El amargo fruto de la impunidad
Tomado de: ciudadanosporlarepublica.info
(…) La impunidad del franquismo se extiende hasta el presente. En el profundo desprecio de Esperanza Aguirre por los sindicatos, en el discurso contra los derechos de los trabajadores, en el odio manifiesto a los valores ilustrados y republicanos que la derecha española vomita cada día desde sus puestos en las instituciones, desde ayuntamientos, gobiernos autónomos, pero sobre todo desde radios, televisiones, tertulias, periódicos, lo que hay en el fondo es la vileza de la impunidad.
No se sienten culpables de aquellos crímenes, los siguen considerando como necesarios en su época, y les incomoda sobremanera que se haga un homenaje público a los que hace 70 años supieron luchar por las libertades de todos contra el fascismo. No lo soportan, y les parece una pesadilla que hoy, cuando se ha decretado el fin del estado social y democrático de derecho por la nueva tiranía de los mercados, la memoria histórica de nuestro pasado antifascista pueda inspirar a los luchadores de hoy.
Asistimos en estos días a un debate en la prensa en el que se cruzan artículos sobre la conveniencia o no de exigir el fin de la impunidad del franquismo y se cuestiona la naturaleza de la Transición. Javier Cercas, Joaquín Leguina, Josep Fontana o Santos Juliá han expuesto sus puntos de vista. No han sido los únicos, ha habido más contribuciones, pero los diarios tienen muy controlado el acceso a sus páginas —no vaya a ser que resulte que hay más pensamiento crítico que el que convenga— y no afloran en ellas ni mucho menos las respuestas y reacciones que algunas actitudes reaccionarias están provocando. Digo reaccionarias por la sencilla razón de que, con sus respuestas, algunos defensores de la Santa Transición están demostrando compartir muchos de los prejuicios franquistas y con sus argumentos para considerar la impunidad como necesaria, lo que hacen es seguir la estela del más florido propagandismo neofranquista. Son parte estas posturas de lo que, muy acertadamente, Floren Dimas llama «historiadores casadistas».
Básicamente se trata de un debate entre quienes consideran una necesidad democrática denunciar la impunidad de los crímenes franquistas, una impunidad que llega hasta la actualidad, y además exigen justicia, y los que consideran —desde posiciones que ellos califican como democráticas y que no voy a cuestionar— que estas exigencias hubieran impedido la Transición la democracia y lo que es peor, no se justifican, pues la República se habría deslegitimado por su propia contribución a los «crímenes». Que un destacado militante del PSOE como Joaquín Leguina, o un historiador especialista en la etapa republicana como Santos Juliá asuman tales consideraciones y lo hagan además indignados por lo que ellos llaman ataques a la Transición, lo que nos muestra es la herencia de confusión moral que nos legó el franquismo.
A ver señores, lo que afirmamos muchos en esta batalla por la memoria, que es una batalla por los valores democráticos y republicanos en este atribulado presente que vivimos, no es que la democracia actual, o la constitución del 78, tengan sus referentes en la IIª República o en la constitución de 1931. No es eso. Lo que decimos es que el actual régimen se ha basado en la impunidad del franquismo y sus crímenes. Y no hablo solamente de los crímenes del verano de 1936, sino de los que llegan hasta los años mismos de la Transición. Es más, afirmamos claramente que lo que está impidiendo cuestiones tan obvias como escribir negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado que el Régimen de Franco fue ilegal, criminal y genocida, que su aparato represivo fue ilegal y no solo ilegítimo, sus sentencias una falacia y una burla, y sus víctimas cientos de miles, no son cuestiones relativas a ese pasado más o menos lejano, sino otras más relacionadas con el presente.
Si la impunidad envilece, España es un país extraordinariamente lleno de gentes envilecidas. La salud de nuestro sistema político, la de nuestra democracia, se resiente de todo esto. La derecha española es claramente postfranquista, concepto que se ha de explicar. Son postfranquistas, porque se sienten herederos de los franquistas (son ellos mismos, sus hijos o sus nietos), lograron ganar su golpe, su guerra y su transición, perdonaron a sus víctimas en ella y son la mitad del cielo en la flamante democracia actual en la que nos dan lecciones diarias de «libertad», «liberalismo» y «libre empresa». No necesitan ser franquistas ahora porque sus abuelos ya hicieron el trabajo sucio. Unos sacudieron el árbol y estos siguen disfrutando de los frutos.
Los hijos de los fascistas se han vuelto neoliberales y consideran todas las discusiones sobre el pasado sorprendentes y anacrónicas. Su triunfo como clase social —dominaron la sociedad de postguerra y el periodo de cambio posterior— fue tan absoluto que se permitieron el lujo de no tener que sacrificar ni a uno solo de sus perros de presa, ni uno solo de sus sayones y asesinos de uniforme tuvo que ser sacrificado simbólicamente. No importó cuáles fuesen sus crímenes, ni cuán despreciables fuesen; los Conesa, Ballesteros, etc, se jubilaron con honores y condecorados, y hasta alguno de aquellos miserables torturadores que defendieron con la violencia y el terror la dictadura pero cayeron en la lucha, son hoy considerados como «víctimas del terrorismo» en un ejercicio de cinismo político difícilmente igualable.
Si esto fue así con esos sujetos, la hez del régimen, qué decir de las grandes fortunas, los empresarios, de las familias de gentes del movimiento, de todo el entramado social que se benefició de la guerra y el exterminio físico de cientos de miles de compatriotas. Les descompone hablar del pasado y de las luchas en defensa de las libertades y los derechos sociales de los trabajadores desde hace dos siglos. La ignorancia y el prejuicio se blindan mutuamente. La mejor prueba de que tienen razón, piensan, es su propio éxito social y han encontrado en los neocon norteamericanos su modelo ideal; son dominantes, adoran el dinero, justifican biológicamente las desigualdades sociales y son ferozmente anticomunistas. Esta derecha española postfranquista se horroriza al ver acercarse el espejo del pasado que la lucha por la memoria les trae. No soportan su reflejo. Podrían negar su relación con los crímenes franquistas, condenarlos inequívocamente, pero no lo hacen. Para ellos «aquello» fue necesario «entonces», y forzarles a reconocer esto públicamente ahora les incomoda, al menos a los más moderados, pues un sector creciente de la derecha extrema no duda en defender abiertamente el franquismo por lo que tuvo de «anticomunismo».
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El Dos de Mayo del Partido Popular
Carlos Hermida
Un año más, la conmemoración de los hechos del 2 de mayo de 1808 ha servido para que el Partido Popular difunda a gran escala el rancio nacionalismo españolista del que es fiel abanderado. El Ayuntamiento y la Comunidad –Gallardón y Esperanza Aguirre– nos han obsequiado con una orgía de patrioterismo castizo que presenta aquellos hechos como el inicio de una nueva Reconquista, la Covadonga madrileña, cuando la España eterna se alzó contra los nuevos infieles, pérfidos musulmanes en el 711 y malignos franceses en 1808.
La charanga patriotera, los desfiles militares, las ofrendas florales y las tergiversaciones históricas dejan en penumbra los aspectos revolucionarios de la guerra y la enorme responsabilidad de la monarquía en el desencadenamiento de la contienda. La Guerra de la Independencia no fue un levantamiento unánime de los españoles contra el invasor en defensa de la monarquía tradicional y la fe católica, tal y como difunde cierta historia oficial. Fue un proceso mucho más complejo en el que se entrecruzaron proyectos políticos diferentes en una coyuntura de crisis del Antiguo Régimen, y los orígenes del conflicto bélico no hay que buscarlos solamente en la ambición imperial de Napoleón Bonaparte y su proyecto de hegemonía francesa sobre el continente europeo. Están ligados también, y de forma muy directa, a las luchas internas de la monarquía española.
En la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 se produjo el denominado motín de Aranjuez, instigado por el príncipe Fernando, hijo de Carlos IV, sectores de la nobleza y del clero, con el objetivo de apartar del gobierno a Manuel Godoy, responsable de la política española desde 1793, y conseguir la abdicación de Carlos IV en su hijo. Los amotinados lograron sus dos objetivos. Godoy fue detenido y depuesto de sus cargos y Carlos IV se vio obligado a abdicar. De esta forma, Fernando VII se convirtió momentáneamente en rey, arrebatando el trono a su padre, quien recurrió a Napoleón para recuperar lo que había perdido de tan mala manera. La carta que dirigió al emperador francés no tiene desperdicio:
Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar la corona, acude a ponerse en los brazos de un gran monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda su familia y de sus fieles vasallos.
Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias (…)
Yo fui forzado a renunciar, pero asegurado con plena confianza en la magnanimidad y el genio del hombre que siempre ha mostrado ser amigo mío, yo he tomado la resolución de conformarme con todo lo que este hombre quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la Reina y la del Príncipe de la Paz.
Dirijo a V.M.I. una protesta contra los sucesos de Aranjuez, y contra mi abdicación. Me entrego y enteramente confío en el corazón y amistad de V.M.I. (…)
Ante estas circunstancias, Napoleón, cuyas tropas habían entrado en España tras la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), consideró que la incapacidad y corrupción de la monarquía española permitiría sin grandes dificultades la anexión de España al imperio francés. Llamados por el emperador a Bayona, Carlos IV y Fernando VII acudieron con presteza a la cita y allí, en presencia de Napoleón, padre e hijo discutieron, se insultaron, y terminaron abdicando en Bonaparte, a cambio de varios castillos en Francia y una renta de 30 millones de reales. De esta manera bochornosa, los Borbones traicionaron y vendieron a su propia patria, cuando eran los máximos responsables de su defensa e independencia. Napoleón nombró rey de España a su hermano José I y Fernando VII pasó a vivir un exilio dorado en Francia.
La sublevación madrileña del 2 de mayo, simultánea a los acontecimientos de Bayona, fue un levantamiento popular. La nobleza permaneció encerrada en sus palacios y los militares en sus cuarteles, a excepción de un puñado de oficiales que decidió enfrentarse a los franceses desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Los jefes militares hicieron gala de cobardía, indignidad y traición.
La guerra adoptó desde sus inicios planteamientos revolucionarios. Frente a la parálisis y colaboracionismo de las autoridades tradicionales, surgieron unos nuevos órganos de gobierno que asumieron el poder y la soberanía. Fueron las Juntas, en principios locales y poco después provinciales, hasta la formación de la Junta Suprema Central, quienes se encargaron de organizar y dirigir la resistencia. Aunque en la mayoría de los casos estaban integradas por personas notables que provenían de los grupos dirigentes del Antiguo Régimen, su propia existencia suponía una ruptura con la organización política del anterior absolutismo monárquico. Por otra parte, la temprana derrota del ejército propició una nueva forma de lucha: la guerrilla. Se trata de un tipo de guerra irregular en el que partidas integradas fundamentalmente por campesinos, artesanos y miembros del clero hostigaban de forma continuada al ejército francés, atacando los destacamentos que protegían cargamentos de víveres o municiones, cortando vías de comunicación, destruyendo almacenes, etc. Contando con el apoyo de la población y el conocimiento del terreno, y evitando siempre los enfrentamientos a campo abierto, los guerrilleros obligaron a Napoleón a mantener en España un fuerte contingente de tropas para asegurar las principales ciudades.
Es evidente que la mayor parte de los españoles rechazaron la presencia francesa, pero hubo una minoría, los afrancesados, que colaboraron con José I. Algunos lo hicieron por oportunismo político, pero otros pensaban sinceramente que la nueva monarquía pondría en marcha reformas económicas y administrativas y modernizaría el Estado. Y no les faltaba razón. Dentro de sus limitaciones, José I suprimió la Inquisición, abolió la jurisdicción señorial, eliminó las aduanas interiores e inició la desamortización eclesiástica. Además, España tuvo durante esos años su primer texto constitucional, el Estatuto de Bayona, concedido por el propio Napoleón, en el que se suprimían los privilegios estamentales. El hecho de que la mayoría de los españoles rechazara la monarquía josefina no debe ser un obstáculo para reconocer que estas reformas constituyeron un claro avance respecto al absolutismo de Carlos IV, y el cruel despotismo aplicado por Fernando VII a partir de 1814 nos inclina a pensar, con la perspectiva que dan doscientos años de distancia, que el triunfo sobre los franceses fue un auténtico desastre para la mayoría de los españoles.
Los que decidieron enfrentarse con los franceses mantenían posiciones políticas e ideológicas muy diferentes. El clero, que tuvo una participación importantísima en la resistencia, luchaba por la continuidad del Antiguo Régimen, el absolutismo monárquico, los privilegios de la Iglesia y el mantenimiento de la Inquisición. Clérigos y frailes, como el cura Merino o “El Trapense”, para quienes Napoleón era la encarnación del mal, llamaron a la lucha y participaron activamente en la guerrilla.
En el sector opuesto figuraban los liberales, quienes comprendieron que la situación revolucionaria abierta por la guerra ofrecía el marco adecuado para desmantelar el Antiguo Régimen, establecer en España una monarquía constitucional y poner en marcha las reformas necesarias para la implantación plena del capitalismo. Representantes de los intereses de la burguesía, su programa político se concretó en la Constitución de 1812 y en la inmensa labor legislativa de las Cortes de Cádiz. Sin embargo, los decretos, las leyes y la propia Constitución elaborada por las Cortes gaditanas sólo podrían aplicarse tras la expulsión de los franceses y el retorno de Fernando VII. Y aquí residió el gran error y la enorme tragedia de esos liberales. Mientras combatían por la vuelta del que consideraban el rey legítimo, Fernando VII , conocido como El Deseado, vivía tranquilamente en el castillo-palacio de Valencay, enviando escritos de adhesión a José I, felicitando a Napoleón por sus victorias y solicitando al emperador que le convirtiese en su hijo adoptivo.
Los liberales no sólo pecaron de ingenuos al confiar en un individuo tan indeseable como Fernando VII, sino que tampoco fueron capaces de romper la influencia de la Iglesia sobre el campesinado. Para ello hubiese sido necesario dar una salida revolucionaria a la propiedad señorial de la tierra. La abolición de los señoríos, sin hacer distinción entre los jurisdiccionales y los territoriales, y la entrega de la tierra a los campesinos, habría permitido forjar una alianza entre las masas campesinas y la burguesía urbana, privando a los sectores absolutistas de los apoyos que disfrutaban en el mundo rural. Sin esa alianza, el primer intento de revolución liberal-burguesa iniciado en Cádiz estaba condenado al fracaso. Al liberarse del dominio francés, el pueblo español se encadenaba al despotismo fernandino. Una amarga victoria.
Madrid está hoy invadido por un ejército de especuladores inmobiliarios y corruptos políticos neoliberales dedicados a destruir los servicios públicos básicos. Capitaneados por Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, los nuevos invasores privatizan la sanidad y la enseñanza, provocando un desastre social de incalculables consecuencias. El mejor homenaje que podemos rendir a los combatientes del 2 de mayo es iniciar un movimiento de rebeldía cívica que expulse a estos bárbaros que destruyen nuestro futuro. Construyamos un fuerte movimiento republicano para recuperar Madrid sobre la base de los principios de la justicia, la igualdad y la solidaridad.
¡¡¡ MADRID POR LA III REPÚBLICA!!!
