ECUADOR: Ley de tierras, una reforma necesaria

En Marcha, semanario del PCMLE, nº 1502

La propuesta de un pre-proyecto para limitar el acaparamiento de las tierras, encontrar mecanismos para que sectores desposeídos tengan acceso a éstas y lograr un real desarrollo y crecimiento del campo genera un intenso debate entre los pueblos y el rechazo de la oligarquía que ve afectados sus privilegios.

La reciente propuesta sobre la Ley de Tierras presentada por un grupo de académicos y organizaciones agrupados en el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador, SIPAE, que contó con el respaldo de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria, ha puesto, nuevamente, en el tapete de discusiones la necesidad de debatir el tema agrario, la eliminación del latifundio, acabar con el acaparamiento y encontrar mecanismos para que los campesinos pobres y comunidades tengan acceso a las tierras hoy improductivas.

Este anteproyecto de Ley que empezó a ser socializado, denuncia la injusta distribución de tierras que existe en el país y su concentración y reconcentración bajo el nombre de industrialización, por lo que plantea “democratizar el uso y el acceso a la tierra”, poniendo límites al acaparamiento; redistribuir las tierras improductivas y la recuperación del suelo, rompiendo esa vieja práctica de respeto y servilismo a las Cámaras de Agricultura y más sectores agro empresariales, quienes en realidad han diseñado todo el aparato que garantiza a un reducido grupo de familias que “influyen” económica y políticamente en la vida del país, la propiedad de grandes extensiones de tierra y el aprovechamiento, en su beneficio, incluso de áreas comunitarias de tierra.

Entre los objetivos del proyecto están la regularización de la propiedad agraria; garantizar el acceso a las tierras para los comuneros y campesinos pobres; sobre la propiedad en los territorios de los pueblos y nacionalidades; establecer la modalidad de las afectaciones de las propiedades que no cumplan con la función social y ambiental; la creación de un Fondo Nacional de Tierras, que financiaría la adquisición de predios a favor de los pobladores rurales, entre otros aspectos. En torno a poner límites al acaparamiento de tierras, el proyecto señala que “se entenderá por concentración de la tierra cuando en un predio, o sumados varios de ellos, la superficie supere las 500 hectáreas como parte de una sola propiedad privada”. 500 hectáreas son consideradas por varios dirigentes indígenas como un número elevado, pues de acuerdo al III Censo Agropecuario del año 2000, y publicado por el SIPAE, un poco más de 6 mil UPA’s (2,3%) con superficies de 100 hectáreas y más concentraban el 42,6%, de las tierras de uso agropecuario, mientras que 535.309 UPA’s inferiores a 5 hectáreas ocupaban el 6,3% de la tierra.

Como era de esperarse, esta propuesta es cuestionada por elementos que han vivido de las “seguridades” que el aparato capitalista les brinda y lo califican como un proyecto “traído de los cabellos” (Simón Cañarte en Teleamazonas), de “irracionalidad ideológica” (Manuel Maldonado) y que acarreará “más problemas que beneficios”, ya que tal como ocurre con la propuesta de Ley del Agua “será conflictiva y terminará también en el limbo” (Bolívar Cevallos, presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona), en una clara defensa del status quo que les ha asegurado el disfrute de bienes muchas veces fruto de acuerdos dolosos.

Se avizoran días de intensos debates y ataques como los que realizará la derecha en una clara manipulación de la opinión pública sobre la base de que se irrespeta a la propiedad privada, que empiezan por las tierras y continuarán con otro tipo de bienes, como las viviendas, vehículos, semovientes y mas mentiras que impactan principalmente a los sectores rurales.

La izquierda y los sectores revolucionarios debemos estar claros que, si bien este proyecto no garantiza completamente la redistribución de la tierra bajo el principio de que la tierra debe ser para quien la trabaja, contiene elementos importantes para los sectores empobrecidos del campo, de allí que es necesario entrar en un profundo debate y explicación para ganar razón en el hecho que el acaparamiento de tierras es el principal problema que soportan los sectores campesinos, por lo que se torna necesario impulsar estas y nuevas propuestas que garanticen las demandas de la población y la satisfacción plena de sus necesidades.