El debate de investidura: el plan de ataque de la oligarquía

Los días 19 y 20 de diciembre se celebraba en el Congreso de los Diputados el debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Ya sabemos las grandes líneas de su política que se resumen en tres objetivos: el primero la profundización de la brutal política de reducción del gasto público aplicada hasta ahora, lo que se traduce en un recorte de 32.000 millones de euros en 2.012, en lugar de los 15.000 previstos. Para, según sus propias palabras, “ir más allá” de la Reforma Constitucional impuesta junto al PSOE la primera ley que aprobará el nuevo gobierno será la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Segundo,  Rajoy se compromete a “culminar” (sic) el proceso de saneamiento del sector financiero. ¿En qué se traduce esto? En una inyección presupuestaria de otros 100.000 millones de euros a la banca para que sanee sus balances contaminados por las inversiones en el sector del ladrillo, privatizar definitivamente las Cajas y, una vez saneadas las entidades más afectadas, venderlas (a buen precio, como siempre) a los grandes bancos. Todo a cargo del Estado, que para la oligarquía no hay restricción presupuestaria alguna.

Y el tercer eje de su acción de Gobierno, será acometer lo que  llaman reformas estructurales para “hacer nuestra economía más flexible y competitiva”. ¿En qué se traduce esto?  Aunque, como en el resto de temas, Rajoy solo ha adelantado una parte de su plan, utilizando deliberadamente una retórica ambigua: modernización de la legislación laboral…marco fiscal más adecuado, primar la austeridad en el sector público, etc, es fácil traducir estas generalidades al lenguaje de la gente: más privatizaciones, recortes en las plantillas, ataque a la negociación colectiva, nuevos recortes de pensiones, más ayudas a las empresas, etc.,

Hoy por hoy, Rajoy no se atreve a mostrar todas sus cartas y únicamente adelanta que en el segundo Consejo de Ministros que se celebrará el 30 de diciembre, aprobará las primeras medidas urgentes, pero que no definirá el grueso de su programa de gobierno hasta los nuevos Presupuestaos Generales que deberá elaborar antes del 31 de Marzo. Y no cabe duda de que intentará apurar los plazos;  no quiere quemar su crédito,  para ganar las elecciones autonómicas de Andalucía, que deben celebrarse antes de que termine ese mes. Luego será el tiempo de la política sin tapujos, de la mano de hierro, sin guante de seda. Todo, si antes (en cualquiera momento)  el centro de poder de la UE, con la “emperatriz” Merkel a la cabeza, no exige nuevos recortes sobre los ya anunciados.

Para curarse en salud, el candidato sí ha dejado claro que la única partida en la que no habrá recorte de gasto es la de las pensiones y añadió: “Todas las demás partidas son susceptibles de una reducción a la baja…Y, por esa misma razón, no podemos descartar tampoco la necesidad de adoptar, en el futuro, nuevas medidas en el ámbito presupuestario”. Por lo tanto, solo podemos esperar la aprobación de nuevos y más profundos recortes para hacer frente a los casi 17.000 millones adicionales de gasto público que quiere reducir este año.

¿Cuáles son las medidas que Rajoy guarda en el tintero?  En los mentideros oficiales se habla abiertamente  de una futura subida del IVA (un impuesto indirecto que pagamos todos por igual y en la misma cuantía, con independencia de la renta); recorte de plantillas en el sector público, salvo en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que deben reforzar para enfrentar la más que previsible movilización social por venir*(1); un nuevo recorte salarial a los trabajadores del sector público (se habla de eliminar una paga extraordinaria, más un 5% mensual o el 10%); nueva reforma laboral para avanzar en la individualización de las condiciones de trabajo; nuevo contrato con periodo de prueba sin indemnización de un año; los “minijobs” (contratos a tiempo parcial con salarios inferiores a los 400 euros); ampliación del periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral (Rajoy, en su discurso, lo dijo explícitamente: “promoveremos, por último, que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones efectivamente realizadas a lo largo de la vida laboral..”)

Por supuesto, nada de crear empleo público, nada de obligar al sector financiero a conceder el crédito que necesitan las pymes y las familias; nada de controlar el astronómico fraude fiscal (el 76% de él , más de 40.000 millones de euros, cometido por el 5% de las mayores empresas del país);  nada de mejorar la protección de las personas.

En síntesis, Rajoy, en su investidura, adelantó las líneas maestras de un programa reaccionario en extremo cuya aplicación no hará sino hundirnos más y más en una crisis de dimensiones históricas.

Y todo ello en un país en el que, según sus propios datos, el paro roza el 23% (ronda ya los 5.400.000 trabajadores) y entre los jóvenes supera el 46% (la financiera JP Morgan, augura que el paro en España puede llegar al 27% de la población activa) y que se encuentra ya técnicamente en situación de recesión..

Como vemos, estamos ante la implacable aplicación de un programa de clase de la oligarquía, contra la mayoría social, en el marco de un régimen cuya estructura política y administrativa ha sido delineada explícitamente para garantizar el dominio de una ínfima minoría sobre las clases trabajadoras.

Nadie puede asegurar donde terminará esto, pero sí que ello dependerá sobre todo de la capacidad del proletariado y de las clases trabajadoras de enfrentar políticamente la situación, sabiendo que tenemos enfrente un bloque cohesionado y dispuesto a todo.

Finalmente, entre las fuerzas que votaron en contra de su investidura, estaban CIU y PSOE. El líder de CIU, Duran i Lleida, señalaba: “nos hubiera gustado muchísimo abstenernos en la votación de investidura” No lo hicieron porque, aunque comparten plenamente los objetivos del PP, cuando pidieron el pacto fiscal con Cataluña, Rajoy respondió con un escueto: “hablaremos” (así de sensible es la burguesía)

Y respecto al no del PSOE, si alguien aún dudaba de la actitud que vaya a mantener su dirección, el candidato afirmaba en su discurso que los Presupuestos Generales del Estado que presente en marzo,  establecerán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60% en el 2.020 y fijarán en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2.020, en atención a los principios básicos pactados con el Partido Socialista…” Blanco y en botella.

Así pues, a lo largo de los próximos meses, el enemigo de clase continuará desarrollando sus medidas, sin preocuparse en absoluto por las consecuencias sociales que provoque. No estamos ante un desarrollo normal de la lucha de clases, sino ante una auténtica guerra de clases que, libramos en el terreno político o tenemos perdida de antemano.

Los dirigentes sindicales, olvidando el sabio consejo de Maquiavelo: “la guerra no se evita, sino que se retrasa para ventaja del enemigo”,  titubean, afirmando por una parte que hay que prepararse para una confrontación inevitable en los próximos tres meses, pero negándose a marcar los tiempos, a delimitar su propuesta táctica, a preparar la confrontación desde ahora mismo. En el campo político, si la dirección del PSOE ya se ha mostrado dispuesta a consensuar la política de Estado; Izquierda Unida no ha tardado ni un mes en mostrar sus contradicciones internas, sin asumir el papel de dirección que su coordinador general comprometió al término de la jornada electoral, sin querer salirse del guión de una fuerza del sistema, una fuerza que se niega a dar el paso hacia la confrontación política con él.*(2)

La tarea pues es reforzar las organizaciones populares: sindicatos, asociaciones vecinales, estudiantiles, etc., y prepararse para una guerra larga y dura, que hoy damos en condiciones de extrema debilidad, que pueden evolucionar, no obstante, de forma rápida, porque cientos de miles de trabajadores y ciudadanos van a comprobar en semanas que no existe diferencia sustancial entre una u otra fuerza de la oligarquía, que sin pelea no hay salida y que la izquierda necesita separarse de este marco de asfixia antidemocrática que amenaza con retrotraernos al siglo XIX: “no se trata ya de recuperar lo que se fue, ni de regresar al lugar que ocupábamos, porque ese lugar ya no existe” Rajoy en su discurso de investidura.

Como señalábamos en nuestra valoración de las elecciones: entramos en un periodo en el que los días pueden valer por años, de cambios constantes. La foto política surgida de las elecciones del 20 de noviembre no va a durar mucho.

Así pues, conocido su plan de ataque, no debemos esperar; quien no esté a la altura de las circunstancias será arrastrado por los acontecimientos. Hay que prepararse sin pausa para el enfrentamiento político, trabajar sin descanso por desarrollar la unidad contra la oligarquía, la unidad por el futuro, por la República. Los trabajadores van a comprobar las condiciones en las que se libra esta batalla y eso va a acelerar su politización. Y los comunistas tenemos una responsabilidad determinante en que finalmente se logre organizar el campo popular para la confrontación inevitable. Y la vamos a cumplir.

*(1).- Aunque el presidente ya adelantaba que no se cubrirán las bajas por jubilación, entre otras medidas, todo parece indicar que irá más allá: el presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha propuesto legalizar el despido de los funcionarios, afirmando que podrían sobrar 900.000, (sin que ningún responsable político o sindical, por cierto,  lo defina como lo que realmente es, un sinvergüenza)

*(2).- Las declaraciones de sus dirigentes en las que afirmaban que no es hora de luchar por la República, sino de pelear por la salida de la crisis y contra el paro, prueban su renuncia a cumplir el papel político que debieran ejercer. Que no comprendan a estas alturas la imposibilidad de salir de la crisis con medidas que no conlleven un coste social demoledor, sin romper políticamente con el régimen que da sustento a esta dictadura de la oligarquía, los invalida para encabezar la pelea que viene.

20 de diciembre de 2011

Secretariado del CC del PCE (m-l)