por la pérdida de su identidad como barrio, sino también física, porque así lo debía determinar la especulación subsiguiente.

El nuevo plan para El Cabanyal, denominado cínicamente Plan Especial Protección y de Reforma Interior (PEPRI), concitó de inmediato la oposición de los vecinos, que lo llevaron a los tribunales, que lo paralizaron desde 2002 hasta 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia valenciano dio la razón al Ayuntamiento, considerando «perfectamente legítima la actuación prevista». La plataforma Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos Pavimar recurrieron al Tribunal Supremo, que también dio vía libre al plan del PP en 2008. Fue una muestra más de hasta dónde llega la responsabilidad del “independiente” poder judicial en el crecimiento de la burbuja inmobiliaria y la corrupción que la ha acompañado, pero que nadie parece dispuesto a denunciar. Y es que aun hoy, tras las inhibiciones practicadas con el caso Gürtel y el bochornoso proceso iniciado por los fascistas de Manos Limpias, la judicatura sigue siendo intocable y se permite amenazar a quien ponga en duda su integridad (como hizo la portavoz del CGPJ hace unos días, a cuenta del proceso a Garzón); y eso, a pesar de no haber sido jamás depurada de elementos franquistas.

Pero, mientras el Ayuntamiento se aseguraba el visto bueno de la justicia, iba preparando los mecanismos necesarios para desarrollar su plan, siguiendo las técnicas mafiosas tan bien conocidas por los promotores del país. En julio de 2005 se constituyó la sociedad Cabanyal 2010, con un 50% de capital público y el resto en manos de inmobiliarias. Varias de ellas tienen como presidentes o principales accionistas a miembros del anterior Consejo del Valencia CF y de la Familia Real, ex ministros del PSOE y ex miembros del Consell del PP (1). Esta empresa mixta fue adquiriendo las viviendas de los vecinos que no quisieron esperar a las expropiaciones forzosas, sabedores de que las compensaciones ofrecidas suelen ser bien exiguas; de hecho, los vecinos afectados, generalmente ancianos, están siendo obligados a abandonar sus casas con míseras indemnizaciones de 500 euros por m2, cuando el precio de mercado ronda los 2.350 euros por m2.

Mientras llegaban los derribos, la empresa alquiló estas casas, sin luz, agua ni cédula de habitabilidad, a población marginal y personas sin recursos, incapaces de mantenerlas en condiciones adecuadas, para propiciar el deterioro de la convivencia entre los vecinos. La degradación así inducida se fue transmitiendo a los diversos sectores del barrio, incluidos los que no están afectados por la prolongación de Blasco Ibáñez. Y, además, se fomentaba la creencia de que el barrio seguiría siendo un foco de delincuencia y marginalidad si no se producía la reforma propuesta por el Ayuntamiento. Por si esto no bastara, desde 1998 el Consistorio ha venido denegando la concesión de licencias de rehabilitación; más aún, la alcaldesa ha ido retrasando la rehabilitación del barrio, condicionándola a una resolución judicial favorable, y ha culpado a los opositores por el retraso. Todo ello no ha hecho sino crear una verdadera fractura social en el barrio y acelerar su degradación durante estos doce años, provocando la marcha de muchos de sus antiguos habitantes, lo que ha allanado el terreno a los especuladores.

Está en juego la protección de un conjunto que constituye un paisaje urbano y que, como tal, quedaría gravemente dañado si se llevara a cabo el plan del Ayuntamiento. Pero, ante todo, el conflicto de El Cabanyal pone sobre la mesa las complicidades de un sistema corrompido hasta los cimientos, que viola sistemáticamente los derechos de los sectores populares sin permitirles siquiera que expresen su opinión sobre decisiones tan importantes para sus vidas. Más aún, en cuanto estos ciudadanos expresan su indignación, se les acusa de «violentos» y de estar manipulados, y finalmente se manda a los antidisturbios contra ellos. El Gobierno central, por su parte, sólo reaccionó con una Orden del Ministerio de Cultura del pasado 29 de diciembre de 2009, que consideraba el PEPRI como una expoliación y conminaba al Ayuntamiento de Valencia a suspenderlo inmediatamente. Pero ni esta Orden, ni la paralización decidida por el Tribunal Constitucional, han servido para frenar a un PP que no tiene ningún empacho en violar la legalidad del «Estado de Derecho» cuando le conviene. Algo similar cabe decir de un PSOE al que se le acaba la «firmeza democrática» en cuanto se trata de impedir atropellos a los ciudadanos. En este sentido, es notoria la hipocresía de un partido cuyo delegado del Gobierno colabora con el Ayuntamiento, enviando a la policía a cargar contra los vecinos, mientras sus concejales supuestamente apoyan a éstos frente a las excavadoras.

Durante la carga del 6 de abril, los vecinos concentrados imprecaban a los antidisturbios encargados de asegurar los derribos: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas». Desde luego, no les faltaba razón en una Valencia donde, tras acabar prácticamente con la huerta, los especuladores han vuelto sus insaciables apetitos hacia el mar para llevar a cabo una auténtica deportación programada. Una infamia que, sin duda, ha mostrado a muchos los límites de esta falsa democracia, en la que las declaraciones públicas pueden variar al compás de las campañas electorales, pero donde los ganadores son siempre los mismos, asistidos fielmente por los partidos del régimen, la “justicia” y la policía. Una vecina declaraba, tras la carga policial, que no pensaba que estas cosas sucedieran en España. No sólo suceden, sino que se irán agravando en tanto se intensifique la crisis del sistema, a menos que pongamos fin a tantos desmanes con un profundo cambio político y social, que devuelva las riendas de sus destinos a hombres y mujeres como los de El Cabanyal.

(1) Véase el interesante reportaje “Cabanyal: presente, pasado, futuro”, en www.cabanyal.com.