ECUADOR: Las organizaciones sociales, políticas y populares frente a la consulta propuesta por el gobierno

En función de las siguientes consideraciones:

1.    Que históricamente en el país las consultas populares impulsadas por el gobierno de turno han afianzado la política económica y represiva contra la clase trabajadora, el campesinado y el pueblo en general, en beneficio del capital nacional e internacional.

2.    Que desde 1986, en varias ocasiones el pueblo ecuatoriano se pronuncio mayoritariamente y con dignidad en contra de dichas consultas, identificando plenamente la política del gobierno y los intereses detrás de las preguntas.

3.    Que el gobierno de Rafael Correa y Alianza País ha trazado su política antipopular desde el inicio de su período, expresada en la Constitución de Montecristi, los Mandatos Constituyentes, las leyes, decretos y acuerdos ministeriales. Esta política elimina y restringe derechos fundamentales, criminaliza y persigue la organización popular, aplica el despido masivo, el hambre y el control del pensamiento y la ciencia como política de Estado; mientras entrega los recursos nacionales estratégicos al capital transnacional saqueando la nación y beneficiando a una nueva oligarquía nacional en ascenso.

Invitamos a las demás organizaciones populares y al pueblo en general:

1.    A rechazar este nuevo intento del gobierno, de profundizar su política de hambre y represión mediante una nueva consulta popular mañosa, en donde busca que el pueblo refrende su propia carta de esclavitud mediante el engaño.

2.    A unir esfuerzos para gritar desde nuestros corazones un rotundo NO y diez veces NO a la persecución, al despido, al engaño, a la represión, a la corrupción, a la entrega de los recursos naturales, al saqueo del IESS, al hambre, a la explotación y a la mentira.

3.    A sumarse en un solo frente de lucha que permita alcanzar mejores días para trabajadores, campesinos, estudiantes y el pueblo en general destruyendo la política del gobierno con la movilización permanente.

Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI)
Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales (FUOS)
Federación de Estudiantes politécnicos del Ecuador (FEPE)
Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)
Federación Médica Ecuatoriana (FME)
Frente Revolucionario de Izquierda Universitario (FRIU)
Coordinadora Nacional de Sindicatos Públicos (CNSP)
Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador (COCE)
Colegio de Médicos de Pichincha (CMP)
Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)
Movimiento al Socialismo (MAS)
Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL)
Democracia Socialista (DS)
Fuerza Bolivariana (FB)
Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE)
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE)
Trabajadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Coordinadora Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE)
Red de Ecologistas Populares (REP)
Polo Democrático (PD)
Internacional de Sindicatos Públicos (ISP)
Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria (UJIR)
Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP)

TÚNEZ: Creación del Comité por el Congreso Nacional de Salvaguarda de la Revolución

El pasado viernes 11 de febrero, se reunieron todas las fuerzas de la oposición al gobierno Ghannouchi para formar un Comité por el Congreso Nacional de Salvaguarda de la Revolución (CNSR). Se trata de un nuevo e importante paso para el desarrollo de la revolución tunecina. Esas fuerzas engloban a diez partidos de izquierda, democráticos y nacionalistas que ya estaban reunidos en el «Frente del 14 de Enero», así como a otros partidos, como el islamista Ennadha y el Congreso por la República, y también –lo que es muy importante- la central sindical UGTT. Asociaciones de abogados, de periodistas y de escritores se han sumado a esta iniciativa. En total, 28 organizaciones han firmado este proyecto. En él se pide que el actual presidente interino reconozca la legitimidad del Comité y, por consiguiente, del Congreso que se va a convocar, y también el derecho (del Comité) a examinar todas las decisiones del Gobierno y, en su caso, a rechazarlas. Reivindica también la disolución de las tres comisiones formadas por el gobierno de Ghannouchi, una para investigar la violencia, otra sobre la corrupción y malversación bajo la dictadura de Ben Ali, y una tercera sobre las reformas políticas. Esas comisiones están dirigidas por gente afín al dictador Ben Ali y su partido, el RCD, ya disuelto. El comité exige que esas tres comisiones sean reemplazadas por otras creadas por el CNSR.

Samir Hammouda, representante del Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) en Francia, declaró que:

«Se trata en realidad de la constitución de un contrapoder. No es aún lo que reivindica el «Frente del 14 de Enero», concretamente la designación de un gobierno provisional popular para ese Congreso. Es un compromiso entre las 28 fuerzas que oposición, que permite desarrollar la revolución. Y o bien el presidente acepta, lo que permitiría de facto adoptar medidas para avanzar; o el presidente niega la legitimidad del Congreso y de su plataforma. Pero entonces se agudizarían más aún las contradicciones, lo que estimularía todavía más la revolución. La reunión del 11 de febrero decidió la creación de Comités de Salvaguarda de la Revolución a todos los niveles, regionales y locales. Las huelgas, manifestaciones y concentraciones se multiplican en Túnez, el CNSR se populariza y la gente se organiza en los comités locales. La revolución se estructura cada vez más.»

El sábado 12 de febrero, el «Frente del 14 de Enero» celebró un gran mitin en el Palacio del Congreso de Túnez, una gran sala de 5.000 plazas, todas ellas ocupadas, y con más de 1.000 personas que no pudieron entrar. La sala desbordaba de entusiasmo, la gente gritaba entusiasmada las consignas… Los portavoces de los diferentes componentes del Frente llamaban a sus militantes a incorporarse y participar en la constitución de los Comités por el Congreso Nacional de Salvaguarda de la Revolución, así como en los Comités locales y regionales del «Frente del 14 de Enero.»

Baudouin Deckers

15 de febrero de 2011

Los pueblos de Costa de Marfil progresan en su lucha revolucionaria para acabar con la usurpación del poder

Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil

DECLARACIÓN

Los pueblos de Costa de Marfil progresan en su lucha revolucionaria para acabar con la usurpación del poder

Actualmente, los objetivos revolucionarios de los pueblos de Costa de Marfil son los siguientes:

1.- Imponer el reconocimiento de la voluntad popular manifestada el 28 de noviembre de 2010 para crear las condiciones que acaben con los crímenes políticos y abran el camino de la democratización del país.

2.-Conquistar la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, confiscada por los detentores de la «refundación» que usurpan el Poder de Estado.

3.- Acabar con el sufrimiento del que los pueblos pensaban iban a salir a raíz de las elecciones presidenciales pasadas, sufrimiento que se ha agravado con la amenaza de hambruna

Para lograr estos objetivos, debemos hacer aún importantes esfuerzos, mas  la esperanza crece de día en día en cuanto a la posibilidad de lograr la victoria sobre las fuerzas reaccionarias. El demagógico discurso patriótico en el que se mezcla el chovinismo con el tribalismo, pierde terreno ante el discurso patriótico justo pronunciado por todos los que aman Costa de Marfil y que aspiran a situar el interés general por encima del escandaloso enriquecimiento individual. También ha aumentado considerablemente el reconocimiento de lo pertinente del discurso revolucionario. Ya ha pasado el tiempo de los discursos del tipo de «la única arma del pueblo es el boletín de voto», o el de «somos pacifistas». Por doquier se lanzan llamamientos a la revolución.

El Partido Comunista Revolucionario de Costa de Marfil, ha mantenido siempre que sin la revolución, no habrá victoria sobre la «refundación», ni transformaciones profundas de la sociedad marfilense. Esta posición que algunos tachaba de partidista y utópica, es apreciada actualmente en su verdadero sentido, el de una verdad histórica incontestable. Ya se admite ahora que es necesario hacer la revolución para sacar al país de la crisis. Los partidarios de la revolución ya son numerosos y difunden la idea de que ésta, la revolución,  es necesaria. Por otra parte ya se admite que solamente los pueblos pueden hacer esta revolución. Tal evolución en las concepciones  ideológicas, es en ella misma una victoria. Debemos consolidar esta victoria. Para ello, los pueblos se movilizan y sienten la necesidad de avanzar más. Se llevan a cabo diferentes iniciativas  a lo largo y ancho del país: marchas de protesta y de denuncia de la usurpación del Poder; mítines  de explicación,  aplicación de jornadas de paralización total de las ciudades. Con el tiempo y el desarrollo de las fuerzas revolucionarias se ampliará y diversificará el número de acciones. Estas acciones evolucionan y pronto culminarán en el derrocamiento de los usurpadores del Poder.

La militancia en los partidos políticos, es muy útil, pero es indispensable que además, los revolucionarios perfeccionen la actividad de sus comités, que los hagan más eficaces para su lucha. Es, pues, urgente que los funcionarios, los trabajadores , los campesinos, los artesanos, transportistas, comerciantes, estudiantes, los jóvenes desempleados, los ciudadanos en general, se preocupen activamente del buen funcionamiento de sus comités. Es esta una condición para que los esfuerzos  de todos generen la energía necesaria que permita acabar con la usurpación del Poder.

Abiyán, 23 de febrero de 2011

Partido Comunista Revolucionaria de Costa de Marfil.

Masiva y exitosa huelga en Grecia

La huelga nacional que tuvo lugar en Grecia el pasado día 23 se saldó con un gran éxito. Una vez más, las fuerzas del PAME desempeñaron un papel principal en las fábricas, las empresas, los barcos y en todos los centros de trabajo.

Resolución de la sección sindical de CC.OO. en McDonald´s Estación Granada contra el pacto social

El pasado 2 de febrero la dirección de CC.OO. ha firmado con el gobierno del PSOE el acuerdo de pensiones que supone el retraso en la edad de jubilación, el aumento de los años de cotización y una reducción drástica de la cuantía de la pensión para el conjunto de la clase trabajadora del Estado Español. Este acuerdo condena a los sectores más desfavorecidos (mujeres, jóvenes e inmigrantes) a jubilarse a los 67 años y haciendo casi imposible poder optar al 100% de la pensión al aumentar a 38 años y medio el período de cotización. Además en nuestro centro de trabajo conocemos bien esta realidad ya que la gran mayoría de los contratos que existen son de jornada parcial. Eso quiere decir en el caso del contrato de 20 horas, que es el modelo más extendido, que se necesitan 77 años trabajando para poder optar al 100% de la pensión. Por todo ello la sección sindical de CC.OO. quiere manifestar lo siguiente:

1.- Nuestro absoluto desacuerdo con el pacto de pensiones que ha firmado la dirección de CC.OO.

2.- Nuestro desacuerdo con la forma en que el sindicato ha tomado la decisión de firmar este acuerdo sin contar con la opinión de su afiliación. Esto ha provocado, además, un malestar y descontento entre las bases del sindicato.

3.- Nos parece también un grave error la orientación que toma la dirección del sindicato con la firma del acuerdo al abandonar la movilización social iniciada el 29 de septiembre con la huelga general y en respuesta ante los graves ataques que esta desarrollando el gobierno de Zapatero.

4.- Esta orientación profundiza la crisis de legitimidad en la que estaba insertada el sindicalismo y será utilizada por los sectores más reaccionarios para criticar socialmente la utilidad de los sindicatos.

5.- Por todo ello, reclamamos a la dirección de CC.OO. que retire la firma del acuerdo y que convoque asambleas de afiliados para que debatamos sobre las condiciones necesarias para un acuerdo sobre pensiones y las acciones y próximas movilizaciones que debemos desarrollar para conseguir frenar y revertir las agresiones del gobierno, patronal y mercado financiero.

Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Unión Local de Comisiones Obreras de Alcalá de Guadaíra

Podemos “justificarlo” como queramos, vestirlo de Prada o Dior…
Esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los trabajadores y tendrá como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una pensión pública digna al jubilarse, si es que alguna vez llegan a hacerlo, al aumentar la edad de jubilación y la exigencia de años cotizados.
Porque se eleva la edad de jubilación para los trabajadores hasta los 67 años, desde los 65 años actuales, a razón de 1 mes por año en el período 2013 a 2018 y 2 meses por año en correspondiente a 2019 al 2027. Ello supone además de obligar a los mayores a trabajar a una edad inasumible físicamente muchas veces, cerrar también la puerta dos años más a los millones de jóvenes que están en paro y a los que se niega la posibilidad de trabajar.
Porque se necesitarán 37 años cotizados para jubilarse a los 67 con el 100% de la base reguladora. Dos años más de cotización.
Porque sólo permite mantener la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% de la base reguladora, a quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses en lugar de los 35 años actuales.
Aumentar el período de cotización a 38,5 años es poner un listón inalcanzable para una mayoría de trabajadores, con carreras de cotización inestables, que verán disminuida notablemente su pensión, y que además consigue por sí misma el aumento de la edad de jubilación. Los jóvenes y mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en situaciones precarias, con bajas cotizaciones, empleo discontinuo o a tiempo parcial, van a ser los mayores perdedores con esta reforma, condenándoles a pensiones de miseria.
Porque el cálculo del importe de la pensión se tendrá en cuenta, en un período de 10 años, 25 años cotizados en lugar de los 15 actuales, lo que supone otro recorte para la práctica totalidad de los trabajadores, que verán seriamente mermada sus ingresos sobre la situación actual.
Porque el objetivo del gobierno y los sectores económicos más poderosos, era y es el recorte del gasto social, obviando que en nuestro país más del 70% de las pensiones están por debajo de los 1.000 euros, que nuestros gasto en pensiones es 3 puntos inferiores a la media de la UE, y que también detrás de las voces catastrofistas que hoy, ayer y mañana, predicen la “insostenibilidad del sistema” están las expectativas de negocio de los planes y fondos privados de pensiones. El sistema financiero, que con sus prácticas especulativas dio origen a la crisis que nos asola, volverá a obtener nuevos beneficios a costa del sufrimiento la gente.
Porque este retroceso histórico tendrá también graves consecuencias sobre la credibilidad de los sindicatos y debilitará la capacidad de responder a futuras agresiones sociales y políticas, en unos momentos donde cada es más evidente que los grandes poderes financieros y los políticos que están a su servicio tratan también de acabar con los sindicatos de trabajadores.
Podemos “justificarlo” como queramos, vestirlo de Prada o Dior… El pacto sobre pensiones es un mal acuerdo para los trabajadores.

José Luis García Martínez.
Portavoz de la Comisión Ejecutiva
U.L. de CC.OO. de Alcalá de Guadaíra.

Resolución aprobada por unanimidad el pasado 10 de febrero de 2011
ccooaytoalcala.org

Ante la firma del acuerdo de recorte de pensiones y la reforma laboral entre el Gobierno del PSOE y CCOO y UGT

Resolución de la Sección Sindical de FECOMA-CCOO del Centro Regional de Levante, Murcia e Islas Baleares de la empresa pública TRAGSA

Ante la firma del acuerdo de recorte de pensiones y la reforma laboral entre el Gobierno del PSOE y CCOO y UGT

Ante la firma del Pensionazo y la aceptación de la reforma laboral por parte de los sindicatos CCOO y UGT, la Sección Sindical de FECOMA CCOO en la empresa pública TRAGSA manifestamos nuestra repulsa por lo que a ojos vista es la mayor de todas las traiciones perpetradas por los sindicatos CCOO y UGT contra la clase trabajadora.

Confiábamos que tras la huelga del 29 de septiembre la senda que tomaba nuestro sindicato, CCOO, nos llevaría a través de la confrontación y de la lucha contra unas medidas injustas a combatir y reorganizar a la clase obrera preparándonos para dar alternativas a un sistema que ha demostrado desde el inicio del Capitalismo, que todo sigue igual, EL BENEFICIO LO OBTIENEN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CLASE OBRERA.

Nos sentimos defraudados, estamos convencidos de que no sois nuestros compañeros, sino unos profesionales que se sienten cómodos visitando ministerios, sintiéndoos importantes, almorzáis y cenáis con el Presidente, Ministros, Directores Generales, etc., etc. Y decidís sobre la vida de millones de personas, eso sí, consensuando los recortes con aquellos que nos explotan.

Hubiésemos preferido una imposición por parte de nuestros enemigos de clase, a una traición de vosotros, “que sois compañeros dirigentes de CCOO”. Lo que nos pide el cuerpo es irnos de CCOO (no lo descartamos), pero eso, en este momento, quizás sería haceros el juego; por ello es que desde esta Sección Sindical y ante la situación de extrema gravedad que estamos atravesando, os pedimos que preguntéis a toda la afiliación qué opinan sobre lo que habéis firmado, para lo cual se debe convocar un Referéndum y que sean los afiliados los que decidan.

También deciros que a esta Resolución le daremos la máxima difusión y en todo lo que nos sea posible instaremos a todos los afiliados y Secciones Sindicales a manifestar su rechazo a la firma del Pacto Social contra los trabajadores; se hace imprescindible limpiar la imagen de CCOO, ya que hoy parecemos, a los ojos de la mayoría de los trabajadores, como un simple apéndice del Estado. Hay momentos en la historia en que los dirigentes van por un camino y el pueblo por otro: hoy es uno de esos momentos.

Rechazo total a la Reforma Laboral.

Rechazo total Recorte de las Pensiones.

Ocupación empresas con procesos de despidos (EREs).

Nacionalización de las empresas y Bancos responsables de la crisis

Por la contención del gasto la Monarquia.

No a la subvención de la iglesia.

Retorno de las tropas mercenarias, salida de la OTAN.

En nombre de la Sección Sindical de FECOMA-CC.00 C.R 7 TRAGSA

Los delegados de CCOO en la UMH de Elche rechazan la firma del acuerdo sobre pensiones por amplia mayoría

Delegados de la Sección Sindical de CC.OO. de la Universidad Miguel Hernández de Elche consideramos que el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la Reforma Laboral, para la que durante estos días se ha iniciado el proceso de recogida de firmas, tiene un valor inmenso por lo que significaría que una propuesta en defensa de los derechos sociales y laborales de los trabajadores e impulsada por nuestro Sindicato, fuera debatida en el Parlamento español. Así lo entendemos a condición de que dicha ILP constituya una acción más en un marco de movilización social sostenida frente a las permanentes agresiones contra las condiciones de vida y de trabajo que tanto nos costó conquistar. Sin embargo, la firma por parte de CC.OO. del “Acuerdo sobre la Reforma de las Pensiones” y el llamado “Pacto Social” no nos habilita, en estos momentos, para defender ante nuestros compañeros de trabajo la firma del citado documento. Menos aún ante nuestros estudiantes, que forman parte de una generación de jóvenes que mañana no podrá jubilarse y hoy no puede trabajar, que vivirá peor que sus mayores.
¿Qué mensaje vamos a trasladarle cuando nuestro Sindicato parece estar ya negociando el desarrollo de los reglamentos de la ley y ha renunciado a mantener la movilización en contra de la Reforma Laboral y otros importantes recortes sociales? En nuestra opinión sólo si CC.OO. opta por retomar la senda de la movilización, hipótesis lejana en el momento actual, se puede coherentemente colaborar con la iniciativa legislativa planteada. ¿Acaso queréis que demos la cara ante trabajadores y estudiantes para que firmen y decirles que deben limitarse a confiar en nuestra capacidad de negociación y en la decisión del mismo Parlamento que en su día ya aprobó por amplia mayoría la Reforma Laboral? En estas condiciones la ILP, caso de mantenerse activa, se convierte en una iniciativa destinada a alejar al pueblo de la toma de decisiones.
Para ninguno de los que creímos que el 29S era el inicio de un proceso de movilización sostenida – que, sin duda, posibilitaría un incremento en la conciencia y en la capacidad de organización de la clase obrera – nos resultará posible avalar la decisión de unos órganos confederales que, en este caso, han negado la participación de sus bases y firmado un Acuerdo con el Gobierno y la Patronal que consideramos lesivo para el conjunto de la clase trabajadora. En otros casos, como la elaboración del EBEP, el Estatuto del Profesorado, etc., se han recibido múltiples borradores para contribuir en su elaboración.
A través de la presente resolución, y como afiliados/as y delegados/as de la FE-CCOO-PV en nuestro centro de trabajo, deseamos mostrar nuestro rechazo al acuerdo alcanzado sobre pensiones y al marco de negociación abierto con el Gobierno y la Patronal para la aplicación de la reforma laboral o la reforma de la negociación colectiva.

Delegados de CC.OO de la UMH.

Reacciones al acuerdo de pensiones

• -Comunicado de la Unión Comarcal de CCOO de Arousa
• -Comunicado del comité de empresa de INCONAL
• -Resolución aprobada por unanimidad en la Asamblea de Delegados y Delegadas del Sindicato de Comercio, Hostelería y Turismo de Sevilla
• -Posicionamiento de los CritiCC.OO.s del Metro de Madrid
• -Posicionamiento de la ejecutiva de sanidad de Sevilla
• -Comunicado sección sindical de CCOO-INAEM
• -Comunicado sección sindical Alcalá de Guadaira
• -Nicolás Redondo: «Este Acuerdo nos llevará a un sistema de capitalización y con ello a un fuerte recorte de nuestro ya maltrecho estado de bienestar»
• -Resolución de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Enseñanza de CCOO de León sobre el Acuerdo Social y Económico
• -Sector Crítico de Madrid de CCOO: CONTRA EL ACUERDO DE PENSIONES
• -Carta de la Secretaria General del Sector de la Administración de Justicia de CCOO
• -Resolución de la sección sindical de CC.OO. en McDonald´s Estación Granada contra el pacto social
• -Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Unión Local de Comisiones Obreras de Alcalá de Guadaíra
• -Resolución de la Sección Sindical de FECOMA-CCOO del Centro Regional de Levante, Murcia e Islas Baleares de la empresa pública TRAGSA
• -Los delegados de CCOO en la UMH de Elche rechazan la firma del acuerdo sobre pensiones por amplia mayoría
• -Comunicado de la Unión Comarcal de CCOO de Arousa
• -El Sector Crítico de CCOO de L’Alacantí recabará la opinión de los trabajadores sobre el acuerdo de pensiones
• -Posición del Sector Crítico de CCOO contra el acuerdo firmado con el Gobierno
• -Se consuma la traición. Continúa la pelea
• -Consejo Confederal de CCOO: Se ha impuesto la cobardía

De “Bambi” a “Pinocho”, por J. Romero

Va de cuentos, de los que cuentan una y otra vez las mil cuatrocientas familias que forman la falange de ataque de los “mercados” en España y su legión de plumíferos, tertulianos, técnicos pesebreros y especialistas a sueldo; de los que repiten el Gobierno, el Banco de España, la leal oposición, la derecha ultramontana y toda la “clase política” al servicio de este esperpento nacional que es la España monárquica, por la gracia de dios… y del asesino Franco.

Hace poco más de un año, el Gobierno mostraba su preocupación por el peligro de deflación, pues en época de crisis era de esperar que los empresarios tendieran a vender los productos y servicios a menor precio. Como la inflación que se toma como referencia, desde los Pactos de la Moncloa, es la prevista por el Gobierno y este había fijado el IPC del año 2010 en un 2%, se corría el riesgo de que los salarios pactados en los convenios fueran mayores que el IPC real (dado que, como decimos, la tendencia de los precios entonces era a la baja) y sus amigos empresarios podrían salir perdiendo, por una vez.

Para evitarlo, forzó un acuerdo (que en mayo se saltaría a la torera) en el sector público para contener los salarios; un acuerdo que preveía para 2010 la práctica congelación salarial, una subida moderada para 2011 y 2012 y saldar cuentas en 2013, a fin de garantizar (eso decían entonces) el poder adquisitivo.

La cuestión es que, en enero de este año, se alcanzaba una inflación del 3,3%. Zapatero y sus colegas respiraban aliviados, aunque los trabajadores, lógicamente, han visto crecer sus problemas diarios.

Una de las explicaciones del aumento de la inflación, a pesar de la crisis y su efecto sobre los precios, es el encarecimiento de los combustibles. Ya se sabe que, según la biblia neoliberal, los mercados son infalibles, marcan con certeza mágica el precio de los productos y servicios en función de la oferta y la demanda. ¿Qué podemos hacer los humildes mortales para evitar estos designios divinos? Nada, esperar y armar nuestra paciencia como en su día lo hizo el santo Job.

El pasado 21 de enero, el diario El país informaba de la superación de un nuevo récord negativo: la gasolina sin plomo costaba 1,285 euros el litro, frente a los 1,277 euros que llegó a alcanzar en 2008, justo antes de que estallara la crisis. Quedaba confirmado que las cosas son así, porque así han sido siempre. Pero, lo que son los cuentos, no engañan ni a los niños: la información incluía un pequeño detalle, el petróleo costaba entonces (en 2008) 144 dólares el barril y ahora ¡97 dólares! Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que, si el petróleo es un 32% más barato, la gasolina, que es un derivado suyo, sea más cara? ¿La explicación? El efecto mágico del mercado es otro cuento: el incremento en el precio se debe a los impuestos. Una nueva mentira de “Pinocho”.

El lunes 24 de enero, en plena negociación del denominado “pacto global” con los “agentes sociales”, y con la alevosía habitual en estos casos, el Gobierno informaba de sus nuevos planes para “sanear” el sector financiero, dirigidos particularmente a las Cajas de Ahorro. En esencia, consistían en lo siguiente: a partir de otoño, todas las entidades deben elevar del 4% al 8% el ratio de solvencia (es decir, el peso del capital sobre el total de la empresa) y aún por encima de esa cifra (el 9,5%) las entidades que no coticen en bolsa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es necesaria esta medida?

Ya hemos señalado en otras ocasiones que en España no hay banca pública y lo que más se aproxima a ella (por ser entidades con control de organizaciones sociales y entes públicos, y obligadas a destinar una parte de sus beneficios a actividades sociales) son las Cajas de Ahorro.

Esto es cierto, pero no conviene mitificar: en la España franquista y, con parecida audacia en la monárquica, la ligazón de las Cajas a instituciones anacrónicas, íntimamente ligadas a las redes locales de caciques, como las Diputaciones, y la corrupción política o eclesiástica (la primera Caja que tuvo que ser rescatada, a finales de 2009, fue Caja Sur, controlada por la Iglesia Católica), favoreció la participación de las Cajas en la fiesta del ladrillo y sus consecuentes pelotazos urbanísticos; ello ha terminado por hacer aflorar la evidencia de una seria contaminación con activos de dudoso cobro, entre créditos hipotecarios que las familias no pueden pagar, créditos a promotoras y tiburones que estos, simplemente, no pagan y stocks de viviendas que no pueden vender a los precios que cubrían las hipotecas concedidas en su día (1).

El año pasado, el Gobierno puso en marcha el Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), del que ya hemos tratado en estas páginas, inyectando dinero a espuertas y forzando las fusiones entre ellas, de tal forma que en unos meses se ha pasado de 45 Cajas a 17 (en el camino se han perdido, claro está, miles de puestos de trabajo en el sector).

Pero no es suficiente, según aseguran el Gobierno y el Banco de España que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), ese “genio” lenguaraz de las finanzas, que alabó la España del ladrillo con el mismo entusiasmo con el que hoy abomina de sus consecuencias y amenaza con los peores desastres si los ciudadanos (los ciudadanos, por supuesto, no los banqueros, promotores, caciques y políticos corruptos) no pagan con sus derechos las deudas de los “golfos apandadores”.

En un reciente informe de esta entidad “independiente” se afirma que las Cajas de Ahorro acumulan 90.000 millones de euros en créditos o activos inmobiliarios problemáticos (2). Por lo tanto, a simple vista parece que, en efecto, tienen serios problemas (igual que los bancos privados, por otra parte), que intentan tapar o simular de mil formas; una de ellas, toscamente “creativa”: incluyendo en los balances las viviendas que tienen en stock, al precio de antes de la crisis, aunque ahora nadie las quiera comprar sin una rebaja del 40% o más, por su sobrevaloración.

Problemas que no podían solucionar recurriendo a los mercados de valores para obtener financiación privada, cotizando en bolsa, por ejemplo, porque hasta la reforma que pactaron Zapatero y Rajoy en su entrevista del 5 de mayo pasado, la ley no autorizaba a las cajas a vender cuotas de participación en su capital con derechos políticos reconocidos; es decir, no permitía que entidades o especuladores privados adquirieran capital de las cajas, a cambio de intervenir en su gestión.

La reforma les permitió dividir el negocio en dos partes: una que actúa como banco y otra, que se ocupa de la “obra social”, mediante la creación de fundaciones, autorizando para ello la emisión de las cuotas participativas con derechos políticos. Se daba de esa forma el primer paso para su completa privatización.
Con todo, faltaba a sus directivos la decisión de los emprendedores para dar la estocada final a la parte “tierna” del negocio. ¿Por qué? Son muchas, probablemente, las razones; ¿algunas posibles?: no ser el primero en mostrar los trapos sucios a la competencia, enseñando el verdadero nivel de contaminación de sus balances; no perder totalmente el control político en sus consejos; esperar mejores tiempos para reanudar los negocios de caciques… ¿Cómo saber la causa de la falta de audacia de Rato y sus iguales?
Pero la paciencia entre capitalistas tiene un límite (solo la quieren ilimitada entre la mayoría trabajadora), y la vista de un negocio tan suculento desató arcanos reflejos depredadores en los grandes bancos, que ven en las Cajas (como en las pensiones y en tantas otras cosas) una rentable inversión. Si a ello unimos la desconfianza de los inversores en la solidez de la mayoría de estas entidades y el ardor neoliberal y sumiso de Elena Salgado, Zapatero y cía, estos han terminado por acelerar los acontecimientos.

Sin previo aviso, que se sepa, se ponía en marcha el plan que señalábamos más arriba: nervios, urgencias y miedos en las direcciones de las Cajas; paternal firmeza en el Gobierno. No deben preocuparse los vividores y especuladores: el Estado (es decir, una vez más, todos nosotros, sufridos ciudadanos) garantizaba otros 20.000 millones de euros para sanear las Cajas que no pudieran cumplir los criterios establecidos por el plan; eso sí, técnicos designados por el Estado pasarían a los Consejos de Administración para controlar su gestión, durante cinco años.

La prensa, dócil y solícita con el capital, abría sus portadas de forma unánime (que sepamos, únicamente el diario “Público” fue la excepción) señalando en grandes titulares que el Gobierno «nacionalizaría las Cajas» más débiles a las que inyectara capital.
Otra mentira más, porque la cuestión se plantea realmente de una forma mucho más simple: el decreto intenta acelerar la privatización, burlando la vía de una nueva ley, para evitarse más retrasos y mayor descrédito político, forzando a las cajas a cumplir unos criterios que sabe que no pueden cumplir en su inmensa mayoría, si no es corriendo a los mercados a vender participaciones, ¿a qué precio?: «En los mercados, cerrados incluso para entidades solventes como el Santander y el BBVA, parece imposible que estas cajas pueden conseguir inversores salvo a precios de saldo» (El País, 26 de enero).

Pero ocurre que algunas entidades (las más pequeñas y menos solventes, que, según el diario ABC.es, ya han recibido 11.500 millones en ayudas públicas), necesitarán más dinero del Estado porque ninguna entidad privada quiere invertir capital en ellas. Son un mal negocio y por eso el estado salvador las “nacionalizará”, como decimos, por cinco años, para sanearlas con cargo al dinero público, como antes hizo con Rumasa y Banesto, por ejemplo, y después privatizarlas definitivamente, cuando vuelvan a ser un buen negocio para los Botín, González, etc.

El asunto de las cajas está desatando una gran polémica entre los especialistas. Algunos barones de la derecha pura y dura y directivos “independientes” (de los ciudadanos e impositores, no de la oligarquía), como Rato, se han quejado en público y en privado por esta nueva intromisión del Gobierno; incluso plumas de probada trayectoria progresista se indignan, no sin razón, por supuesto, porque Zapatero haya acelerado el proceso de privatización de las Cajas y salen precipitadamente en defensa de un modelo que tampoco se puede definir como público, ni mucho menos.

A nosotros nos parece una polémica falsa. ¿Por qué? Puestos a hacernos preguntas, aquí van algunas que nos parecen más importantes: con tanto fervor como profesan al principio sacrosanto de la biblia neoliberal: laissez faire, laissez passer, ¿por qué los defensores de la ortodoxia no han dejado hundirse, como hizo el gobierno islandés con buenos resultados, a las entidades más débiles?

Mejor aún: si se trata de garantizar que el crédito fluya y por eso se inyecta dinero público en cantidades astronómicas en el sector financiero (tan astronómicas que, de seguir así, van a endeudar a varias generaciones), ¿no sería lo suyo crear una banca pública, nacionalizando de verdad bancos y cajas? Y cuando decimos nacionalizar lo que queremos decir es que la gestión sea pública y sujeta al interés social, porque lo que de verdad quiere el Gobierno es nacionalizar las deudas para privatizar el beneficio.

La respuesta es evidente: porque entonces unos pocos no harían un buen negocio, uno más, a costa de los de siempre.

En los cuentos, el ogro desaparece porque lo exige el guión; en la vida real, a los príncipes y sinvergüenzas se les arroja al estercolero de la historia, como hizo el pueblo tunecino, luchando. O pagas sus fortunas con las miserias de todos. Así que, ¿a qué se espera para el colorín colorado?

(1) Respecto a la ligazón de la Cajas con el corrupto cuerpo político, recordemos la reciente y vergonzosa batalla desatada por Esperanza Aguirre para controlar Caja Madrid (cosa que logró con el apoyo de Ángel Pérez, Moral Santín y sus secuaces de IU-Madrid)
(2) 29.400 en créditos morosos; 27.500 en créditos subestandar y 33.100 en viviendas procedentes de desahucios o que no han tenido compradores.

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