Por Santiago Baranga

Apenas presentada la ley sobre la cual el Govern catalán convoca el referéndum del 1 de octubre, han arreciado las amenazas del Gobierno Rajoy. La más brutal, la de la ministra de Defensa, que, siguiendo la estela del generalato más reaccionario, ha recordado que la Constitución monárquica otorga al Ejército la misión de defender la «integridad territorial» de España.

Y es que ese espíritu militarote es el que, mal que le pese al conciliador Pedro Sánchez, reside en el franquista artículo 8.

Por esa razón, no es de extrañar que la vicepresidenta Soraya Sáenz aportase su bravuconada particular al declarar que al Gobierno español le bastarán 24 horas para anular la ley catalana, aunque con tal afirmación dinamitara la sacrosanta división de poderes burguesa, puesto que esa resolución corresponde al Tribunal Constitucional; hecho que, por cierto, no parece haber importado a nadie en el reino borbónido, lo cual tampoco puede ya sorprendernos. Lo mismo se puede decir del llamamiento de García-Margallo a «desalojar el Parlament» si se proclama la independencia.


Mientras amaga de esta manera con la intervención militar, el Gobierno juega asimismo la carta del miedo y el chantaje “selectivos”. Por eso, desde mediados de junio la Guardia Civil ha estado interrogando a funcionarios de la Generalitat, con el pretexto de que la Generalitat habría obtenido ilegalmente datos fiscales de los electores. A esta misma estrategia respondió el rocambolesco episodio del concurso para la provisión de urnas, finalmente declarado desierto. Lo llamativo del caso es, sin embargo, que Rajoy no haya apretado las tuercas a la Generalitat por el flanco de las finanzas. Probablemente se trata de dosificar el descontento popular y mantener intactos los intereses de la burguesía: no por casualidad José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio, y muy crítico hacia el independentismo, ha admitido que el “procès” no ha afectado negativamente el funcionamiento de la economía catalana.
A nadie se le puede escapar, sin embargo, que haber llegado a un punto cercano a la ruptura territorial es, en primer lugar, consecuencia del extremado chovinismo españolista desplegado por el Estado monárquico, derivado de su origen franquista. No en vano Marta Rovira (ERC) ha explicado que la ley que ampara el referéndum «es la respuesta democrática a la sentencia del 2010», que dio carpetazo a un proyecto de Estatut avalado de forma abrumadora en referéndum autónomico. A ese tren se subió la burguesía catalana, con Mas a la cabeza, para zafarse de la responsabilidad de la crisis económica y eludir las consecuencias judiciales de años de corrupción y caciquismo, mientras la pequeña burguesía de ERC veía la oportunidad de materializar su proyecto independentista y ocupar el espacio del PSC, aun a costa de contribuir a tapar las vergüenzas y las políticas neoliberales de CiU.
Claro que a los herederos de esta última (el PDeCAT) se le están abriendo las costuras, a base de creerse algunos lo que, en un principio y para esta fracción burguesa, tuvo más de maniobra de distracción –y de presión por una nueva financiación autonómica– que de proyecto político. Es llamativo que, en medio de la tormenta desatada por la Ley del Referéndum, empiecen a aflorar los navajazos dentro del mismo PDeCAT, después de que Jordi Baiget –ahora respaldado por el otrora influyente Francesc Homs– fuera destituido de su puesto como conseller por no descartar fórmulas alternativas a la consulta. Sin duda, iniciativas como el manifiesto encabezado por Duran i Lleida –calificado como “Manifest botifler” desde instancias independentistas, en recuerdo de los partidarios de los borbones durante la guerra de Sucesión– van encaminadas a atraerse a este sector de la burguesía más proclive a pactos de clase con la oligarquía española que a iniciar aventuras que puedan poner en entredicho su hegemonía.
Los comunistas apoyamos sin dudarlo el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, a ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación. Se trata de una cuestión de principio, dado que los derechos democráticos son superiores a las normas que puedan ser aprobadas en un contexto histórico determinado, ya sean las leyes internacionales, como defienden los independentistas, o las del Estado, como cerrilmente repiten los medios y políticos monárquicos. Pero, al mismo tiempo, los comunistas también estamos obligados a poner de relieve la naturaleza de clase de los procesos y programas políticos. Y, como ya señalaron certeramente Lenin y Stalin, cuando es la burguesía quien levanta la bandera de los derechos nacionales no se puede esperar avances sustanciales en la correlación de fuerzas a favor del proletariado. No desde luego con una ERC –no es necesario referirse al reaccionario PDeCAT– que muestra machaconamente una entusiasta profesión de fe en la Europa del Capital y la Guerra, como si su eventual inclusión en el club imperialista fuera a borrar de un plumazo su naturaleza explotadora y avasalladora de pueblos.
Por el contrario, la senda emprendida por Junts pel Sí y la CUP, desde el momento en que se subordina a las necesidades de fracciones determinadas de la burguesía catalana, pretendiendo responder con la “unidad nacional” a un problema de lucha de clases, está abocada a profundizar la fractura que separa a la clase obrera catalana –particularmente oprimida por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo, tras décadas de pujolismo– de la del resto del Estado. En este sentido, el ritmo de los acontecimientos –impuesto tanto por las tensiones internas del independentismo como, conscientemente, por la postura de Rajoy–, y la consiguiente tensión, constante pero de baja intensidad todavía, lejos de servir para llevar a cabo la ruptura con el Estado monárquico (esto es, con su contenido de clase), está gestando un creciente chovinismo entre el proletariado y las capas populares del otro lado del Ebro, e incluso en la misma Cataluña. Un fenómeno que da alas al fascismo y que puede resultar muy peligroso en el caso de que se proclame la independencia unilateralmente.
Por su parte, el conglomerado “ciudadanista” de Catalunya sí que es pot, al haber renegado de la «vieja» perspectiva de clase, se ve atrapado entre la defensa del derecho a la autodeterminación y su fidelidad a la legalidad monárquica, como ha quedado de relieve en el mismo acto de presentación de la Ley del referéndum. Así, no sólo ICV, que ha tomado distancias respecto a la nueva «norma suprema», sino también Podem y EUiA, presentes en el acto, han optado por colocarse colleras de distinto color para seguir a uno u otro sector de la burguesía, incapaces de adoptar una posición independiente, de clase.
Estas razones nos llevan, obviamente, a rechazar la defensa de la «soberanía única» que hace la oligarquía para negar el derecho de autodeterminación, basándose en la «soberanía nacional una e indivisible» de la franquista Ley Orgánica del Estado de 1967. Los comunistas debemos apoyar el inalienable derecho de los pueblos a elegir la senda que libremente consideren, y ello incluye defender el derecho del pueblo catalán a votar el próximo 1 de octubre. Pero una posición de clase obliga asimismo a denunciar los objetivos de la burguesía independentista ante el proletariado y resto de capas trabajadoras. Sólo la unidad de la clase obrera puede llevar a cabo una ruptura con el Estado monárquico que permita –República democrática mediante– avanzar a las clases populares del conjunto de lo que hoy es España, y asegurar el ejercicio del derecho de autodeterminación con plenas garantías de libertad y democracia. Como comunistas, no sólo tenemos la tarea de explicar sin descanso esta certeza, demostrada por la experiencia histórica; tenemos además la obligación de ponerla en práctica.