Hace unas horas  se conocía la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo  que, desdiciéndose de una anterior sentencia de 18 de octubre pasado, acordaba que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido como Impuestos de las hipotecas, siga siendo abonado por los clientes en lugar del banco. Es este un impuesto creado por un Real Decreto en 1993, cuando comenzaba la última burbuja inmobiliaria que arruinó a miles de familias.

Es la tercera sentencia contradictoria sobre el tema en lo que va de año (la primera, de febrero pasado, también imponía al cliente este gravamen). Los bancos ya habían amenazado que, en caso de mantenerse el criterio del 18 de Octubre, subirían automáticamente el coste de las hipotecas, pero que el Tribunal Supremo haya optado por reducir su ya escasa credibilidad y arriesgarse a un nuevo conflicto social, al dictar esta sentencia, muestra la peligrosa deriva del régimen hacia el fascismo.

Con todo, es preciso ver esta aberrante sentencia dentro del contexto político general que vive nuestro país, para comprender hasta qué punto no es más que un ejemplo, por ahora el último, de que todo el entramado institucional del régimen está podrido y se escora peligrosamente hacia una radicalización de la dictadura de clase contra la mayoría trabajadora.

Hablamos de un Estado cuya Constitución, en su artículo 47, establece el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y el deber de los poderes públicos de garantizarlo. Sin embargo, mientras  en el conjunto de Europa la vivienda social protegida representa el 11% del parque inmobiliario, en España apenas alcanza el 1,5%.

Hablamos de un Estado que acabó con los mínimos vestigios de banca pública y contribuyó a la concentración de las entidades financieras en un puñado de grupos que dominan el mercado y han incrementado muy por encima de lo “razonable” el acceso a mercados en otros países (el BBVA por  ejemplo, posee la mitad de los activos de uno de los mayores bancos de Turquía).

Un estado que, además de transferir a fondo perdido más de 50.000 millones de euros a los grandes bancos para limpiar sus balances tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y consentirles una gestión antisocial del enorme stock de viviendas que mantienen en sus manos, viene modificando paso a paso la legislación para crear otra burbuja inmobiliaria que está encareciendo la compra y el alquiler y lleva los desahucios y lanzamientos de personas de sus viviendas a cuotas dramáticas (60.000 familias sólo en 2017), y consiente la venta de  pisos de protección oficial en alquiler a fondos buitre, como ocurrió en Madrid con 1.860 viviendas, cuando era alcaldesa la esposa del Truhán de las Azores, Ana Botella, lo que encareció su coste más del 200%.

Hablamos de un Estado que ha creado “doctrina” jurídica y política a la hora de salvar a grandes nombres del régimen frente a escándalos de corrupción cuya magnitud sigue siendo desconocida: El mismo Tribunal Supremo, estableció, por ejemplo, en 2007 la denominada “doctrina Botín” para permitir que el banquero Emilio Botín se librase de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander; más recientemente, el Parlamento acordaba denegar los datos sobre los acogidos a la vergonzosa amnistía fiscal acordada por el PP.

Que la banca siempre gana es algo evidente en España, lo mismo que resulta evidente que no existe separación de poderes. Ya lo hemos dicho muchas veces, las principales instituciones jurídicas son órganos creados específicamente para servir al régimen político surgido de la Transición (es el caso de la Audiencia Nacional), o están directamente controladas por el bloque de poder a través de las fuerzas políticas que representan sus intereses.

En los últimos meses, diversas sentencias de tribunales europeos han sacado las vergüenzas a la justicia española por su sumisión al orden político vigente y nulo respeto de los derechos de los acusados cuando estos defienden intereses o ejercen derechos contrarios al “orden establecido”. Hace unas horas, por ejemplo, se conocía la sentencia que daba la razón al dirigente abertzale Arnaldo Otegi frente a la parcialidad del tribunal que lo condenó por terrorismo; hace unos meses un Tribunal belga negaba la extradición de Puigdemont por la desproporción de la solicitud penal hecha (delito de rebelión), etc.

En la  España monárquica (muchos de cuyos tribunales se formaron durante el franquismo, no lo olvidemos), los mismos que juzgan a artistas y ciudadanos por sus opiniones y mantienen la solicitud de 25 años de cárcel contra los dirigentes catalanes por ejercer sus derechos políticos democráticos, sirven al bloque que controla realmente los resortes de poder del Estado, y dan patentes de corso para que ese puñado de familias de la oligarquía española para las que se hacen y se aplican las leyes, cada vez con menor sujeción a los formalismo democráticos, continúe su expolio de la economía española.

Todas las fuerzas políticas de las instituciones se han pronunciado: las de siempre (en particular PP, PDeCAT y PSOE), dándole cobertura con la excusa cínica del “respeto a las decisiones judiciales”.  Otras mostrándose indignadas sin más.

En el campo de las fuerzas de izquierda, es significativa la posición de Unidos Podemos que convoca una movilización a las puertas del Supremo y a renglón seguido se desmarca de ella como organización, argumentando que “Los partidos no debemos ser protagonistas, pero debemos estar con nuestro pueblo”.

Para los comunistas del PCE (m-l), la cuestión no es tanto responder a esta nueva agresión con una manifestación en la calle, que por supuesto lo haremos junto a nuestro pueblo, sino, precisamente, qué deben hacer las fuerzas de izquierda y no están haciendo. ¿Qué más pruebas se necesitan para comprender que no hay  cambio posible sin derrumbar hasta los cimientos un  régimen que en lo sustancial es continuación del franquista y pierde a marchas forzadas cualquier contención democrática formal? ¿Hasta cuándo habrá que esperar para dar pasos hacia la conformación real de un bloque popular unido en torno a la defensa de la República, que avance hacia la superación de este régimen podrido y la aplicación de un programa decidido de medidas en defensa de los intereses populares, para parar los pies de una vez a la oligarquía, en lugar de mantener desde las instituciones la ilusión de una gestión reformista de un Estado que se enfrenta cada vez más claramente a la mayoría social trabajadora?

Es de esperar que más pronto que tarde sea posible hacer realidad esa ansiada Unidad Popular que garantice que  no vuelve a ganar la banca. El PCE (m-l), sus organizaciones y militantes estarán en todo momento dispuestos a la tarea.

Secretariado del CC del PCE (m-l)