A Vuelapluma #38

Julio Calafat

Ajustes salariales contra el obrero, congelaciones , recortes sociales para ahorrar, práctica liberalización del despido con cualquier pretexto por fútil que sea, más de cuatro millones de parados, familias enteras sin medios mínimos de subsistencia, es decir, abocados a la hambruna, privatizaciones a destajo a favor de los buitres del capital y donaciones multimillonarias a los bancos para asegurar sus beneficios. Este es el panorama que nos deja el neoliberalismo tan bien gestionado por los pretendidos socialistas del gobierno. Hay que “ahorrar, reducir gastos” de la sanidad, la educación, .etc., etc.

Se prepara la venida a las Españas del farsante de Roma: derroche de millones de euros del dinero público, unos 40 millones de euros para la primera visita, y unos 300 para la segunda. Son muchos millones que se van a tirar literalmente de los que algunos pillastres con o sin sotana sacarán tajada. En Gran Bretaña los que quieran a asistir a las representaciones del Jefe del Vaticano, deberán pagar entre 12 y 30 euros. Debería el Gobierno tomar ejemplo y así, no sólo se ahorraría todos esos millones, además con los impuestos que se cobra a los espectáculos, (los montajes de súbditos vaticanistas de estos pagos son fastuosos) entrarían en las arcas públicas unos cuantos milloncejos que no vendrían nada mal. Y para empezar que sea la Propia Iglesia y su caterva de meapilas, los que cubran los gastos de los viajes de su jefe.

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. El arzobispo de Burgos, que es algo así como un general de brigada, se lanza a la guerra contra la ley del aborto con más descaro y osadía que sus conmilitones tonsurados y llama a la insumisión. Desautoriza e insulta al Gobierno, al Parlamento, al Tribunal Constitucional. Con la prepotencia que caracteriza a estos gerifaltes vaticanistas declara que esa ley del aborto «…ha destruido más personas que las que hay en las ciudades de Zaragoza, Córdoba y Burgos.»No dice cuáles son sus fuentes informativas, seguramente una de ellas sea las declaraciones en confesión de sus feligresas. Este siervo del Gran Farsante comete, entre otros, el delito de la calumnia. Pero ni sus superiores, ni el gobierno (es difícil comprender tanta cobardía) han criticado a Francisco Gil Hellín, que así se llama el energúmeno arzobispo. El periodista Manuel Saco, en su columna de Público del 21de julio, denuncia la hipocresía de la Iglesia, recoge palabras de este arzobispo: «La falacia consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen.» y concluye mordaz el periodista: «Lo dice todo un demócrata, representante de la Iglesia que prefiere la muerte por sida de millones de africanos antes que permitirles utilizar el preservativo en sus relaciones sexuales… ¿Quién es el asesino, monseñor mío?»

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«Cuanto más pequeño sea el niño más posibilidades hay de que comulgue creyendo en la naturaleza del sacramento, creyendo que de verdad Cristo viene a vivificar su fe para siempre.» (Cardenal Cañizares). Cinismo canallesco. Se comprende que estén contra el aborto, y contra los preservativos y contra todo lo que pueda privar a los farsantes vaticanistas de materia prima…

Melilla: una frontera para dos monarquías

Juan Carlos I y Mohamed VI

Santiago Baranga

Desde mediados de julio, y durante tres semanas, el Estado marroquí protestó por una serie de abusos contra sus ciudadanos, por parte de policías españoles, en la frontera de Melilla. El 6 de agosto, su Ministerio de Asuntos Exteriores denunció el abandono de ocho inmigrantes subsaharianos en estado de salud crítico, frente a las costas de Marruecos, por parte de la Guardia Civil española, a la que calificó de racista e inhumana (a pesar de que ambos Estados suelen permitir esta práctica, por lo demás frecuente, según denuncian ONG, desde el acuerdo de 1992). El día 9, Rabat exigía a España respuestas precisas a sus quejas. Mientras tanto, se iniciaban las concentraciones ante edificios del Estado español: la embajada, los consulados de Nador y Tetuán, y el Instituto Cervantes en Rabat. Por su parte, la Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos y el Comité Nacional para la Liberación de Ceuta y Melilla anunciaron un boicot a la entrada de productos frescos en el puesto fronterizo de Beni Enzar, junto a Melilla, que el día 12 dejó desabastecidos muchos comercios de la ciudad y que gozó de la total permisividad de la policía marroquí.

Estas tensiones se produce en un ambiente ya enrarecido por ocho meses sin embajador marroquí en Madrid y por el llamamiento, hecho en mayo por el primer ministro de Marruecos, a entablar un diálogo sobre el fin de la ocupación de Ceuta, Melilla y las islas del norte del país. Por último, Rabat denunció en junio los vuelos de un helicóptero militar español sobre Alhucemas, durante la estancia del sátrapa Mohamed VI (1). Circunstancia que sirvió a la ultraderechista cadena Intereconomía para protestar porque se está «debilitando a nuestro Ejército y la presencia del CNI en Marruecos». Parece que no le faltaba razón al escritor Tahar Ben Jelloun (pro-alauí, por otra parte) cuando señalaba que «Marruecos sigue percibiéndose como una antigua colonia, cuyos derechos son necesariamente limitados» (2).

Los ataques a las funcionarias por parte de los «activistas» del país vecino y sus declaraciones machistas, convenientemente aderezadas por la prensa española (en esta ocasión, cuanto más ultra, más “feminista”) con imágenes de porteadoras rifeñas cargadas de pesadas mercancías, facilitaron las cosas al Gobierno (al menos, desde el punto de vista de la “opinión pública”), que rápidamente aprovechó para reclamar respeto a los derechos constitucionales; obviamente, se refería a los de las mujeres (policías), puesto que los de los inmigrantes maltratados (tanto los de la frontera, «supuestos» según la prensa, como todos los demás) fueron olvidados inmediatamente: primero por España, y luego también por Marruecos. Ni que decir tiene que, una vez más, se resaltó la «profesionalidad» de las fuerzas policiales, que «velan por los derechos de todas las personas sin ningún tipo de distinción». El PP, por su parte, también aportó su cuota de cinismo al pretender «dejar claro ante la opinión mundial que en España no se violan los derechos humanos y no hay ningún supuesto de racismo por parte de los policías españoles». Sin comentarios.

En medio del revuelo, la prensa española pronto aireó el pasado de los líderes “activistas” marroquíes como delincuentes y promotores de marchas por la soberanía sobre el islote de Leila/Perejil; lo que no se dijo, sin embargo, fue que el carácter reaccionario de las mencionadas “asociaciones” se observa, ante todo, por su defensa del mismo Gran Marruecos que preconiza el Majzén (el entramado de Palacio), que es seguramente quien mantiene a sus jefes. Así, hace ahora dos años, la mencionada Coordinadora de la Sociedad Civil creó un Frente para la Defensa de la Integridad Territorial junto a la Asociación del Sahara Marroquí. Es obvio, pues, que la escalada de acusaciones ha sido organizada desde el principio por el Estado de Marruecos, como preparación de nuevas negociaciones con España, y para mantener en lo posible un estado de tensión nacionalista que refuerce la cohesión interna en torno a su monarca (evitando, así, la democratización del régimen). Como señalaba el pasado mayo el delegado saharaui en Andalucía, «el objeto de la corona marroquí es tener a la opinión pública con los ojos puestos fuera de casa».

Con todo, que la tensión en la frontera es, como mínimo, palpable, lo muestran no sólo las denuncias acumuladas durante años. Es patente el malestar de comerciantes y otros melillenses musulmanes por las dificultades que la política migratoria española y europea entraña para sus actividades económicas; y es que los incidentes que se han venido repitiendo tienen mucho que ver con la fuerte presión que impone el trasiego comercial a uno y otro lado de la valla, y que beneficia a ambas partes: cada día, entre 15.000 y 20.000 personas utilizan el acceso de Beni Enzar para entrar en la ciudad. El bloqueo de los “activistas” marroquíes ha puesto de relieve la importancia de los intercambios a ambos lados de la valla fronteriza. Desde la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla han manifestado, asimismo, que los problemas de la frontera se solucionarían si no fuera un lugar lleno de «vallas enormes, alambradas de espino y torniquetes».

Pero la monarquía alauí no es la única beneficiaria de las tensiones. En esta ocasión, no podía faltar el PP para azuzar el apolillado espantajo de la Cruzada contra los “sarracenos”, en una situación definida por González Pons como de «máxima tensión»; allá se presentó Aznar para respaldar «a todos aquellos que pasan malos momentos y son duramente insultados» (¿todos?), recordar las viejas glorias de Leila/Perejil y, ¡viva Honduras!, insuflar ardor patrio a sus incondicionales. Incluso los ultraderechistas de Intereconomía señalaron que «el PP entró en el asunto sin muchos remilgos de Estado. ¡Qué más podía pedir el Mazén!» [sic], ya que su presencia no hacía sino debilitar la posición negociadora española ante Marruecos; lo cual, como bien se sabe, tanto le da a este «partido de Estado», especialmente ante una ocasión tan propicia para airear su rancio españolismo. Tampoco podía faltar la intervención del Borbón en el sainete (para algo tenía que servir el haber sido «hermano» del sátrapa anterior) que, en contraste, no hizo nada respecto a la situación de Aminetu Haidar el pasado invierno. Finalmente, fue la petición de la Asociación de Comerciantes del Rastro de retrasar los bloqueos hasta después del mes de Ramadán lo que sirvió, al menos de cara a la galería, para aliviar la tensión. Pero no cabe duda de que el bloqueo y su levantamiento habrán potenciado el aura de Aznar como “hombre providencial” ante sectores tan montaraces como los que, en Marruecos, cierran filas junto a su rey.

Sobran, sin embargo, ejemplos del oportunismo (por lo demás, obvio en esta ocasión) que se esconde tras las patrioteras soflamas de la derecha franquista. Porque lo que de verdad le interesa, igual que cuando agita su otro espantajo favorito, el del separatismo, es asegurar su dominación de clase. Recuérdese, si no, cómo Arias Navarro no dudó en abandonar a los saharauis a su suerte, pensando más en el ejemplo portugués (y en salvar su propio pellejo) que en las glorias patrias y, por supuesto, los intereses de los saharauis. O cómo el embajador franquista Jaime Piniés (recuperado luego por González) aconsejó en 1975 «retroceder inmediatamente peñones e islotes a Marruecos» y hacer lo propio con Melilla en veinte años, tal y como recuerda el ex diplomático Máximo Cajal (3).

Y ¿qué decir de la titubeante actuación del Gobierno? Obligado a aparentar firmeza ante las presiones del PP, el PSOE se limita a gestionar los incidentes, dejando hacer tanto a sus propias fuerzas represivas como al Estado alauí. Al fin y al cabo, sabe que las escaladas de tensión promovidas por Marruecos son parte del tradicional tira y afloja cada vez que se acercan negociaciones sobre “seguridad”, inmigración, pesca, etc., y en las que cada uno procura asegurarse el apoyo de sus súbditos respectivos atizando el nacionalismo alrededor de estas posesiones territoriales; por eso, el mantenimiento del statu quo de éstas beneficia a ambos regímenes tanto como separa y perjudica a sus pueblos respectivos. La única diferencia respecto a los peperos es el aventurerismo sin límites de los de Rajoy y Aznar, siempre dispuestos a embarcarse «con viento de poniente» en alguna Cruzada, para después someterse al arbitraje del padrino yanqui si las cosas se ponen feas. Pero ni el PP ni el PSOE están dispuestos a renunciar a unas posesiones tan rentables políticamente; y mucho menos, por supuesto, a mover un dedo en pro de la democratización de Marruecos.

Ceuta y Melilla, posesiones coloniales

Tanto las dos ciudades autónomas como el resto de posesiones norteafricanas (el Peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, las islas Chafarinas, Leila/Perejil…) tienen su origen en la política de expansión de Castilla por el continente vecino a finales del siglo XV, para «siempre garantizar una presencia militar en tierras infieles», en palabras de Isabel la Católica. Claro que no sólo la continuación de la «Cruzada» justificó tales peripecias, motivadas más bien por ganar posiciones frente a Portugal en el África atlántica. Más tarde, sería el intento de controlar el Mediterráneo, que la confederación catalano-aragonesa aportaba como su mercado tradicional a la unión con Castilla, lo que explica el interés por mantener estas y otras plazas (más bien “presidios”) durante la Edad Moderna. En el siglo XIX, esta atención se vería renovada ante la descomposición del reino marroquí, el inicio de la carrera imperialista y los sueños de grandeza de los dueños de una España subdesarrollada.

Frecuentemente se aduce que Marruecos no existía en el siglo XV como tal entidad y que, por tanto, no se puede considerar que le fueran arrebatadas estas posesiones. Pero este argumento tiene varios problemas: en primer lugar, que tampoco existía España por entonces, siendo tal hecho, como mínimo, motivo de controversia. Por otra parte, siguiendo esa argumentación, ¿qué impidió entonces conservar el Rif, Sidi Ifni o el mismo Sáhara? ¿Cuándo “prescribe” la ocupación para convertirse en posesión plena? ¿Por qué España puede reclamar Gibraltar (arrebatado en 1704) y no debe restituir Olivenza a Portugal (1801)? Y, por último, ¿puede alguien en su sano juicio negar la justicia de la devolución de enclaves como Macao (Portugal) o Hong Kong (Reino Unido)?

A pesar de todo ello, las derechas de todo pelaje invocan la incuestionable españolidad de estas tierras; pero no tanto la de sus habitantes. Un ejemplo: en noviembre de 2004, tanto el PP como el PSOE respondieron a una iniciativa parlamentaria a favor de la cooficialidad del árabe y el tamazigh (lengua bereber) en Ceuta y Melilla con argumentos tan “contundentes” como que tal medida «no tiene cabida» en la Constitución monárquica o que los grupos políticos promotores desconocían «la realidad social» de la ciudad, a pesar de que el tamazigh es hablado por más de un tercio de los melillenses. El presidente de Melilla, el pepero Juan José Imbroda, zanjó la cuestión afirmando que el tamazigh «no es una lengua española» e insinuando que Marruecos podía estar tras la propuesta parlamentaria. El PSME-PSOE, asimismo, se planteaba desarrollar la «multiculturalidad», pero considerando la oficialidad única del castellano «absolutamente incuestionable». Esta es la política de respeto a los derechos de las minorías de los partidos oligárquicos; esta es la «españolidad» indiscutible que desean para las plazas africanas. No en vano, el pasado 17 de agosto el diario ABC aún distinguía entre policías «españolas» y «musulmanas».

Restos coloniales y democracia

Otro lugar común para mantener los territorios norteafricanos es el sistema político de Marruecos. Se suele decir que es impensable entregar a ciudadanos de una España democrática a lo que es poco menos que una autocracia. Pero, ¿en qué medida el mantenimiento de la situación actual contribuye a impedir la democratización de Marruecos? ¿Cómo afecta a la propia “democracia” española? Y, sobre todo, ¿realmente están comprometidos los partidos monárquicos españoles con el desarrollo de la democracia en el país vecino? La respuesta a esto último es, rotundamente, NO. Lo vimos durante la crisis producida por la expulsión de Aminetu Haidar, cuando el Estado español llegó a dar muestras de un total desprecio por la situación del pueblo saharaui, de la que le corresponde una responsabilidad considerable. Y ahora, tras la crisis fronteriza, nadie habla ya de la tiranía marroquí, a pesar de que (o precisamente por eso) durante el mes de agosto ha arreciado el acoso contra la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, acusada de antisemita (!) por su defensa del pueblo palestino.

La AMDH ha sido denunciada precisamente por «antisemitismo», al haber coreado sus jóvenes, durante un campamento en la ciudad de Safi, consignas a favor de los derechos humanos en Marruecos, en solidaridad con el pueblo palestino y contra el terrorismo sionista y la rápida normalización de las relaciones del reino alauí con Israel. El denunciante, un conocido sionista de Essauira, ya había señalado a la AMDH el pasado marzo. El Comité Central de ésta se ha reafirmado, sin embargo, en su combate contra el imperialismo y el sionismo, «en tanto que movimiento racista, colonialista y agresivo», y en defensa de la autodeterminación del pueblo palestino y «la edificación del Estado democrático palestino sobre la integridad del territorio palestino con Jerusalén como capital»; y ha señalado, asimismo, la demostrada oposición al antisemitismo que caracteriza a sus 12.000 miembros, reconociendo el papel político de judíos marroquíes como Abraham Serfaty, uno de los presos políticos más conocidos de aquel país. La Asociación considera, en fin, que esta denuncia constituye un proceso contra el conjunto de la AMDH y de los antisionistas defensores del pueblo palestino en Marruecos.

En definitiva, y como ya hemos señalado, el Estado español se niega a presionar al reino alauí para iniciar un proceso realmente democratizador y, más aún, a devolver las plazas norteafricanas, porque le interesa más mantener el statu quo, tanto en el país africano como en Ceuta y Melilla. Y ello a pesar de que Marruecos sólo podrá seguir utilizando estas ciudades como moneda de cambio, en beneficio de sus intereses comerciales (legítimos, salvo cuando negocia sobre los recursos saharauis), mientras el Estado español mantenga su posición colonial. ¿Por qué España y la UE mantienen al Majzén? Además de por los motivos políticos ya indicados, porque sólo este régimen les permite esquilmar a placer (a través de las prácticas corruptas y autoritarias de Palacio) los recursos no sólo de los marroquíes, sino también del Sáhara (pesca, petróleo, fosfatos), que de otra manera estarían en manos de sus respectivos pueblos para potenciar su bienestar. Y también, desde luego, porque el régimen alauí es un aliado muy apreciado por los EEUU, que en la época de Bush lo incluyeron en su política del “Gran Oriente Medio”; de ahí se deriva igualmente el progresivo acercamiento de Marruecos a Israel y, en consecuencia, el incremento de la presión sobre la AMDH en el sentido que ya hemos señalado. Como vemos, tanto Obama como la UE siguen la línea de Kissinger de promover a cualquier tirano capaz de mostrar fidelidad y proporcionar “seguridad”; y el desarrollo de Al Qaeda en el Magreb les sirve, desde luego, de inestimable ayuda.

Las consecuencias de todo ello sobre el régimen político en ambas monarquías son similarmente desastrosas. En Marruecos, al convertir al rey y su régimen ultrarreaccionario en cabeza de un proyecto chovinista (el Gran Marruecos), aceptado internacionalmente, tanto más capaz de aglutinar a los sectores más atrasados de la población cuanto más acentúe el Estado español el carácter de fortaleza de Ceuta y Melilla. En nuestro país, al azuzar el patrioterismo y la secular enemistad hacia «el moro», fortaleciendo una concepción de España excluyente, chovinista, racista e imperialista, y dividiendo aún más a los trabajadores de ambas nacionalidades; convirtiéndose el Estado, además, en cómplice del expolio y sometimiento del pueblo saharaui y de la opresión sobre los marroquíes.

«No se puede “defender la patria” de otro modo que luchando por todos los medios revolucionarios contra la monarquía, los terratenientes y los capitalistas de la propia patria, es decir, contra los peores enemigos de nuestra patria; […] pues el zarismo no sólo oprime económica y políticamente a estas nueve décimas partes de la población sino que las desmoraliza, humilla, deshonra y prostituye, acostumbrándolas a oprimir a otros pueblos, acostumbrándolas a encubrir su propio oprobio con frases hipócritas de seudopatriotismo» (4).

Y es que, como señalaban Marx y Engels, «el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre». Los comunistas queremos una España «libre e independiente, autónoma, democrática, republicana, orgullosa, que base sus relaciones con los vecinos en el principio humano de la igualdad y no en el principio feudal de los privilegios» (4). Y lo mismo deseamos para Marruecos en relación con el pueblo saharaui. Pero somos conscientes de que, «para que las distintas naciones convivan o se separen libre y pacíficamente […], es necesaria la plena democracia defendida por la clase obrera. ¡Ni un solo privilegio para ninguna nación, para ningún idioma! ¡Ni la más mínima vejación, ni la más mínima injusticia con ninguna minoría nacional!: tales son los principios de la democracia obrera» (5). Por eso, y por solidaridad con nuestra clase, los comunistas españoles apoyamos la Revolución en Marruecos y a las organizaciones que trabajan por ella.

Lenin defendía la autodeterminación de los pueblos sometidos al zarismo porque, entre otras cosas, esa era la única manera de permitir a sus trabajadores avanzar hacia su emancipación y de ganarlos para la Revolución. En 1919, durante los debates del VIII Congreso del Partido Bolchevique, Lenin se opuso a la impaciencia de Bujarin respecto a ciertos pueblos del imperio zarista, refiriéndose al «proceso de diferenciación del proletariado» frente a las clases dominantes en cada territorio:

«Admitamos incluso que los bashkires derrocasen a los explotadores y que nosotros les ayudásemos a hacerlo. Pero esto es posible únicamente si la revolución ha alcanzado plena madurez. Y hay que hacerlo con cuidado, para no frenar con nuestra intervención ese mismo proceso de diferenciación del proletariado que debemos acelerar. […] Es necesario esperar el desarrollo de la nación de que se trate, la diferenciación del proletariado frente a los elementos burgueses, lo cual es inevitable. […] Cada nación debe obtener el derecho a la autodeterminación y esto contribuye a la autodeterminación de los trabajadores» (6).

Aplicado esto al caso que nos ocupa, es obvio que las izquierdas españolas no pueden pretender que Marruecos se democratice sólo mediante declaraciones de solidaridad, o por el “ejemplo” de nuestra poco ejemplar “democracia”, mientras se defiende el mantenimiento de las plazas que simbolizan la opresión colonial. Muy al contrario, ayudar a que se dé ese «proceso de diferenciación del proletariado» es demostrar el carácter infinitamente superior de la democracia obrera, es afirmar nuestro compromiso con las relaciones de plena igualdad entre los pueblos. Las posesiones norteafricanas (y también el Sáhara Occidental) son una barrera entre los pueblos y una rémora para el desarrollo de la “democracia” en general, y de la democracia obrera en particular, en Marruecos. Difícilmente conseguirán los trabajadores marroquíes deshacerse de la tutela de sus propias clases dominantes si éstas pueden seguir agitando el espantajo de la ocupación española para desviar su atención. Por el contrario, la firme resolución de abandonar todo resto colonial, que el PCE (m-l) ha mantenido desde sus inicios, refuerza los lazos de la clase obrera marroquí con la española y con sus propias organizaciones revolucionarias. Por eso, los trabajadores marroquíes deben saber que sólo el avance de las fuerzas de la Revolución les devolverá su integridad territorial.

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(1) Vuelos que, según Intereconomía, sirvieron para fotografiar al monarca alauí, quien «blinda con leyes su imagen sagrada». Según este medio, Zapatero no debería haber solicitado la mediación del Borbón, ya que a éste «temas aparentemente escabrosos no deberían salpicarle». Cabría recordar a los de Intereconomía que los Borbones saben tanto de imágenes blindadas como de «temas escabrosos».

(2) El País, 30/5/1995.

(3) El País, 19/10/2003. Cajal, por su parte, sostiene la necesidad de resolver la «situación colonial» en que se encuentran las posesiones norteafricanas y «reintegrar la integridad territorial de Marruecos». Cabe aclarar que la posición del diplomático, asesor del PSOE, favorable también a la devolución de Olivenza y la recuperación de Gibraltar, es compatible con su oposición a la autodeterminación del Sáhara y su opción por la autonomía en un Marruecos democratizado. Pero no deja de ser un ejemplo de que ni siquiera en los círculos del poder la devolución es desechada por completo.

(4) Lenin, El orgullo nacional de los gran rusos (1914).

(5) Lenin, La clase obrera y la cuestión nacional (1913).

(6) Lenin, Informe sobre el Programa del Partido (1919).

Juan Carlos de Borbón acumula una fortuna de 1.790 millones de euros según la revista Forbes

El Rey junto a Mario Conde

LibreRed

La familia del Rey Juan Carlos hace sus negocios. Su yerno es consejero de Telefónica. Su hermana se centra en las empresas de lujo. Su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. Pero al rey oficialmente no se le conoce ninguna otra empresa que la Jefatura del Estado.

Entonces, ¿cómo ha conseguido amasar una fortuna estimada por las revistas Forbes y Eurobusiness en 1.790 millones de euros? Diferentes libros y cargos públicos denuncian que los regalos recibidos y el uso de testaferros podrían acercarnos a la respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, para su último yate Fortuna empresarios mallorquines sumaron una colecta, sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, según el periodista Matías Vallés, a lo que el Gobierno regional de Jaume Matas (PP) sumó 400 millones. Y así disfruta de sus veraneos, como cada año recogen las imágenes de la familia real en Mallorca. La mayoría compartidas con numerosos logos de conocidas empresas.

“Hay que tener cuidado con la estimación de Forbes porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente. Incluso se le ha acusado e investigado por delitos financieros, como el cobro ilegal de comisiones y el robo de las obras de arte del Ducado de Hernani”, denuncia Iñaki Errazkin, autor de ‘Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones’.

La única forma de conocer sus ingresos públicos es rastrear los presupuestos. Directamente en 2009 recibió 8,9 millones. “Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de élite… Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores”, explica Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República.

Pero las cuentas no cuadran. Y nadie lo puede investigar. El artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Incluso tras el nombramiento de un interventor de las cuentas reales en 2007, la Casa Real afirmaba que era “una decisión administrativa y burocrática adoptada por el rey para mejorar el funcionamiento interno de la institución, no tiene más trascendencia“.

“La Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie”, denuncia Romero. La falta de control por parte, incluso, de los propios organismos públicos, fue denunciado en abril ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por Esquerra Republicana de Catalunya.

Recientemente, Gaspar Llamazares (IU) tenía que ampliar una pregunta al Gobierno sobre si podía dar “garantías de que ningún recurso de la familia real esté en paraísos fiscales” a todas las instituciones del Estado. No era la primera vez que denuncias similares se hacían públicas. Patricia Sverlo recogía en ‘Un rey golpe a golpe’ (Ardi Beltza, 2000) que tanto él como su familia tienen ahorrados 6.000 millones de pesetas en bancos suizos, por “si las cosas se tuercen en el Estado”.

Los escándalos económicos han salpicado en numerosas ocasiones a Juan Carlos de Borbón. Y han servido como indicios de los negocios en que podría estar involucrado. Durante los gobiernos de Felipe González, varios casos de corrupción fueron protagonizados por empresarios y personas de su máxima confianza: Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde pisaron en varias ocasiones los tribunales. Una situación que vuelve a estar presente con la publicación en septiembre del libro de Conde, Memorias de un preso, donde relata los intentos del rey por frenar la intervención de Banesto y su posterior enjuiciamiento.

A ellos se suman nuevos episodios, aunque toquen más de cerca a su sucesor. A primeros de agosto era detenido Pepote Ballester por el escándalo del Palma Arena; y Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, era nombrada ‘a dedo’ subdirectora de Proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona (PSC e ICV).

Humildes comienzos

Desde su designación como heredero de Franco, el rey no ha dejado de incrementar su fortuna privada. Siempre se recuerdan los problemas económicos que tuvo su familia tras el exilio de Alfonso XIII. Pero todo cambió desde que Luis Valls Taberner (Banco Popular) empezara a administrar una “suscripción popular” para aportar liquidez con el apoyo de otros banqueros, muchos nobles y empresarios franquistas.

Posteriormente recogería el testigo José María Ruiz Mateos. Un hecho que utilizó para intentar protegerse de la Justicia cuando Rumasa le fue expropiada. Entonces denunció haber entregado mil millones de pesetas al monarca. La fortuna de Juan Carlos de Borbón y su familia ha continuado aumentado. Y de forma ‘discreta’. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, pero la cifra de 1.790 millones “nunca ha sido desmentida por La Zarzuela”, según se recogía en un escrito del coronel Amadeo Martínez Inglés al Parlamento en 2008, quien un año antes había publicado ‘Juan Carlos I, el último Borbón. Las mentiras de la monarquía española’.

Fuente: http://www.librered.net/wordpress/?p=3865

Esclavas del siglo XXI

Colaboración de J.L. Forneo.

La esclavitud no es algo que las “democracias” modernas hayan desterrado demasiado lejos. En realidad es algo que está mas cerca de lo que pensamos. No solamente porque cada vez es más habitual aquello de que el trabajo asalariado es una esclavitud a cambio de dinero, sino porque la pobreza y la necesidad son fecundas canteras para que el sistema sin escrúpulos que es el capitalismo se aproveche para conseguir beneficio a costa de la vida, la dignidad, y la libertad de las personas.

Los países del este europeo son, quizás, el mayor ejemplo de cómo el capitalismo transformó a la población en mercancías competitivas en el mercado de la mano de obra, la droga o la prostitución, obligando a millones de personas a huir de sus países para poder sobrevivir, algo que los mafiosos (tan abundantes en el capitalismo, algunos más “legalmente” que otros) han sabido aprovechar bien.

Estos días ha sido desmantelada en España, concretamente en Vinaròs, una red que literalmente “compraba” mujeres rumanas para obligarlas a prostituirse en la carretera N-340, en la provincia de Tarragona. En el momento de los arrestos, el grupo se estaba lucrando de la explotación sexual de 11 mujeres de entre 19 y 38 años, todas rumanas, que habían llegado a España bajo una falsa apariencia de relación sentimental, con promesas de una vida mejor en Cataluña.

Cuando las mujeres llegaban a Tarragona eran “vendidas” a un grupo violento de proxenetas y se veían obligadas a ejercer la prostitución a pie de carretera. Si ellas se resistían a prostituirse, recibían amenazas de muerte, agresiones físicas y sexuales y vejaciones, siendo uno de los casos más graves el de una mujer que permaneció encerrada en un domicilio durante cinco días, siendo agredida y violada constantemente para, finalmente, volver a la carretera a continuar con la prostitución.

Las mujeres debían realizar cualquier tipo de servicio demandado por el cliente, incluso sin protección ni precaución, para después entregar todo el dinero de la jornada a los proxenetas. En caso de embarazo, las obligaban a continuar con la prostitución hasta un avanzado estado de gestación y, posteriormente, las hacían abortar de forma temeraria llegando a poner en peligro su vida.

Por supuesto que la red no ha sido desarticulada al completo, puesto que se trata de un negocio con muchos tentáculos, con diferentes fases: en primer lugar, están los que engañan a las mujeres para luego venderlas a los proxenetas, que son el segundo paso; y, después, están los que usan los servicios sexuales de las “esclavas”, sin importarles nada su estado de esclavitud.

En definitiva, y teniendo en cuenta que el propio jefe de estado rumano, Traian Basescu, se jacta de que Rumania es un país “libre” y que quien no puede sobrevivir aquí hace bien en buscarse un trabajo en otros países, el negocio de la mano de obra barata, de la prostitución y de la esclavitud (tres aspectos que no están tan separados como les parece a los defensores del capitalismo) está sostenido en una red de intereses de la que las mafias que esclavizan a trabajadores o mujeres son sólo la punta del iceberg.

En todo caso, y tal y como funciona un mundo globalizado económicamente como el que vivimos, y que algunos tantos defienden, el engranaje del negocio es largo, y mientras algunos facilitan la destrucción de la riqueza nacional, otros llegan como “inversionistas” para saquear los recursos, después los países ricos se aprovechan de la pobreza ajena para atraer mano de obra barata y la perversion intrínseca del sistema hace que, irremediablemente, acaben por surgir las mafias (las políticas, las laborales, las de la droga o la prostitución), y que el sacrosanto “mercado libre”, el sagrado y todopoderoso derecho al enriquecimiento por encima de todas las cosas, termine haciendo que la esclavitud, como hemos empezado diciendo en el título, no sea algo superado en el siglo XXI, ni siquiera en la moderna y “civilizada” Unión Europea (uno de los grandes bastiones del capitalismo mundial y, por lo tanto, de la consideración de todo, incluidos los seres humanos, como mercancías de compra y venta, de usar y tirar).Lo cierto es que Rumania y Bulgaria son los principales exportadores de carne barata al resto de los países de la Unión Europea, y están seguidas de otros países extracomunitarios, como Rusia o Ucrania, junto Colombia, u otros paises subsaharianos. Algo que dice mucho de la “libertad” de la que habla Traian Basescu y tantos otros políticos profesionales rumanos, y que consiste en que la situación de necesidad que ha provocado el capitalismo en países como Rumania provoque que sus ciudadanos tengan que huir del país para sobrevivir, y que en muchos casos esto sea aprovechado para engordar los bolsillos de muchos, y satisfacer las necesidades egoístas de otros, a costa de la dignidad humana.

Lo peor es que la noticia que ha dado lugar a esta entrada no es, aunque algunos quieran pensarlo o venderlo como tal, un caso aislado.

Lucha Social y Política de Clase

J. Romero

La riqueza en España ha crecido en los últimos años, pero se sigue repartiendo atendiendo exclusivamente al interés de la oligarquía empresarial y financiera dominante, que en España está imbuida de los peores vicios del autoritarismo fascista, al que se siente ligada estrechamente por su origen.

En el ámbito internacional se abre paso una coyuntura general de crisis del sistema capitalista y la burguesía impone en toda Europa un nuevo “contrato social” adaptado a los nuevos tiempos, para acabar con la ilusión burguesa del Estado de Bienestar. En esa coyuntura, el social liberalismo, sumiso como siempre, a los dictados de los “mercados”, estaba forzado a mostrar su verdadera esencia de clase. A partir de enero de este año, Zapatero, que hasta entonces había jugado con la ambigüedad de su famoso “talante”, lanzó un ataque tan brutal, que en apenas cinco meses (desde febrero ha aprobado tres programas de ajuste durísimos) ha liquidado o amenaza con liquidar algunas conquistas fundamentales del movimiento obrero.

La brusquedad y contundencia del ataque tenía también el objetivo de paralizar la respuesta y extender la idea de su carácter inevitable, para garantizar la resignación del proletariado. De hecho, en un primer momento, el Gobierno consiguió su objetivo, ayudado por la cobardía y desidia de los equipos de dirección de los sindicatos y la inopia general de la izquierda política.

Paulatinamente se ha ido recuperando la iniciativa e incluso, como prueba la reciente huelga de los trabajadores del metro madrileño, han podido conseguirse victorias, eso sí, parciales y limitadas a suavizar las consecuencias de los planes generales en las empresas, o negociar los ritmos de su aplicación.

Esto todavía es posible en las grandes empresas y en el sector público, pero en los sectores más precarizados, donde la clase obrera enfrenta peores condiciones laborales y, donde, por su dispersión, es más difícil la acción sindical, las posibilidades de mantener esa defensa, incluso parcial y limitada, son mucho menores; y, sin embargo, si no se logra extender la lucha a estos sectores, se debilitará seriamente la contundencia de la respuesta y se aislarán las luchas sectoriales, abocándolas a una defensa numantina fácilmente anulable empresa por empresa.

Zapatero señalaba recientemente: “…los socialistas nos reconocemos siempre en las reformas y en los cambios…nuestra capacidad de asumir responsabilidades y tomar decisiones permanece intacta” El País 23 julio 2.010. Y a tenor de los próximos planes adelantados por Salgado, Blanco, Corbacho y otros perros de presa de su gabinete, no les va temblar el pulso a la hora de imponer cuantos recortes les pidan los Botin, Díaz Ferrán y cia. Serán con la mayoría trabajadora, lo firmes que no son con los especuladores y vividores. *(1)

De ahí nuestra insistencia en superar la dispersión, unir fuerzas y plasmar las reivindicaciones de clase en términos políticos, generales. La convocatoria de la Huelga General para el 29 de septiembre, es un paso importante para lograr los dos primeros objetivos. Pero, aunque la situación está llevando a muchos trabajadores a tener en cuenta elementos políticos, queda mucho por avanzar en una cuestión tan fundamental.

El escenario que se abre paso, es el de una confrontación directa entre la clase obrera y la oligarquía con sus valedores, en la que solo los ingenuos pueden esperar que se respete el diálogo social. Por el contrario, van a utilizar plenamente los instrumentos y el poder del Estado que controlan, para imponer la política que conviene a sus intereses. Y cuando no les baste, recurrirán a la amenaza y a la represión. Así ha sido históricamente y a juzgar por la sucia campaña antisindical que han lanzado, no parecen dispuestos a cambiar. Se abre paso la lucha de clases en toda su crudeza y los trabajadores deben armarse políticamente para ella.

El papel de la dirección del PSOE en el dominio y sometimiento del proletariado no es algo nuevo. Decir que el tiempo ha ido limando las fronteras entre derecha e izquierda en las instituciones, se ha convertido en un lugar común; pero si miramos la historia más reciente, veremos que la actitud política del social liberalismo ha sido siempre la misma: buscar el máximo consenso social, anular la confrontación de clase, transformándola en un duelo formalizado y ritual, en un marco general de paz social, para terminar dirigiendo los ajustes que a la derecha neo franquista, le hubiera costado más aplicar.*(2) Al margen de las buenas palabras y de un cierto tinte “social” en temas que no comprometen directamente los intereses del gran capital, Zapatero y su gobierno no han sido una excepción. Les viene como anillo al dedo la certera apreciación de Marx: “…al mismo tiempo que los gobiernos actuales coquetean con los obreros, se dan perfecta cuenta de que su único apoyo reside en la burguesía; por ello, intimidan a ésta última con frases amistosas para con los obreros, pero no pueden ir jamás contra ella”.

Tras la Huelga General, se va a plantear con toda su crudeza la cuestión de cómo continuar la lucha que se prevé, insistimos en ello, larga y dura. Los dirigentes oportunistas y reformistas, por su parte, han olvidado completamente la dialéctica y se limitan a aplicar un análisis simplista y grosero de la realidad, popularizando una versión idealista y cínicamente moralizante de la política que gira sobre la conciliación de clases y la delegación de los intereses de la mayoría social en sus “representantes” institucionales.

Formalmente reconocen la necesidad de la movilización, pero la circunscriben al ámbito social, sin expresión política; el proletariado ya no es sujeto activo del proceso revolucionario: su papel debe limitarse a votar a sus representantes y delegar en ellos la práctica política, apoyándoles en sus luchas palaciegas.

Esta vieja concepción del contrato social “socialdemócrata” que dio origen al denominado Estado de Bienestar (en unas circunstancias históricas muy distintas) y que sigue obsesionando a un buen número de dirigentes sindicales y políticos de la izquierda institucional, tiene sus días contados. El imperialismo no necesita mediadores con el proletariado, porque, acuciado por la crisis tiene muy poco que ofrecer para garantizar la paz social. Pero, sobre todo, porque se siente fuerte, considera muy débiles a sus opositores y sabe que la fuerza del proletariado organizado como clase independiente es temible, por eso es ahora que éste está desorientado, disperso y sin referencias, cuando han preferido forzar el enfrentamiento hasta las últimas consecuencias.

No es fácil articular una oposición política en un clima de asfixiante dominio de la oligarquía en todos los ámbitos. Pero es imprescindible intentarlo, porque de otro modo, se anula la principal garantía de futuras victorias, que solo se darán si y en la medida en que se sea capaz de pasar de lo concreto a lo general, de la pelea aislada a la de clase, de la reivindicación social a la política. La unidad y la claridad en los objetivos, son fundamentales para llevar a cabo esta tarea.

El desarrollo de las contradicciones internas del capitalismo amenaza la salida de esta crisis y va a desencadenar otras que continuarán la educación del proletariado en la dura escuela de la pelea social y le enseñarán que cuando están en juego intereses generales, no cabe la conciliación, es preciso organizar la lucha como clase que articula sus propias reivindicaciones políticas, que necesariamente estarán radicalmente enfrentadas a las de su principal enemigo: la oligarquía empresarial y financiera y sus aliados dentro del movimiento popular. Esa será en un futuro próximo la principal tarea de los comunistas y para cumplirla cabalmente necesitamos ligarnos al proletariado en sus luchas, para ayudarle a desentrañar las causas de los problemas y orientarle en las soluciones.

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*(1).- Entre estos planes: un endurecimiento de las condiciones para mantener la prestación de desempleo y la modificación de la negociación colectiva dirigida a individualizar las condiciones de trabajo

*(2).- Desde 1.982, los mayores golpes contra el proletariado los ha asestado el social liberalismo. Primero F. González: reforma Boyer de la ley de arrendamientos urbanos que abrió paso a la economía del ladrillo; reconversión industrial, que liquidó en la práctica algunos sectores industriales estratégicos; reforma de las pensiones que inició el ataque al sistema público; el denominado Plan de Empleo Juvenil que creó hasta 16 modalidades de contratación temporal y abrió el camino a la generalización del empleo precario, motivando la convocatoria de la Huelga General del 14 D; los decretazos de 1992 y 1993, que desregularon el derecho laboral. Ahora, Zapatero y sus tres planes de ajuste aprobados y los que están ya anunciados.

No Son Presos de Conciencia

Carlos Hermida

La decisión del gobierno cubano de poner en libertad progresivamente a 52 presos ha tenido una enorme repercusión mediática, caracterizada, como siempre que se hace referencia a la realidad cubana, por las mentiras, las tergiversaciones y las deformaciones más groseras.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles han ocultado deliberadamente que estas personas habían sido juzgadas y condenadas por participar en una amplia conspiración contra el Estado cubano. Aquí reside la clave de la operación de desinformación e intoxicación ideológica en la que participan activamente los periódicos, la radio y la televisión. Los ciudadanos ahora liberados, y los que lo serán en los próximos meses, no son inocentes, pacíficos y angelicales presos de conciencia encarcelados por haberse atrevido a criticar a la pérfida dictadura castrista, sino activistas pagados por Estados Unidos para conspirar contra el régimen de su país, algo que está castigado en todos los códigos penales del mundo. A los periodistas y tertulianos españoles que durante varios días han criticado ferozmente al régimen cubano por violar los derechos humanos, hay que recordarles que nuestra Ley de Partidos ha ilegalizado las organizaciones de la izquierda abertzale y privado del derecho al voto a decenas de miles de ciudadanos vascos, y que recientemente nuestra democrática justicia ha sancionado al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Y a nuestros democráticos periodistas también se les suele olvidar que Amnistía Internacional lleva muchos años denunciando documentadamente en sus informes la práctica de la tortura en España.

Los individuos ahora excarcelados eran agentes del “Proyecto Varela”, cuyo objetivo no era otro que el de destruir el régimen socialista de Cuba por cualquier medio, incluyendo actividades violentas y la intervención militar. Este proyecto, diseñado por Estados Unidos, contando con la activa colaboración de la mafia cubana de Miami, contaba con una financiación de 40 millones de dólares.

Es importante recordar que la detención, juicio y encarcelamiento de estos mercenarios tuvo lugar entre 2002 y 2003, años en los que Cuba fue incluida en el definido por el presidente Bush como “Eje del Mal”y se atribuía al régimen cubano la posesión de armas biológicas. Fue en ese contexto de amenaza de invasión por parte de la Administración estadounidense cuando el gobierno cubano, en legítima defensa de su ordenamiento jurídico y soberanía nacional, detuvo a unos ciudadanos que pretendían, y siguen pretendiendo, acabar con el ordenamiento político y jurídico de Cuba.

Los medios de comunicación insisten en hablar de presos políticos y de conciencia reprimidos brutalmente por la tiranía castrista, pero ocultan celosamente que las organizaciones del llamado exilio cubano y sus agentes en el interior practican actos terroristas que en España están castigados con larguísimas penas de prisión.

Desde hace cuatro décadas el pueblo cubano ha sido víctima de actos terroristas concebidos y financiados en su inmensa mayoría por Estados Unidos. Como resultado de las 681 acciones terroristas llevadas a cabo desde 1959, debidamente probadas y documentadas, han resultado muertas 3.478 personas y otras 2.099 quedaron incapacitadas.

En 1960 el gobierno de Estados Unidos aprobó el “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro”, conocido como “Operación Mangosta”, que autorizaba la creación de una organización secreta para operar dentro de Cuba, y en 1962 se adoptó el “Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta contra el régimen cubano.

Entre 1959 y 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados y dirigidos a Estados Unidos. El 6 de octubre de de 1976 se produjo el más brutal atentado terrorista, cuando en pleno vuelo estalló una bomba en un avión civil de la compañía Cubana de Aviación, resultando muertas 73 personas. El atentado fue cometido por mercenarios venezolanos contratados por dos conocidos terroristas cubanos: Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, reclutados por la CIA desde 1960. Incluso dentro de Estados Unidos se han cometido acciones contra intereses cubanos. El 5 de junio de 1976 la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos; en marzo de 1980 se colocó una bomba en el automóvil del Representante Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva York, y en septiembre de 1980 fue asesinado el diplomática Félix García, integrante de la representación cubana ante Naciones Unidas.

A partir de 1992 fue la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) quien asumió la organización de las acciones terroristas contra Cuba, fundamentalmente contra instalaciones turísticas. En 1997, mercenarios de la Fundación hicieron estallar siete bombas en instalaciones hoteleras.

A los periodistas se les debe exigir que tengan una mínima honestidad profesional y analicen los hechos con objetividad. Lo que no es admisible es que en España la prensa niegue la condición de presos políticos a los militantes de ETA, con el argumento de que están condenados por delitos terroristas, y se conceda el estatuto de presos de conciencia a mercenarios que se dedican a colocar bombas en aviones y hoteles. Y tampoco es de recibo que la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre conceda cuantiosas subvenciones a la Fundación Hispano-Cubana, creada en 1996 y a la que se relaciona directamente con la FNCA, responsable, como ya hemos visto, de criminales atentados contra Cuba.

Grover Furr: «Las acusaciones de Jruschov contra Stalin son falsas»

Entrevista a Grover Furr en A Verdade, órgano del PCRB, partido miembro de la CIPOML

A Verdade (La Verdad), periódico socialista brasileiro al servicio de la clase obrera, ha entrevistado recientemente, 13/07/10, al gran Grover Furr, profesor en la Universidad de Montclair en New Jersey, EEUU. Es autor, entre otros, de “La Infamia Anti-Estalinista”, lanzado recientemente en Moscú. Grover Furr, a quien todos los bolcheviques deberían conocer, es doctorado en literatura comparada medieval por la Universidad de Princeton y, desde 1970, enseña en la universidad de Montclair. Fue responsable de cursos sobre la guerra del Vietnam y sobre literatura de protesta social. Sus intereses en la investigación se centran principalmente en el marxismo, la historia de la URSS y el movimiento comunista internacional. En la siguiente entrevista, el profesor Furr habla sobre su investigación sobre los «mitos estalinistas», acerca de los cuales comenta que «60 de los 61 cargos que Jruschov hizo a Stalin son demostrablemente falsos». Os dejamos con la entrevista:

A Verdade – Hace poco, un gran número de libros han sido publicados para atacar a la persona y la obra de Josif Stalin. ¿Cómo se explica la intensificación de la lucha contra el régimen “estalinista” en los EE.UU. y el mundo?

Grover Furr – Desde finales de 1920, Stalin ha sido el blanco principal del vocerío anticomunista y capitalista. León Trotsky atacó a Stalin para justificar su propia incapacidad para ganarse a las masas trabajadoras de la Unión Soviética. La verdadera causa de la derrota de Trotsky es su interpretación del marxismo –una especie de determinismo económico extremo–: sus predicciones decían que la revolución estaba condenada al fracaso si no era seguida por revoluciones en otros países industrialmente avanzados. Pero la dirección del Partido prefería el primer plan de Stalin para construir el socialismo en un país. Las ideas de Trotsky tenían (y todavía tienen) una gran influencia en todos los capitalistas y anticomunistas. Los historiadores trotskistas son muy bien recibidos por los historiadores capitalistas. Pierre Broué y Rogovin Vadim, los historiadores trotskistas más destacados de las últimas décadas, han sido elogiados y siguen siendo frecuentemente citados por los historiadores abiertamente reaccionarios. Muchos en la dirección del Partido en 1930 lucharon contra Stalin cuando defendió la democracia dentro del Partido y, sobre todo, mediante elecciones democráticas para los soviéticos. Las conspiraciones en la década de 1930 revelaron la existencia de una amplia corriente de oposición a las políticas relacionadas con Stalin. Estas conspiraciones existían realmente: la oposición trataba de derrocar al Partido soviético y asesinar a los líderes de gobierno, o tomar el poder encabezando una revuelta en la parte trasera, en colaboración con los alemanes y los japoneses. Nikolai Ezhov, jefe de la NKVD, colaboró con su propia conspiración derechista, incluida la colaboración con el Eje. Con objeto de mantener sus propios fines, ejecutó a cientos de miles de ciudadanos soviéticos completamente inocentes, precisamente por su confianza y lealtad al gobierno soviético. Cuando Stalin muere, Jruschov y muchos líderes del Partido ven que podían tener la culpa de estas restricciones generales sobre Stalin. También inventó muchas otras mentiras sobre Stalin. No sólo Jruschov, sino Lavrentii Beria y personas cercanas a ambos. Cuando, mucho más tarde (1985), Gorbachov asume el poder, también se da cuenta de que sus “reformas” capitalistas – la salida del socialismo hacia las relaciones capitalistas de mercado- podrían justificarse si su campaña anti-comunista se describiese como un intento de «rectificación de los crímenes de Stalin». Estas mentiras e historias de terror siguen siendo la forma principal de la propaganda anticomunista, todavía a día de hoy. La tendencia nos muestra que estas medidas se están intensificando, porque los capitalistas están reduciendo los salarios y beneficios sociales de los trabajadores, fomentan la transición hacia un nacionalismo exacerbado, propagan y defienden el racismo y la guerra.

A Verdade – ¿Qué le llevó a interesarse por la historia de la URSS?

Grover Furr – Cuando estaba en la universidad, desde 1965 hasta 1969, participé en las protestas contra la guerra de EE.UU. en Vietnam. Un día, alguien me dijo que los comunistas vietnamitas no podían ser “chicos buenos” porque todos eran estalinistas y «Stalin mató a millones de personas inocentes». Eso se me quedó grabado. Probablemente fue por eso, a principios de 1970, por lo que leí la primera edición de El Gran Terror, de Robert Conquest. Me impresionó cuando lo leí. Pero yo conocía un determinado campo de Rusia y podía leer esta lengua, porque yo había estudiado literatura rusa desde la escuela secundaria. Entonces examiné el libro de Robert Conquest cuidadosamente. ¡Al parecer, nadie lo había hecho! Descubrí entonces el uso deshonesto que Conquest hace de sus fuentes. Sus notas no apoyan ninguna de sus conclusiones “anti-Stalin”. Básicamente, hizo uso de cualquier fuente que era hostil a Stalin, independientemente de si era fiable o no. Así que decidí escribir algo coherente. Me tomó un tiempo largo, pero finalmente se publicó en 1988. Durante este tiempo he estudiado la investigación que están realizando nuevos historiadores de la URSS, Arch Getty, Robert Thurston y muchos otros.

A Verdade – Antistalinskaia Podlost, su libro (La Infamia Anti-Estalinista), se publicó recientemente en Moscú. Cuéntenos un poco sobre él.

Grover Furr – Hace una década me enteré de la gran cantidad de documentos que se estaban revelando de archivos secretos de la antigua Unión Soviética, y empecé a estudiarlos. Leí en alguna parte que una o dos declaraciones de Jruschov, en su famoso “informe secreto” de 1956, fueron identificadas como falsas de principio a fin. Por lo tanto, pensé que podría hacer una investigación y escribir un artículo señalando algunos errores expuestos por él durante el “informe secreto”. Nunca me imaginé encontrar que todo lo que dijo Jruschov (60 de los 61 cargos presentados contra Stalin y Beria) iba a ser completamente falso. Del cargo nº 61 no pude encontrar nada que lo confirmara ni desmintiese. Me di cuenta de que este hecho iba a cambiar todo, ya que prácticamente toda la historia desde 1956 se basa en lo dicho por Jruschov o escritores afines a él. He encontrado que el periodo de la historia soviética con Stalin al frente ha sido completamente tergiversado. No solo “un error aquí y allá”, sino básicamente un enorme fraude, la mentira más grande del siglo. Y gracias a mi colega de Moscú, Vladimir L. Bobrov, que fue el primero que me mostró estos documentos, me dio valiosos consejos en varias ocasiones y realizó un excelente trabajo de traducción. Sin la dedicación de Vladimir, no habría pasado nada.

A Verdade – En su investigación, usted tenía acceso directo a los archivos soviéticos recientemente desclasificados. ¿Qué dicen estos documentos acerca de los millones de muertos en el socialismo, especialmente durante la administración de Stalin?

Grover Furr – La gente muere todo el tiempo, pero en este caso creo que estamos hablando de muertes “excedentes”. Rusia y Ucrania experimentaban hambre cada tres o cuatro años. La hambruna de 1932-33 se produjo durante la colectivización. No cabe duda de que murieron más personas de las que habrían muerto de forma natural. Sin embargo, muchas personas más morirían en hambrunas sucesivas –cada tres, cuatro años, indefinidamente en el futuro– si no se hacía la colectivización. La colectivización significó que la hambruna de 1932-33 fue la última, con excepción de la grave hambruna de 1946-1947, que fue mucho peor, pero que se debió a la guerra. Y como he mencionado antes, Nikolai Ezhov deliberadamente mató a miles de personas inocentes. Es interesante considerar lo que podría haber pasado si Rusia no hubiera colectivizado la agricultura, y no hubiese acelerado su programa de industrialización, y si las intrigas de la oposición en la década de 1930 no hubieran sido aplastadas. Si la URSS no hubiera hecho la colectivización, los nazis y los japoneses habrían ganado. Si el régimen de Stalin no hubiera contenido las conspiraciones derechistas, trotskistas, nacionalistas y los militares, los japoneses y los alemanes habrían conquistado el país. En ambos casos, las víctimas entre los ciudadanos soviéticos habrían sido mucho, mucho más numerosas que los 28 millones de muertos en la guerra. Los nazis habrían matado a más judíos, más eslavos y más antifascistas. Con estos recursos, y tal vez incluso con los ejércitos de la URSS de su parte, los nazis habrían sido mucho, mucho más fuertes a la hora de luchar contra Inglaterra, Francia y los EE.UU. Con los soviéticos y los recursos de petróleo de Sakhalin, los japoneses habrían matado a muchos, muchos estadounidenses más. El hecho es que la URSS bajo Stalin salvó al mundo del fascismo no sólo una vez, durante la guerra, sino tres veces: por la colectivización, la derrota de los militares en la oposición derechista-trotskista y en la guerra. ¿Cuántos millones le da?

A Verdade – Algunos autores han tratado de encontrar similitudes entre Stalin y Hitler, y algunos incluso llegan a decir que el supuesto «estalinismo» fue «peor» que el nazismo. ¿Hubo realmente alguna relación entre Stalin y Hitler?

Grover Furr – Los anticomunistas y los capitalistas no examinan la lucha de clases y la explotación. De hecho, pretenden hacer ver que estas cosas no existen o no son importantes. Pero la lucha de clases causada por la opresión es el motor de la historia. Omitir esto es falsificar la historia. Hitler era un capitalista, un autoritario del tipo que es común en muchos países capitalistas. Stalin dirigió el Partido Bolchevique y la URSS, cuando los comunistas de todo el mundo estaban luchando contra todo tipo de explotación capitalista. Cuando decimos “peor”, siempre debemos preguntarnos: “Peor para quién?” La URSS y el movimiento comunista durante el período de Stalin definitivamente fue “peor que los nazis” para los capitalistas. Por eso odian tanto los capitalistas a Stalin y al comunismo. El movimiento comunista durante el período de Lenin y Stalin, e incluso más tarde, fue la mayor fuerza para la liberación humana en la historia. Y de nuevo tenemos que preguntarnos: “Liberación de quién? Liberación de qué?” La respuesta es: la liberación de la clase obrera en todo el mundo de la explotación capitalista, la miseria y la guerra.

A Verdade – Uno de los ataques más frecuentes a Stalin es que él sería responsable de la hambruna en Ucrania en 1932-1933, también llamada la Gran Hambruna. ¿Esta versión de la historia se corresponde con lo que realmente ocurrió?

Grover Furr – El Holodomor es un mito. Nunca sucedió. Este mito fue inventado por nacionalistas ucranianos pro-fascistas, junto con los nazis. Douglas Tottle lo demostró en su libro El fraude, la hambruna y el fascismo (1988). Arch Getty, uno de los mejores historiadores burgueses (es decir, no marxista y no comunista), también tiene un buen artículo sobre esto. Robert Conquest es el que da la versión antigua de que los soviéticos deliberadamente causaron la hambruna en Ucrania. No hay la más mínima prueba que pueda confirmar esta visión; por eso, una prueba así nunca ha salido a la luz. El mito del Holodomor persiste debido a que es el “mito fundacional” del nacionalismo ucraniano de derechas. Los nacionalistas ucranianos que invadieron la URSS junto con los nazis, mataron a millones de personas, entre ellas muchos ucranianos. Su única “excusa” es la propaganda de la mentira de que «lucharon por la libertad» contra los comunistas soviéticos, que eran «peores que los nazis».

A Verdade – Por último, deje un mensaje para los trabajadores brasileños.

Grover Furr – ¡Luchad por el comunismo! ¡Todo el poder a la clase obrera de todo el mundo!

Athayde Glauber, Belo Horizonte

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La refundación de Izquierda Unida y los fundamentos de la unidad

Refundar Izquierda Unida: ese es el objetivo que se marcó la coalición en su IX Asamblea General de noviembre de 2008. En ese proceso, el primer encuentro general se celebró en Fuenlabrada, el pasado 26 de junio.

Al menos en teoría, toda la izquierda española es consciente de la necesidad de unirse para afrontar la ofensiva política de la derecha envalentonada. Los sindicatos de masas han dado un primer paso convocando, tras mucha indecisión, a los trabajadores a la huelga general el próximo 29 de septiembre. Pero la clase obrera tiene enfrente un bloque oligárquico que controla más del 90% del Parlamento, la inmensa mayoría de las instituciones del estado monárquico y un poderosísimo aparato de propaganda puesto sin fisuras a su servicio. Con este panorama, si algo debe quedar claro, es que las clases populares no van a obtener victorias significativas en la lucha que empieza, si no la dota de objetivos políticos generales.

Se da por descontado que las fuerzas políticas y sociales de la izquierda coincidiremos en la organización de la Huelga General, en las convocatorias de solidaridad y en las movilizaciones populares que están por venir. Así ha sido en otras ocasiones. Pero no se trata sólo, ni fundamentalmente, de eso; hablamos de reconstruir unitariamente la izquierda política, lo que no es necesariamente lo mismo que refundar IU; hablamos de orientar y dar perspectiva política a un enfrentamiento que no sólo va a ser largo y duro, sino que se da en condiciones de debilidad frente a un enemigo poderoso. Hablamos, en definitiva, de unidad de acción para preparar el éxito de la Huelga General, sí, pero sobre todo, de la necesidad de lograr la unidad popular para trabajar desde ya por la superación democrática del régimen monárquico continuista, por un nuevo marco republicano, popular y federal que permita desarrollar en mejores condiciones la lucha de la mayoría social frente a la oligarquía y sus servidores. Cualquier otra alternativa lleva al movimiento popular a una vía sin salida.

Por eso es lógico que se vea como algo positivo la refundación de IU, siquiera sea porque la mayoría de gentes y fuerzas de esa coalición son parte fundamental en la reconstrucción de una referencia política nueva que unifique, represente y dirija las demandas de las clases populares.

Ahora bien, refundar una organización política requiere asentar su programa sobre nuevos fundamentos, adoptar unas bases y principios de actuación nuevos, acordar unas formas de organización que garanticen una coherencia entre lo que se dice en las asambleas y lo que defienden sus dirigentes y representantes en los foros e instituciones políticas del estado.

Es ilustrativo que fuera precisamente la IX Asamblea la que adoptó la decisión de refundar IU, porque esa Asamblea fue la mejor prueba de la permanencia de la contradicción que la ahoga: la consciencia de que «algo ha de cambiar» para volver a «hacer creíble y necesaria una propuesta de izquierda anticapitalista, alternativa y transformadora» y la incapacidad de construir nada nuevo y capaz de ilusionar, sin atacar la raíz de los problemas y con los Llamazares, Pérez, Nuet y cía., es decir, una parte importante y muy significativa de la dirección real (la que adopta las decisiones y marca la agenda política de IU en las instituciones del Estado en las que participa) haciendo la política que más les conviene, aunque ello signifique hacer justo lo contrario de lo que se predica.

¿Es posible que a lo largo de estos meses haya cambiado algo sustancial; que, como Enrique de Santiago, coordinador del proceso de refundación, señala en una reciente entrevista: en IU, «todos han asumido la importancia de priorizar lo esencial sobre lo secundario»? ¿Es la refundación de IU el verdadero propósito puesto en evidencia en la Asamblea del pasado 26 de junio?

Mucho nos tememos que no. Confiada en el repunte electoral que auguran las encuestas, la dirección de IU se ha limitado a invitar a la asamblea, en un revoltijo amorfo, a un conjunto de organizaciones y personas (1) que, en general, siempre han estado en el ámbito de influencia de la coalición, cuando no dentro y que con el paso de los años fueron apartándose de ella por diversas razones. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que más que un primer paso para la refundación, la asamblea del pasado 26 de junio fue un intento de reagrupamiento de IU.

En la coyuntura actual, la unidad de la izquierda no se logra sumando en un todo caótico y disperso las diversas áreas sectoriales de trabajo. Es imprescindible establecer unos objetivos comunes, que necesariamente deben orientarse en un sentido de lucha por un nuevo marco republicano, popular y federal, con un programa político enfrentado, directa y frontalmente, al actual dominio de la oligarquía en la vida política española y al régimen que le da acomodo. Es decir, no hay verdadera unidad de la izquierda sin ruptura con el statu quo en el que se sigue moviendo, con mayor o menor convicción, la actividad institucional de Izquierda Unida.

El movimiento republicano y el movimiento sindical no son una parte más de la confluencia de la izquierda. Son precisamente los núcleos de vertebración de la unidad, o deben serlo si no queremos convertirla en la enésima “cesta de cangrejos” en la que todo cabe: hablar de transformación, ruptura democrática y república en los foros y asambleas, al tiempo que se pacta con el PP en Caja Madrid o se apoya una ley sobre las víctimas del terrorismo que, se reconozca o no, asume muchas de las posturas más aberrantes del PP en la materia y deja al margen el terrorismo de estado.

Seamos claros: una buena parte de los dirigentes de la coalición son objetivamente parte del sostén, por la izquierda, del régimen oligárquico que no cuestionan, y siguen condicionando decisiva y negativamente la actividad práctica de la coalición, deteriorando su imagen ante los trabajadores y ciudadanos.

En Izquierda Unida, la sufriente e ignorada militancia de base no participa de las grandes decisiones practicas que realmente adoptan sus dirigentes en las instituciones, mientras que éstos se dividen continuamente en multitud de familias constantemente peleadas, estableciendo alianzas inestables para, al final, cerrar filas únicamente cuando toca mantener el delicado equilibrio de fuerzas interno, aunque hasta ahora ello se haya hecho, las más de las veces, arrojando la coherencia por la borda.

En Izquierda Unida, las cesiones siempre las ha hecho su izquierda: Cayo Lara, el actual Coordinador General, sin ir más lejos, fue elegido por un ajustado 55 % de los votos del Consejo Federal de IU, en diciembre de 2008, después de que la IX Asamblea General, la misma que puso en marcha formalmente el proceso de refundación, celebrada unas semanas antes, fuese incapaz de nombrar Coordinador (2).

Meses después, en marzo de 2009, IU de Madrid elegía su dirección, encabezada por Gregorio Gordo, triste hombre de paja del derechista y campeón de la marrullería, Ángel Pérez, por práctica unanimidad (nada menos que el 93% de los votos). Salta a la vista que, como decimos, sus dirigentes más desacreditados mantienen un cómodo control del aparato e imponen al final su criterio, utilizando la “unidad” como excusa.

La derecha de IU, sin embargo, nunca ha cedido en lo que considera esencial de su proyecto político; por el contrario, ha llegado a forzar o, incluso, encabezar la ruptura de la organización donde y cuando lo ha considerado necesario para reforzar su posición: así ocurrió en Cataluña, el País Valenciano y, más recientemente, Asturias. Y eso es lo que pasó anteriormente con la denominada “nueva izquierda”, que terminó echándose en brazos de la “casa común”, tras sabotear durante meses el trabajo de Izquierda Unida, con una libertad de movimientos realmente inexplicable.

De hecho, en las próximas elecciones municipales y autonómicas, muchos de esos dirigentes oportunistas van a ser quienes lideren en la práctica la política de la coalición, su cabeza visible en lugares tan importantes como Madrid (3), lo que va a dañar la credibilidad del propio proceso de refundación de IU, que está previsto que finalice en 2012, significativamente tras las próximas elecciones generales.

Tenemos muy claro que en una fuerza unitaria de la izquierda es necesario convivir con sectores oportunistas y derechistas; que la “pureza” en política es, muchas veces, el argumento final de quienes temen crear las condiciones para hacer más fuerte al campo popular. Nosotros sabemos y aceptamos que la unidad sólo se alcanzará si todos somos capaces de colocar lo esencial por delante de lo secundario. Pero esa convivencia no puede condicionar el programa real, las grandes líneas que unen a las fuerzas y gentes implicadas. Un buen ejemplo histórico de lo que decimos nos lo brinda la experiencia del Frente Popular, que fue capaz de respetar la actividad de cada fuerza comprometida, aun con sus contradicciones, al tiempo que forzaba a todas a respetar los acuerdos comunes.

Y mucho nos tememos que ello aún no es posible en IU (aunque sí con la mayoría de su gente), ni lo será mientras su izquierda más consecuente no acepte correr el riesgo de romper con los sectores que mantienen a la coalición en el “limbo” de la indefinición, pegada al frufrú de la política cortesana, del consenso y de lo aceptable en el juego institucional.

Fuera de IU hay mucha izquierda y bueno es que una parte de su dirección lo sepa y lo señale públicamente; pero fuera de IU (y cada vez en mayor medida, al margen de la lucha política y de la izquierda) hay millones de trabajadores y ciudadanos que están sufriendo la brutal contundencia de una crisis que es algo más que económica, sin instrumentos políticos propios.

Seguiremos trabajando por esa unidad, veremos cómo evoluciona el proceso de refundación de IU y esperamos que los sectores de verdad interesados en avanzar juntos, que son muchos en Izquierda Unida, no lo dudamos, den el paso de colocar en el eje de la unidad los principios que pueden dar fundamento real a lo nuevo que debe nacer, si no queremos arriesgarnos a una grave derrota del campo popular. Pero lo primero es delimitar el campo, determinar quiénes y en qué condiciones pueden (podemos) aportar a esta tarea. En definitiva, el principal obstáculo para su refundación está dentro de IU. Fuera queda todo un trabajo que hacer, que estamos dispuestos a encarar sin demora, pero eso sí, con la claridad y la firmeza que las circunstancias requieren.

J. Romero

(1) En su Guía participativa para la refundación de la izquierda, esta es la relación de los movimientos “emancipadores y transformadores” convocados a la “refundación”: feministas, ecologistas, sindicalistas, defensores (y defensoras) de los derechos humanos, personas migrantes, activistas del movimiento LGTB, activistas del cristianismo de base, personas del movimiento republicano, jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil, personas del movimiento vecinal, activistas de la cultura y la comunicación, personas del movimiento cooperativista y por otra economía, activistas del mundo rural y trabajadores (y trabajadoras) del campo, activistas por la solidaridad internacional y todo tipo de activistas contra la exclusión social y defensores de los derechos de minorías, de personas con discapacidad, de internautas, etc.

(2) En la IX Asamblea, la lista de Cayo Lara obtuvo el 43,3%, frente al 27,7% de los llamazaristas y el 18,8% de la llamada 3ª Vía o N-II, encabezada por el derechista Joan Josep Nuet.

(3) En marzo de este mismo año, por ejemplo, IU Madrid elegía como candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento a Gregorio Gordo y Ángel Pérez respectivamente, con una holgada mayoría cercana al 80% de su Consejo Regional. La izquierda de la coalición se plegaba una vez más, en aras de la “unidad interna”, y apoyaba a las cabezas visibles de una política que ha llevado a la coalición a unas cotas de descrédito muy serias.

Huelga del Metro de Madrid: ¿Ensayo de la huelga general?

Después de más de una semana de negociaciones con la empresa, los trabajadores del Metro de Madrid vuelven a la Huelga. El objetivo de los sindicatos es defender el cumplimiento del Convenio colectivo y evitar el recorte de los salarios que les quiere imponer el Gobierno ultrarreaccionario de la Comunidad de Madrid, por decisión personal de la “lideresa” del PP madrileño, Esperanza Aguirre.

Es de reseñar que con la convocatoria de la huelga, después de varios días de “tregua” por las negociaciones, de victorias futboleras y excitación de los nacionalismos patrios, hemos vuelto a la “normalidad” política y económica de crisis, a las medidas antisociales contra la clase obrera y a la ejemplar respuesta de los trabajadores del metro de Madrid, que desató, hace sólo unos días, la histeria de la oligarquía en forma de editoriales, artículos y opiniones de los “tertulianos” charlatanes de feria de turno, que se lanzaron en una verdadera cruzada contra los huelguistas.

Es primordial sacar lecciones de la lucha y desenmascarar la feroz campaña antihuelga, ya que la burguesía ensaya los métodos propagandísticos y legales para combatir las futuras luchas obreras y hacer fracasar la huelga general de septiembre, atacando sistemáticamente a los trabajadores y sindicatos del Metro, acusándolos de hacer una huelga «salvaje», «incumplir la ley» y los «servicios mínimos», tratándolos de «saboteadotes» que agredían con sus piquetes y de chantajistas que utilizan a los «madrileños como rehenes» para conseguir sus «egoístas» fines, de defender «privilegios»…

Los motivos de la huelga, la negociación colectiva, el convenio…

La huelga se inició en protesta contra la decisión de la Comunidad de Madrid de “ahorrar” 7,9 millones de euros recortando un 5% los salarios a los trabajadores del Metro, que son empleados públicos pero no funcionarios, amparándose en que así lo dictaba el decreto ley aprobado por el Gobierno social-liberal de Zapatero. Sin embargo, la Comunidad de Madrid quiere ir más allá del “tijeretazo”, puesto que en él se «excluía a las sociedades mercantiles, como es Metro de Madrid y como son Renfe, Adif o Aena, que además de ser sociedades mercantiles tienen convenio propio», como afirma Ignacio Arribas, secretario general de Comisiones Obreras de Metro de Madrid.

Para los sindicatos, lo más grave de esta agresión es la vulneración del derecho fundamental de los trabajadores a la negociación colectiva, al imponer un recorte salarial saltándose el convenio colectivo vigente sin ni siquiera negociar con los sindicatos. El artículo 37.1 de la Constitución define claramente este derecho: «La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios». Es indecente la hipocresía de la oligarquía española, así como de Esperanza Aguirre, que siempre cacarean sobre la defensa de la Constitución de 1978, cuando se trata de exaltar el «patriotismo constitucional» y la monarquía, pero no les crea ningún estupor saltársela, si se trata de pisotear los derechos sindicales y laborales de la clase obrera.

Recortes salariales, despilfarro, amiguismo, servicios “mínimos” abusivos… Estalla la indignación

Tras conocer los planes brutales e ilegales de la “lideresa”, los sindicatos se pusieron en marcha unitariamente, convocando a los trabajadores a asambleas masivas y a la huelga. La respuesta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar, imponiendo unos servicios “mínimos” abusivos del 50% del servicio, que dejaban la huelga sin efecto en la práctica.

La cólera se generalizó entre los trabajadores del metro. ¿Hacer una huelga para que no tenga efecto? ¿Cumplir los servicios mínimos abusivos y esperar unos meses para saber si son legales? Mientras a los trabajadores les recortan el sueldo, el derroche de dinero público para los “amigos” se generaliza, aumentando los altos cargos directivos (un 25,81%), que cobran más de 82.000 euros con sus extravagantes gastos a cargo de la empresa, construyendo estaciones de metro en descampados para facilitar operaciones inmobiliarias o haciendo obras faraónicas que son innecesarias.

Pero el gasto más llamativo es el de publicidad: 51 millones de euros en los últimos cuatros años. ¡Qué casualidad!, buena parte del presupuesto de publicidad de Metro de Madrid se va a la empresa Carat-España, cuyo presidente, Miguel Ángel Rodríguez, fue portavoz del primer Gobierno del deplorable y criminal de guerra J.Mª. Aznar.

La provocación era constante: incumplimiento del convenio colectivo, recortes salariales, despilfarro para los “amigos”, servicios mínimos abusivos… la total impunidad y la injusticia se convirtieron en indignación, la huelga se radicalizó y se paró el servicio totalmente.

Linchamiento mediático, sanciones, intentos de romper la huelga

La contundencia de la huelga puso muy nerviosa a la burguesía. Tanto el PP como el PSOE, así como la mayor parte de los medios de “comunicación”, unieron sus voces en un mismo discurso para criminalizar esta ejemplar huelga sin contemplaciones, tratando de enfrentar a la población usuaria del metro con los trabajadores y acusar a estos últimos de llevar a cabo un paro ilegal.

Los ejemplos de la campaña antisindical y antiobrera son innumerables: «Huelgas con rehenes. El incumplimiento de los servicios mínimos no puede convertirse en la pauta de sindicatos serios» (Editorial de El País); «Mañana huelga salvaje en el Metro sin servicios mínimos» (La Razón); «Su actitud es una auténtica vergüenza, un insulto y un desprecio a los madrileños» (Ignacio González, vicepresidente regional del PSOE de Madrid); «Son 30 años de democracia y no hemos hecho todavía una ley de huelga. Esto quiere decir que los representantes legítimos de los trabajadores siguen teniendo poder para colapsar ciudades y, en el caso de Madrid, para retener a 6,4 millones de personas, y eso no es propio de un país democrático» (Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid).

Un programa de Antena 3 manipulaba descaradamente, diciendo que los sueldos de los trabajadores eran de 2700 € mensuales sin decir que era la media en bruto, sin descontar el IRPF y la Seguridad Social (más de 1000€), ni el dinero que pierden los trabajadores cada día de huelga. Los medios trataban a los trabajadores de «funcionarios en el peor sentido, de vagos, de peseteros», con acusaciones de ser «unos trabajadores privilegiados de la Comunidad de Madrid», criticándoles de «egoístas» por no asumir los “sacrificios” que la Comunidad de Madrid ha aplicados a «todos».

Esta campaña se combinó con intentos de reventar la huelga obligando a conductores de reserva, intentando desplegar autobuses, queriendo enfrentar a los trabajadores pagando salarios a esquiroles por no hacer nada, amenazando con despidos, abriendo expedientes sancionadores, haciendo despliegues policiales exagerados. Pero, a pesar de la tentativa de intimidar a la plantilla, a pesar del linchamiento y la represión, la huelga fue un éxito rotundo.

La huelga fuerza la negociación

Después de varios días de huelgas con servicios mínimos abusivos y dos días de huelga total, los trabajadores decidieron levantar el pie del acelerador y se dieron una semana de plazo para negociar. Tras unos días de reuniones, los sindicatos mantienen su reivindicación de que los recortes no salgan de los salarios. Tras las últimas negociaciones, han logrado reducir a 4,5 millones de euros el ahorro, pero la dirección del Metro sigue exigiendo que haya recortes de un 1,5% en los salarios.

Los sindicatos, unificados en un comité de huelga, plantean que haciendo recortes en diferentes aspectos, como los de publicidad, se conseguían prácticamente los 7,9 millones de euros de ahorro que plantea la Comunidad de Madrid. Pero no se ha podido llegar a un acuerdo, ya que las órdenes de Esperanza Aguirre son claras: reducir los salarios de los trabajadores. Es por esto que los trabajadores, reunidos en asamblea, han vuelto a la huelga cumpliendo los servicios mínimos esta semana, y posiblemente convoquen más jornadas de protesta a lo largo de este mes, con más contundencia o menos, en función de cómo avance la negociación.

¿A qué se debe tanta saña contra la huelga de los trabajadores del Metro?

La oligarquía responde irritada a través de sus medios políticos y propagandísticos porque está nerviosa. La profunda crisis del capitalismo y el calado de las brutales medidas antisociales, auspiciadas por la UE y el FMI y aprobadas tanto por Zapatero como por la “lideresa” filofascista Aguirre, están generando un creciente descontento e indignación entre los trabajadores y las clases populares.

Desde que estalló la crisis, los medios del régimen han tratado de “gestionar” su discurso y su política para que nada escape a su control, combinando el miedo a perder lo que tenemos, la resignación de que no podemos hacer nada frente al poder del capital y la “ilusión” sobre la pronta “recuperación”. Está claro, si nos portamos bien, somos obedientes y responsables, tras las duras medidas “necesarias” e “inevitables” (recortes de las pensiones, salarios, laborales y sociales) veremos la luz al final del túnel, vendrán las inversiones, la prosperidad, el trabajo y el dinero de nuevo, pero si nos portamos mal (huelgas, protestas, manifestaciones) sólo servirá para que la miseria y el paro se ceben sobre nosotros.

En este momento de salvaje ofensiva patronal, la clase obrera está todavía dispersa, desorganizada, y no es consciente de su fuerza cuando se organiza y lucha. Con el fin de evitar que los trabajadores nos unamos, estimulan nuestro enfrentamiento (públicos-privados, parados-activos, inmigrantes-autóctonos, entre diferentes nacionalidades del Estado…); para evitar que nos organicemos, fomentan la desconfianza hacia las organizaciones sindicales (campañas contra las huelgas, los “liberados” y la “financiación” de los sindicatos…), estimulando también la despolitización de los obreros para que dejemos nuestro “destino” en sus manos. En resumen, aquí la política la hacen los «mercados financieros», los banqueros, hombres de negocios y grandes industriales a través de sus políticos a sueldo, los trabajadores tenemos que resignarnos, no podemos hacer nada, las tesis de la izquierda han fracasado históricamente y las protestas populares sólo servirán para espantar a los “inversionistas”.

Pero, a pesar de sus esfuerzos demagógicos, el equilibrio entre su discurso “tranquilizador” y la cruda realidad es cada día más precario e injusto: mientras las grandes fortunas, bancos y empresas rebosan de beneficios, evaden impuestos, defraudan a Hacienda y encima reciben “ayudas” públicas escandalosas, a los trabajadores nos pasan la factura. Los recortes neoliberales se generalizan, pasa el tiempo y la situación empeora dramáticamente, el paro se extiende, las familias obreras se empobrecen rápidamente y crece la desesperación al reducirse drásticamente nuestros ingresos y calidad de vida, al perder las viviendas…

El caldo de cultivo de las protestas masivas está creado y determinadas luchas ejemplares pueden calar y contagiar a otros sectores económicos como una chispa que enciende la gasolina de forma incontrolable. Ese es el “mal” ejemplo de los trabajadores del metro de Madrid. Ese es el problema y eso es lo que les preocupa.

Ninguna huelga puede tener éxito. Para la patronal y sus acólitos, políticos y mediáticos, es fundamental transmitir la sensación de que ninguna demostración de fuerza y de solidaridad de los trabajadores puede frenar los recortes sociales. No pueden permitir que los huelguistas se salgan con la suya y siembren un peligroso ejemplo que podría romper la actual desmovilización e impulsar la huelga general de 29 de Septiembre, así como animar a los trabajadores de otros sectores económicos a movilizarse.

Una lucha ejemplar

El ejemplo cala a pesar de la campaña mediática. Hemos escuchado estos días comentarios en los centros de trabajo o en los barrios obreros: «esto es una huelga con cojones», «si todos hiciéramos lo mismo, otro gallo cantaría». Es un sentimiento profundo en el pueblo, que muestra la voluntad de resistir frente los ataques patronales y al mismo tiempo la impotencia de no poder hacer nada. Por eso son importantes las luchas y las victorias. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no?

Es evidente que una lucha de estas dimensiones se da en la gran empresa, o como en este caso en el sector público, donde los trabajadores mantienen unas condiciones laborales, un grado de concentración de miles de trabajadores y los sindicatos mantienen una relevancia frente a la empresa. La importancia de estas luchas estriba en que ayudan a cambiar el estado de ánimo de los trabajadores, a combatir la resignación, a aprender y a sacar lecciones para organizar la resistencia:

1. La unidad sindical a través del comité de huelga compuesto por el Sindicato de Conductores, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Estaciones, que mantiene una sola voz frente a la empresa y la opinión pública.

2. El alto grado de unidad de los trabajadores para poder hacer frente a las mentiras, las manipulaciones y la represión.

3. La democracia asamblearia, donde los trabajadores discuten y deciden sobre las movilizaciones y las negociaciones.

4. La contundencia de las huelgas, que muestra claramente la firme voluntad de los trabajadores de Metro de defender el convenio colectivo y luchar contra los recortes.

Todos ganamos si el Metro gana

Mucho se ventila tanto en la huelga del Metro de Madrid, como en las próximas protestas en ciernes. La ofensiva patronal busca destruir derechos históricos, conquistados tras más de cien años de heroica lucha de la clase obrera, que debemos defender con fiereza:

a. El derecho de huelga, que intentan desvirtuar por ley, a través de unos servicios “mínimos” abusivos, mediante la utilización masiva del esquirolaje, las represalias patronales o la represión policial.

b. Los servicios públicos (sanidad, educación, transporte…) de calidad y sostenibles, que tratan de privatizar parcial o totalmente.

c. Los derechos sociales (jubilación, prestaciones de desempleo, bajas IT, maternidad…), que quieren recortar y desmantelar.

d. Los salarios, las condiciones de trabajo dignas para la clase obrera y los empleados públicos.

e. Los derechos políticos y la libertad sindical: garantías sindicales, delegados LOLS y del comité de empresa, la negociación colectiva.

En los próximos tiempos viviremos ataques sin precedentes; esto supondrá el aumento de campañas de linchamiento mediático contra los sindicatos y los obreros en lucha, que serán cada día más habituales. Querrán convencernos de que defender el derecho “constitucional” a la negociación colectiva o a nuestro empleo es preservar «privilegios», pero meter dinero público a saco, para los beneficios de la gran banca inmoral y parásita, es defender «derechos».

Las leyes regresivas contra nuestros derechos se extenderán. La patronal sabe que la resistencia popular crecerá frente a sus planes y trata de prepararse. Las luchas “salvajes” como la del Metro de Madrid irán a más, y si vencen ellos, nos abren las puertas a todos.

Los trabajadores del Metro nos demuestran, con su coraje y su determinación a luchar, que se puede plantar cara frente a los recortes, que podemos vencer. La huelga de los trabajadores del Metro de Madrid es un nuevo capítulo de la lucha de clases en este país, que puede servir como ensayo para la huelga general. Es esencial trabajar en solidaridad con los trabajadores del Metro, es el momento de cambiar la correlación de fuerzas a favor de la clase obrera y el pueblo, hay que preparar la huelga general del 29 de septiembre para que sea masiva y contundente. No nos queda otra vía.

El amargo fruto de la impunidad

Tomado de: ciudadanosporlarepublica.info

(…) La impunidad del franquismo se extiende hasta el presente. En el profundo desprecio de Esperanza Aguirre por los sindicatos, en el discurso contra los derechos de los trabajadores, en el odio manifiesto a los valores ilustrados y republicanos que la derecha española vomita cada día desde sus puestos en las instituciones, desde ayuntamientos, gobiernos autónomos, pero sobre todo desde radios, televisiones, tertulias, periódicos, lo que hay en el fondo es la vileza de la impunidad.

No se sienten culpables de aquellos crímenes, los siguen considerando como necesarios en su época, y les incomoda sobremanera que se haga un homenaje público a los que hace 70 años supieron luchar por las libertades de todos contra el fascismo. No lo soportan, y les parece una pesadilla que hoy, cuando se ha decretado el fin del estado social y democrático de derecho por la nueva tiranía de los mercados, la memoria histórica de nuestro pasado antifascista pueda inspirar a los luchadores de hoy.

Asistimos en estos días a un debate en la prensa en el que se cruzan artículos sobre la conveniencia o no de exigir el fin de la impunidad del franquismo y se cuestiona la naturaleza de la Transición. Javier Cercas, Joaquín Leguina, Josep Fontana o Santos Juliá han expuesto sus puntos de vista. No han sido los únicos, ha habido más contribuciones, pero los diarios tienen muy controlado el acceso a sus páginas —no vaya a ser que resulte que hay más pensamiento crítico que el que convenga— y no afloran en ellas ni mucho menos las respuestas y reacciones que algunas actitudes reaccionarias están provocando. Digo reaccionarias por la sencilla razón de que, con sus respuestas, algunos defensores de la Santa Transición están demostrando compartir muchos de los prejuicios franquistas y con sus argumentos para considerar la impunidad como necesaria, lo que hacen es seguir la estela del más florido propagandismo neofranquista. Son parte estas posturas de lo que, muy acertadamente, Floren Dimas llama «historiadores casadistas».

Básicamente se trata de un debate entre quienes consideran una necesidad democrática denunciar la impunidad de los crímenes franquistas, una impunidad que llega hasta la actualidad, y además exigen justicia, y los que consideran —desde posiciones que ellos califican como democráticas y que no voy a cuestionar— que estas exigencias hubieran impedido la Transición la democracia y lo que es peor, no se justifican, pues la República se habría deslegitimado por su propia contribución a los «crímenes». Que un destacado militante del PSOE como Joaquín Leguina, o un historiador especialista en la etapa republicana como Santos Juliá asuman tales consideraciones y lo hagan además indignados por lo que ellos llaman ataques a la Transición, lo que nos muestra es la herencia de confusión moral que nos legó el franquismo.

A ver señores, lo que afirmamos muchos en esta batalla por la memoria, que es una batalla por los valores democráticos y republicanos en este atribulado presente que vivimos, no es que la democracia actual, o la constitución del 78, tengan sus referentes en la IIª República o en la constitución de 1931. No es eso. Lo que decimos es que el actual régimen se ha basado en la impunidad del franquismo y sus crímenes. Y no hablo solamente de los crímenes del verano de 1936, sino de los que llegan hasta los años mismos de la Transición. Es más, afirmamos claramente que lo que está impidiendo cuestiones tan obvias como escribir negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado que el Régimen de Franco fue ilegal, criminal y genocida, que su aparato represivo fue ilegal y no solo ilegítimo, sus sentencias una falacia y una burla, y sus víctimas cientos de miles, no son cuestiones relativas a ese pasado más o menos lejano, sino otras más relacionadas con el presente.

Si la impunidad envilece, España es un país extraordinariamente lleno de gentes envilecidas. La salud de nuestro sistema político, la de nuestra democracia, se resiente de todo esto. La derecha española es claramente postfranquista, concepto que se ha de explicar. Son postfranquistas, porque se sienten herederos de los franquistas (son ellos mismos, sus hijos o sus nietos), lograron ganar su golpe, su guerra y su transición, perdonaron a sus víctimas en ella y son la mitad del cielo en la flamante democracia actual en la que nos dan lecciones diarias de «libertad», «liberalismo» y «libre empresa». No necesitan ser franquistas ahora porque sus abuelos ya hicieron el trabajo sucio. Unos sacudieron el árbol y estos siguen disfrutando de los frutos.

Los hijos de los fascistas se han vuelto neoliberales y consideran todas las discusiones sobre el pasado sorprendentes y anacrónicas. Su triunfo como clase social —dominaron la sociedad de postguerra y el periodo de cambio posterior— fue tan absoluto que se permitieron el lujo de no tener que sacrificar ni a uno solo de sus perros de presa, ni uno solo de sus sayones y asesinos de uniforme tuvo que ser sacrificado simbólicamente. No importó cuáles fuesen sus crímenes, ni cuán despreciables fuesen; los Conesa, Ballesteros, etc, se jubilaron con honores y condecorados, y hasta alguno de aquellos miserables torturadores que defendieron con la violencia y el terror la dictadura pero cayeron en la lucha, son hoy considerados como «víctimas del terrorismo» en un ejercicio de cinismo político difícilmente igualable.

Si esto fue así con esos sujetos, la hez del régimen, qué decir de las grandes fortunas, los empresarios, de las familias de gentes del movimiento, de todo el entramado social que se benefició de la guerra y el exterminio físico de cientos de miles de compatriotas. Les descompone hablar del pasado y de las luchas en defensa de las libertades y los derechos sociales de los trabajadores desde hace dos siglos. La ignorancia y el prejuicio se blindan mutuamente. La mejor prueba de que tienen razón, piensan, es su propio éxito social y han encontrado en los neocon norteamericanos su modelo ideal; son dominantes, adoran el dinero, justifican biológicamente las desigualdades sociales y son ferozmente anticomunistas. Esta derecha española postfranquista se horroriza al ver acercarse el espejo del pasado que la lucha por la memoria les trae. No soportan su reflejo. Podrían negar su relación con los crímenes franquistas, condenarlos inequívocamente, pero no lo hacen. Para ellos «aquello» fue necesario «entonces», y forzarles a reconocer esto públicamente ahora les incomoda, al menos a los más moderados, pues un sector creciente de la derecha extrema no duda en defender abiertamente el franquismo por lo que tuvo de «anticomunismo».

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PGarcía Bilbao_El amargo fruto de la impunidad

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