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Pienso en España, vendida toda de río a río, de monte a monte, de mar a mar (Antonio Machado, Meditación del día).

Vivimos momentos políticos muy agitados, en los que las tendencias de las diversas clases sociales se expresan con la máxima contundencia, produciendo rápidos cambios en las alianzas y una mayor crudeza en la definición de los objetivos. Esto afecta de manera más profunda a la pequeña y media burguesía, cada vez más enfrentada a un sistema que limita seriamente su desarrollo, y temerosa al tiempo de poner en cuestión la estructura económica y política que hasta ahora le ha dado sustento.

Que existe una identidad nacional propia compartida por una parte sustancial (si no mayoritaria) de las clases populares del País Vasco, Cataluña y Galicia es algo que, a lo largo de estos años, solo han negado los políticos al servicio de eso que se ha venido a llamar Régimen del 78, que quieren mantener a toda costa una unidad de mercado que permita a la oligarquía nacional asegurar sus beneficios y reproducir el régimen surgido del pacto entre la nueva burguesía cosmopolita y la vieja guardia franquista.

Pero a lo largo de los años ha quedado claro también que existe una identidad común de lucha entre los diversos pueblos de España, que se ha puesto de manifiesto de forma expresa cuando han aflorado las contradicciones, obligando a las distintas clases sociales a definir su interés común. La extensa movilización popular en respuesta a  la brutal política de recortes iniciada en 2010 fue el último ejemplo de esa identidad común de objetivos, capaz de unir a todas las clases populares, sin distinción de identidad nacional.

Antes, la defensa de la República y la heroica resistencia contra la dictadura fascista habían logrado también unir a los pueblos de España en una lucha común. En palabras del dirigente comunista catalán Joan Comorera, “luchamos por un programa que une, que no conduce a la eliminación recíproca, por un programa de victoria. Luchamos por la República democrática, por nuestra independencia, por las libertades de Cataluña, Euskadi y Galicia, por la democracia del mundo, contra el fascismo y por la libertad de los pueblos”.

Son muchos los ejemplos de ese patriotismo popular, claramente enfrentado al cínico nacionalismo joseantoniano y franquista, que habla de patria como suma de tradiciones y símbolos carpetovetónicos, al que solo le preocupa la “patria de la cartera” y que no tiene escrúpulos en poner el interés de la mayoría social bajo la férula de una minoría explotadora y corrupta, ni en renunciar a la soberanía nacional sujetándose al control de la potencia de turno.

De hecho, que la cuestión de clase está por encima de la nacional queda meridianamente claro si tenemos en cuenta que tanto el PSOE como el PP han sacado adelante una parte de su política de recortes con el apoyo expreso de sendas representaciones del nacionalismo vasco y catalán (PNV y CiU -ahora PDeCAT-, respectivamente). El último ejemplo es bien reciente: en abril del año pasado, Rajoy lograba que el PNV apoyara sus Presupuestos Generales del Estado, apenas un mes antes de que votara a favor de la moción de censura, presentada por el PSOE, que le desalojó de la Moncloa.

Lo mismo hizo en su día una parte del nacionalismo catalán (CiU) respecto de la reforma laboral y la política de recortes de Rajoy. De hecho, el gobierno de Artur Mas fue de los más firmes en aplicar en Cataluña las brutales medidas neoliberales del PP.

Por eso afirmamos que la irracionalidad de la ofensiva de la derecha, contra las veintiuna propuestas de Torra para el diálogo con el Gobierno de Sánchez y la aceptación por éste de un “relator” para dicho diálogo, va más allá y es algo distinto de una simple exaltación nacionalista, por muy carca que sea (y esta lo es, sin duda). Detrás está la aceleración de las contradicciones internas entre las distintas capas de la burguesía, que fuerza a que practiquen una política día a día más brutal, sin caretas.

De hecho, resulta curioso que toda la prensa haya centrado la disputa en torno al nombramiento de ese relator, aceptado inicialmente por Sánchez (cuando escribimos estas líneas conocemos que el PSOE ha reculado y roto unilateralmente el diálogo con Torra, por la presión de la movilización españolista, cosa que no sorprende dada la política errática, medrosa y claudicante propia del socioliberalismo, pero que sienta un muy mal precedente). Y, sin embargo, muchos, la mayoría de esos veintiún puntos hacen referencia a propuestas de “higiene democrática” elementales. Así, por ejemplo, el 8 (se tiene que garantizar la separación de poderes), el 9 (es imprescindible poner fin a la limitación de los derechos humanos), el 12 (se tiene que poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha) o el 19 (hay que emprender un proceso explícito de desfranquización y un debate sobre la monarquía), etc.

Frente al diálogo sobre la cuestión nacional, la derecha más rancia levanta la bandera con la que se aplastó al pueblo durante más de cuarenta años y proclama cínicamente su españolismo de billetera y cuenta corriente.

La decisión inicial de Sánchez de abrir ese diálogo también ha levantado ampollas en los denominados barones del PSOE, que controlan su aparato político, particularmente en las autonomías: un auténtico destacamento de viejos caciques reciclados en consejeros de las grandes empresas, que muestran su patriotismo despidiendo a miles de trabajadores para invertir en otros países: los González, Rodríguez Ibarra, Fernández Vara, Susana Díaz o Alfonso Guerra, todos ellos parte de la corrupta casta política de la monarquía continuista. 

En definitiva, quienes arrasaron la industria, mantuvieron la tierra en manos de caciques y latifundistas, han ido liquidando uno a uno los derechos sociales, políticos y laborales y nos metieron en la OTAN (¿se acuerdan del: “OTAN, de entrada no”?), implicándonos activamente en las agresiones del nuevo orden imperialista a Libia y otros países; quienes, como Casado, el pupilo de Aznar (el truhán de las Azores), ofrecen nuestro suelo para la instalación de bases extranjeras; quienes nos sujetan a los dictados de las potencias europeas hegemónicas en la zona euro, en clara violación de la soberanía del Estado, y aprueban para ello a uña de caballo (en apenas dos semanas) el artículo 135 de la Constitución monárquica, que sujeta los ingresos públicos al pago de la deuda acumulada por la política de ayudas y subvenciones a la banca y a la gran empresa… Son estos vendepatrias los que, envueltos en la bandera del felón Franco, buscan cerrar la aguda crisis política que vive el régimen monárquico continuista, cambiando lo necesario para volver atrás en la historia y quitar los pocos adornos democráticos que le quedaban al régimen surgido del pacto que dejó intacto el núcleo de poder franquista.

No, no cabe expresar, por tanto, la cuestión de la patria al margen de los intereses y objetivos de cada clase. Por eso, extraña también ver el silencio de las fuerzas de izquierda que se autoproclaman “del cambio”. Cuando está en marcha una regresión política de incalculables consecuencias para las clases trabajadoras, no es posible mirar para otro lado.

Lo que está en juego no es la futura aprobación o no de los PGE de Pedro Sánchez, sino dos proyectos políticos enfrentados: uno, apoyado por todo el aparato del régimen (incluidos, en lo que hace a la cuestión nacional, algunos tribunos autodenominados comunistas como Paco Frutos o Santiago Armesilla), que trabaja activa y cada vez más claramente por la vuelta al franquismo sin caretas; y otro, que debe hacer de la ruptura definitiva con el franquismo y su heredera, la monarquía borbónica, y de la defensa de un nuevo Estado popular, federal y republicano, el eje de un bloque unido contra el fascismo.

No, no es simple táctica electoral lo que mueve a toda la derecha a convocar a la caverna el próximo domingo en Colón: es el intento de cerrar su crisis acabando con las libertades públicas conquistadas por la clase obrera y los pueblos de España.

De lo que se trata es de enfrentar a esa España de pandereta y sumisión la España del trabajo y de la dignidad: la España que ha peleado por el futuro, por la libertad y por la democracia en las condiciones más duras.

8 de febrero de 2019

Secretariado del CC del PCE (m-l)