Por Agustín Bagauda

El pasado 29 de junio podíamos ver en la Web del principal sindicato de estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), una nota de prensa en la que leía que “La reunión mantenida durante la mañana de hoy en Madrid entre la patronal Anesco y las organizaciones de trabajadores con representación en el sector se ha cerrado con acuerdo entre las partes”.

“La patronal garantiza el 100% del empleo, los sindicatos ratifican los compromisos adquiridos el 29 de marzo y ambas partes se comprometen a la negociación del V Acuerdo Marco”. “De este modo, las organizaciones de trabajadores con representación en el sector desconvocan la huelga para todos los días en los que estaba preavisada” (las negritas son suyas).


El conflicto surge en 2013, cuando la Comisión Europea lleva a España al Tribunal de Justicia de la UE porque no había cambiado la contratación en los puertos. Hasta ahora las empresas estibadoras no podían contratar a sus trabajadores sin participar en el capital de las SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios).

En diciembre de 2014 el TJUE resuelve a favor de la CE y obliga a España a cambiar la legislación al respecto. En el primer y segundo trimestre de 2015 hay reuniones, con la presencia del Ministerio de Fomento, entre trabajadores y patronal y, aunque luego lo niegue ésta, a finales de julio se tiene ya un documento consensuado que pudiera ser la base para el cambio legislativo que exige la UE. Debido a las elecciones y al año de gobierno en funciones, de septiembre de 2015 a enero de 2017, se aplazan las negociaciones para que ese acuerdo tome naturaleza legislativa. En febrero de 2017 el Ministerio de Fomento, con su nuevo ministro, Íñigo de la Serna, al frente decide unilateralmente, haciendo caso omiso de ese preacuerdo, proceder a la tramitación urgente de un real decreto ley (1) que, según él, responde al fallo del TJUE, lo que es el desencadenante de las movilizaciones en el sector.
Podemos estar de acuerdo o no con los sindicatos, pero no han cuestionado la sentencia del TJUE y se han mostrado dispuestos a asumirla. Los sindicatos se movilizan porque el Gobierno ha aprovechado la sentencia de dicho tribunal para ir más allá y legislar con el objetivo de liberalizar completamente el sector de la estiba en beneficio de las empresas navieras y en prejuicio de los trabajadores, de sus intereses, derechos y condiciones laborales.
Los sindicatos, al admitir aquella sentencia, admitían que las empresas: a) no estén obligadas a ser socias de la SAGEP para contratar trabajadores; b) no estén obligadas a contratar prioritariamente a los trabajadores de las SAGEP; C) no estén obligadas a incorporar a su plantilla a un mínimo de trabajadores con carácter indefinido. Mas los trabajadores y sus sindicatos quieren fundamentalmente que no haya pérdida de puestos de trabajo, quieren garantizar el empleo y las condiciones laborales a los actuales trabajadores miembros de las SAGEP: “Queremos que haya una garantía del empleo, que haya subrogación total de los empleos por parte de las empresas, y que haya un alto nivel formativo para que no cualquiera pueda entrar a ejercer la actividad, y que las SAGEP se conviertan en centro de empleo portuarios” (Antolín Goya, CETM).
Por su parte, el Gobierno busca liberalizar la contratación, en beneficio de las empresas, de modo que éstas puedan contratar a cualquier persona, independientemente de que formen parte o no de un registro de trabajadores portuarios, con lo que suprimirían el mismo, cuando el TJUE no dice nada al respecto y el Convenio 137 de la OIT, ratificado por España, establece la obligatoriedad del registro de los trabajadores de los puertos. Así, según el real decreto del Gobierno, las empresas estarían solo obligadas a contratar en el primer, segundo y tercer año, respectivamente, al 75 %, 50 % y 25 % de trabajadores de las SAGEP. Esos contratos quedarían extinguidos y los trabajadores de la SAGEP no recontratados serían despedidos.
Obviamente los sindicatos se niegan a ello, a que desaparezcan los registros porque autorizan a trabajar solo a los que tengan la cualificación necesaria y se movilizan en contra de las medidas legislativas gubernamentales porque afectarían a los puestos de trabajo y condiciones laborales ya que los contratos indefinidos de los más de 6.000 estibadores actuales se convertirían en “puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras”. Para la CETM, lo que plantea el Gobierno “supone un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria que en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino de una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tienen el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios”.
La Patronal apoya la reforma legislativa del Gobierno, y dice no haber preacuerdo alguno. No podía ser de otra forma. Ambos y medios de comunicación no han hecho otra cosa que hablar de los altos sueldos de los estibadores (“El debate mediático se ha focalizado en el sueldo que cobran los trabajadores…”, afirma El Confidencial), del alto porcentaje que suponen los salarios respecto del total de costes (2), de que son unos “trabajadores privilegiados”, “un gremio privilegiado”, con la clara intención de enfrentarlos con el resto de trabajadores españoles, deslegitimar su lucha y doblegar su voluntad (3). Es a lo que nos tiene acostumbrados la burguesía, a enfrentar a unos trabajadores con otros, autóctonos y foráneos, fijos y temporales, con sueldo digno y con salarios de hambre. Al final gana ella. No debemos caer en su trampa. Los estibadores no niegan que tengan buenos salarios (algo deseable para todos los trabajadores) y, como dicen, están orgullosos de ello porque obedece a la fuerza organizativa, sindical, que tienen. Cuando han ido a la huelga lo han hecho todos en bloque, lo que tiene mucho que ver con que prácticamente el 100 % esté sindicado. Y todo ello tiene que ver con que finalmente hayan doblegado a la patronal ANESCO, hasta al punto de romperla y hacer dimitir a su presidente, Joaquim Coello.
Resulta de gran valor, para nuestra clase, extraer las lecciones oportunas de experiencias movilizadoras como ésta. En primer lugar, la fuerza de la organización: el trabajador es fuerte si está organizado, pero es débil, está indefenso, al albur del empresario y del “comité central de la burguesía”, si no lo está. En segundo lugar, las batallas, aunque sean parciales, se ganan luchando unidos, cohesionadas las filas. Tercero, el conjunto de la clase obrera no debe caer en las tretas y embustes de la burguesía, que siempre tratará de dividirla, y debe apoyar, así como los sectores populares, a sus hermanos de clase de un determinado sector que estén en pie de lucha por una causa justa. La solidaridad de clase es muy importante porque nos hace más fuertes y débil a nuestro enemigo de clase.
No obstante, no hay que perder de vista el contexto de fondo, el sistema económico. La CETM afirma en un video de su página web que el de la estiba es un sector con una “espectacular transformación tecnológica” y que el trabajador es “consciente del grado de competitividad existente en el sector…” y lleva a cabo “Un completo programa de formación sustentado en los avances tecnológicos que permiten las aplicaciones informáticas simuladores virtuales y otros recursos…”. Así es. Una constante del capitalismo es el desarrollo tecnológico, desde la máquina de vapor y el ferrocarril hasta los ordenadores, robots, simuladores virtuales y drones, que no busca otra cosa que el exclusivo beneficio, sin importarle los puestos de trabajo que se puedan destruir. Esa tendencia seguirá y con ella sobre condiciones de trabajo y empleos penderá la espada de Damocles (4). Aumentar la productividad, disminuir los costes productivos, los costes laborales, para ser más competitivos en la UE del capital, en el mercado capitalista mundial, en un sistema anárquico de producción, con el objetivo de conseguir el máximo beneficio, lleva no sólo a un desarrollo tecnológico sino también a rebajar sueldos, deteriorar las condiciones laborales y prescindir de mano de obra. Todo ello con la inestimable ayuda del gobierno de turno y del Estado. Forma parte del código genético del capitalismo; siempre estará ahí mientras éste exista. Y es algo que deben tener en cuenta los estibadores y el conjunto de la clase obrera.
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Notas:
(1) El Congreso tumba en marzo el primer proyecto que presenta Fomento en febrero. El pasado mayo, con algunos retoques, el Gobierno logra su aprobación con el apoyo de Ciudadanos y PNV y la abstención del PDeCAT.
(2) Según la patronal es de entre el 51 y el 53 %; según un estudio de la Universidad Politécnica de Barcelona, encargado por la CETM, es del 32 %.
(3) También el Gobierno ha buscado enfrentar al conjunto de la población española con los estibadores y sindicatos, utilizando la multa que España tiene que pagar por incumplimiento del fallo del TJUE. Así, tenemos declaraciones como ésta, dirigida a la oposición política pero que también lo es indirectamente a los trabajadores y sus organizaciones: “Si no lo aprobamos [el Decreto Ley], del bolsillo de todos los españoles nos encontraremos con cantidades de 100, 500, 1.000 millones de euros hasta que lo aprobemos (…). Sería una sangría de las arcas públicas…” (Íñigo de la Serna).
(4) Respecto a España, la OCDE (2016) cifra en el 12% los empleos que pueden estar en riesgo por la robotización.