Nada ha cambiado, todo sigue igual.

Nosotros, los futuros trabajadores, actuales estudiantes de la Formación Profesional, observamos que el tiempo pasa, pero el cambio en la calidad de nuestra formación no llega.

Las desigualdades en el proceso educativo vienen dándose desde la escuela, pasando por la enseñanza secundaria, y hasta la Universidad. Actualmente, la realidad con la que nos encontramos en la Formación Profesional no es muy diferente a la que se da en otros sectores estudiantiles, sino que sigue el mismo camino de precarización.

Como resultado de los recortes económicos, la formación profesional, como otros sectores educativos, tiene una sangrante herida abierta desde hace tiempo. La falta de plazas en centros públicos no para de crecer, al contrario que la escuela privada y concertada, la cual recibe una gran cantidad de las ayudas, que deberían ser destinadas para la educación gratuita, y no para engrosar los bolsillos de la escuela privada/concertada.

Los presupuestos españoles dedican menos del 4% del PIB (con una reducción de 8.000 millones de euros en el gasto educativo desde que comenzó la crisis), lo cual se añade a la brecha económica entre el gasto de las distintas comunidades autónomas.

Los altos precios de las plazas públicas (así como su escasez), como ocurre en los ciclos de Grado Superior, que no bajan de los 400-360 euros (desde 2012), suponen dejar a los estudiantes de familias obreras en la calle, teniendo que buscar otro ciclo que no se corresponda con sus intereses, o bien arrojarlos sin más a un agresivo mundo laboral. Pero esto no es todo.

Los recortes afectan también a las plantillas del profesorado, elevando el número de alumnos por clase, así como de aulas por profesor, y restando horas de tutorías de apoyo, llegando incluso a casos en que los docentes deben impartir materias que no son de su competencia, cuando muchas veces ni siquiera las han ejercido, e incrementando la falta de personal cualificado, así como las horas “extraescolares” de los docentes (a mayor cantidad de alumnos y aulas, mayor tiempo de preparación de las clases, revisión de exámenes, etc.), debidas también en parte a la falta de personal. De esta manera, como viene siendo habitual, los más perjudicados somos los trabajadores y los estudiantes. Unos, por tener que aguantar cursos en los que no lograrán formarse para un oficio; otros, por aguantar la creciente explotación laboral que se vive en el sector educativo, tanto público como privado.

En el periodo de prácticas (no remuneradas, o remuneradas con cantidades irrisorias, en función del grado que se curse), observamos cómo muchos de nosotros, al finalizarlo, no hemos aprendido nada en relación con el ciclo estudiado, creando así trabajadores de poca cualificación, que serán más fáciles de convencer para que se adapten a las necesidades de la empresa. En el caso de la FP dual, donde un 70% del curso se imparte en el periodo de prácticas, el alumno no tiene la formación asegurada, dado que la mediación que debería haber por parte de los centros educativos en los centros de prácticas es completamente inexistente, a consecuencia de la falta de personal y del poco tiempo que se dedica a las tutorías, así como por el exceso de carga de trabajo que sufren los profesores en los centros. Con estas condiciones, se consigue un clima muy hostil para el alumnado, que se ve sometido, en muchos casos, a tener que resignarse a ser un esclavo del empresario durante toda su “formación” práctica, dado que aquel considera (y utiliza) al alumnado de FP como mano de obra barata.

Este tipo de medidas mercantilizadoras en la educación no mejora el rendimiento escolar, produciendo escasas mejoras en los centros más favorecidos, y leves  descensos en los menos (los institutos con más alumnos y mejores notas reciben más financiación, creando así una competencia entre los centros educativos), favoreciendo de manera clara las necesidades del capital privado, tanto económicas, como sociopolíticas, cuando centran la educación de los alumnos únicamente en el aspecto competencial y profesional de la educación, impartiendo la ideología de la clase dominante. Por este motivo, tenemos módulos formativos con el nombre de “Iniciativa emprendedora”, pero ninguno que se llame “Solidaridad obrera”.

Por eso, reivindicamos:

  • Suprimir las inversiones de dinero público a centros privados concertados, y que este se destine únicamente a centros de enseñanza pública, asegurando así las suficientes plazas públicas, gratuitas y de calidad, el mantenimiento necesario de talleres, materiales e instalaciones del centro, la dotación suficiente de personal docente en los centros educativos (profesores, orientadores), y las condiciones de trabajo adecuada de este (menor cantidad de alumnos por curso, etc.).
  • Revisión concienzuda, por parte del centro educativo, de las relaciones entre empresa y alumno, que asegure el aprendizaje del estudiante en la empresa, adaptando la oferta a las necesidades de este (trabajo, familias, distancia al centro de trabajo, adecuación del espacio de trabajo a los contenidos del curso, etc.).
  • Remuneración de las prácticas realizadas, dado que el alumnado trabaja como uno más dentro de la empresa. Esta explotación laboral que se impone a los jóvenes estudiantes en el periodo de prácticas no puede ser consentida. Los estudiantes de Formación Profesional son trabajadores en proceso de aprendizaje y deben cobrar como tales. Al empresario, el trabajo que produce el estudiante en prácticas le genera beneficios, los cuales debería cobrar el estudiante.
  • Eliminación de asignaturas de “Iniciativa emprendedora”, que son una estupenda manera de hacer que los estudiantes compitan entre ellos, en lugar de cooperar y convivir como los futuros trabajadores que serán.
  • Cursos puente para alumnos que pasan de ciclos de Grado Medio a Grado Superior, impartidos por profesores de FP de la rama, que ayuden a los alumnos que no cuenten con una preparación suficiente (conocimientos de física, matemáticas, etc.) para poder afrontar el nuevo ciclo, y que les será exigida para poder entender correctamente el contenido de las clases.

Por todo ello es necesario, más que nunca, fomentar en los centros educativos la organización estudiantil en asambleas (asociaciones de estudiantes), apoyando las reivindicaciones del profesorado y de los distintos sectores estudiantiles y de trabajadores. Hemos de ser nosotros, los jóvenes estudiantes de Formación Profesional, los que nos organicemos para plantar cara al cada vez mayor clima de explotación que sufrimos, debido a las políticas neoliberales, que recortan en la educación pública en beneficio de la privada/concertada, creando como consecuencia el alto fracaso escolar que se sufre en las aulas (no solo de FP); hemos de ser nosotros quienes nos solidaricemos con nuestros profesores, que defienden una educación pública de calidad, y que ven cada día cómo pierden sus derechos laborales.

Es por ello que desde la JCE (M-L) queremos hacer un llamamiento a la organización estudiantil, y en especial a uno de los sectores educativos más afectados por esta dejadez en la enseñanza, como es la Formación Profesional, con un enfoque claro hacia la reconquista de los derechos perdidos tras tantos años de vejaciones a todos los ámbitos de la enseñanza pública.