Colombia: Mercenarios amenazan Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Colombia: La reforma a la Justicia Penal Militar, otro capítulo de la guerra jurídica

El anuncio del ministro de defensa colombiano de crear una comisión para reformar la justicia penal militar (JPM) colombiana, ha hecho saltar de nuevo las alarmas en la comunidad de defensores de los DDHH y en las asociaciones de víctimas de crímenes de estado. Dicha comisión estará conformada por un miembro del ejército y otro de la policía nacional (ambos en retiro), y por tres ex magistrados de la corte constitucional. Según el ministro, la función de la comisión está clara: “reconstruir la seguridad jurídica de los militares y policías”. El ministro de defesa no tuvo ningún reparo en reconocer que, según él entendía, la “inseguridad jurídica” de soldados y policías radicaba en que la justicia ordinaria (JO) ha sumido “todos” los casos de delitos ocurridos en operaciones de miembros de estas instituciones (lo cual es falso, pues a noviembre de 2009 existían 249 casos en disputa de competencias entre la JO y la JPM (1), y para finales del año 2010 la JPM instruía 448 casos relacionados con violaciones (2) a los derechos humanos y el derecho humanitario).

Hay que recordar, que los casos que han generado la polémica, son las permanentes y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra; sobre los cuales, atendiendo a la gravedad de los mismos y a las constantes denuncias de víctimas y defensores de derechos humanos, han forzado a la JO a reclamar su jurisdicción frente a la JPM para juzgar estos crímenes (los antecedentes más cercanos son los casos de ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes del barrio de Soacha, Bogotá; que llevaron a la oficina del Comisionado para los DDHH en Colombia, a pedirle al gobierno que aceptara la visita del relator para las ejecuciones extrajudiciales de NU en Junio de 2008).

En entrevista al diario El Tiempo, el ministro prosigue diciendo que: “Lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho es que toda acción que realicen miembros de la Fuerza Pública que no sea en el marco de operaciones militares y policiales sea conocida y sancionada por la justicia ordinaria, porque podría tratarse de crímenes de lesa humanidad y demás. Pero aquello que ocurre en el marco de operaciones militares y policiales es muy importante que sea analizado por una justicia especializada, que conozca las condiciones típicas de esta situación” (3).

Así las cosas, lo que el ministro espera obtener es una doble ganancia, pues los crímenes que sean cometidos sin el justificante de una orden de operación (aunque pudiera tratarse de una tortura o de una ejecución extra juicio en el marco de una operación encubierta), no serán considerados actos de servicio, con lo que no serán responsabilidad del estado, pues los militares y policías implicados habrían actuado por intereses ajenos a los institucionales. Pero si los crímenes ocurren en el marco de una orden de operación, vuelven a ganar, pues en este caso serían juzgados por la JPM.

De esta manera, el gobierno logra desviar la discusión hacia la interpretación que le es más favorable; obligando a definir primero, qué son “actos de servicio” (cuando existe una orden de operación), y alejando la discusión de la interpretación que se basa en considerar la tipología y la gravedad de los crímenes, la aplicación de un derecho más garantista para las víctimas, a la vez que responsable con la situación de continuas violaciones por parte de los agentes estatales, y de esta manera acatar la antigua solicitud de los organismos internacionales y la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, de que todos los casos en los que pudiesen existir violaciones a los DDHH y al DIH por parte de la fuerza pública, deben ser juzgados por la JO. Ese es el punto central, y no el tecnicismo de si las violaciones han sido cometidas en una circunstancia en la que media una orden de operación; en todo caso, la no existencia de una orden de operación, no es equiparable a que las operaciones que han culminado con violaciones –torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales- no cuente con la autorización y la permisividad –medios técnicos y demás recursos- de las instituciones militares y policiales. El alcance, el nivel de los medios y recursos requeridos para ejecutar estos crímenes, sólo es posible para quienes están amparados por el poder institucional o para quienes cuentan con su connivencia, como también ha sido el caso de los paramilitares.

Por ejemplo, los jóvenes de Soacha fueron desaparecidos en “actos fuera de servicio” (no existía la orden de operación específica para desaparecer muchachos de Soacha, aunque estaba claro que los militares que quería dinero, vacaciones y asensos debían mostrar resultados), y ejecutados en actos de servicio, un supuesto combate, para el cual tampoco hay una orden de combate específica, simplemente un registro diario –en cuarteles y estaciones de policía- de que las unidades militares y de policía deben patrullar los territorios, ¡y en este encargo es cuando son atacados por malvados guerrilleros, los mismos que son dados de baja en legítimo combate, y el hecho es reportado como una victoria militar!

Pero un caso más escandaloso aún es la situación del departamento de Meta, el municipio de la Macarena, por ejemplo, en cuyo cementerio se han enterrado centenares de cuerpos que fueron reportados por las unidades militares como “guerrilleros dados de baja en combate”, y cuyas diligencias posteriores a las muertes han sido adelantadas por los mismos militares, sin contar con personal de la Fiscalía ni de la Defensoría del Pueblo que certificara las condiciones en las que murieron aquellas personas (4).

En este sentido, el informe de la oficina del Alto Comisionado, para el año 2010, señala que “Las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares” (5), y que según los datos recogidos por esa oficina, de 125 sentencias de procesos adelantados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Fiscalía colombiana, sólo 22 de ellos terminaros en absoluciones, es decir, que el 82,4% de los casos juzgados hasta el 15 de octubre de 2010, efectivamente correspondían a violaciones a los DDHH y al DIH por parte de los militares y policías (las cifras aportadas en el informe del año anterior señalaban que de 109 resoluciones de acusación formuladas, se habían producido 38 condenas y sólo 3 absoluciones, esto es, un 92, 6% de los casos fueron veraces).

Las cifras que aporta el informe  son demoledoras (teniendo en cuenta que la tendencia es el subregistro): “…Con base en los datos existentes sobre casos y víctimas, la oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los años 2004 y 2008” Así mismo, en el informe se requiere al gobierno para que permita que “…todos los casos en los que pudo hacer violaciones de los derechos humanos se trasladen inmediatamente a la justicia ordinaria y que se revisen aquellos que fueron archivados por la Justicia Penal Militar sin una adecuada investigación”. (6)

De vuelta con las declaraciones del ministro de defensa: “Pero también hay que decir que los problemas que aquí enfrentamos no son solamente las grandes operaciones, sino las acciones del día a día en todo el territorio nacional, donde la Fuerza Pública hace presencia. Es allí donde empieza a ser importante que, cuando se juzguen las acciones de la Fuerza Pública, exista la certeza absoluta para ellos y para el país de cuál es su ámbito de acción, pero, al mismo tiempo, de que quienes analizan sus casos y los juzgan tengan toda la especialización y el conocimiento que permitan que esto se haga de manera apropiada”.

De estas declaraciones podemos deducir que para las fuerzas del estado, uno de los mayores problemas derivados de su operatividad, son las altas cifras de violaciones a los DDHH y al DIH,  pues dichas  operaciones -de inteligencia, en especial- ubican a la población civil como potenciales guerrilleros, o más bien, que tanto policía como militares tienen serios problemas para garantizar el derecho fundamental a la vida y para aplicar uno de los principios que vertebran el derecho de guerra, que es el principio de distinción –ente combatientes y no combatientes, además de que también tienen problemas para aplicar la favorabilidad de dicho principio, es decir, que frente a la duda, toda persona que se encuentre en las áreas de operaciones debe ser tratada como un civil, y no como un combatiente; y así mismo se le ha de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física.

Pero, ¿qué es lo que realmente busca el gobierno con la reforma a la JPM?

Lo primero, es desvincularse de aquellos conceptos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es decir, deben convencer al “público” de que las violaciones han sido cometidas por fuera de los intereses de las instituciones estatales, que se trata de hechos aislados y que nunca han hecho parte de un plan o política “generalizada o sistemática” y “a gran escala” de ataques contra la población civil. Y es que este es el punto angular, pues el asunto más controvertido en el informe del relator especial para las ejecuciones extrajudiciales, que visitó a Colombia en Junio de 2008, era el señalamiento del carácter sistemático con el que las unidades militares y de policía participaban de violaciones a los derechos humanos y al derecho de guerra. Lo que sumado a la sistemática impunidad sobre estos casos, colocaba al estado colombiano ad portas de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (a pesar de ahora sabemos que la Corte jamás ha tenido voluntad para juzgar al estado colombiano).

Lo segundo. El gobierno es consciente de que el escándalo actual por las ejecuciones extrajudiciales está centrado en casos sucedidos desde el 2002 hasta la fecha, y de que las orientaciones de los organismos internacionales, sumadas al aumento de la presión por parte los familiares de las víctimas, cobrarán su efecto conforme avance el actual mandato, por lo tanto, el gobierno prevé que para los próximos años crezcan las cifras de violaciones cometidas por los agentes estatales. Entonces, si consigue que los casos que están en la JO sean considerados como actos fuera de servicio, lograrán así bajar las cifras de los crímenes de estado.

Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado, y atendiendo a este tipo de violaciones, podemos observar que para los próximos años es posible que se presente un máximo en las cifras:

Año del informe	Nº de casos	Nº de víctimas
2007	Sin datos	Sin datos
2008	716*	1100
2009	1273*	2077
2010**	1488*	2457

*Procesos adelantados por la Unidad Nacional de DDHH y DIH de la Fiscalía.

**Para este año hay que sumar 400 casos investigados por otras seccionales de las Fiscalía; además, el informe habla de 448 casos que actualmente están a cargo de la JPM. Lo que hace un total de 2336 casos para el año 2010.

Y tercero. Lo que el gobierno, y en especial los militares y policías buscan con la maniobra jurídica, es impulsar una cobertura legal para seguir manteniendo la doble agenda operacional. Pero el tecnicismo no enmascara la realidad del modus operandi de las fuerzas estatales, pues aunque algún día tuviésemos acceso a los archivos de batallones y demás unidades militares y de policía, creo que difícilmente encontraríamos bitácoras y ordenes de operaciones en las que se describa abiertamente las maniobras conjuntas entre militares y paramilitares. En el caso del palacio de justicia, la orden era “retomar el control” –en esto se excusaron los mandos- pero se torturó y se desapareció a gran número de personas.

 

Notas:

(1)     Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, año 2009, párrafo 41

(2)     Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, año 2010, párrafo 26

(3)     http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10919069.html

(4)     Informe 2010, párrafo 89

(5)     ídem, párrafo 26

(6)     ídem

Carlos Alberto Villanueva

Diciembre de 2011.

COLOMBIA: Entrevista a Joaquín Pérez Becerra, el encarcelado director de ANNCOL, desde la Picota (Bogotá)

Joaquín Pérez Becerra, refugiado político colombiano con residencia permanente desde 1994 en Suecia, nacionalizado el año 2000 y director durante 15 años de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, fue detenido cuando llegó a Caracas el 21 de abril del año en curso y entregado el 25 de abril a las autoridades colombianas. Cuenta en la siguiente entrevista que, hasta ahora, ninguna autoridad venezolana ni colombiana ha mostrado ninguna Circular Roja que justifique su detención. Sin embargo, ese fue el pretexto esgrimido por las autoridades venezolanas para entregar al ciudadano sueco al estado terrorista de Colombia. Con eso fue confirmado que Chavez cayó en la trampa de Santos [1].

Los supuestos 700 archivos de formato Office Word “encontrados” en el laptop masacrado del comandante guerrillero Raúl Reyes, muerto en el bombardeo el 1 de marzo de 2008, se han reducido a apenas cuatro archivos. Sin embargo, esos archivos ya no sirven para enjuiciarlo por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las acusaciones contra Pérez, que tuvo que huir del terrorismo de estado con el aval y respaldo de su partido, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, organizaciones políticas en Colombia víctimas del genocidio político instalado hace tantas décadas. Pérez fue concejal por la UP, ahora la fiscalía concentra sus acusaciones en contra suyo por haber sido representante de la Agencia ANNCOL.

DICK EMANUELSSON: ¿Cómo fueron tus primeros momentos luego de la captura y en qué consisten las acusaciones que pesan sobre tu persona? Hemos leído en la prensa colombiana que la agencia de noticias ANNCOL ahora está en el centro de los cuestionamientos.

– Después de la legalización de mi captura inmediatamente me enviaron a la Cárcel la Modelo, donde estuve desde el 25 de abril al 7 de julio. El día 8, trasladaron a toda la gente que estaba conmigo y nos llevaron a La Picota. Aquí estoy en una torre de alta seguridad que se llama la Gerón, donde convive un amplio espectro de personas detenidas entre las que hay narcotraficantes, gente de grupos armados, paramilitares, gente de alta peligrosidad y allí me recluyeron.

Así es la vida de las fuerzas militares en Colombia, falta de transparencia, seriedad y credibilidad porque en un país donde se arman falsos positivos, un país donde se asesina gente y se le coloca uniformes guerrilleros, donde ocasionan masacres, es un país que no tiene mucha credibilidad y las cosas se pueden caer muy fácilmente. De todas maneras la fiscalía trata de utilizar todo en contra de luchadores sociales, de comunicadores sociales, como es mi caso, pero son cosas fáciles de rebatir en una audiencia más adelante.

Dijo que nosotros pertenecemos a la cúpula de las FARC, que Anncol, Radio Café Stereo somos una agencia noticiosa basándose en que como en nuestras emisiones no tenemos anuncios publicitarios ni tenemos propaganda, eso actúa como argumentos de que somos una agencia de las FARC. Luego este señor agrega que yo era miembro de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO) cuando yo nunca fui miembro de ese espacio ni estuve en ningún evento con ellos. Lo que sí afirmo, es que he pertenecido y sigo teniendo mucha simpatía con el Partido Comunista en Bogotá. Allí es donde me formé y no tengo por qué negarlo. Fui concejal por la Unión Patriótica y por el PCC antes de tener que salir de Colombia por las amenazas de muerte en mi contra.

Este señor Andolini dijo que se había encontrado conmigo en Bogotá y que yo le había dicho que se sumara a las FARC, lo cual es una tremenda tontería. Esto lo hizo con el fin de involucrarme porque ese es el afán de la fiscalía para no dejarme salir de la cárcel. Cuando vieron que lo de los computadores de Reyes no tenía asidero y así lo dijo muy bien la Corte Suprema, comenzaron a pergeñar otras situaciones.

DE: Este señor Andolín Estrada, ¿ha estado asociado a la Asociación, ha sido integrante de Anncol, alguna vez el señor ha participado en las transmisiones de Café Stereo?

Luego Uribe a través de esa ley amoral que ha implementado fue comprando conciencias, dando dinero para fabricar acusaciones no sólo en Colombia sino en el mundo, por eso han encarcelado a tantos luchadores colombianos. Y utilizan como herramienta a esa gente sin principios, sin conciencia, que se vende por un peso, por un pasaporte, por una visa para EE.UU. y fabrican falsos positivos, crímenes y asesinatos.

Londoño (Fernando, de Radio Súper) también recibió la denuncia. Sus actuaciones como espía (Yamhure) en Estocolmo no tienen ninguna validez jurídica porque fueron ilegalmente procesadas, sin tener permiso para actuar. Hoy nadie habla de él.

DE: ¿Cómo ves a Colombia desde el horizonte carcelario? En el exterior se habla de ese país cuando se da algún bombardeo a un campamento guerrillero. O cuando hay algún hecho especial con los prisioneros que tiene la guerrilla, como la muerte, hace poco, de algunos de esos.

JPB: Lo que puedo percibir es que la cárcel es un reflejo de la sociedad colombiana. La cárcel es una maqueta pequeña de lo que sucede en el país. Aquí encuentras a personas vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con los paramilitares, gente que estuvo vinculada con la guerrilla, supuestamente, con la guerrilla de las FARC, del ELN. Todo ese abanico está acá. Entonces es como que tendrían que abrir cien cárceles más para, desde la óptica del gobierno, encarcelar a la gente.

Los paramilitares hablan que están decepcionados de los gobiernos, se sienten utilizados especialmente por Uribe quien los envió a una guerra contra el pueblo. Se sienten traicionados. Ellos ven que si por ejemplo se extradita a un hombre como don Berna que manejaba dinero y poder a través del estado y se lo manda a los EE.UU. ¿qué puede esperar ese pobre colombianito que sacaron de un pueblo, de la selva, del campo y lo mandaron con un fusil al hombro a asesinar gente? Hoy están acá olvidados y entienden que fueron una herramienta de Uribe para obligarlos a matar a otros hombres tan pobres como ellos.

DE: ¿La prensa colombiana ha solicitado entrevistas contigo y cuál fue la respuesta?

El gobierno colombiano a partir del ministro del interior, señor Vargas Llera, dijo: “Es que al director de Anncol hay que expulsarlo inmediatamente para evitar una extradición que llevaría más tiempo”. O sea, se me violaron todas las garantías habidas y por haber. De todas maneras quiero saludar a toda la gente que ha sido solidaria conmigo. Sabemos que existe la subjetividad de cerrar todos los medios alternativos para que no hablen de las masacres, de los falsos positivos, de los chivatos, de lo que sucede en Colombia.

DE: Tú eres militante del Partido de Izquierda sueco (Vänsterpartiet) que tiene más de 95 años de transcurso con representación parlamentaria. Este partido se reúne en Congreso en enero 2012 ¿cuál es tu mensaje para los delegados, militantes y la Dirección Nacional para ese congreso?

[6] Artículo en la reevista del ejército nacional de colombia, mayo-junio 2010 de cuatro (4) páginas, escrito por Ernesto Yamhure, el asesor político del jefe paramilitar Carlos Castaño. HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/63701393

Fuente: ABP

COLOMBIA: Miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada

Parte I del Dossier Colombia y sus miles de presos políticos silenciados

MARRUECOS: Sobre la retirada de “Justicia y Caridad” del Movimiento 20 de Febrero

Belmaïzi 22/12/2011

Traducción: PCE (m-l)

MARRUECOS: Prosiguen las manifestaciones del Movimiento 20 de Febrero tras las elecciones

[vídeos] El pasado domingo 11 hubo manifestaciones en las siguientes ciudades:

Tetuán:

Safí:

Tánger:

Nador:

Taza:

Casablanca:

COLOMBIA: El Gobierno crea falsas asociaciones para robar tierras a los campesinos

Habla el párroco Ubaldo Díaz, testigo de la lucha por las tierras agrícolas de Las Pavas entre las 123 familias campesinas que reclaman su posesión y los ricos palmeros que dicen ser sus propietarios legítimos.
“Me dijo: ‘Padre, ¿qué necesita para que me ayude?’”

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuándo llegó a la región donde están los predios de Las Pavas y por qué?

Párroco Ubaldo Manuel Díaz.- A principios de 2008 llegué a reemplazar al párroco de Regidor, amenazado por las ‘Águilas Negras’.

C.O.T.- La condición de desplazadas de las 123 familias de Las Pavas no había sido puesta en duda hasta el presente, cuando el campesino Pedro Moreno declaró que eso era un montaje. ¿En qué época ocurrió el desplazamiento?

P.U.D.- Los campesinos han cultivado Las Pavas desde hace casi 17 años y por lo menos durante una década realizaron actos de posesión y uso de la tierra. Ellos vivían en esa hacienda que estaba abandonada desde la época en que murió Pablo Escobar (1993) y se desmanteló el cartel de Medellín. En 2003 llegó quien se presentaba como propietario: Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se dice que es pariente de Escobar Gaviria. En ese momento empezó la disputa actual entre el presunto propietario y sus posteriores compradores con los campesinos.

C.O.T.- ¿Ha habido presencia de narcotráfico y paramilitarismo o no la hubo, como dijo la Fiscalía?

P.U.D.- Sí ha habido mucha influencia del narcotráfico y del paramilitarismo. En el mismo año 2003, en que Escobar Fernández apareció, también se presentaron unos paramilitares que tenían su base en la isla Papayal, a 15 minutos de Las Pavas. Reunieron a la comunidad frente a la plaza, en la población de Buenos Aires, que es muy cercana a los predios. Era domingo y les dijeron que al día siguiente, lunes, no querían ver a nadie.

C.O.T.- ¿Quién estaba al mando de ese grupo paramilitar?

P.U.D.- Alias Rapidito o Raúl. Entonces los habitantes de Las Pavas se vieron obligados a salir. Un tiempo después, en 2004 y 2005, regresaron lentamente en vista de que la tierra quedó de nuevo abandonada. En 2006 ellos, reunidos en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), iniciaron ante el Incoder un proceso de extinción de dominio. Casi de inmediato se presentó otra vez Escobar Fernández con unos hombres armados que amenazaron de nuevo. Los campesinos salieron de Las Pavas en julio de ese año.

C.O.T.- ¿En qué momento aparecieron los palmeros que hoy reclaman la propiedad de Las Pavas?

P.U.D.- En 2007. Escobar Fernández le vendió (compraventa ilícita, según el artículo 72 de la Ley 160 de 1994) a un consorcio compuesto por Aportes San Isidro, de la familia palmera Macías, y C. I. Tequendama, de la familia Dávila Abondano. Los Macías y los Dávila aseguran que cuando compraron no vieron campesinos. Pero, ¿cómo los iban a ver si los paramilitares los habían sacado meses atrás?

C.O.T.- ¿El uso de la tierra por los palmeros sí se hizo efectivo?

P.U.D.- – No de manera permanente, porque se abrió el proceso de extinción y por una creciente enorme que inundó la zona.

C.O.T.- ¿Los campesinos regresaron?

P.U.D. – Sí. Cuando bajó la creciente en enero de 2009. Pero los palmeros interpusieron una querella ante una Inspección de Policía para desalojarlos. Aunque no podía ejecutar esa acción porque la competencia era de un juez, el inspector decretó el desalojo y los sacó. Un juez de San Martín de Loba sentenció que no había lugar a esa decisión. Y cuando el caso llegó a un juzgado de Mompox, éste les dio la razón a los palmeros.

C.O.T.- ¿Cuándo fue el desalojo?

P.U.D.- El 14 de julio de 2009 miembros del Ejército y de la Policía expulsaron a los campesinos. Ese día yo estaba allí con otros dos sacerdotes. Los campesinos no querían desalojar. Se atrincheraron en la casa de la hacienda mientras el Esmad iba entrando. Lo peligroso era que allí había niños, ancianos y mujeres. Nosotros los convencimos de que salieran.

C.O.T.- ¿Quiénes eran los otros dos sacerdotes?

P.U.D.- El padre Leonel Comas, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Magangué y el padre Rafael Gallego, director de los espacios humanitarios del Programa de Desarrollo y Paz.

C.O.T.- ¿Por qué ustedes quisieron estar presentes?

P.U.D.- Porque sabíamos que el desalojo iba a ser muy difícil, porque los campesinos no querían salir y deseábamos ser garantes de que la Fuerza Pública no fuera a maltratarlos. El inspector que vino a desalojarlos llegó con los palmeros. Eso no era tranquilizador.

C.O.T.- ¿Desalojaron?

P.U.D.- Sí. Si no hubiera habido muertos. Ellos retornaron al corregimiento de Buenos Aires, a 15 minutos de Las Pavas, hasta abril de este año, cuando decidieron retornar pacíficamente, luego de acudir a todas las instituciones para pedir medidas de protección.

C.O.T.- El regreso se decidió por una sentencia de la Corte Constitucional que les dio la razón.

P.U.D.- Sí. La Corte falló que se les violó el derecho al debido proceso cuando los desplazó el inspector.

C.O.T.- La decisión de la Fiscalía General, que anunció Viviane Morales basada en lo que resolvió una fiscal de Cartagena por la declaración del campesino Pedro Moreno, ¿contradice la sentencia de la Corte?

P.U.D.- Sí parece, porque la fiscal de Cartagena se refirió al desalojo como si este acto fuera legal y ya la Corte había sentenciado.

C.O.T.- Con la decisión de la Fiscalía, que acepta la teoría de que nunca hubo desplazamiento, quedó abierta la discusión de si los campesinos de Las Pavas son desplazados o si son desalojados. ¿Para usted qué son?

P.U.D.- Se les ajustan las dos denominaciones y no se puede excluir una de ellas sin desconocer la realidad. Ellos fueron desplazados en 1998, en 2003 y en 2006 cuando fueron sacados a la fuerza por narcotraficantes y paramilitares. Y fueron desalojados de los mismos predios en 2009 por los palmeros.

C.O.T.- ¿Cree que existe un hilo conductor entre los narcos, los paramilitares y los palmeros?

P.U.D.- Por lo menos los hechos están muy ligados. Hay ganaderos que utilizaron Las Pavas a finales de los 90, que habían sido asociados con Jesús Emilio Escobar y que después fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Ellos, al parecer, siguieron haciendo negocios con los que hoy creen tener la legalidad de la propiedad de Las Pavas y de las tierras aledañas, enormes y cuyo precio es de alrededor de $6 mil millones. Y lo cierto es que los desplazamientos que han sufrido los campesinos han sido ejecutados por grupos armados. Todo parece conectarse.

C.O.T.- La fiscal general dijo que la comunidad está dividida porque no hay una asociación campesina sino dos. La segunda fue creada recientemente. ¿El testigo que dijo que en esas tierras no hubo sino desalojo pertenece a esa asociación?

P.U.D.- Sí. Las empresas palmeras crearon en julio de este año la asociación Nuevo Liderazgo Campesino. El vicepresidente de esa organización es precisamente Pedro Moreno, el campesino que atestiguó que no había existido desplazamiento, pese a que había declarado lo contrario en 2009.

C.O.T.- ¿Los integrantes de la nueva agrupación vivían en Las Pavas?

P.U.D.- Vivían en el corregimiento de Buenos Aires, que queda cerca. Pero no eran campesinos que trabajaban en esos predios. Son trabajadores de las palmeras. Pedro Moreno sí vivió allí.

C.O.T.- ¿Cómo surge Nuevo Liderazgo Campesino?

P.U.D.- Lo que se dice en la zona es que esa organización fue respaldada por los palmeros y por el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que preside José Obdulio Gaviria. Curioso que un consorcio empresarial esté interesado en promover un sindicato campesino.

C.O.T.- ¿Cree que se trata de una falsa asociación campesina?

P.U.D.- Diría que quieren legalizar esa asociación alterna para que el Gobierno y la justicia tengan argumentos para dudar de cuál de los grupos tiene los derechos.

C.O.T.- Usted ha vivido este proceso hace varios años. ¿Le queda duda de que esta asociación haya sido creada con el propósito de confundir a los jueces y desvirtuar la restitución de tierras a las 123 familias de Las Pavas?

P.U.D.- No me queda ninguna duda. Estoy completamente seguro.

C.O.T.- ¿Conoció a Pedro Moreno antes de que se convirtiera en testigo a favor de los palmeros?

P.U.D.- No. Lo había visto algunas veces, pero sobre todo recuerdo que el día del desalojo de sus antiguos compañeros —los de la asociación de campesinos de Las Pavas— llegó con los palmeros a presenciar el operativo.

C.O.T.- ¿Dónde y cómo vive Pedro Moreno?

P.U.D.- Él ya no vive aquí. Trasladó su casa a Barranquilla desde cuando se ejecutó el desalojo. Continúa trabajando con los palmeros.

C.O.T.- ¿Sabe si Pedro Moreno tiene una calidad de vida superior a los habitantes de Las Pavas?

P.U.D.- Por lo menos todo el mundo lo dice en la región. Hay una historia que también cuentan: cuando se estaba realizando el desalojo, habría dicho que él no se iba a morir de hambre y que en Las Pavas no había futuro. El mismo Moreno informó que se iba a trabajar con los palmeros. Y demostró que era cierto. Tiene casa nueva, estudio para sus hijos y trabajo.

C.O.T.- ¿Es cierto que usted fue contactado para que convenciera a los reclamantes de Las Pavas de que desistieran?

P.U.D.- Es cierto.

C.O.T.- ¿Quiénes lo contactaron?

P.U.D.- Hubo tres ocasiones. En la primera, en 2008, Armando Villegas, gerente de una palmera que se llama Brisas que pertenece al consorcio y quien vive con una hija de la familia Macías, propietaria de esa organización, fue a mi casa a decirme que le ayudara a interactuar con ellos. “Dígame padre, ¿qué hay que hacer?”, me dijo. Le contesté que apenas estaba conociendo la zona. Después hubo otras dos reuniones en Magangué, con los Dávila y los Macías.

C.O.T.- ¿Con quiénes se reunieron los Dávila y los Macías?

P.U.D. – Con el obispo de Magangué y con tres sacerdotes, entre ellos yo. Monseñor nos dijo que había unos palmeros que querían hablar con nosotros. La última de las reuniones fue el 23 del octubre de 2010. Asistieron, además de nosotros, Alfonso Dávila del grupo Daabon y de la palmera C. I. Tequendama. El vicepresidente de Daabon, Germán Zapata Hurtado; Édgar Polo, quien fungía como experto en resolución de conflictos de Daabon; una trabajadora social, y del otro grupo, José Macías, padre e hijo.

C.O.T.- ¿Por qué se reunieron ustedes con los palmeros?

P.U.D.- Los sacerdotes hemos estado presentes en la región y monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué, es un hombre muy dado al diálogo. Él quería que ayudáramos a buscar una solución al conflicto social. Pero no tuvimos eco.

C.O.T.- ¿Alfonso Dávila Abondano habló con usted después de la reunión para insinuarle algo?

P.U.D.- Sí. Él me llamó aparte y me dijo que a mí me escuchaba la comunidad y que por eso quería hablar conmigo. Después me contó que tenía una fundación de niños especiales en Barranquilla. Y me dijo: “Padre, ¿qué necesita para que me ayude con los campesinos?”. Le contesté que lo que quería él no me lo podía dar. Me abrió los ojos y me preguntó qué deseaba. “Quiero justicia”, le respondí. Desde ese momento se rompió toda relación con él.

C.O.T.- ¿Ha sido amenazado desde cuando llegó a esa región?

P.U.D.- Amenazado no, pero sí he tenido mucha presión.

C.O.T.- Usted sale pronto de la zona. ¿Logró algún avance en el proceso de restitución de tierras para los que han habitado Las Pavas o todo queda igual?

P.U.D.- No lo sé bien. Puede desarrollarse la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y ese sería el marco ideal. Pero en los últimos días he estado pensando que el objetivo de bloquear el proceso de Las Pavas no es el de atacar directamente a quienes reclaman la posesión de esos predios. Es el de atacar la Ley de Víctimas. Si es así, la situación de los campesinos puede ser peor.

Entre los ricos “propietarios” y la posesión de los campesinos

Las Pavas son unos predios de gran fertilidad agrícola ubicados en el sur de Bolívar. Están entre el municipio de Regidor, de donde es párroco el padre Ubaldo Manuel Díaz entrevistado hoy por El Espectador, y El Peñón. Son alrededor de 2.000 hectáreas que fueron parceladas por los colonos en los años 50 hasta cuando llegó una ganadería Omega, hacia los años 70. En los 80, en pleno auge del fenómeno de los carteles del narcotráfico, apareció un presunto dueño de las tierras que las habría negociado con Omega. Se trata de Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se ha dicho que es pariente de Pablo Escobar. Con la desaparición del capo, el “propietario” de Las Pavas las abandonó durante una década. En ese período los actuales reclamantes de su posesión, 123 familias, habitaron allí y usufructuaron. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), compuesta por ellas, ha sufrido desplazamientos forzados por grupos narcoparamilitares y un desalojo que fue calificado por la Corte Constitucional como ilegal, pero al que la Fiscalía le dio, sorpresivamente, nueva vida jurídica en días pasados. El más reciente supuesto dueño de Las Pavas es un consorcio de palmeras de dos ricas familias: los Macías y los Dávila Abondano.

Sitiados por el hambre

Cecilia Orozco.- ¿Como parte del conflicto de propiedad o posesión de Las Pavas entre ricos palmeros y 123 familias campesinas ha llegado a haber hasta un “bloqueo alimentario”?

Padre Ubaldo.- Es cierto. Bloquearon la llegada a Las Pavas de la comida que enviaba el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuando la zona se inundó durante un fuerte invierno en 2008. Lo que sucedió allí fue una bofetada a la comunidad internacional y la crisis alimentaria fue tremenda.

C.O.- ¿Cómo se ejecutó el bloqueo?

P.U.- Cuando iban a llevar los alimentos del municipio de Regidor hacia Las Pavas, los campesinos contrataron a un muchacho de la zona que manejaba un tractor para que transportara la comida. Al día siguiente, ese conductor que trabajaba con las palmeras fue despedido. ¿El motivo? Haber ayudado a llevar los alimentos hasta Las Pavas. El conflicto de esas tierras ha roto las relaciones de la comunidad y hasta las familiares. Hoy si un vehículo viene hacia Regidor desde la hacienda, el chofer tiene prohibido recoger a uno de los campesinos a los que despectivamente llaman “cambucheros”. El que transporte a alguien de Las Pavas es despedido.

Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-317236-me-dijo-padre-necesita-me-ayude

Localizada la cárcel de la CIA en Bucarest

La cárcel clandestina de la CIA en Bucarest, donde fueron torturados diferentes prisioneros llevados desde Afganistán de camino al campo de concentración de Guantánamo, ha sido localizada. El gobierno rumano, colaborador de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por Estados Unidos también en territorio rumano, siempre negó la existencia de la cárcel clandestina, pero las investigaciones de la agencia norteamericana Associated Press y de la televisión alemana ARD han descubierto incluso su dirección exacta.

La cárcel ilegal de la CIA en Rumania ha funcionado en el edificio que actualmente ocupa la Oficina del Registro Nacional de Secretos de Estado (ORNISS en rumano), ubicada en el norte de la capital, Bucarest.

Al contrario que los otros centros de tortura de la CIA en Europa, Lituania y Polonia, el de Bucarest no se hallaba en una zona aislada y protegida, sino en pleno centro de la capital, en una calle residencial.

En una entrevista realizada el pasado mes de noviembre por la televisión alemana ARD, que ha sacado a la luz la ubicación, el director de la institución que hoy alberga el edificio, Adrian Camarasan, declaró que su subsuelo era uno de los lugares más seguros de toda Rumania, aunque negó que pudiera haber sido utilizado por la CIA como centro de tortura.

La forma de actuar de los “democráticos” líderes del “mundo libre” era la siguiente: en los primeros meses de detención, los sospechosos eran privados de sueño, lanzados al agua, golpeados y forzados a estar en posiciones incómodas y dolorosas, según han declarado algunos oficiales norteamericanos, aunque sostienen que en Rumania no fue usada nunca la celebre técnica, recomendada por Bush en sus memorias, de simulación del ahogamiento.

Después de los interrogatorios iniciales, torturadores de la CIA eran “buenos” con  los detenidos, que incluso recibían cuidados, y les llevaban incluso comida halal conforme a la tradición musulmana desde Frankfurt (Alemania). Los torturadores lo cuentan sin ningún tipo de escrúpulo, como si les estuvieran tratando como privilegiados.

La cárcel “secreta” de Rumania formaba parte de la red denominada por la CIA black sites, que estaba integrada por otros centros clandestinos en Tailandia, Lituania y Polonia. Estos centros de tortura fueron cerrados teóricamente en 2006, aunque la misma CIA afirma que abandonó totalmente el programa de detenciones e interrogatorios ilegales en 2009; si bien el campo de concentración de Guantánamo sigue abierto, que sepamos, y bien repleto de detenidos sin derechos.

Colaboración de J.L. Forneo

La operación que tiene enredado al general (r) Montoya

La Corte Suprema llamó al ex comandante del Ejército a rendir versión libre por presuntos vínculos con los paramilitares

Las confesiones de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, tuvieron eco en la Corte Suprema de Justicia. El Alto Tribunal citó al general (r) Mario Montoya, ex comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, para que el lunes 19 de diciembre de 2011 rinda una versión libre sobre sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El llamado de la Corte tiene como base las confesiones de alias ‘Don Berna’, quien, en febrero de 2009, casi un año después de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, le envió una carta a un juez a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que advirtió sobre presuntas alianzas entre las Auc y la IV Brigada del Ejército para realizar la Operación Orión en Medellín.

La acción militar fue realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2002 por la IV Brigada, entonces comandada por el entonces general Mario Montoya,  en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía, para combatir las guerrillas que delinquían en la Comuna 13, una de las zonas más conflictivas para ese año de la capital de Antioquia.

Según el libro Desplazamiento forzado en la Comuna 13, realizado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Corporación Región, la Operación Orión fue una acción militar urbana de grandes proporciones y sin antecedentes en el país que incluyó el uso de ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores.  El libro documentó cómo después en la zona empezaron a delinquir los ‘paras’ del Cacique Nutibara. (Lea: La comuna 13, en continuo desplazamiento forzado)

Desde Estados Unidos, alias ‘Don Berna’ dijo que “las fuerzas de autodefensas del Bloque llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la IV Brigada del Ejército”, mencionando al general Montoya como jefe de esa unidad castrense. El ex jefe paramilitar señaló además que al Bloque Cacique Nutibara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de ‘King Kong’.

Pero alias ‘Don Berna’ no ha sido el único paramilitar que ha hablado sobre la Operación Orión. En diciembre de 2008 Juan Vicente Gamboa, alias ‘Pantera’, dijo en versión libre que a finales de 2001, cuando ya delinquía con el Bloque Cacique Nutibara, el entonces comandante de la IV Brigada les brindó apoyo a los paramilitares del Bloque Metro, a cargo de Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’.

Según lo ha documentado Justicia y Paz, el Bloque Metro delinquió en las comunas de Medellín antes del Bloque Cacique Nutibara. Este último, el grupo de ‘Don Berna’, apareció en 2000 después de que ‘Doble Cero’ tuvo que ceder la zona por orden de los hermanos Castaño. Luego ‘Doble Cero’ fue asesinado por los mismos paramilitares en 2004.

La Operación Orión, que tiene enredado ahora al general Montoya, fue uno de los operativos por los que el ex presidente Álvaro Uribe lo nombró como comandante del Ejército, cargo que ocupó entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, cuando renunció a su cargo en medio del escándalo que produjo el descubrimiento de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate.

Montoya había sido protagonista en el diseño y ejecución de operaciones como Fénix, que dio muerte al jefe guerrillero Raúl Reyes, y Jaque, que liberó a 15 secuestrados, entre ellos tres extranjeros y la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt.

Tras su renuncia, el Gobierno lo nombró en febrero de 2009 como embajador de Colombia en República Dominicana. En julio de 2011 Montoya renunció a este cargo diplomático y en septiembre de este mismo año la Fiscalía lo llamó a interrogatorio con el propósito de aclarar el caso de la falsa desmovilización del Bloque Cacique La Gaitana de las Farc. De forma reciente, la  Agencia Colombiana para la Reintegración acató la orden de un juez de Bogotá, que pidió suspender beneficios a los desmovilizados de ese Bloque. (Lea: Suspenden beneficios a desmovilizados de Cacica La Gaitana).

El reciente llamado de la justicia al general (r) Montoya es una versión libre. Es decir, la etapa preliminar de una investigación que adelanta la Corte a partir de las confesiones de los ex paramilitares que delinquieron en Antioquia.

MARRUECOS: La policía marroquí abandona a los inmigrantes subsaharianos a su suerte en la frontera argelina

La Policía marroquí ha procedido a desmantelar durante las últimas semanas los campamentos de inmigrantes de origen subsahariano que había repartidos en distintos puntos de las laderas del Gurugú, desde los cuales esperan una oportunidad para pasar a Melilla. Así lo afirmó en la jornada de ayer el máximo dirigente de Prodein, José Palazón, quien detalló que este tipo de “redadas” se vienen practicando en el vecino monte marroquí desde hace cuatro meses aproximadamente, pero en las últimas semanas se han incrementado.

El máximo dirigente de Prodein también se pronunció sobre “el creciente número de menores inmigrantes” que hay en las calles de la ciudad. En este sentido, afirmó que la mayor parte de ellos están aguardando una oportunidad para subir a alguno de los barcos que zarpan del puerto melillense rumbo a la península. Pese a que el principal centro de menores de la ciudad, el de La Purísima, se encuentra saturado, señaló que hay muchos jóvenes menores de edad que no han querido ponerse bajo el cuidado de la Ciudad Autónoma y deambulan por las calles “malviviendo de la venta de chicles y pañuelos”.  Para finalizar, aseguró que el Gobierno local “hace todo lo posible para no encargarse de estos niños”.

Fuente: El Faro Digital

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